Publicado originalmente en Zeta Tijuana, difundido a través del Border Hub. Por Alejandro Arturo Villa.
Una camioneta no oficial con torreta azul y rojo, más de 200 mil pesos y mil dólares en efectivo, mensajes de WhatsApp en los que hablan de moches para el secretario de Gobierno de Tijuana, además de propiedades recién adquiridas y en remodelación, son algunos de los elementos de la trama que se desató a partir de la detención de un funcionario de la administración pública de Tijuana, quien ya se encuentra en libertad, trabajando en su puesto y sin sanción alguna
El primer escándalo con sospechas de corrupción en la nueva administración de Tijuana, a cargo de la morenista Montserrat Caballero Ramírez, involucra a su secretario de Gobierno, Jorge Antonio Salazar, y al secretario particular de este, Jesús Gabriel Sánchez Farfán, quien fue detenido por agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) el 27 de noviembre.
Alrededor de las 20:00 horas, Sánchez Farfán conducía una camioneta Ford Bronco de color rojo, con una torreta roja y azul encendida y parpadeando, como si fuese una patrulla. Circulaba sobre Avenida Ermita Sur cuando los agentes de la GESI le marcaron el alto. Apagó las luces y descendió del vehículo. Le solicitaron identificarse, este mostró su credencial de empleado de la Secretaría de Gobierno Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana -a nombre de Sánchez Farfán Jesús Gabriel– con cargo de secretario particular, número de empleado 01010241, con vigencia al 30 de septiembre de 2024.
La camioneta se identificó con placas de circulación B56NTT2 del Estado de Baja California, con Número de Identificación Vehicular 1FMEU15N1HLA47452, modelo 1987. De acuerdo con información obtenida por ZETA, no se trata de una unidad del Municipio. La Bronco está registrada a nombre de Sánchez Farfán.
Durante el proceso de identificación, el conductor mostró la credencial de su jefe inmediato, el secretario de Gobierno municipal, Jorge Antonio Salazar Miramontes, con número de empleado 02010533 y vigencia al 30 de septiembre de 2024.
Aunque primero aseguró ser pariente del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez González, después reconoció que era mentira. El propio secretario declararía no tener relación alguna con el particular de Salazar Miramontes.
Una vez concluida la identificación del sospechoso, los agentes procedieron a una revisión de la camioneta, donde encontraron dinero en efectivo: un paquete de billetes de 500 y mil pesos, que sumaban más de 200 mil pesos, y otro con dólares que sumaban los mil en efectivo.
Al cuestionar la procedencia del recurso, este primero dijo que le pertenecía por la venta de un supuesto automóvil, después refirió que se trataba de ahorros personales y, finalmente, que el dinero procedía de “unas transillas” con su jefe: el secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana.
Los elementos de seguridad procedieron a remolcar el vehículo, mientras que a Jesús Gabriel Sanchez Farfán lo remitieron a la Fiscalía General de la República (FGR), por tratarse de un delito federal circular con un auto particular balizado como unidad de seguridad y tras no reportar la procedencia lícita del dinero que traía consigo.
Permaneció todo el fin de semana detenido en la FGR hasta la noche del lunes 29 de noviembre, cuando fue puesto en libertad, mientras se desahogan las pruebas y la investigación para que se le finquen responsabilidades. El secretario particular de la Secretaría de Gobierno Municipal volvió a trabajar al siguiente día.
Durante ese tiempo, la alcaldesa morenista guardó silencio. Evadió la pregunta de varios reporteros sobre el tema y sólo dijo que respetará el proceso de investigación e imputación, por lo que se mantendrá al margen hasta que exista una sentencia.
El miércoles 1 de diciembre, Caballero Ramírez declaró que el detenido continuaría trabajando en el Ayuntamiento, pero en supuesta congruencia en caso de comprobarse la responsabilidad en los delitos, sería retirado del cargo, aunque lo defendió al argumentar que el dinero con el cual circulaba (200 mil pesos y mil dólares en efectivo) se pudo comprobar porque es supuestamente acorde con el salario que percibe Sánchez Farfán.
A través de una búsqueda en los registros públicos del Ayuntamiento y la Plataforma Nacional de Transparencia, se obtuvo cómo parámetro de sueldos que el secretario privado de la Secretaría de Gobierno Municipal percibe 37 mil pesos mensuales; mientras que el titular, recibe 78 mil pesos al mes.
Previo a su cierre de edición, ZETA buscó al secretario Salazar Miramontes para que diera su versión sobre el actuar de su secretario particular y la reciente compra de inmuebles que realizó, y si es cierto -como lo aseguró al momento de la revisión- que el dinero asegurado les pertenecía a ambos, sin embargo, se negó a responder.
LAS CASAS Y LA DETENCIÓN
La detención del secretario particular se realizó sobre Avenida Ermita Sur, entre las calles Santa Rosa y Linda Vista. La camioneta Bronco con estrobos y torreta se encuentra registrada en un domicilio ubicado a dos cuadras del punto de la detención: Calle San Ignacio número 9150.
Al revisar el domicilio en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) de Baja California, resultó que no se encuentra a su nombre, incluso no aparece alguno en el sistema. Pero al buscar el nombre de su jefe directo (el secretario de Gobierno), Jorge Antonio Salazar Miramontes, se localizaron dos propiedades. Una de estas en la misma calle donde la Bronco aparece registrada: San Ignacio número 4960.
Este inmueble lo compró en mayo de 2021, cuando aún era director de Administración del Congreso de Baja California, percibía un sueldo de 84 mil pesos mensuales y ya se encontraba coordinando la campaña de Caballero para la alcaldía de la ciudad. La propiedad costaba un millón 330 mil pesos, según el registro del RPPC. La adquirió de Ramón Ángel Plascencia González, ex encargado del Registro Civil de Playas de Rosarito durante la administración Silvano Abarca Macklis (2016).
La casa, que ya no es la misma, se ha estado ampliando y construyendo. En un recorrido realizado por ZETA se observó que un tercer piso está en obra negra. Algunos vecinos refirieron que anteriormente la casa era de una sola planta, y que los trabajos de remodelación han sido pausados y en el último mes “han avanzado mucho”. En una búsqueda por Google Maps se puede observar el domicilio en 2019 sin ninguna modificación.
Pero no es la única propiedad del titular de la Secretaría de Gobierno. En la misma zona, tiene otro inmueble en la esquina de Andrés Amperes y Alejandro Volta; a una cuadra de la detención de su secretario particular. Asimismo, cuenta con registro de otra propiedad en la delegación Sánchez Taboada Cuarta Sección, adquirida en 2002.
Jesús Gabriel Sanchez Farfán tiene relación laboral con el ahora secretario de Gobierno desde 2011, cuando Salazar Miramontes era jefe de Inspección y Verificación de la delegación La Mesa y él un inspector del Ayuntamiento de Tijuana. Su periodo juntos en ese departamento concluyó en 2013. De ahí Sanchez Farfán se fue de promotor social en la delegación Sánchez Taboada, de 2013 a 2016.
En el mismo periodo, Salazar Miramontes trabajó para el XXI Ayuntamiento de Tijuana como coordinador de Delegaciones con el priista Jorge Astiazarán Orcí. Tanto él como Sánchez Farfán desaparecieron de la vida pública hasta 2019, donde ambos entraron al Congreso del Estado.
Jorge Salazar se colocó como director de Administración del organismo de 2019 a 2021, mientras que Jesús Gabriel se acomodó como coordinador general de Operación y Seguimiento, donde recibía 66 mil pesos mensuales por concepto de sueldo y se le dio de alta como trabajador de base. Este último terminó la licenciatura en Derecho en la Universidad CIES, a sus 27 años de edad, en 2019.
LOS MENSAJES DE WHATSAPP
Luego de la detención, se filtró un par de captura
s de pantalla de una conversación de WhatsApp entre Sánchez Farfán y otra persona que se identificó cómo Fernando Germán en diciembre de 2020. Entonces, el ahora secretario particular le ofrecía la venta de 20 kilos de marihuana, pero la contraparte sólo le respondió que “Nada de eso… Puros (emoticón de pollo)”.
Sánchez Farfán (SF): “We, ahí tengo 20 kilos de mota ¿no sabes quién los quiera?”.
Fernando Germán (FG): “Jajajajaja”.
SF: “No es neta we”.
FG: “No we no hay nadie sobre eso nada. Puros (emoticón de pollo)”.
SF: “Te quiero mucho cabrón Que no se te olvide que somos hermanos tk. Cabrón a ti y a tu familia (emoticón de dos corazones de color rosa)”.
FG: “Muchas gracias we, yo también los quiero mucho, a ver qué día nos vemos (emoticón de corazón de color rojo)”.
En la otra captura, donde no se percibe si se trata de la misma persona (Fernando Germán) ni la fecha de la conversación, el interlocutor le propone su ayuda con el secretario de Gobierno a cambio de moches para todo tipo de negocios:
Interlocutor (I): “Es que le dije a un camarada que conoces al secretario de gobierno y él jala con los del gobierno, vendiendo cosas; dijo que quería platicar y que se mocha con los que se tenga que mochar en cada venta”.
SF: “Que vende y en dónde?”-
I: “De todo lo que ocupen”.
SF: “Ah ok es de eventos, de montake, montaje”.
I: “No we, márcame cuando puedas”.
SF: “Ok en la tarde te marco we”.
I: “Arre (sic)”.
SIN SANCIÓN HASTA EL RESULTADO DE INVESTIGACIONES… DE LA FGR
El titular de la Sindicatura Procuradora de Tijuana, Rafel Leyva Pérez, informó que su dependencia no puede inhabilitar al funcionario hasta que un juez determine la responsabilidad, luego que la FGR desahogue sus investigaciones y cargos en contra del secretario particular de la Secretaría de Gobierno Municipal.
Por otra parte, indicó que en su oficina se inició una investigación desglosada en tres puntos: identificar si el funcionario estaba en horario laboral al momento de la detención; si el vehículo está dentro del padrón de unidades del Municipio; y si utilizó su cargo para obtener un trato preferencial.
Recapitulando, la camioneta Bronco está a nombre de Sánchez Farfán; la detención sucedió al margen de las 20:00 horas del viernes 27 de noviembre, fuera del horario de atención en Palacio Municipal. De acuerdo con las autoridades consultadas sobre su detención, él sí recurrió a su charola para intentar que lo dejaran ir.
HASTA OCHO AÑOS DE CÁRCEL POR UTILIZAR VEHÍCULO CON BALIZAJE OFICIAL
De acuerdo con en el Artículo 177 bis del Código Penal mexicano, quien utilice un vehículo automotor no oficial con balizaje, colores o equipamiento originales, falsificados o con apariencia tal que se asemeje a los de uso exclusivo para vehículos de instituciones de seguridad pública o del servicio público de emergencia, “Se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda. La pena prevista en este artículo se incrementará hasta una mitad de la que corresponda si el vehículo se utilizó para cometer algún delito, sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión del delito diverso.
“Cuando en el delito cometido esté implicado un servidor público se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda, así como inhabilitación para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta”.
