Aunque en principio se comunicó que la toma sería simbólica, al final de cuentas los legisladores no sesionaron a la hora agendada.

El cierre de las instalaciones perduró todo el día, y alrededor de las 8 de la noche diputados y diputados de Morena y partidos aliados lograron el quórum suficiente (22 legisladores) para llevar adelante una sesión.

Además de aprobar una reforma al artículo 73 de la Constitución Federal enviada por el Congreso de la Unión en materia de feminicidio, los presentes aprobaron habilitar de manera transitoria una sede alterna para poder desahogar el orden del día, así como una reforma orgánica del poder para lo del día en caso cuando no es posible usar el recinto oficial.

A esa hora, en la entrada principal del recinto, se encontraban los diputados Gabriela Félix y Manuel Scott S de MC, así como Emeterio Ochoa del PRI, que por alguna razón no pudieron ingresar a la sesión.

En sus redes sociales, la y los diputados denunciaron irregularidades en el proceso:

“Aprobaron modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo sin el debido proceso para modificar el artículo 8 y así sesionar en el lugar que la CRICP determine cuando quiera y donde quiera. Lo ocurrido hoy en el Congreso es grave”, publicó Gabriela Félix, mientras el priísta Emeterio Ochoa escribió que “sesionar sin convocar a la oposición, para cambiar reglas internas no es legalidad, es imposición”.

Reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica

El Pleno del Congreso en sesión nocturna avaló la minuta remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Carta Magna en materia de feminicidio.

Esta reforma tiene el propósito de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que unifique los tipos penales y sus sanciones en todo el país, fortaleciendo el combate a este delito.

Por su parte, la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) dio lectura al acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp), en coordinación con la Mesa Directiva, para habilitar de forma transitoria una sede alterna al recinto oficial para el desahogo del orden del día del 21 de abril, en caso de no existir condiciones para sesionar en el edificio del Congreso.

Además, se presentó y aprobó una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el fin de establecer un mecanismo jurídico claro que permita habilitar sedes alternas en casos extraordinarios que impidan sesionar en el recinto oficial.

¿Qué exigen las Estancias Infantiles?

En un pliego petitorio presentado ayer por la Asociación nacional de estancias infantiles Covafam A.C. Sisein Sonora como condición para levantar la toma, la organización exige la transferencia de 2 millones de pesos de parte del Congreso, pues un juez emitió un fallo en ese sentido desde octubre del 2025.

Se pide además la creación del un Sistema Estatal de Educación Inicial así como de un lnstituto, para poder transitar, dice el texto, “del modelo asistencial de cuidados, a uno de educación inicial integral”.

Exigen asimismo asignación anual de recursos, etiquetado progresivo en los presupuestos y otras demandas.

Hasta la madrugada del miércoles 22 toma del Congreso se mantenía, mientras que la Mesa Directiva convocó la siguiente sesión para el jueves 23 de abril a las 10:00 horas.

Redacción: Libera Radio, con información de congresoson.gob.mx

Durante una conferencia de prensa, la legisladora explicó que la propuesta busca establecer sanciones claras contra estas prácticas, que actualmente no están plenamente homologadas en el ámbito estatal. La iniciativa forma parte de un esfuerzo por reforzar la protección de niñas y adolescentes.

Eufrosina Cruz, de origen zapoteco y primera mujer indígena en presidir el Congreso de Oaxaca, ha impulsado reformas similares en distintas entidades del país. En 2014, como diputada federal, promovió cambios constitucionales para garantizar el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en sus comunidades.

En conferencia de prensa junto con Michelle Lucero, presidenta de la Fundación Nueva Generación Sonora, expone que esta situación debió haber sido delito siempre, y no haberse escudaado en el argumento de que son “usos y costumbres”. Además, aclara que no solo sucede en las comunidades indígenas rurales, sino también en las periferias de las grandes ciudades.

“¿Qué trae como consecuencia el permitir estas cohabitaciones forzadas o el matrimonio infantil? Pues trae también la consecuencia de la trata, de la industria de la pornografía infantil. Nadie habla de que somos el primer país en pornografía infantil”.

El producto de interno bruto que genera esta actividad, dice Eufrosina, rebasa el generado por el tráfico de armas. Otra consecuencia es el embarazo infantil, “ni siquiera embarazo adolescente”, con todas las complicaciones de salud que suele traer a las niñas.

A nivel federal, desde abril de 2023 el matrimonio infantil y la cohabitación forzada están tipificados como delito en el Código Penal, con penas que van de ocho a 15 años de prisión, además de sanciones económicas. En Sonora, el Código de Familia establece desde 2019 los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio sin excepciones, y en 2024 se eliminaron disposiciones que permitían estas uniones con autorización de los padres.

Sin embargo, dice la activista, no basta que esté prohibido, sino que es necesario que haya una sanción, por eso se busca la homologación de las penas.

“Se debe actuar no solo contra quienes abusan, sino también de los padres que lo consienten, porque bien que agarran la vaca, bien que agarran el terreno, el mezcal. no se justifica esas prácticas por una pretendida ignorancia. No se puede seguir justificando el abuso sexual de las niñas como cultura”.

De acuerdo con datos citados por Michelle Lucero, en Sonora se registraron 5 mil 935 casos de personas de entre 12 y 17 años casadas o en unión libre en 2020, de las cuales el 75 por ciento corresponde a mujeres.

Hasta ahora son 8 entidades las que han hecho los cambios a raíz del impulso de Eufrosina: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, en Coahuila, Michoacán, Baja Norte, y el Estado de México. Se han visitado además otros 5 estados.

La iniciativa se suma a otras propuestas presentadas en el Congreso local y contempla el endurecimiento de penas, particularmente en casos que involucren a población indígena o afromexicana.

El siguiente paso, dice Eufrosina, es homologar el castigo de cohabitación y matrimonio infantil y el delito de trata. “No puede ser que, por ejemplo, que en trata la sanción de los que hacen este delito no más no van más de 5 años. Es una aberración”.

Como parte de su visita, la activista sostuvo además un encuentro con organizaciones y colectivos de la sociedad civil enfocados en la defensa de los derechos de niñas y mujeres.

Redacción e imágenes: Libera Radio.

El proceso contempla la recepción de solicitudes del 20 al 22 de abril en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo. Las y los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución estatal y presentar documentación como currículum, identificación oficial y un proyecto de trabajo.

De acuerdo con el calendario, el listado de aspirantes se publicará el 23 de abril, las entrevistas se llevarán a cabo los días 24 y 27, y el 30 de abril se presentará al Pleno la lista de candidaturas idóneas para su elección por mayoría calificada.

Durante el análisis del documento, legisladores plantearon ajustes en la redacción, como la incorporación de lenguaje inclusivo y la alineación de los requisitos con el marco constitucional. El dictamen será turnado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para su eventual inclusión en sesión del Pleno.

En Caborca, el mandatario entregó 600 escrituras a familias de las colonias Palo Verde, Juan Chait I y Juan Chait II, con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre su patrimonio. Asimismo, supervisó la construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, un proyecto con inversión de 180 millones de pesos que busca sustituir el actual tiradero a cielo abierto y cumplir con la normatividad ambiental mediante un sistema integral de manejo de residuos.

La obra contempla tecnología como plantas separadoras, de gasificación y pirólisis, lo que permitirá recuperar materiales reciclables y reducir el volumen de desechos. De forma paralela, en el municipio de Altar, el gobernador colocó la primera piedra de la nueva extensión universitaria, con una inversión de 30 millones de pesos, que ofrecerá formación en áreas técnicas y científicas a estudiantes de la región.

Finalmente, también se dio inicio a trabajos de rehabilitación de espacios deportivos en la unidad “Manuel Maquio Clouthier”, con el propósito de fortalecer la convivencia social y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

La reforma contempla:

• Austeridad y disciplina presupuestaria en municipios, congresos locales y órganos electorales.

• Paridad de género e igualdad sustantiva en la integración de ayuntamientos y legislaturas.

• Eliminación de privilegios para servidoras y servidores públicos, limitando remuneraciones y beneficios.

• Reducción del gasto público, destinando los ahorros a obras de infraestructura en beneficio de la población.

Durante la misma sesión, la diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó una iniciativa para reformar el marco jurídico estatal en materia de austeridad, disciplina financiera y uso eficiente del gasto público, con el objetivo de armonizar la legislación local con lo establecido en la Constitución federal. La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y contempla modificaciones tanto a la Constitución de Sonora como a la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Entre los principales planteamientos se encuentra establecer un límite al presupuesto anual del Congreso del Estado de hasta el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos, así como regular las remuneraciones de las personas servidoras públicas para que no excedan los topes constitucionales, eliminando prestaciones adicionales no previstas en la ley. También se incluyen disposiciones para ajustar los salarios de integrantes del Poder Judicial y de órganos electorales.

La iniciativa propone además reducir el número de regidurías en los ayuntamientos mediante criterios basados en la población, con lo que se pasaría de más de 500 a alrededor de 365 regidores en la entidad. Según la legisladora, estas medidas buscan optimizar la administración pública, disminuir el gasto y fortalecer la eficiencia institucional, manteniendo la representación política y la inclusión de sectores como las comunidades indígenas.

Asimísmo, en la sesion ordinaria se avalaron reformas en distintos ámbitos, entre ellas la armonización de la legislación estatal en materia de extorsión con el marco federal, con el objetivo de reforzar la prevención, investigación y sanción de este delito, así como mejorar la coordinación institucional y la protección a víctimas.

En el ámbito municipal, se aprobó un dictamen que establece el procedimiento a seguir en caso del fallecimiento de integrantes de ayuntamientos, definiendo los mecanismos de sustitución correspondientes. Asimismo, se dio luz verde a una reforma en materia de entrega-recepción para regular este proceso en los distintos poderes y entes públicos, con énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas.

También se aprobó una modificación a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Magdalena para 2026, que permitirá la condonación de hasta el 100 por ciento de recargos en adeudos fiscales, siempre que los contribuyentes liquiden el impuesto predial correspondiente.

Por otra parte, el Congreso emitió un exhorto dirigido a los 72 ayuntamientos del estado para garantizar la autonomía en la designación de titulares de los órganos de control interno. Además, se turnaron a comisiones iniciativas relacionadas con disciplina financiera y la responsabilidad territorial de regidurías, las cuales serán analizadas para su eventual dictaminación.

Antes de concluir la sesión, el Pleno guardó un minuto de silencio en memoria de Gilberto Contreras Cañez, quien falleció tras rescatar a cuatro menores en Puerto Lobos, acto que fue reconocido por legisladores como una muestra de valor y solidaridad.

Durante la misma sesión, legisladores presentaron una iniciativa para expedir la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la cual propone fomentar la resolución de conflictos mediante herramientas como la mediación, conciliación, negociación y arbitraje, con el propósito de facilitar un acceso a la justicia más ágil y accesible.

En materia de vivienda, se planteó una reforma para armonizar la legislación estatal con el marco federal e incorporar enfoques de derechos humanos y perspectiva de género, priorizando el acceso a programas habitacionales para sectores en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres jefas de familia o víctimas de violencia.

Asimismo, se presentó un exhorto dirigido a los 72 ayuntamientos de la entidad para fortalecer la gestión de residuos, mediante la mejora de infraestructura, recursos y capacitación, con el fin de optimizar los procesos de recolección y disposición final.

En el ámbito de salud y educación, se dio lectura a una iniciativa que busca reforzar la prevención del suicidio en niñas, niños y adolescentes, mediante estrategias de detección temprana, atención oportuna e incorporación de educación socioemocional en el sistema escolar.

Las propuestas y el exhorto fueron turnados a diversas comisiones para su análisis y eventual dictaminación. La próxima sesión ordinaria fue convocada para el jueves 9 de abril a las 10:00 horas.

La propuesta plantea establecer un marco jurídico que garantice el derecho de las y los estudiantes a organizarse y participar activamente en la vida universitaria. Asimismo, contempla generar condiciones que permitan el funcionamiento de estas agrupaciones dentro de instituciones públicas y privadas, mediante el acceso a espacios y mecanismos que respalden su desarrollo.

Entre los principales puntos del proyecto se incluyen esquemas de apoyo para el estudiantado, así como lineamientos orientados a transparentar el uso de recursos destinados a estas organizaciones. También se consideran medidas para evitar posibles represalias académicas hacia quienes participen en actividades estudiantiles, con el fin de proteger su involucramiento en asuntos universitarios.

La iniciativa incorpora además acciones dirigidas a atender necesidades de estudiantes foráneos y a fortalecer la vinculación entre universidades y el sector productivo. Con ello se busca facilitar el acceso a prácticas profesionales y oportunidades laborales, como parte de una estrategia más amplia de desarrollo académico y profesional.

Otro de los planteamientos es la creación de un Consejo Estatal de Participación Estudiantil de Educación Superior, concebido como un espacio permanente de diálogo entre estudiantes, autoridades educativas y representantes del gobierno. Este órgano permitiría dar seguimiento a las necesidades del sector y promover la coordinación entre los distintos actores involucrados.

En los foros participaron estudiantes, docentes, autoridades municipales, representantes de instituciones educativas públicas y privadas, así como integrantes del sector empresarial y del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado. Durante las sesiones, las personas asistentes pudieron conocer el contenido de la iniciativa y expresar sus puntos de vista.

Las autoridades legislativas señalaron que estos ejercicios buscan enriquecer el proyecto mediante la incorporación de propuestas y observaciones surgidas en los distintos municipios. Asimismo, se informó que el proceso de consulta continuará en otras localidades, con el propósito de ampliar la participación y fortalecer el contenido de la iniciativa antes de su análisis formal.

Durante su posicionamiento, indicó que el acceso a internet entre menores de edad se ha incrementado de manera significativa, con una presencia cada vez más temprana en plataformas digitales, lo que los coloca en condiciones de vulnerabilidad frente a distintos tipos de delitos en línea.

Entre los principales riesgos mencionó el ciberacoso, el “grooming” y otras formas de manipulación digital, las cuales —dijo— han registrado un aumento, incluso en espacios que suelen considerarse seguros.

También advirtió que la falta de denuncias y de información sistematizada dificulta dimensionar el alcance real del problema, lo que limita la respuesta institucional.

Tapia Fonllem planteó que el reto no consiste en restringir el acceso a la tecnología, sino en promover su uso seguro mediante la participación de familias, docentes y autoridades educativas, así como el acompañamiento constante a menores.

La diputada perredista convocó a respaldar iniciativas de prevención como la campaña “Sin violencia en línea” y a impulsar acciones coordinadas para reducir los riesgos en el uso de internet entre la población infantil y adolescente.

La diputada María Eduwiges “Vicky” Espinoza Tapia señaló que actualmente la cobertura es limitada, ya que poco más de la mitad de los municipios cuenta con servicio de bomberos, y en muchos casos estos funcionan con esquemas voluntarios o con recursos insuficientes.

Expuso además que una parte importante del personal no recibe salario, lo que refleja la precariedad laboral en la que se desempeñan, pese a la relevancia de sus funciones para la seguridad de la población.

La legisladora consideró que la falta de reconocimiento jurídico pleno ha impedido que los bomberos accedan a derechos laborales y mecanismos de protección, lo que calificó como un rezago histórico en la entidad.

Ante este panorama, planteó que la creación de una instancia estatal permitiría organizar mejor la respuesta ante emergencias, mediante capacitación, equipamiento y coordinación entre regiones. Indicó que dicha figura debería complementar el trabajo de los cuerpos municipales sin sustituirlos.

También se propuso que esta iniciativa sea considerada dentro de la nueva Ley de Desarrollo, con la intención de establecer protocolos más claros, homologar procedimientos y reducir tiempos de respuesta en situaciones de riesgo.

En la reunión participaron representantes de diversos cuerpos de bomberos del estado, así como el comandante Omar Gustavo Mendoza Sañudo, a quien se reconoció por su colaboración en este tema.

La legisladora señaló que este tipo de actividades buscan visibilizar a las personas dentro del espectro autista y generar una mayor empatía social, además de consolidar espacios de participación comunitaria.

Por su parte, Cervando Flores Castelo, procurador de la Defensa de las Personas con Discapacidad del Gobierno de Sonora, informó que la caminata cumple diez años realizándose de manera consecutiva, consolidándose como un movimiento ciudadano que inició con recursos modestos y que actualmente agrupa a miles de familias en la entidad.

Recordó que en sus inicios el movimiento enfrentó dificultades para posicionar el tema en la agenda pública, incluso con limitaciones para acceder a espacios institucionales, hasta que en 2016 se impulsaron avances legislativos en la materia, lo que permitió el desarrollo de programas y políticas públicas dirigidas a este sector.

El funcionario destacó que el presupuesto destinado a la atención del autismo ha incrementado significativamente en los últimos años, pasando de cinco millones de pesos al inicio de la actual administración estatal a cerca de 40 millones, beneficiando actualmente a alrededor de tres mil 500 familias.

Asimismo, explicó que la atención especializada se ha fortalecido mediante clínicas y unidades de neurodesarrollo que operan en distintos municipios, entre ellos Empalme, Huatabampo, Nogales y Navojoa, y cuya cobertura continuará ampliándose.

Indicó que anteriormente alrededor de 300 menores recibían atención en el Centro Integral de Desarrollo Infantil y Neurodesarrollo (CIDEM), mientras que actualmente se atiende a cerca de dos mil 500, con la meta de alcanzar hasta cuatro mil 500 beneficiarios con la apertura de nuevos espacios.

Flores Castelo estimó que en Sonora existen entre 10 mil y 12 mil personas dentro del espectro autista, por lo que subrayó que, aunque se han registrado avances importantes, aún existen retos pendientes, especialmente en materia de inclusión educativa.

La Caminata por el Autismo se realizará el domingo 29 de marzo a las 8:30 horas, partiendo de la Plaza Emiliana de Zubeldía hacia la Plaza Zaragoza. Los organizadores invitaron a la población a asistir vestida de azul o blanco como símbolo de apoyo y sensibilización.