En una rueda de prensa que se convirtió en manifestación pública frente a Palacio de Gobierno, por primera ocasión se reunieron representantes de derechohabientes del Isssteson y quienes prestan el servicio con un solo fin, “demandar el rescate de la salud de las y los trabajadores”.
Ramona Flores Varela, de la delegación de jubilados y pensionados del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison (STAUS), Esthela Mar Castro, vocera del Movimiento 30 de Julio A.C. de derechohabientes y Karina Yanes Granillo, presidenta de Movimiento por Enfermería en Sonora (Moveson) ofrecieron la conferencia el pasado miércoles 22 de abril.
En ella expresaron que se sigue vulnerando el derecho humano a una cobertura de salud digna, pues el déficit de medicamentos, equipo y personal médico persiste, se siguen cancelando citas y cirugías, y sigue sin operar un fideicomiso para el fondo de pensiones prevista en la Ley.
La maestra de economía Ramona Flores compartió una carta dirigida a las autoridades estatales y federales, en la que dice “La salud es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado, pero hoy este derecho se vulnera de manera alarmante. Las severas deficiencias diarias han sido reconocidas públicamente por Luis Alonso Osuna, director y el gobernador Alfonso Durazo, pero no hay evidencia de solución ni a corto ni mediano plazo”.
“Hemos sido maestros por 20, 30 ó 40 años, lo que pedimos no es un privilegio, es una garantía establecida en la Ley 38, donde dice que el Estado está obligado a cubrir cualquier déficit de recursos para asegurar la atención médica”.
Las deficiencias, dice Flores, no son hechos aislados, sino que existe un deterioro sistemático que afecta la salud y la dignidad de los 170 mil derechohabientes, y las medidas adoptadas hasta ahora son “claramente insuficientes”.
Entre los temas más urgentes están las demoras “inaceptables” en la atención médica especializada, con tiempos de espera de 4-6 meses en áreas críticas como oncología, cardiología, ortopedia, oftalmología y otras.
También la reprogramación y cancelación de cirugías, cuyas causas principales, “según palabras del director, son la falta de quirófanos funcionales, falta del equipo médico adecuado y la carencia de insumos básicos necesarios”.
Denuncia además el cobro inconstitucional del 7% por servicios médicos a pensionados, que vulnera los derechos a la igualdad y seguridad social.
“Estas fallas estructurales contradicen la misión del Isssteson, que es una atención médica integral, oportuna y de calidad, porque lo que se promete dista mucho a lo que se vive”, termina.
Por su parte, Esthela Mar, vocera del Movimiento 30 de Julio habló de dos temas principales: la urgente necesidad de formar y operar el Fideicomiso del Fondo de Pensiones, tal como lo dice la Ley 38, “que nunca ha existido”, y la necesidad de la construcción de un hospital en Hermosillo.
“Ha habido una mala administración desde siempre y por todos los gobiernos, ahora se requiere un apoyo extraordinario del presupuesto federal de 15 mil millones de pesos para operar el fondo de pensiones, sólo así se podrán regularizar los aumentos y pagos los días primeros de cada mes. Existe un rezago entre 2 mil y 3 mil pensiones no otorgadas a personas que ya cumplieron su tiempo, y se les niega por falta de recursos”.
También refirió que los 4 hospitales existentes en el estado están rebasados en infraestructura física y personal. “El gobernador Durazo prometió desde 2022 que construiría un hospital en este sexenio. El nuevo hospital deberá tener 70 camas, con un costo aproximado de mil millones”, expresó.
La representante de los trabajadores de la salud, Karina Yanes, denunció, como muestra, que 180 personas no recibieron su pago el 15 de abril.
“¿Qué se puede hacer cuando no tienes recursos?, no solo material y equipo, también humano. Tenemos un déficit de trabajadores de la salud porque los indicadores que usan tienen 20 años que no se actualizan. Hay una sobrecarga de trabajo por la mala gestión, y eso impacta en la salud”.
Yanes Granillo recordó que ellas y sus familias también son usuarios del servicio, que lo padecen en carne propia, que cuando se les reclama negligencia médica se debería de reclamar la negligencia presupuestal.
“En la formación académica no te enseñan a hacer milagros ni a cerrar calles para que te pongan atención. He tenido que mandar a comprar jeringas y pañales a la farmacia ¿Qué es eso? ¿En qué se reparte el dinero” porque el problema es presupuestal”, dice la representante de las enfermeras.
Dice que ojalá este IMSS Bienestar no sea como el Seguro Popular, el Insabi o el Coplamar, planes que “prometieron salud universal y terminan en cero”.
“Queremos un solo sistema pero no a costa de la calidad de la atención ni vulnerar los derechos de los trabajadores”.
Denuncia también que el gremio de enfermeras tiene décadas de atropello y amedrentamiento, que no les permiten hablar ni para reclamar su quincena o mejore salarios, pues “les conviene la mano de obra barata, pero ¡ya basta! Hay quienes han trabajado hasta 15 años y ni siquiera han cotizado en una Afore, tampoco pueden acceder a una vivienda”.
Las reuniones con representantes de la Secretaría de Salud terminaron a principios de febrero, por lo que aseguran seguirán las manifestaciones.
Redacción e imágenes: Libera Radio.
