Fecha: ABRIL 3, 2025
Lugar: Senado de la República, CDMX
Horario: 8:30 – 14:00 hrs
Las comunidades de todo el mundo enfrentan crisis existenciales como el cambio climático, incluyendo daños por fenómenos meteorológicos extremos, contaminación, pérdida de la biodiversidad, amenazas a la paz y la democracia, militarización, ataques a los derechos humanos y persecución de personas defensoras del medio ambiente, desigualdades, desequilibrios de poder, entre otros. Cuestionar el papel de las corporaciones en estas crisis es más relevante que nunca.
En nuestro sistema económico global actual (reconociendo que existen otros sistemas económicos locales), las organizaciones de la sociedad civil (OSC), los centros de pensamiento, las redes, las instituciones académicas, las instituciones gubernamentales regionales y nacionales, así como organizaciones internacionales como la ONU han identificado la influencia indebida de las empresas y las decisiones de los estados, con el fin de aumentar el margen de ganancias a expensas de socavar los derechos humanos y las protecciones ambientales.
Las empresas, en particular las grandes corporaciones transnacionales, operan alrededor del mundo con impunidad respecto a sus impactos en los derechos humanos. Las personas y comunidades cuyos derechos son vulnerados como resultado de las actividades empresariales, a menudo encuentran que los marcos internacionales actuales no proporcionan mecanismos efectivos para buscar reparación por los daños sufridos, para prevenir que ocurran en primer lugar, o para responsabilizar a las empresas por comportamientos dañinos.
En respuesta, han surgido iniciativas nacionales y regionales para avanzar en mecanismos efectivos de responsabilidad corporativa en los estados de origen. Estas iniciativas buscan exigir a las empresas que implementen procesos de debida diligencia en derechos humanos, que tomen medidas para prevenir daños a lo largo de sus cadenas de valor e incluyan reparaciones para las personas afectadas. La participación significativa y continua de las partes interesadas y titulares de
derechos es un elemento esencial de los procedimientos efectivos de debida diligencia en derechos humanos. El proceso de desarrollo e implementación de mecanismos obligatorios de Debida Diligencia en Derechos Humanos y Medioambiente (mHREDD, por sus siglas en inglés) se encuentra en diferentes etapas en diversas jurisdicciones.
Las organizaciones asociadas en la Iniciativa Global para la Rendición de Cuentas Corporativa (GICA, por sus siglas en inglés) buscan aumentar la conciencia, construir capacidades y compartir experiencias con actores relevantes, como órganos legislativos y ejecutivos, para entender los impactos de la implementación de normas y regulaciones distintas, con el fin de garantizar los derechos humanos y su realización en el contexto de las actividades empresariales.
Esto incluye 1) la implementación de obligaciones exhaustivas de debida diligencia en derechos humanos y medioambiente, Que beneficiarán a comunidades y personas afectadas por la actividad empresarial en todos los rincones del mundo, incluida América Latina; 2) la inclusión de medidas para responsabilizar a estas empresas por los daños asociados; y 3) garantizar la participación de las comunidades afectadas en el desarrollo, monitoreo y evaluación de estas normas y regulaciones.
En México, ha habido más de 10 años de esfuerzos del Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos para responsabilizar a las empresas por sus impactos negativos mientras se aboga por un marco nacional de empresas y derechos humanos.
A lo largo de estos años, se ha trabajado con el poder ejecutivo en espacios formales para desarrollar dicho marco, Involucrando a organizaciones internacionales como la OCDE, la OIT, la OACNUDH, el PNUD, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Economía, comunidades afectadas, academia y actores empresariales. Entre los logros, está la sensibilización de distintos actores y sectores en cuanto a la necesidad de regular la actividad empresarial para cumplir con las obligaciones de protección, respeto y realización de los derechos humanos, así como para crear políticas de Estado y programas nacionales específicos.
En este sentido, también se logró integrar los objetivos de empresas y derechos humanos en el Programa Nacional de Derechos Humanos de la administración anterior.
Hasta la fecha, existen deudas para la atención de los numerosos casos de abusos y violaciones a los derechos humanos que involucran a empresas, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano, limpio y sostenible. Estos casos se han quedado en la falta de reparación integral y acceso a la justicia de las víctimas.
Esta administración tiene metas vinculadas a este tema y oportunidades para virar el rumbo en el que hasta ahora la influencia indebida del sector empresarial ha frenado avances para el cumplimiento de dichas obligaciones de protección a los derechos humanos por parte del Estado.
Observamos nichos de oportunidad para presentar este tema a las personas legisladoras actuales, crear un espacio para que algunas comunidades sean escuchadas y puedan participar, y compartir las diferentes estrategias para abordar la impunidad corporativa respecto de los impactos sobre los derechos humanos como un problema estructural pendiente.
Asimismo, este seminario es una oportunidad para aumentar la conciencia pública sobre un movimiento global para responsabilizar a las empresas y abogar por una implementación más robusta del derecho internacional de los derechos humanos, tratados ratificados y resoluciones adoptadas, recordando a los estados sus obligaciones como garante.
Objetivos:
- Escuchar experiencias de otras jurisdicciones y proporcionar un espacio internacional para compartir experiencias, fortaleciendo los procesos del Sur Global (apoyando procesos domésticos y la conciencia regional).
- Aumentar la conciencia entre las personas legisladoras mexicanas sobre la legislación que regula la debida diligencia en derechos humanos obligatoria y sus beneficios para las personas y el planeta.
- Destacar la importancia y el papel de las comunidades afectadas para participar de manera efectiva en
estos procesos. - Aprovechar este momento político en México para fortalecer el movimiento global hacia la regulación
corporativa frente a los derechos humanos.
Fuente: comunicacion@poderlatam.org
