El Estado mexicano ha fallado una vez más a las mujeres y madres. Su omisión y negligencia en los procesos de resolución de las demandas de pensión alimenticia y la nula protección para quienes se ven orilladas a denunciar a sus deudores alimentarios y violentadores, terminó arrebatándole la vida a Astrid Yañez y su hijo Dante de 6 años en Culiacán, Sinaloa.
El Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios y Ley Sabina reclaman al Estado que garantice la justicia para ambas víctimas, que Jesús Fernando “N”, ex pareja de Astrid y padre de Dante sea sancionado y que ni una vez más vuelva a repetirse un acto como este.
Llaman a las madres que luchan contra la violencia vicaria y los deudores alimentarios a seguir adelante sin miedo y con la fuerza de la reivindicación de sus derechos y los de sus hijas e hijos.
Escrito por: Karen Garcia / @karen_gdlt
Astrid Yáñez, una madre de 26 años y su hijo Dante de 6 años fueron asesinados presuntamente por Jesús Fernando “N”, la ex pareja y padre -respectivamente- de las víctimas, el pasado 28 de diciembre en Culiacán, Sinaloa.
Astrid demandó a Jesús Fernando “N” por evadir sus responsabilidades parentales y lo denunció públicamente, puesto que, éste había decidido postularse a un cargo político en Culiacán. Astrid junto a sus amistades y personas conocidas cuestionaban con inconformidad que él no sólo pudiera aspirar a un puesto público, sino, además, que consiguiera ocuparlo, siendo un deudor alimentario.
Tras estas denuncias públicas, Jesús Fernando amenazó en varias ocasiones a Astrid.
Presuntamente, el 28 de diciembre, Jesús Fernando acudió a la casa donde vivían Astrid y su hijo Dante para “arreglar sus asuntos”. Sin embargo, el hombre atacó con un arma blanca a ambos, para después prender fuego a la vivienda con el propósito de “confundir” la situación con los diversos eventos de violencia y narcotráfico que se han suscitado en la ciudad.
El hombre arribó a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para pedir atención médica, señalando que había sido víctima de un ataque. No obstante, el personal de salud lo identificó y denunció a las autoridades, quienes lo vincularon a proceso después de haber sido internado en el hospital.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 4 millones 180 mil hogares cuentan con padres ausentes y tres de cada cuatro hijos e hijas de padres separados no reciben pensión alimentaria, esto significa -porcentualmente- que el 67.5% las madres se enfrentan a la evasión de las obligaciones de sus ex parejas.
De esta manera, son ellas quienes no solo enfrentan los retos de la crianza en solitario, sino también a la latente violencia de sus deudores y a la omisión de las autoridades judiciales, quienes entre la negligencia y la complicidad de la violencia institucional patriarcal les favorecen resolviendo las demandas de pensión alimenticia a su favor o sin otorgarles sanción.
Es por eso que las colectivas feministas y frentes de mujeres y madres que luchan en contra de estas violencias han mostrado su indignación ante estos hechos. Puntualmente, rechazan que durante el proceso judicial, el agresor de Astrid y su hijo se haya declarado como una persona con esquizofrenia. Nosotras tenemos Otros Datos y el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios y Ley Sabina reconocen este acto como “artilugios” para evitar las penas correspondientes a los delitos de feminicidio e infanticidio.
Diana Luz Vázquez, integrante y fundadora del Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios y Ley Sabina expresó en entrevista para Zona Docs, la indignación y frustración que sienten ante este caso.
“Estamos muy indignadas por lo que hemos visto que ha salido a los medios de comunicación de la del supuesto padecimiento esquizofrenia, que siempre entendemos son trampas, son mañas, son artilugios que usan abogados y abogadas para defender a estos a estos feminicidas”, declaró Diana Luz.
Aunado a ello, advirtió que “el caso de Astrid y del pequeño Dante nos conmovió mucho, nos sigue conmoviendo”. Para la impulsora de la Ley Sabina en México, evidencia que hubo una clara omisión por parte de las autoridades, pues Astrid ya había denunciado a Jesús Fernando con anterioridad. Estas inacciones del Estado llevan a que se replique la “justicia patriarcal revictimizante” que da margen a que los agresores sigan ejerciendo control y violencia hacia las mujeres, sus hijas e hijos. Además de que ellas tengan miedo de denunciar.
“Cuando una mamá se atreve a denunciar a un progenitor que es un deudor alimentario, no solamente estamos hablando de una violencia económica, sino que hay antecedentes de otros tipos de violencia como la psicológica, agresiones físicas y amenazas. “, además explicó que el 90% de agresores vicarios son deudores alimentarios.
Ante este doloroso hecho, en el que no sólo perdieron una amiga sino una compañera de lucha, Diana Luz exhortó a sus otras compañeras a ver las señales de alerta que podrían ponerlas en riesgo frente a sus deudores alimentarios. Una de ellas es que insistan en tener un encuentro privado o a solas; al respecto, recomienda que las mujeres procuren que todo contacto físico siempre sea en compañía de sus abogadas o abogados o en sitios públicos donde haya otras personas, para garantizar la seguridad propia y de sus hijas e hijos.
En ese sentido, instó a sus compañeras a guardar evidencias de conversaciones vía WhatsApp y tomar captura de éstas cuando se trate de situaciones que consideren violentas o que les pongan en riesgo.
Con ello, la activista reflexionó sobre cómo la exaltación del amor romántico y sus expectativas, así como el uso que los violentadores hacen de éste para manipular y engañar, puede llegar a hacer creer que éstos “van a cambiar en algún momento por el bienestar de sus hijxs” o que la convivencia con estos y el compartir sangre los sensibilizará. Esto no puede estar más alejado de la realidad, dice Diana Luz pues “cualquier agresor es un mal padre y cualquier deudor alimentario es un mal padre”.
“Hay que cuidarnos mucho, cuidar nuestras infancias de romantizar el amor, a veces pensamos que estos señores van a cambiar y no cambian”, expresó Diana.
El cuidado y prevención por parte de las madres no debe quitar del ojo la responsabilidad que tienen los agresores y el Estado. En la mayoría de casos, como sucedió a Astrid, son las madres las que deben fungir como autoridades, son ellas las encargadas de la investigación y el seguimiento a los deudores, dejándoles toda la carga.
“Nos sentimos abandonadas por el Estado”, comentó la activista y evidenció que no puede hablarse de un sistema nacional de cuidados si no se habla primero de un sistema que represente justicia para las infancias con la pensión alimenticia.
Como frente exigen al Estado mexicano que el seguimiento del caso tenga perspectiva de género y que se haga la respectiva investigación en torno a la supuesta enfermedad, para así darle la pena máxima por el crimen de feminicidio (60 años) y pena máxima por infanticidio (60-70 años).
“No queremos que el señor salga de la cárcel, es un peligro para cualquier mujer y es un peligro para la sociedad.”, expresó.
“Esto ha sido una tragedia. Sin embargo, nosotras creemos que es importante seguir visibilizando a los deudores alimentarios, que es necesario seguirlos nombrando, que es necesario seguirlos persiguiendo. Que la vergüenza los alcance y no dejemos el nombre de Astrid y de Dante en el olvido. Sigamos exigiendo justicia para ellos y que esta lucha genera una gran reflexión social, que no es normal embarazar y abandonar, que no es normal dejar de pagar la pensión alimenticia de los hijos e hijas., finalizó Diana Luz.
Publicado originalmente en http://ZonaDocs
