La realidad actual nos avasalla, hizo añicos los sueños de justicia, truncó los procesos de transformación social que muchos luchadores pelearon con las armas y hasta ofrendaron sus vidas. El cambio esperado no tocó fondo ni permeo las estructuras caciquiles y corruptas. El nuevo gobierno mantuvo los privilegios de los de arriba y encubrió a los perpetradores de crímenes atroces. Se confabuló con los poderes fácticos y se distanció del movimiento social. La transición esperada fue un intento fallido, porque pesaron más los intereses facciosos y los pactos del silencio. Las luchas de los de abajo y las voces de las víctimas son las que siguen remando a contracorriente para desmontar este sistema de castas políticas engolosinadas con el poder. Los testimonios de las madres de los 43 nos develan las artimañas de los gobiernos que se confabulan con los perpetradores para no llegar a la verdad

Con la desaparición de nuestros hijos abrimos los ojos de lo que pasa en Guerrero y en México. Hay miles de personas desaparecidas. Lo que sufrimos también los padecen más de 130 mil personas que buscan a sus familiares desparecidos. Desde que desaparecieron a mi hijo ya no soy la misma porque me rompieron el corazón, me arrebataron la vida y me dejaron una herida abierta.

Lo que más me indigna es que los 3 gobiernos no han querido profundizar en las líneas de investigación, que junto con el GIEI hemos trazado. Al principio nos querían entregar 28 cuerpos del basurero de Cocula, pero los peritos argentinos desmontaron su teatro porque no eran de nuestros hijos. Gracias a la CIDH y a los 6 informes del GIEI logramos desenmascarar todas las triquiñuelas del gobierno de Peña Nieto.

El GIEI en sus investigaciones encontraron en los archivos de la Sedena unas hojas empolvadas y no imaginaron que encontrarían información sobre el caso de los 43 y que nos ayudaría para llegar a la verdad. Por eso exigimos los 800 folios que tiene el ejército porque ahí hay información clave que puede ayudar a desenmarañar todo lo que hicieron con nuestros hijos. Por ejemplo, ellos tienen información sobre el paradero de los 17 jóvenes que sacaron de barandilla. Ni eso podemos saber. También tenemos conocimiento que un grupo de muchachos del autobús 1531, que detuvieron en el palacio de justicia, fueron llevados rumbo a Huitzuco, donde participó la policía de Iguala y Cocula y también la policía federal. En ese autobús iba mi hijo.

Si tuviéramos a nuestros hijos tendríamos armonía. Serían una alegría celebrar su cumpleaños. Ahora esa fecha es la que más nos entristece y nos duele. Cuando llego a la Normal y veo las fotos de nuestros hijos en las sillas, se me revelan sus recuerdos, sobre todo los momentos en que se los llevaron. Lloro al recordar que sus gritos no fueron escuchados: “somos estudiantes, no traemos armas”. El gobierno fue cómplice de todo lo que les hicieron. El ejército si sabía que eran estudiantes, porque los monitoreó con el C4 desde que salieran de la Normal. Desde antes los había infiltrado con un militar, que se encargaba de pasar información de todo lo que hacían. Es tan malo el ejército que también lo desapareció. Por eso decimos que se les investigue por todo lo que hicieron y por coludirse con los delincuentes.

El 26 de septiembre le estuve marcando a mi hijo, pero me mandaba a buzón. El 27 por la mañana entró la llamada y me respondieron “están detenidos, pronto van a ser liberados, son arriba de 17”. Cuando fui a Iguala a recabar información me dijeron que a un grupo de muchachos se los había llevado el ejército. Una persona comentó “sé que el ejército desparece, pero no puedo decir nada porque no quiero que le vaya a pasar algo a mi familia”. La gente de Iguala sabe qué pasó esa noche, pero tiene miedo, sabe que fue el mismo gobierno.

A mí me dijeron varias veces “deja esas actividades, te pueden dar un golpe, recuerda que tienes más familia.” Duele que te digan eso. Yo tenía un celular donde guardé el número de la Procuraduría General de la República, y sólo la PGR tenía ese número. De ahí me llegaron muchas amenazas por mensaje, “estás muerta”. Le dije al gobierno que, si algo me pasaba, ellos serían los responsables, porque están acostumbrados a cometer barbaridades. Murillo Karam tiene mucha información que ha ocultado. Está detenido, pero hace que no sabe nada y la fiscalía lo ha dejado que esté tranquilamente en su casa.

El gobierno tiene toda la tecnología, pero no investigan con profesionalismo, no les interesa llegar a la verdad. Ignoran los informes del GIEI y más bien están retrocediendo a las líneas de la verdad histórica. No avanzan porque temen toparse con el ejército. El presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión ordenó al ejército que entregara toda la información, sin embargo, en el siguiente encuentro asumió otra postura, dijo que ya habían entregado todo. Para lavarse las manos comentó que ahora manda el pueblo, pero al parecer el pueblo es el ejército. Andrés Manuel nos falló porque no cumplió con su compromiso de llegar a la verdad.

La nueva presidenta Claudia Sheibaum nos habla de otro modo, parece más accesible, sin embargo, vemos como que se desentiende de nuestro planteamiento, de que el ejército entregue toda la información que tiene. A cambio de emplazar al ejército nos comentó que conformará un equipo de especialistas que trabajará con nuevas tecnologías para ubicar el paradero de nuestros hijos. Está en sus manos resolver el caso, sin embargo, a un año de su gobierno no hemos visto avances en las investigaciones. Tememos que el tiempo transcurra y que al final nos digan que ya no es posible saber a dónde se llevaron a nuestros hijos. El tiempo nos tritura porque va acabando con nuestras fuerzas, por eso urge que se aceleran las investigaciones. Ante esta urgencia hemos buscado al GIEI, pero a la presidenta no le agrada que regrese el GIEI, ni que la CIDH sea la instancia que le de seguimiento a nuestro caso. Lo peor es que las investigaciones seguirán estancadas, porque con el nuevo fiscal se está regresando a las líneas de la verdad histórica. Por eso queremos que sea una instancia internacional como el GIEI el que pueda dar un impulso a las líneas de investigación. No podemos bajar la guardia, a pesar de tantos obstáculos tenemos que seguir protestando en las calles.

Con los estudiantes normalistas y las organizaciones sociales sentimos que volvemos a renacer porque nos contagian con su juventud y coraje, porque sentimos que defienden nuestra causa, que tienen la fuerza para mostrar el coraje y el dolor que nos mueve para reclamar nuestro derecho a saber la verdad. Tengo fe de que algún día todo lo que está en la oscuridad, saldrá a la luz y se sabrá quienes fueron los responsables de la desaparición de nuestros queridos hijos.

Mi mamá y mi papá ya no están, se fueron preocupados por su nieto. Lo quisieron mucho, todo el tiempo lo extrañaron. Recuerdo que mi hermano estaba parado en la puerta de la Normal esperando a su sobrino, veíamos llegar a los muchachos, pero mi hijo no aparecía. Yo volteaba a ver a los lados y vi a muchas mamás que buscaban y no encontraban a sus hijos. Quería abrazar a los muchachos, pero me aguanté. Me daba gusto que hubieran regresado porque los ví desfilar el 16 de septiembre en las calles de Tixtla. Recuerdo que fui a escondidas de mi esposo porque tenía cáncer, pero quería verlos. Mi hijo estaba contento porque ya se había quedado en Ayotzinapa porque iba a ser maestro. Faltaban dos semanas más para que les dieran la oportunidad de ir a sus casas y regresar a estudiar.

Un jueves comió con sus compañeros pozole verde para irse a la escuela porque andaban arreglando el piso de un salón. Mi esposo habló con Julio César Mondragón y otro jóven. Fue la última vez que lo ví. Estaba oscureciendo cuando salió por la puerta y le dije que tuviera mucho cuidado, “no te confies de la policía.” Le dije que le fuera bien, sentía ganas de correr para alcanzarlo, para decirle lo mucho que lo quiero. Por eso, así como se fue quiero verlo que regrese.  Tengo la esperanza de que un día van a regresar, que van a ser liberados. Mi amor es tan grande que en mi mente no cabe idea de que nunca volveré a verlo. Lo que me mueve es la esperanza de saber dónde está.

Lloro de coraje porque el gobierno no quiere resolver el caso de nuestros hijos. No le importa nuestro sufrimiento, no les duele el calvario que padecemos. Queremos que no le teman al ejército, que los obligue a entregar toda la información que tienen sobre nuestros hijos. Reiteramos que regrese el GIEI para que se retomen todas las líneas de investigación que quedaron pendientes. Será imposible llegar a la verdad si no se desmontan las estructuras delincuenciales que se han empotrado dentro del aparato gubernamental. La violencia que se enseñorea en nuestro estado se debe al pacto de impunidad que se mantiene intocado con la delincuencia organizada. Este maridaje criminal resquebraja la débil institucionalidad democrática que da tumbos y navega a la deriva.

Publicado originalmente en Tlachinollan

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que no hay nada en este momento que incrimine al senador morenista Adán Augusto López Hernández, en la investigación que sigue la FGR contra Hernán Bermúdez Requena, quien fue su secretario de Seguridad Pública en su sexenio como gobernador de Tabasco.

Apenas el miércoles 17, Sheinbaum Pardo recalcó que cero impunidad en su gobierno y que sobre este caso no esconderá nada al pueblo.

“Lo importante es la cero impunidad, eso es muy importante; no importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena. Cero impunidad”, enfatizó la presidenta.
“Que la Fiscalía haga las investigaciones que tiene que hacer. Y ante el pueblo de México informar todo lo que se tenga que informar, que no se esconda absolutamente nada”, precisó.

Pero este viernes, dijo sobre Adán Augusto: “No hay nada en este momento que lo incrimine” y en la Fiscalía General de la República “hasta ahora no hay nada (contra él)”, por lo que lo reconoce como interlocutor válido de Morena en el Senado.

López Hernández fue secretario de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien en una conferencia matutina de junio del 2023 lo llamó su hermano.

“Adán Augusto es mi hermano, Adán Augusto López Hernández, es mi hermano porque nos conocemos, conozco a toda su familia”, destacó entonces López Obrador.

Hoy López Hernández es exhibido por sus nexos con Bermúdez Requena, a quien dijo conocer desde hace mucho tiempo, pero que no sabía de sus actividades ilícitas.

Bermúdez Requena fue arrestado ayer al ser expulsado de Paraguay, país donde se escondía; se le acusa de presunto secuestro, extorsión y asociación delictuosa, y se le vincula a un grupo delincuencial de Tabasco, llamado “La Barredora”, nacido en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y con Adán Augusto como gobernador de Tabasco.
En la conferencia matutina de este viernes 19 de septiembre, de manera directa la reportera del diario Reforma preguntó:
En medio de este ambiente generado por las pesquisas, desde su punto de vista, ¿el senador es aún un interlocutor válido, desde el punto de vista político?, se le cuestionó.

“No hay nada en este momento que lo incrimine”, respondió Sheinbaum Pardo con firmeza.

También en la conferencia matutina del jueves, un reportero de El Financiero le preguntó a la presidenta:
¿Usted no consideraría que a Adán Augusto López Hernández debería de pedir licencia como senador?

“La investigación tiene que seguir su curso. Ya dijo el senador que, si en algún momento requieren de su declaración, que él con gusto la va a dar”, respondió Sheinbaum Pardo, aunque posteriormente dijo que habrá que esperar a las investigaciones de la FGR.
“Esta cosa de que ‘ahora, el senador Adán Augusto tiene que renunciar hoy y tiene… a ver qué dicen las investigaciones’”, añadió.

Que decida FGR si llama a declarar a Adán Augusto por un testigo

Hoy también se le cuestionó a la presidenta por la presunta declaración de un testigo que indica que Bermúdez Requena negoció con un grupo delictivo de Tabasco para que López Hernández asumiera, sin disturbios, la gubernatura de Tabasco en 2018.

La presidenta puso en duda la declaración del presunto testigo y dijo que la FGR deberá investigar la veracidad y decidir si es suficiente para que declare López Hernández.

“La Fiscalía tiene en todo caso que informar si esto que sale hoy de este testigo es cierto o no es cierto, si sí es cierto si es suficiente para poder llamar a declarar al senador, si es ese el caso, pero no hay hasta ahora nada donde nosotros podamos decir que eso es cierto.
“Tiene que la Fiscalía en todo caso decir bajo qué condiciones esta persona… primero si es cierto que viene esta declaración de este testigo o de este imputado y segundo si eso es suficiente para poder reconocer que esta situación que está planteando es cierta”, advirtió.

Hasta ahora no hay nada contra López Hernández, reiteró la presidenta

“La Fiscalía tiene que hacer su investigación, si la Fiscalía nos dice o establece que hay algún cargo contra el senador la situación es distinta. Hasta ahora no hay nada que haya dicho la Fiscalía”, señaló Sheinbaum Pardo.

Detalles de investigación a cuentagotas

La presidenta cada día da un detalle del caso; ayer, por ejemplo, dijo que cuando hubo sospecha en el sexenio pasado, el propio expresidente López Obrador y López Hernández como secretario de Gobernación ordenaron su destitución e investigación.
Ayer mismo Adán Augusto aclaró que cuando “despidieron” a Bermúdez Requena él ya había renunciado a Gobernación para irse de precandidato presidencial de Morena para las elecciones del 2024.

En la conferencia de hoy la presidenta precisó: “Esta información, de acuerdo con lo que se tiene, digamos ya con mayor certeza, viene hacia diciembre de 2023, en ese momento el presidente López Obrador solicita que se retire del cargo a esta persona y que se le investigue. Se retira del cargo a esta persona por parte del entonces gobernador, en enero”.

Ha declarado que se dará a conocer todo y agregó que además su gobierno indaga cuándo y cómo se dieron cuenta en el sexenio de López Obrador “que esta persona pudiera estar involucrada en delitos”.
“Es hasta diciembre del 2023 (que se dan cuenta de sus actividades ilícitas). En enero es retirado, esta persona huye y después viene la presentación formal de todas las pruebas para su orden de aprehensión posteriormente”, contó.

Estos datos que da hoy, indicó, son lo que tenía el Gabinete de Seguridad en el sexenio de López Obrador. Aunque se muestran inconsistencias en la información, pues una nota de Milenio de enero del 2024 indica que Bermúdez Requena renunció, no que lo destituyeron.
“¿Cómo fue que este personaje, que fue secretario de Seguridad de Tabasco, digamos, se fue descomponiendo? ¿Y en qué momento se dan cuenta que, primero, no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo?”, externó Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum destaca baja de delitos con Bermúdez

Hoy la presidenta exaltó la función de Bermúdez Requena durante el sexenio de López Hernández en Tabasco:
“Durante cuatro años los delitos en Tabasco bajaron de una manera muy importante: todos, homicidio, robo de vehículo, no había ningún elemento con sustento que pudiera informarse que estuviera involucrado en algún grupo delincuencial este secretario de Seguridad”, aseguró.

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco ayer fue internado en el penal del Altiplano, en el Estado de México, y la presidenta dijo que su seguridad está garantizada.

POR JOHN GIBLER PARA A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS

“El peso más grande. ¿Qué ocurriría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese: ‘Esta vida, tal y como tú ahora la vives y como la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces, y no habrá en ella nada nuevo; sino que cada dolor y cada placer, y cada pensamiento, y cada suspiro, y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti, y todas en la misma secuencia y sucesión: y así también esta araña y esta luz de luna entre las ramas, y así también este instante y yo mismo. ¡El eterno reloj de arena de la existencia se invierte siempre de nuevo y tú con ella, granito de polvo!’”. 

Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia

Al parecer, estamos condenados. El demonio se ha deslizado furtivamente en la más solitaria de nuestras soledades y estamos viviendo lo que ya hemos vivido, y lo estamos viviendo aun otra vez e innumerables veces. Cada dolor y cada espanto, cada análisis y cada prueba arrojada ante las mentiras, y cada invento y cada escenario falso, y cada fabricación y cada negación. Estamos atrapados, como siempre lo hemos estado. 

La clase política endemoniada ha dicho que sí al famoso planteamiento del filósofo alemán, ha dicho que sí quiere seguir viviendo en la misma impunidad de siempre, que podrá vivir toda la eternidad en la repetición constante de las mismas mentiras, el mismo encubrimiento de los crímenes de Estado, los mismos ciclos de opresión y represión. ¿Una cuarta transformación? Aquí reina el eterno retorno de la impunidad.

Es el ocaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se cumplen diez años de la atrocidad cometida por policías, soldados y sicarios en Iguala, Guerrero, y la investigación oficial de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa vuelve a su origen: el basurero de Cocula y la “verdad histórica”. 

¿Cómo llegamos hasta aquí? 

DE LA “VERDAD HISTÓRICA” DE PEÑA A LA  “VERDAD HISTÉRICA” DE LÓPEZ OBRADOR

He detallado en otros textos cómo el gobierno de López Obrador operó en 2022 para cerrar filas alrededor de los militares, ejercer un control político sobre la investigación del caso Ayotzinapa y quitar del camino a quienes insistieran en seguir investigando conforme a la ley. Aquí haré solo un breve resumen. 

López Obrador ordenó al presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, preparar un informe sobre el caso. Este fue elaborado en secreto, a espaldas de las familias —que también forman parte de la Covaj—, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del propio fiscal especial del caso. El informe fue presentado en agosto de 2022 ante las familias —a las que causó un daño profundo al incluir supuestos chats de los perpetradores que narraban una historia de horror respecto al destino de sus hijos— y rápidamente desacreditado por basarse, una gran parte, en información falsificada: esos mismos chats. 

López Obrador mandó arrestar al exprocurador Jesús Murillo Karam  la misma semana de la presentación del informe de la Covaj, aunque la investigación y la consignación en curso no estaban listas. Luego, para cumplir con su orden, el fiscal general Alejandro Gertz Manero obligó a renunciar al fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y a casi todo su equipo durante el mes de septiembre de 2022. Estas intromisiones provocaron la renuncia en octubre de dos miembros del GIEI. Dos se quedaron para avanzar en la investigación, pero presentaron su dimisión junto con un sexto informe en julio de 2023, que mostraba las repetidas mentiras y la cerrazón total del Ejército respecto a la documentación existente en sus archivos y las acciones de los militares durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. 

El presidente reconoce su manipulación del caso —insiste en que no hay nada malo en ello— en su libro ¡Gracias! En el apartado que dedica a Ayotzinapa (páginas 518 a 535), López Obrador cuenta esta misma historia: “Desde principios de 2022, empecé a solicitarle a Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, que se apurara en los interrogatorios y en la búsqueda [de los normalistas] y que se elaborara, con la información obtenida hasta entonces, una primera versión que ayudara a esclarecer lo realmente sucedido”. 

Cabe recordar que, a inicios de 2022, el GIEI presentó su tercer informe al gobierno y a las familias, del que solo se hizo público un resumen. Ese informe incluía documentos encontrados en los archivos del Ejército y de la Marina, así como videos de un dron de la institución naval que mostraban acciones ilegales de ambas instancias militares que habían sido ocultadas hasta entonces. 

Sigue contando López Obrador en su libro: “En estas circunstancias, en el mes de agosto de 2022, Alejandro Encinas me presentó un documento titulado ‘Primer Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa’, con dos anexos de sustento a la relatoría principal. Una vez leí el informe, me pareció creíble; invité al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, a una reunión junto con Alejandro [Encinas] y Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, para pedirle al fiscal general que si consideraban suficientes las pruebas presentadas en ese informe, se procediera a elaborar la documentación respectiva para solicitar al juez las órdenes de aprehensión de 41 personas señaladas como presuntos responsables en el caso Ayotzinapa”. 

El presidente lo narra como la cosa más natural e inocente del mundo, pero lo que cuenta es la intromisión política que dinamitó el caso jurídico más grande y emblemático de su sexenio. López Obrador confunde —a propósito, quizás—  un informe de una comisión de la verdad con las pruebas que llevaba más de dos años trabajando la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). Llama la atención que el mandatario no invitara al fiscal especial encargado del caso a su reunión, pero sí al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (¿para asegurar desde lo más alto que las órdenes de aprehensión serían otorgadas por el juez?). Llama también la atención la manera en que López Obrador y Alejandro Encinas presentaron el informe a las familias: en un acto solemne, con la presencia del gabinete, distinto a cualquier encuentro previo; una puesta en escena para cerrar el caso y despedirse. Y, sobre todo, llama la atención lo que ahora sabemos: ese informe realizado en secreto a petición de López Obrador y usado por el propio presidente para instruir al fiscal general y al presidente de la Suprema Corte de Justicia a tomar acciones en el caso, se basó en chats de WhatsApp falsificados.

Para intentar justificar lo injustificable, López Obrador recurre a una táctica común y nada sutil: culpar a las víctimas. En este caso, el mandatario acusa a las personas que intentaron llevar a cabo una investigación imparcial —el fiscal al frente de la unidad especial Omar Gómez Trejo y su equipo, los abogados de derechos humanos que representan a las familias, los miembros del GIEI— de ser quienes buscaron poner obstáculos a la justicia. Acusa también a Gómez Trejo y su equipo de negarse al arresto de Murillo Karam. Eso no es cierto: más bien, según lo que el exfiscal me dijo en entrevista, pedían tiempo, querían girar la orden de aprehensión con una acusación sólida y no porque el presidente buscaba un titular en los periódicos para acompañar a su informe apócrifo. 

El jueves 18 de agosto presentaron el informe de la Covaj. Al día siguiente, policías federales detuvieron a Murillo Karam con una orden de aprehensión elaborada en dos días por abogados de Asuntos Internos ajenos a la investigación. Ese mismo viernes 19 de agosto, la UEILCA giró 83 órdenes de aprehensión en el caso, 19 contra militares. Unas semanas después, el 13 de septiembre, en un acto sin precedentes, y con la oficina de la UEILCA invadida por Asuntos Internos, la fiscalía canceló 21 de esas órdenes de aprehensión, 16 contra militares. 

López Obrador, entonces, acusa al equipo de la UEILCA de querer “reventar la instrucción incluyendo [en las órdenes de aprehensión] a más militares” que los cinco mencionados en el informe de la Covaj. Es de no creerse: el presidente acusa al fiscal especial del caso de buscar “reventar” un procedimiento judicial  por emitir órdenes de aprehensión contra militares, basadas en pruebas recabadas en más de dos años de trabajo, porque considera que se excedió en el número. ¿Cómo sabe eso López Obrador? Porque Gómez Trejo judicializó a más militares que los citados en un informe sin validez jurídica y basado en pruebas falsificadas. 

El presidente acusa además a las organizaciones de derechos humanos que han apoyado a las familias desde el día de los ataques en contra de sus hijos de ser “de corte conservador y religioso vinculadas al senador filopanista Emilio Álvarez Icaza, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, un organismo que prácticamente está al servicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos”. Para López Obrador, estas organizaciones y “algunos integrantes del grupo internacional de asesores, mejor conocido como GIEI”, que él mismo invitó a volver al país, quisieron desprestigiar a la institución castrense y así apoyar los intereses del gobierno de los Estados Unidos en México. 

Fue así como, en 2022, pasamos de la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto a la “verdad histérica” de López Obrador: un intento de cerrar el caso igual de falso e insidioso, pero ahora con el agregado de que es el presidente de México quien se presenta como la víctima de un complot internacional. Tal es su descaro, que repitió la torcida fantasía que publica en su libro en un “reporte” personal dirigido y entregado a las familias en julio de 2024 y en un refrito del mismo fechado hoy, el día del décimo aniversario de la desaparición de los estudiantes. 

“Usted, sr. presidente”, escriben las madres y los padres de los 43 normalistas en una carta pública en respuesta al reporte de julio de López Obrador, “nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. […] Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros, sino también a todo el pueblo de México, el cual también ingenuamente le creyó en algún momento. […] Nos gustaría recordarle, presidente, por si también lo ha olvidado, que la víctima no es usted, sino somos nosotros los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, crímenes que, por cierto, se han incrementado como nunca en la historia de nuestro país, así como el alza de la delincuencia organizada”.

Pero López Obrador, durante su sexenio y en su refrito de reporte de este 26 de septiembre, se preocupa más por denunciar al ex fiscal especial, a su equipo, al GIEI y a la periodista Anabel Hernández —de las siete páginas que escribe, 2.5 son una cita del libro que publicó sobre Ayotzinapa—, que por las familias y los desaparecidos. En el informe y los cinco anexos que publica hace una sumatoria de cifras (reuniones, búsquedas en campo, declaraciones de testigos) en vez de cumplir su promesa de investigar hasta llegar a la verdad de los hechos y dar con el paradero de los estudiantes.

LA EVIDENCIA INCONVENIENTE

En su libro ¡Gracias!, López Obrador expone su teoría del caso: “Considero que la desaparición y crimen de Iguala no fue ordenado por el presidente, ni por el secretario de la Defensa, ni por ninguna autoridad federal de alto rango, sino que esta tragedia criminal e injustificable es producto fundamentalmente de la asociación delictuosa entre autoridades locales y la delincuencia de la región”.

Esta “consideración” de López Obrador —que repite la versión de la “verdad histórica”—, sin embargo, tiene un grave inconveniente: la evidencia. Ha quedado documentada desde hace años la participación de policías municipales, policías estatales, policías ministeriales del estado y policías federales en los ataques en Iguala y la desaparición de los estudiantes.  

Pero el problema mayor de la argumentación del presidente respecto a la desaparición de los normalistas es el Ejército. Durante el sexenio de López Obrador, el GIEI encontró documentos militares, testimonios de testigos y análisis de telefonía de los militares en Iguala correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 que muestran que el Ejército observó y monitoreó los ataques y la desaparición de los estudiantes en tiempo real a través de agentes infiltrados, personal de inteligencia, el control del sistema de vigilancia C4 en Iguala, y patrullajes por los diferentes lugares de los hechos durante toda la noche. Y que el Ejército mintió sobre lo anterior durante años, y sigue mintiendo. 

López Obrador no habla de esta documentación ni en su libro, ni en su reporte a las familias, ni en sus mañaneras. Miente. Dice que el Ejército entregó toda la documentación que existe, aunque faltan, por lo menos, 835 documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) en Iguala, fechados entre el 30 de abril y el 22 de octubre de 2014. Dice, sin presentar evidencias, que los abogados de derechos humanos y el GIEI quieren desprestigiar a la institución castrense. 

Sus maniobras discursivas —la evasión, la negación, la mentira, la tergiversación— son transparentes. Mientras las familias piden algo concreto, como los 835 documentos del CRFI, López Obrador repite su mentira: “No es cierto que el Ejército no entregó todo”. Mientras el GIEI comparte en su sexto informe el análisis de la telefonía de los militares del Batallón 27 en Iguala durante las horas del ataque, que muestra cómo mintieron durante años y cómo sí salieron constantemente a patrullar las zonas donde se llevaron a cabo las desapariciones, López Obrador escribe: “El señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza, y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano”. 

Más bien, reducir la documentación, los testimonios y la evidencia del caso a un “señalamiento al Ejército, sin pruebas”, es un claro intento de blindar y encubrir a la institución que López Obrador ha cobijado y empoderado durante su gobierno como ningún otro presidente en la historia (el 25 de septiembre el Senado aprobó la adscripción militar de la Guardia Nacional, completando la militarización de la policía federal).  

En su libro, el presidente incluye citas de tres fuentes como respaldo a su teoría del caso. Presenta primero la transcripción parcial de unos mensajes interceptados entre Gildardo López Astudillo —jefe local de Guerreros Unidos en 2014 que participó en la desaparición, fue torturado para apoyar la “verdad histórica”, absuelto por ser víctima de tortura y luego se convirtió en testigo del caso con la UEILCA— y Francisco Salgado Valladares, comandante de la policía municipal de Iguala cuando ocurrieron los hechos. Los mensajes prueban su participación en el crimen. Y para nada contradicen la evidencia que existe sobre la implicación de policías estatales, federales y militares. 

En segundo lugar, incluye una transcripción parcial de mensajes interceptados entre Alejandro Palacios, jefe local de Guerreros Unidos en Huitzuco, y un hombre que no ha sido identificado, posiblemente un policía de Tepecoacuilco. En estos mensajes mencionan al Gil, apodo de López Astudillo. 

Con estas dos fuentes, López Obrador busca que toda la responsabilidad por los ataques y la desaparición recaiga en López Astudillo, una persona que sí participó en los hechos, pero como una pieza de un entramado mucho más grande, como muestran las evidencias, que el presidente ignora o evade.

La tercera fuente del libro de López Obrador es la más extraña, un tal Neto, un testigo incluido en la investigación que miente de forma descarada. El presidente cita seis páginas enteras de las declaraciones del hombre con seudónimo Neto, en las cuales dice que los estudiantes fueron asesinados, mutilados e incinerados en hornos crematorios durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. El mandatario repite el horror que cometió Murillo Karam con los videos de torturados que contaban mentiras, repite el horror que cometió Alejandro Encinas al leer ante las familias los mensajes de WhatsApp falsificados. 

López Obrador publica una descripción falsa, horrorosa, del destino de los desaparecidos. En la misma carpeta de investigación en que se consignan las declaraciones de Neto, se encuentran los documentos que demuestran que miente: los informes entregados hace años por las funerarias y las empresas de gas de Iguala y de Cocula que prueban la imposibilidad de ese relato. La periodista Marcela Turati también lo evidenció en febrero de 2015, cuando entrevistó a los dueños de las funerarias. 

VOLVER A LO INSOSTENIBLE

Tomaron sus decisiones. En 2022 intentaron cerrar la investigación. Lograron sacar al fiscal especial y a su equipo y deshacerse del GIEI, cuyos integrantes se fueron del país después de publicar su sexto informe. Desde entonces, López Obrador se ha dedicado a defender su gobierno y al Ejército. 

No es de sorprender que el 26 de agosto de 2024, un mes antes de cumplirse diez años de la desaparición de sus hijos, el grupo principal —porque el gobierno también logró con promesas y dinero, y después de muchos años de intentos, sembrar rencores y divisiones entre las familias— de madres y padres de los normalistas se parara de la mesa y diera por terminada toda relación con el gobierno de López Obrador. “Nada más era reunión por reunión, sin avances”, me dijo Luz María Telumbre, madre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, ese día. “Solo por sacarse la foto y decir ‘me reuní con los papás’, pero sin hacer nada. A este señor ni las gracias le vamos a dar”. 

“Es la imagen del fracaso”, escribió el periodista Pablo Ferri. “Pese a los buenos resultados iniciales, todo se enfangó después”. 

Y ahora la imagen del fracaso sigue enfocada en el descaro. Durante el mes de septiembre, el Gobierno federal volvió a detener a varias personas claves para la construcción inicial, y bajo tortura, de la “verdad histórica”. Preocupa la reciente detención de Gildardo López Astudillo por un gobierno que ha mostrado una y otra vez su compromiso con la mentira. No cabe duda de que López Astudillo participó en la desaparición de los normalistas ni de que mezcló verdades y mentiras en sus declaraciones ante la UEILCA como testigo con identidad reservada. Volverlo a interrogar no causa asombro: tiene todavía mucho que decir. Lo que inquieta es quién lo va a interrogar y en qué contexto, y bajo qué acuerdos. Descalificarlo u obligarlo a retractarse por completo de su anterior testimonio eliminaría al  principal testigo (aunque no toda la evidencia) contra los militares. 

La detención de Felipe Rodríguez Salgado —narcomenudista de bajo rango de Guerreros Unidos, detenido y torturado para apoyar la “verdad histórica”, que sale en el famoso video de Tomás Zerón de Lucio en que el exfuncionario lo amenaza de muerte—, sobre quien una fuente me dijo que le sembraron un arma para poderlo detener nuevamente, podría llevar al intento de resucitar, una vez más, alguna versión alternativa de la “verdad histórica”. Parece que más detenciones de los miembros menores de Guerreros Unidos torturados y usados para armar la “verdad histórica” vienen en camino: el 10 de septiembre la Suprema Corte determinó reponer el proceso contra siete de ellos por el delito de delincuencia organizada. 

Parece increíble. El gobierno de López Obrador ha descalificado la “verdad histórica” en repetidas ocasiones. Cabe suponer que el presidente ordenó la detención de Murillo Karam, como él mismo narra en su libro, por su participación en esos delitos de encubrimiento. Y aun así, apenas el pasado 24 de septiembre, Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los normalistas desaparecidos, informó que el Gobierno federal le comunicó que habían localizado nuevos restos humanos en Cocula. 

Rosales contó: “Ayer en la noche estaban realizando el análisis de los restos encontrados en Cocula, pero nos pidieron que notificáramos al Equipo Argentino de Antropología Forense para que participara, pero las autoridades nos mandaron la notificación a las siete de la noche, diciéndonos que a las nueve realizarían la segunda etapa del análisis. Este es un procedimiento irregular cuyo objetivo es evitar que el equipo forense que apoya a los padres y madres pueda participar en esta diligencia. Tememos que vayan a hacer un proceso adulterado respecto al reconocimiento de estos restos”.

Y así hemos vuelto, al cumplirse diez años de la desaparición forzada de los normalistas, diez años de mentiras e inventos y de desprecio, a enfrentarnos con un gobierno que se olvida de los chats de WhatsApp falsificados, que niega la existencia de los documentos militares ya descubiertos y los que no se han entregado, que ignora la montaña de evidencia científica sobre un crimen de Estado que llevan una década sosteniendo. Es así que hemos vuelto al inicio: al basurero de Cocula, a “la asociación delictuosa entre autoridades locales y la delincuencia de la región”, y a la permanencia de un demonio dentro del Estado mexicano que nos condena al eterno retorno de la impunidad. 

***

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

¿Quién se lo recomendó a Felipe Calderón? 

Esas fueron algunas de las preguntas que se hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa mañanera, desde donde el mandatario pidió a Calderón Hinojosa dar un informe sobre ese tema. 

Recordemos que el secretario de seguridad pública de México actualmente se encuentra preso en Estados Unidos y a la espera de su sentencia ya que fue encontrado culpable de tener vínculos con el narcotráfico.

“Debería de informar, que no ha dicho nada Felipe Calderón cómo fue que lo llamó a colaborar, quién se lo recomendó, o sea, toda la relatoría, el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno en la política de seguridad en esos seis años, un informe si él sabía, no sabía (Felipe Calderón), qué opinión tiene de lo que está pasando, si es culpable o no culpable, pero un escrito amplio, lo amerita el caso independientemente de cuántos años le van a imponer como sentencia”, comentó Obrador.

El presidente también recordó que Garcia Luna, de 56 años, fue hallado culpable no sólo de tener nexos con el narcotráfico, sino de cinco cargos más relacionados con conspiración para traficar cocaína y mentir a las autoridades americanas.
Por su parte la propia defensa del secretario de seguridad de México ha pedido a los jueces estadounidenses que le den 20 años de prisión, ya que su proceso judicial inicios de cinco años y desde entonces se encuentra en la cárcel, lo que para el acusado “han sido una eternidad para el mexicano, y que en ese tiempo ya perdió su reputación, sus bienes y que incluso dos se sus hermanos murieron y una de sus hermanas se encuentra con daños por el Covid-19”.

La lectura del presidente López Obrador ante la petición de los abogados de García Luna indica que su cliente es culpable de tener vínculos con el narcotráfico

“Hay que esperar la sentencia porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por otro sus abogados 20 años, vamos a esperar no tengo opinión (…) Lo que sí se demuestra, es que hay culpabilidad independientemente del tiempo que se le asigne, porque su abogado está planteando 20 años, está aceptando que si hay culpabilidad”.

El exsecretario de seguridad pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón, recibirá su sentencia el próximo 9 de octubre.

Según indican los resultados de la encuesta para el periódico el país y W Radio publicados el 24 de septiembre, de todos los encuestados sólo un 23% lo desaprueba.

Además fue considerado el mejor presidente de los últimos cinco sexenios.

La mayor popularidad del presidente se concentró en mujeres ya que el 78% aprobó su sexenio frente al 75% de hombres.

En cuánto a las edades, la aprobación se concentró en votantes mayores de 65 años, aquí fue el 87%, lo que puede ser obvio por el histórico apoyo en programas sociales.

Sin embargo el grupo de 25 a 34 años  lo aprueba en un 81%

Entre las preguntas que le realizaron a los encuestados se cuestionó sobre quién fue el mejor mandatario; López Obrador tuvo un avasallante triunfo al obtener un 68%, Enrique Peña Nieto fue el peor presidente para los mexicanos según la encuesta que le dio un 32% seguido de Felipe Calderón Hinojosa con un 24%.

Y la encuesta también consideró a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que no tuvo un 81% entre los adultos jóvenes de 25 a 34 años, y un 78% de personas mayores de 65 años.

Normalistas de Ayotzinapa

Presentes

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2024

Madres y Padres de los alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” deAyotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014:

Con todo respeto me dirijo a ustedes para informarles sobre la búsqueda de sus hijos y el avance que logramos en este propósito durante el tiempo que me desempeñé como presidente de México.

Como ustedes saben, desde el inicio de mi mandato me propuse con toda convicción destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos acontecidos hace diez años, castigar a los responsables y, sobre todo, encontrar a los jóvenes.

Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión. Desde Los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras.

Asimismo, le otorgué mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos. De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos.

Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes.

Aquí conviene recordar que desde el principio de estos lamentables hechos se cometieron, consciente o inconscientemente, una serie de errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes.

Recordemos que el gobierno anterior quiso dar carpetazo al asunto construyendo la llamada “verdad histórica”, según la cual, los jóvenes habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, por los integrantes de Guerreros Unidos, con la complicidad de policías y autoridades locales; esta versión fue sostenida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y por Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. Dicha conclusión fue parcialmente descalificada, en particular lo relativo a la incineración de los jóvenes en ese sitio, pues, como fue probado por peritos en la materia, resultó completamente falsa.

Además de esta irresponsable actitud, por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos, e inclusive, con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa y representantes de las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos, se promovió y aprobó una sentencia en el Poder Judicial, la cual, bajo el alegato de que los detenidos habían sido torturados, posibilitó la liberación de 65 de ellos; aunque algunos de los excarcelados habían efectivamente sido víctimas de tortura, otros no, y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes,

También resulta necesario recordar, en este punto, que extrañamente los encargados de la Fiscalía Especial, ministerios públicos y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vez de celebrar la decisión que tomamos de solicitar órdenes de aprehensión contra el procurador y miembros del Ejército, se opusieron rotundamente a dicha medida, hasta el punto que el Fiscal Especial renunció y la mayoría de los miembros de la Comisión de la OEA se retiraron..

Asimismo, conviene subrayar que con el paso del tiempo, y por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los “defensores” de las madres y padres de los estudiantes que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del Ejército. Esta conjetura fue impulsada, entre otros, por la seudo periodista Anabel Hernández, quien incluso escribió un libro llamado La verdadera noche de Iguala, publicado en 2016, en el cual se atrevió a afirmar, sin ninguna prueba, como ya se los expresé en la carta anterior, que los estudiantes habían secuestrado sin proponérselo un camión con heroína con destino a Estados Unidos; en un apartado de su libro titulado, precisamente,”Fue el Ejército”, cuenta así esa historia:

La noche del 26 de septiembre de 2014 le informaron a un

narcotraficante con un importante nivel de operaciones en Guerrero,

quien se encontraba en Iguala, que estudiantes de la Normal de

Ayotzinapa iban a bordo de dos autobuses en los que se ocultaba un

cargamento de heroína con un valor de al menos dos millones de

dólares; los normalistas ignoraban que viajaban con la preciada carga.

y que su destino estaba ligado a ella.

Aunque el capo estaba acostumbrado a traficar varias toneladas de

heroína, la cantidad que transportaban los autobuses no era menor y

no se podía permitir ese robo aunque fuera accidental; si lo toleraban,

se perdería el orden en la plaza.

‘Si se mata por veinte mil dólares, ¿por dos millones? Es una manera

de operar. La recuperación de la mercancía era un tema de dinero y

un tema de autoridad, si se permitía ese robo después habría más’,

explicó un informante de credibilidad comprobada, con quien se

sostuvieron varias reuniones a lo largo de quince meses durante esta

investigación.

El narcotraficante en cuestión tenía al menos ocho años trabajando

en la entidad; primero como colaborador de Arturo Beltrán Leyva,

con el que traficaba droga a Estados Unidos-no como un subalterno

sino como un socio minoritario que con el tiempo adquirió más poder,

aunque logró mantener un perfil discreto-, pero su nombre nunca se

ha mencionado en las causas penales de otros integrantes de ese

cártel, como Édgar Valdez Villarreal, Gerardo Álvarez Vázquez o

Sergio Villareal Barragán. En 2009, cuando ultimaron a Arturo Beltrán

Leyva en Cuernavaca, el capo decidió seguir con sus propias:

operaciones usando Guerrero como base: para el control de la zona

tenía en su nómina a militares del 27 y 41 Batallones de Infantería,

policías federales, policías ministeriales de Guerrero, policías

federales ministeriales, policías municipales de Iguala y diversas

autoridades de los municipios cercanos, así como en la sierra donde

se siembra la amapola y se procesa la heroína.

Cuando reportaron la pérdida de su valiosa carga, el capo habría

hecho una llamada al coronel de infantería José Rodríguez Pérez,

comandante del 27 Batallón, para pedirle que recuperara la

mercancía a como diera lugar. El Ejército era la fuerza de seguridad

que tenía mayor autoridad en la ciudad; tal vez el narcotraficante no

dimensionó la magnitud del operativo para recobrar la droga.

‘Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo

Ejército’, señaló la fuente de información enterada de los hechos.

[…]

De acuerdo con esta versión, en el momento en que los militares

rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se

habrían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los

compartimientos, imprevisto que detonó súbitamente la necesidad

de desaparecerlos para no dejar testigos.

[…..]

Según habría contado el capo a sus conocidos de confianza, su gente

no intervino en la operación, dejaron todo en manos de los militares.

El mismo personaje desconocería el paradero final de los normalistas,

pero alguien le informó que supuestamente habían llevado al menos

a un grupo de estudiantes a las instalaciones del 27 Batallón de

Infantería.

‘Mi intención nunca fue que mataran a tanto cabrón, se excedieron,

de haber sabido que iba a pasar eso…’, se habría quejado el capo,

quien irónicamente no es ninguno de los detenidos por la PGR

vinculados a la desaparición de los 43.

[…]

En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas elaborada por

la DEA, se afirma que la mayor parte de la heroína que se consume en

Estados Unidos proviene de México y en menor medida, de Colombia.

[…..]

Según la DEA hasta 2015 Guerrero seguía siendo una plaza que

controlaba el cártel de los Beltrán Leyva y sus socios, con una

pequeña presencia del cártel de Sinaloa. Es significativo que en el

reporte de esa agencia no existe una sola línea dedicada a Guerreros

Unidos ni a los llamados Rojos, los únicos grupos en los que se enfocó

la PGR en su investigación sesgada. El informante explicó que si bien

las células criminales de Los Rojos y Guerreros Unidos tienen

operaciones en Guerrero, son de poca escala y están por debajo del

nivel de poder del capo en cuestión. (La verdadera noche de

Iguala, pp. 323, 324, 325 y 326)

Esta señora, que maneja mucha información de la Administración de Control De Drogas (DEA), falsa o verdadera, según se lo ordenan, participó como testigo en un tribunal de Estados Unidos para defender la solicitud de asilo del juez municipal, Ulises Bernabé, quien sostuvo que supuestamente esa noche los jóvenes nunca fueron llevados a la Comandancia de Iguala, cuando hay testimonios que aseguran lo contrario; es decir, que policías de Iguala los sacaron en patrullas de esas instalaciones hacia lugares desconocidos.

No obstante, esa declaración dolosa fue aceptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual gestionó el asilo a dicha persona; a la irresponsable aceptación como verídicos de los testimonios de Ulises Bernabéy de Anabel Hernández de que el Ejército Mexicano estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes, se sumó la siguiente aseveración textual de esa autoridad estadounidense: «resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de este horrible incidente». (Sentencia de la Corte de Inmigración del Departamento de Justicia de Arizona, Estados Unidos).

Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada, o de omisión al no haber actuado para evitarlos actos de violencia en contra de los jóvenes.

Cabe señalar que en toda la investigación realizada hemos contado con elapoyo de las Fuerzas Armadas, cuyos mandos y oficiales han coincididoconmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no puedentolerarse en ninguna circunstancia; porque, entre otras razones, los actosilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden mancharel prestigio de una institución creada para la defensa nacional, que debe serun baluarte del Estado democrático, justo, libre y soberano de nuestra República.

En consecuencia, por la presunta participación en la desaparición de los jóvenes se han procesado 151 personas, de las cuales 134 son civiles, 16 militares, incluidos dos generales y 1 elemento de la marina, asimismo se encuentra pendiente de ejecutar tres órdenes de aprehensión más en contra de militares. Destaco que en nuestro sexenio el número de encarcelados se incrementó de 59 a 120 personas.

Con todo, lo más importante ha sido la búsqueda de los jóvenes, tarea a la que he dado mucha atención; por ejemplo, les informo que en los últimos dos años,prácticamente he tomado la coordinación de este lamentable suceso y una vez por semana me reúno con el Gabinete de Seguridad para estar pendiente de la investigación. Puntualmente les informo también que las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, Luisa María Alcalde Luján y Rosa IcelaRodríguez Velázquez y el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, han estado dialogando en las cárceles con los involucrados; hemos ofrecido recompensas, enviamos al Congreso una Ley de Amnistía que fue aprobada destinada principalmente a garantizar protección y apoyo a informantes; sin embargo, hasta ahora ha sido poco lo alcanzado, aunque existe el ofrecimiento de quienes ahora están detenidos de aportar, en un futuro cercano, información para encontrar a los estudiantes desaparecidos.

Añado que durante nuestro gobierno la búsqueda en campo ha sido permanente; hemos explorado en 858 sitios con la participación de 270 personas de las distintas instituciones y con el equipo tecnológico más apropiado. Les expreso que hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes. Y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca; es un expediente abierto y si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia,

En el informe y los anexos que les hemos entregado viene una relatoría más detallada y datos que consideramos de interés para ustedes y para el pueblo de México.

Los abrazo.

Hablamos sobre la Reforma al Poder Judicial y las patadas de ahogado.

La jueza asegura que hubo violaciones en el procedimiento de su aprobación, ese es el motivo por el cual ha ordenado su eliminación del DOF.

Es la jueza Nancy Juarez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, la que ha señalado que el dictamen de la reforma “no fue discutido ni votado por la Cámara de origen dentro del plazo máximo de 30 días naturales a partir de su presentación”, motivo por el cual el proceso legislativo juntamente se realizó de manera caduca.

Ese es el argumento por el que la jueza tomó la decisión de conceder una suspensión definitiva; esto a raíz de qué una trabajadora del poder judicial de la Federación presentó una solicitud contra el proceso de discusión y aprobación, también sobre la declaratoria de la Reforma el poder judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada recientemente por Morena y aliados.

“En consecuencia, como quedó establecido, resulta procedente conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios, para que las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Director del Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, eliminen la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre del 2024, del Decreto de Reforma Constitucional”, dice el fallo.

Según dice la jueza, la resolución busca restituir los derechos violados de quién tramitó el amparo, de no hacer si así, presuntamente se estaría privando de “principios que rigen la independencia judicial y la impartición de justicia”, como “la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la división de poderes”.

Con base en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y debido a la “urgencia” del asunto, el fallo señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y al Director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López Gonzáles, de los oficios 17879/2024 y 17880/2024, deben ser notificados, además de entregarles la resolución correspondiente.

Andrés Manuel López Obrador subrayó que su mensaje va dirigido a los jóvenes, pues busca que para ellos sea una enseñanza.

“Por eso es muy importante y este es un mensaje, una enseñanza mayor para los jóvenes. Es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie si se va a trabajar en beneficio del pueblo”, explicó el presidente.

Respecto a este tema, la presidenta electa Claudia Sheinbaum fue cuestionada y de inmediato respondió que esto es un tema político y que las acusaciones en contra de López Obrador son falsas.

“Es falso, es un tema político. El Presidente nunca ha estado involucrado en nada que tenga que ver con relación con algún delincuente, entonces es absolutamente falso”, dijo Sheinbaum y aseguró que García Luna solo busca “manchar la imagen del Presidente“.

“Si él (el Presidente) no tuviera autoridad moral, no podría haber hecho la transformación que hizo. Es un tema político, ya se va el Presidente, García Luna quiere, supongo, mancharlo, pero no se va a poder”, sentenció la presidenta electa.

Redacción: Libera Radio.

Fue así como la reforma al Poder Judicial se aprobó la madrugada de hoy, con 86 votos a favor y 41 en contra; esto se logró gracias al panista Yunes Márquez, quien a pesar de los reclamos y las rechiflas, decidió apoyar la propuesta del presidente.

Ahora la iniciativa pasará a los Congresos Estatales donde se tiene que avalar en 17 de ellos. Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador la publicaría en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En un comunicado conjunto, señalaron que la violencia contra los territorios “ocurre a la vista de las autoridades del Estado, en lugares cercanos a los cuarteles del ejército o la Guardia Nacional, que a pesar de las llamadas de auxilio de la población no intervienen”, mientras que las autoridades estatales y federales “minimizan la violencia o culpan a los pueblos de ella, sin admitir que fallan ante la principal responsabilidad del Estado que es garantizar la seguridad de la población”.

Los pueblos y organizaciones resumieron que las problemáticas que atraviesan los pueblos en México se relacionan principalmente con la presencia del crimen organizado, el despojo territorial y cultural para la imposición de megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Transístmico, las minas y las presas hidroeléctricas y fotovoltaicas, la agroindustria, así como la criminalización de los defensores comunitarios.

“En la mayoría de nuestros territorios, los cárteles criminales se han convertido en la mayor amenaza a nuestras posibilidades de existencia y a nuestros bienes naturales. Los cárteles tienen un poder político concentrado, siempre operan en clave de contrainsurgencia y niegan la autodeterminación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas”, destacaron los pueblos y organizaciones, que identificaron entre las entidades más afectadas por la presencia de grupos armados y del narcotráfico a Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Morelos y Puebla.

Respecto a las normativas y políticas del gobierno, criticaron que la reforma indígena que posiblemente se apruebe en el paquete de 20 reformas presentadas por Andrés Manuel López Obrador “no tiene que ver con los Acuerdos de San Andrés, ni con la iniciativa acordada en los foros convocados por el INPI”, sino que es una reforma “poco significativa que no toca los derechos fundamentales que los pueblos indígenas reclaman como son el derecho al territorio o a la representación política fuera del sistema de partidos”.

Frente a la escalada de violencia y sus diferentes manifestaciones contra los pueblos, las comunidades y organizaciones incluyeron entre sus exigencias que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad fundamental de brindar seguridad “a quienes ha dejado en manos del crimen organizado”, así como que se respeten los territorios indígenas y campesinos, sus acuerdos de asamblea y su libre determinación, con la que han decidido decir “no” a los proyectos extractivos, turísticos e inmobiliarios, y a la presencia de empresas, gobiernos y grupos armados que se disputan sus territorios.

A continuación el comunicado completo:

Alto a la violencia contra los pueblos originarios y las comunidades rurales

Los pueblos maya, tseltal, ch’ol, chuj, lacandón, zoque, mam, ikoot, ayuuk, chinanteco, bene gula, nahua, me’phaa, hñähñu, wixarika, rarámuri, yaqui, junto con organizaciones, colectivos y movimientos sociales que defendemos nuestros territorios y formas de vida campesina, desde distintas regiones, en 18 estados, constatamos que la violencia en contra de los pueblos originarios y las comunidades rurales ha crecido de manera alarmante y es la constante en el país.

En la mayoría de nuestros territorios, los cárteles criminales se han convertido en la mayor amenaza a nuestras posibilidades de existencia y a nuestros bienes naturales. Los cárteles tienen un poder político concentrado, siempre operan en clave de contrainsurgencia y niegan la autodeterminación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

Con distinta intensidad de acuerdo a diferentes momentos, los cárteles actúan en nuestras comunidades y territorios:

En estos momentos Chiapas arde a causa de la violencia, las comunidades de la Zona Fronteriza, de la Selva Lacandona, de La Frailesca, de los Altos, han sido arrasadas por los cárteles del crimen organizado para imponer el control sobre los territorios indígenas y la población.

En estos territorios ocupados los cárteles actúan muchas veces vinculados a grupos o caciques locales que conocen a las personas y la región, explotan las minas, talan clandestina e indiscriminadamente el bosque, cobran derecho de piso, obligan a los hombres jóvenes y adultos a incorporarse a sus filas para participar con ellos en todas las actividades criminales e incluso asesinar a sus hermanos. Fuerzan a las mujeres a darles de comer y cumplir sus caprichos. Instalan retenes y deciden sobre quién entra y quién sale, controlan el abasto de productos básicos e impiden su acceso a las cabeceras municipales. Amenazan, golpean y matan a quienes no quieren obedecerles y han realizado masacres y asesinatos de defensores de derechos humanos y de población inocente, de tal forma que comunidades enteras o personas señaladas tienen que exiliarse para salvar su vida, dejando sus viviendas, animales, cosechas y todas sus pertenencias.

Los desplazados se refugian en comunidades vecinas, en las ciudades cercanas e incluso en comunidades de Guatemala. A partir del terror los cárteles despejan los territorios para utilizarlos en su único beneficio, para el tráfico de personas, drogas, armas, etcétera.

En regiones de Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas, Puebla, las organizaciones criminales se adueñan de los bienes naturales de las comunidades, destruyen los bosques y los incendian, explotan las minas, roban combustibles, acaparan el agua, obligan a la población a defenderlos y les utilizan como escudo humano frente a sus enemigos. En ocasiones atacan con drones a las comunidades durante horas, como en Ostula, Michoacán, matan a las autoridades, enfrentan a las policías comunitarias y desaparecen a sus defensores para adueñarse de sus territorios.

Todo esto ocurre a la vista de las autoridades del Estado, en lugares cercanos a los cuarteles del Ejército o la Guardia Nacional, que a pesar de las llamadas de auxilio de la población no intervienen.

Las autoridades estatales y federales minimizan la violencia o culpan a los pueblos de ella, sin admitir que fallan ante la principal responsabilidad del Estado que es garantizar la seguridad de la población.

Los megaproyectos que promueve el gobierno como el Corredor Interoceánico, el Tren mal llamado Maya, el Proyecto Integral Morelos, ubicados en territorios de los pueblos originarios, se construyen sin su consentimiento. Al ser catalogados como de seguridad nacional fueron exentos de regulaciones, y se impide que la población ejerza sus derechos.

El Tren mal llamado Maya despoja al pueblo maya de sus tierras y bienes naturales, favorece la especulación inmobiliaria, el acaparamiento de tierras para turismo, las agroindustrias y la urbanización. Parte por la mitad comunidades, deforesta miles de hectáreas de selva, afecta cuevas y cenotes, contamina el agua subterránea, destruye vestigios arqueológicos. Las resistencias mediante procesos legales han enfrentado decenas de obstáculos y aunque los amparos y suspensiones se han conseguido legalmente, el Estado los viola, las obras continúan y provocan el ecocidio —tras el escudo de una consulta indígena amañada— en una de las selvas mejor conservadas de México.

El devastador giga-proyecto Corredor Interoceánico que aglutina un conjunto de megaproyectos extractivos, agroindustriales, energéticos y de ensamble amenaza la cultura y el tejido social de 13 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, a la par que coloca en grave riesgo la naturaleza de una de las regiones más biodiversas de México. Los opositores al Corredor Interoceánico han sido criminalizados y reprimidos por defender sus tierras ante la imposición de distintos proyectos de infraestructura como son los polos de desarrollo, la ampliación de la escollera de Salina Cruz, las plantas de energía eólica y solar, los derechos de vía, etcétera. El control del territorio del Corredor Interoceánico (incluyendo sus tramos Z, FA, K y G) está en cruenta disputa por los Cárteles CS y CJNG,

Samir Flores Soberanes, luchador social nahua, fue asesinado en 2019 por oponerse al Proyecto Integral Morelos en tanto que sus compañeros han sido encarcelados y perseguidos en distintos momentos. Este proyecto que aún no se ha echado a andar atenta contra la salud y los recursos vitales, como el río Cuautla, de un poblado dedicado a la siembra y a la ganadería.

Las minas, presas hidroeléctricas, plantas de energía eólica y fotovoltaica, la explotación de hidrocarburos y demás proyectos extractivos trastocan la vida de las comunidades. La oposición a estos proyectos es enfrentada por el Estado con la división comunitaria, con el reparto de programas sociales o dejando hacer al crimen organizado, muchas veces articulado también a los intereses de las empresas concesionarias.

La violencia también se ejerce desde los proyectos agroindustriales que compiten con la milpa de los campesinos temporaleros y con los apicultores. Los invernaderos de berries, las huertas de aguacate, las hortalizas de exportación, las megagranjas de puercos reses y pollos, las plantaciones de soya transgénica, no sólo acaparan la tierra destruyendo selva o bosque para establecerse, también acaparan el agua de manera formalmente legal mediante concesiones que les otorga la Conagua —en tanto que a los campesinos se las niega— o de forma ilegal desviando las corrientes de los ríos, arroyos o manantiales, construyendo pozos profundos y ollas de agua sin licencia, extrayendo agua de presas y lagos. Además utilizan el bombardeo de nubes con cañones antigranizo para ahuyentar la lluvia. El uso de agrotóxicos afecta a los cultivos, apiarios y poblaciones vecinas, y los desechos tóxicos de las granjas contaminan los ríos y cenotes y envenenan el ambiente. La inundación de tecnologías digitales para la agricultura implica dependencia, espionaje y mayor saqueo de minerales, tierras y agua.

Las manifestaciones sociales fueron criminalizadas por el gobierno en tanto que el dominio del crimen organizado se amplió y se mantiene en la impunidad. Los intereses de las empresas se protegieron y toleraron sus violaciones ambientales y sociales. Las penas de años de prisión o montos de reparación de daño para quienes resisten son excesivas y desproporcionadas y tienen el objetivo de castigar y disuadir de organizarse a quienes defienden sus territorios y se oponen a los despojos.

La reforma indígena que posiblemente se apruebe en el paquete de 20 reformas presentadas por el presidente de la república no tiene que ver con los Acuerdos de San Andrés, ni con la iniciativa acordada en los foros convocados por el INPI. Es una reforma poco significativa que no toca los derechos fundamentales que los pueblos indígenas reclaman como son el derecho al territorio o a la representación política fuera del sistema de partidos.

Las promesas que este gobierno que termina le hizo a los pueblos indígenas no se cumplieron. Por el contrario, la invasión de nuestros territorios creció de manera alarmante ampliando los alcances de los cárteles del crimen organizado.

Por ello:

• Exigimos al Estado mexicano que cumpla con su responsabilidad fundamental de brindar seguridad a todos los pueblos indígenas y comunidades rurales a quienes ha dejado en manos del crimen organizado.
• Reclamamos el respeto a los territorios indígenas y campesinos, a sus acuerdos de asamblea y a su libre determinación.
• Denunciamos la criminalización de las resistencias y movimientos sociales, de sus líderes y defensores de derechos humanos y del territorio.
• Nos sumamos a la exigencia de las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de su aparición con vida, y la de los otros cientos de miles de desaparecidos en el país.
• Demandamos el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores Soberanes, y del resto de defensores del territorio: 102 asesinados y varios miles de desaparecidos sólo durante este sexenio.
• Exigimos la presentación con vida de Vicente Suástegui Muñoz del Cecop, de Sergio Rivera Hernández en la Sierra Negra de Puebla y de los cientos de miles de desaparecidos en el país, muchos de ellos defensores del territorio y luchadores sociales.
• Rechazamos las condenas injustificadas y las penas desproporcionadas impuestas a los luchadores y defensores del territorio indígena como David Hernández de la APIIDTT por defender las tierras de uso común de la comunidad de San Blas Atempa, despojadas para establecer un polígono de desarrollo del Corredor Interoceánico.
• Nos oponemos a las injustas órdenes de aprehensión levantadas en contra de 17 integrantes de la APIIDTT y de 16 integrantes de UCIZONI por oponerse a las obras del Corredor Interoceánico en sus territorios.
• Rechazamos las 161 órdenes de aprehensión levantadas injustamente en contra de los pobladores de San Mateo del Mar y demandamos su cancelación definitiva, así como el restablecimiento de la paz en términos de la Comisión de Paz.
• Repudiamos el asesinato de los defensores del agua y el ambiente contra Granjas Carroll, Jorge y Alberto Cortina Vázquez, que fue perpetrado por la Fuerza Civil de Veracruz. Rechazamos las denuncias penales contra 8 campesinos del Movimiento de la Cuenca Libres-Oriental, de Puebla y condenamos la criminalización al derecho a la protesta.
• Denunciamos la grave situación de violencia que se vive en la Selva Lacandona y en los Altos de Chiapas, donde los cárteles del narcotráfico pretenden establecer su dominio, obligando al desplazamiento forzado de la población que se opone a ser reclutada.
• Denunciamos y repudiamos la gravísima situación que vive la población en Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Monte Cristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar, Las Chicharras, Chiapas, en donde los cárteles en disputa han bloqueado carreteras, reclutado de manera forzada a un gran porcentaje de la población para obligarla a participar en sus actividades. Desde mayo pasado se han registrado masacres y asesinatos de población inocente por oponerse a los cárteles y desde hace 15 días los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales se han agudizado y la población ha sufrido sus consecuencias. Esta violencia extrema les ha desplazado de sus comunidades para buscar refugio y salvar sus vidas, incluso hacia comunidades de Guatemala. Exigimos que el gobierno federal y estatal ponga un alto inmediato a la violencia en Chiapas y restablezca la paz en esos territorios indígenas. Nos adherimos a la acción urgente La disputa por el control deterritorios en Chiapas y la acción poco efectiva del gobierno mexicano pone en riesgo inminente la vida y la seguridad de miles de familias emprendida por el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y 80 organizaciones de la sociedad civil (https://shorturl.at/eCE3v) y al comunicado de la Red Todos los Derechos para Tod@s y varias organizaciones más En riesgo la vida e integridad de la población civil en Chiapas. (https://shorturl.at/zMuaV)

A pesar de este entorno de invasión y despojo de nuestros territorios los pueblos indígenas y comunidades rurales resistimos y fortalecemos nuestra identidad. Protegemos la propiedad social de nuestras tierras y elaboramos nuestros estatutos ejidales y comunales, mantenemos nuestras asambleas y cargos comunitarios. Establecemos policías y guardias comunitarias, para nuestra seguridad. Promovemos el trabajo colectivo solidario, practicamos nuestra agricultura campesina, la apicultura y la pequeña ganadería. Cuidamos nuestras semillas, manantiales, cenotes, lagos, lagunas, ríos, playas, montes, bosques y selvas, vigilamos y protegemos nuestro territorio. Celebramos nuestras fiestas y ritos. Conservamos nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra identidad.

Somos pueblos originarios que habitamos este territorio antes de la existencia del Estado-nación. Somos pueblos, comunidades y barrios con otro proyecto de futuro y de Nación Exigimos un alto inmediato a la violencia en nuestra contra y el respeto de nuestros territorios.

México, 1 de agosto de 2024

Chiapas: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Colectivo de Defensores del Territorio en la Región Sierra Fronteriza de Chiapas; DESMI; Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC); ZODEVITE; Coordinación Regional Bachajón por la Defensa del Territorio Chilón Chiapas del Congreso Nacional Indígena; Organización de Agricultores Biológicos; Los Lagos de Colores; Instancia Pastoral de la Madre Tierra. Chihuahua: SINE-COMUNARR. Ciudad de México: Organización de Interpretes y Traductores en Servicios Comunitarios A.C.; Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano; Maderas del Pueblo del Sureste AC. Colima: Unidos por Armería. Estado de México: 26 de agosto de 1972, San Pedro Atlapulco, Estado de México. Guerrero: Tlachinollan. Jalisco: Colectivo por la Autonomía. Mexicali: NCCP Mexicali. Morelos: Jorge Velázquez Escalvazeta; Asamblea de la resistencia Amilcingo, Morelos; Casa Tecmilco. Oaxaca: CEDIAO; Yunhiz Espacio Alternativo; Colectivo Matza de San Miguel Chimalapa; UCIZONI; Comisión de Paz y Concordia de la Nación Ikoot; Servicios del Pueblo Mixe; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT; Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario (CDH-ESPADAC); Mujeres de Lachatao en defensa de la tierra y territorio; UNOSJO; Guardianes del Mar de San Mateo del Mar; Mungier Ndyuck (defensores del mar) San Dionisio del Mar; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI. Santiago Tlatepusco. Joel Aquino, Víctor Aquino. Puebla: Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental; Frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua Morelos puebla y Tlaxcala; Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Pue-Hgo. Quintana Roo: Colectivo de semillas Muuch’ Kanan I’inaj, Bacalar, Quintana Roo; Colectivo Xa’aybej. Sonora: H. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación Yaqui. Veracruz: Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Yucatán: Múuch’ Xìimbal; Selvame del Tren; Colectivo de comunidades indígenas Chenes. Asociación de estudiantes e investigadores Carlos Pellicer Cámara. Colombia: Colectivo Colónbia; Descubrimiento de Europa. España: Colectivo la Tasquiva de Andalucía, España; Asamblea Plaza de los pueblos en Madrid España. México: Red en Defensa del Maíz. Internacional: Grupo ETC.


Publicado originalmente en Desinformemonos