Por Isabel Dorado Auz.*
Dicen los que saben, porque de esto todavía no se comenta mucho, que hay una propuesta para reformar la Ley 249 y, con ello, desplazar a la autoridad municipal en la toma de decisiones respecto a la definición de la persona que habrá de ocupar el cargo de Director General de Agua de Hermosillo. Pareciera un intento de la actual “junta de gobierno” por tomar el control total del organismo paramunicipal.
De acuerdo con el artículo 73 de la citada Ley, los organismos operadores municipales, cuando presten los servicios públicos en forma descentralizada de la Administración Pública Municipal, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios y ejercerán funciones de autoridad administrativa. Por ello, los integrantes de la Junta de Gobierno tienen muchas más atribuciones que la sola elección del Director General. Una de esas atribuciones, por cierto, es aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, el programa operativo anual que le presente el Director General y supervisar su ejecución; así como sus modificaciones. Sería bueno saber, dado que nada se informa al respecto, si dentro del presupuesto de ingresos está incluida alguna disposición para recuperar los cerca de dos mil millones de pesos que le adeudan al organismo operador del agua en Hermosillo.
Lo anterior es importante, dado que en el periodo de el Mal Oro hubo dos incrementos de tarifa que en total representaron cerca de un 65% de aumento en el costo por el consumo de agua habitacional. Parecieran decirnos que no importa la deuda, aun y cuando tienen la facultad de determinar créditos fiscales, recargos y demás accesorios legales en términos de la legislación aplicable y exigir su cobro, inclusive por la vía económico–coactiva. Dirán, quizá, que mientras el Pueblo hermosillense siga cargando con los costos de operación, tanto del aparato burocrático como del proceso de potabilización y conducción del agua en Hermosillo, no tienen de que preocuparse.
Ahora bien, qué papel juega el “consejo ciudadano”, en esta pretensión de adueñarse de lo que ha sido, en muchos trienios, la caja chica del gobernante en turno. Seguro no es para cumplir con otra de sus atribuciones “administrar el patrimonio del organismo operador municipal y cuidar de su adecuado manejo”, dado que no ha sido la prioridad para el actual Consejo. Sorprende, pues, que ahora quieran tener autonomía plena sobre un organismo al que han manipulado a su antojo sin rendir cuentas a la Ciudadanía en general.
En mi opinión, el Ayuntamiento de Hermosillo debiera proponer la integración de un verdadero Consejo Ciudadano que incluya a diversos sectores de la sociedad, entre los que no solo deben estar los empresarios, sino también los académicos, tanto en lo legal como en lo técnico, y el sector social. Urge postrar nuestra mirada en el actual manejo de Agua de Hermosillo y proponer soluciones de fondo para evitar la opacidad con la que actualmente opera este organismo paramunicipal.
Claro está, significaría hacer Política de la buena y no aprovechar las lagunas legales para beneficiar a unos cuantos en detrimento de la prestación de un servicio público esencial en las mejores condiciones que demanda la ciudadanía hermosillense.
*Miembro de Amigos y Amigas del Parque Madero, Ciudadanía Activa y es maestro universitario.
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