La Supreme Court of the United States suspendió la base legal utilizada por el presidente Donald Trump para imponer aranceles a múltiples países mediante la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Con el fallo, queda anulada una parte central del sustento jurídico que permitió la aplicación de gravámenes comerciales a gran escala, lo que ha generado incertidumbre sobre qué aranceles continúan vigentes y bajo qué condiciones.

Horas después de la resolución, Trump convocó a una conferencia de prensa en la que anunció la imposición de nuevos aranceles generales del 10% a las importaciones globales, esta vez utilizando una figura legal distinta que, según afirmó, no había sido empleada anteriormente para este propósito. Posteriormente, elevó la tarifa al 15%, aunque estableció que tendrá una vigencia de 150 días.

De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo, durante ese periodo se buscarán mecanismos jurídicos adicionales para convertir los aranceles temporales en permanentes.

El mandatario también lanzó críticas contra integrantes de la Corte, a quienes calificó como “una vergüenza para sus familias”, en un nuevo episodio de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

El fallo abre además la puerta a posibles reclamaciones legales. Más de mil demandas relacionadas con aranceles ya se encuentran en curso y especialistas anticipan que podrían presentarse solicitudes masivas de reembolso por parte de empresas afectadas, lo que representaría un impacto significativo para las finanzas públicas de Estados Unidos en caso de prosperar.

El escenario anticipa semanas de litigios y ajustes regulatorios, en medio de un choque institucional que podría escalar políticamente en próximos eventos públicos donde coincidan el presidente y los magistrados.