Luis Enrique Ortiz
No se puede explicar la existencia del cartel de Sinaloa sin la existencia de Sonora y su localización como la más grande puerta de entrada a Estados Unidos.
Ningún análisis que omita relacionar este pequeño asunto, con lo que pasa actualmente en el estado de los once ríos, el aguachili y el chilorio, puede ser considerado serio o por lo menos con riqueza contextual.
Lo que pasa en la economía, la sociedad y los entes del poder de Sonora, tiene algún tipo de correlación con una de las organizaciones criminales más grandes del mundo.
La disputa por la ventaja logística que representa la tierra de la carne asada y el bacanora, es responsable por la violencia y sus estela de desapariciones de ha tiempo a la fecha, pero fundamentalmente desde que el gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra a los Beltrán Leyva.
No fue casual ni un error, que la hoy secretaria de Gobernación, en su anterior encargo como secretaria de Seguridad, haya insinuado -y por cierto nunca se ha desdicho- que existe un factor Sonora en la caída de El Mayo Zambada como el capo con más años en el poder del narco, algo así como el Fidel Velázquez de los “malverdetrólatras”.
La región del Desierto continúa indómita para el Estado mexicano, por más que las instituciones de seguridad afanen, los delitos de alto impacto se siguen dando un día y otro también.
A esto súmele la recaída violenta de Cajeme y sus alrededores, cuya pax narca fue rota por la violencia de idem, muy seguramente como parte de los efectos de las acciones de contención que libran las fuerzas armadas en Sinaloa, debido a la guerra entre facciones del cartel del mismo nombre.
Sonora es -actualmente- una extensión territorial de Sinaloa, como lo fue en su tiempo para capos como Héctor Luis Palma Salazar, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y el mismo Joaquín Guzmán Loera, sin olvidar a El Mayo.
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