Publicada originalmente en QUINTO ELEMENTO LAB.
La tarde de ayer periodistas de investigación de diversas regiones del país solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la ilegal investigación judicial a la que ha sido sometida la periodista Marcela Turati Muñoz, junto con la abogada y defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo y la especialista forense argentina Mercedes Doretti.
En el encuentro sostenido con el relator Pedro Vaca Villarreal, periodistas y fundadores de Quinto Elemento Lab, y de medios como el diario NTR de Jalisco, Semanario Zeta de Tijuana, la Red de Aliados de Periodistas de a Pie, La Verdad Juárez, El Diario y la revista Proceso, entregaron una carta firmada por más de 900 periodistas y ciudadanos de 63 países en la que condenan los actos arbitrarios e ilegales de la hoy Fiscalía General de la República (FGR).
Tras investigar la masacre de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2011, las autoridades mexicanas abrieron una carpeta de investigación por delincuencia organizada y secuestro, y ordenaron y practicaron de manera ilegal diligencias de investigación mediante las cuales accedieron a información personal, las llamadas telefónicas hechas y recibidas por Marcela Turati, a sus mensajes escritos, a sus contactos y a su ubicación geográfica de febrero de 2015 a abril de 2016, al igual que a las defensoras. La carpeta sigue abierta y fue descubierta este año.
El titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenó las acciones del estado mexicano para investigar a Turati y a las defensoras, y ante los señalamientos del grupo de periodistas, aseguró: “el estado mexicano está llamado a dar explicaciones; la protección, la sanción y la investigación es muy importante en este caso”.
“Estas denuncias no solo tienen un efecto sobre las personas que lo han denunciado, sino también crea un efecto inhibitorio sobre el resto de la prensa, sobre el resto del debate público y sobre la investigación de las violaciones a los derechos humanos”, señaló el relator colombiano en la videollamada.
“Este caso nos despierta la más alta preocupación”, manifestó el relator especial de la CIDH, quien consideró que esta denuncia es “de la más alta gravedad, particularmente en un estado con tantos desafíos en materia de lucha contra la impunidad, que debería de estar muy agradecido con la prensa que contribuye al esclarecimiento de hechos de graves violaciones a los derechos humanos”.
La carta suscrita por más de 900 periodistas, académicos, activistas y ciudadanos, exige a la Fiscalía General y su titular Alejandro Gertz Manero que cese el hostigamiento judicial en contra de la periodista e investigue y sancione a los funcionarios que ordenaron ilegalmente las diligencias en contra de Turati, y las defensoras Delgadillo y Doretti.
Los que suscriben la carta piden a las autoridades frenar la arbitraria investigación en curso, que sancione a los funcionarios responsables y que la FGR excluya de la averiguación previa del caso y destruya la información obtenida de manera ilegal.
Acompañaron la entrega de la carta los periodistas Adela Navarro Bello, Sonia Serrano, Daniel Lizárraga, Sandra Rodríguez, Homero Campa, Rocío Gallegos, Patricia Mayorga, y de parte del laboratorio de investigación periodística Quinto Elemento Lab estuvieron Alejandra Xanic, Armando Talamantes, Ignacio Rodriguez Reyna y Marcela Turati.
El co fundador y editor de la organización que fomenta el periodismo de investigación, Ignacio Rodríguez Reyna, informó que la carta será entregada próximamente a la Fiscalía y a la Secretaría de Gobernación para “exigirles las medidas concretas de protección para garantizar que no siga la persecución y el espionaje”, expuso en el encuentro con el relator.
Daniel Lizárraga, editor de El Faro, consideró que la violación de los derechos de los periodistas y la protección de sus fuentes vulnera las leyes y la Constitución. “Esto desestabiliza al país y a la democracia porque a los periodistas nos corta nuestra función y es una manera de irnos acortando el campo de acción”, destacó el también co fundador de Quinto Elemento Lab.
La directora del semanario Zeta de Tijuana, Adela Navarro, exigió que se investigue a los funcionarios que intervinieron de manera ilegal las comunicaciones de Turati y las activistas.
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“Los funcionarios que pertenecieron a la PGR y que hoy están siendo parte de la FGR deben ser señalados y denunciados por haber violentado los derechos y las libertades de Marcela y las activistas”, expuso Navarro.
Mientras que Sonia Serrano, editora de NTR, condenó que las autoridades sigan utilizando herramientas tecnológicas y recursos para investigar a una periodista y activistas cuando tendrían que utilizarse para investigar los delitos y el crimen organizado.
Por su parte, Marcela Turati enfatizó que este tipo de delitos deben ser sancionados. “Lo que queremos es que se castigue, que no se le aplique a otros periodistas y que no se le haga costumbre al gobierno, que no se haga fácil a ningún funcionario de ningún estado repetir y usar estas herramientas para acusar, censurar, criminalizar y perseguir periodistas”, dijo la periodista.
Alejandra Xanic, directora del laboratorio de investigación, alertó que en esta ocasión los periodistas pudimos darnos cuenta del espionaje a una colega porque se conoció el contenido de una carpeta de investigación, pero que posiblemente existan otras carpetas en otros casos donde se dé la misma situación y el periodista esté siendo investigado.
Tras escuchar las inquietudes de las y los participantes, el abogado colombiano dijo: “Esta es una denuncia que va a ocupar un lugar muy importante en los balances sobre el estado de situación del derecho a la libertad de expresión que hacemos con respecto al estado de México y también poner a disposición todo lo que se puede hacer desde esta oficina para garantizar las condiciones de seguridad de Marcela y de la prensa en general de México”.
“(Quiero) manifestar solidaridad con la situación y con Marcela y poner a disposición de la relatoría para lo que esté a nuestro alcance de acuerdo al mandato. Esto es algo que vamos a informar a las autoridades de la Comisión, a quienes siguen los temas de México y de la secretaría ejecutiva”.
