Texto: Ricardo Balderas y Diana Silva / PODER*

Ilustración: Jhafet Ruiz Pianchachi

Fotos: SRE

Ninguna empresa farmacéutica en el mundo publicó el precio real de las vacunas para atender la crisis sanitaria mundial por Sars Cov 2 o COVID-19, y México no fue la excepción. Incluso, las farmacéuticas hicieron uso de las herramientas judiciales disponibles para que dicho costo no fuera público.

En México, por ejemplo, sólo podemos saber el costo tentativo, de dos de los ocho contratos que el país había firmado hasta 2022. No obstante, gracias al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés), podemos saber que el costo tentativo de las vacunas adquiridas por este mecanismo oscila entre los 3.9 y 3.12 dólares. Sin duda, esa era la ruta más transparente. Sin embargo, a pesar de la voluntad de los mecanismos internacionales, el cálculo real no puede realizarse con todas las fórmulas adquiridas, es decir las privadas, que por lo general son las más costosas, tampoco podemos saber el motivo del por qué, para estas empresas, algunas de sus fórmulas resultan más costosas que otras.

Las cifras oficiales. Hasta el 14 de marzo del 2021, el Gobierno Federal había invertido 40 mil millones de pesos (mdp) en vacunas para atender la crisis sanitaria por Covid-19.¹ Un año después, el mismo gobierno aseguró que México ya había adquirido 243 millones 930 mil de dosis de vacunas.² Sin embargo, la suma revelada por las autoridades no contempla otro tipo de gastos relacionados a la aplicación como el traslado, el almacenamiento, los insumos (jeringas, algodón, etcétera), gastos en campaña de vacunación y personal operativo por lo que los costos reportados únicamente reflejan la transacción.

El primer dato fue revelado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una conferencia de prensa efectuada en el municipio de Tequila, del estado de Jalisco.³ Sobre la cantidad de dosis, fue público gracias a la página de datos abiertos del Gobierno Federal referente a COVID.⁴

Respecto al cálculo de costo de vacuna, luego de solicitar vía transparencia acceso a las versiones públicas de los contratos realizados entre el gobierno de México, y las farmacéuticas o intermediarios, que realizaron los procesos de compra/venta en todo el mundo, se pudo dividir el monto total adquirido contra el costo total, sólo de los contratos realizados vía Covax.

El problema es, que hasta ese momento, no existía (ni existe aún) algún método público para verificar dicha información de compra ocurrida en los seis contratos restantes que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos. En el más reciente informe realizado por PODER, El negocio de las vacunas, es posible conocer detalles sobre algunos de los contratos publicados por la SRE, documentos adquiridos por las unidades de transparencia, así como los acuerdos que emiten los organismos de comunicación pública. Empero, esta información en un origen tampoco era pública.

Los contratos se habían solicitado por la sociedad civil desde 2020 pero el Gobierno Federal, respaldando los intereses de las farmacéuticas, reservó la información hasta por cinco años. Recién este 2023 se puso a disposición algunas de las versiones públicas de los contratos, que sin embargo, ocultan información importante como el monto total y el costo por unidad de las vacunas.

En el trabajo publicado en junio de 2022 por PODER, se puede leer toda la información respecto a los costos de vacunas COVID-19, que el área de investigación, logró sistematizar y desclasificar. Y advierten sobre la opacidad del proceso:

“Actualmente están disponibles las versiones públicas de 5 contratos entre farmacéuticas, el mecanismo COVAX y el gobierno de México. Todos los contratos fueron solicitados mediante solicitudes de acceso de la información sin recibir respuesta positiva, sin embargo, al ser información de interés público el INAI liberó las versiones públicas con restricciones de confidencialidad y reserva de datos”, cita el documento.

AstraZeneca firmó contrato el 12 de octubre de 2020 con el gobierno mexicano por 77.4 millones de dosis (Gobierno de México, 2020b), por el cual México pagó 309 millones de dólares (mdl). Respecto a Pfizer, México firmó contrato el 30 de noviembre de 2020 con el gobierno mexicano por 34.4 millones de dosis (Gobierno de México, 2020e) y el 11 de diciembre de 2020 recibió autorización de uso de emergencia por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Sobre la fórmula de CanSino Biologics Inc., México firmó contrato el 08 de diciembre de 2020 con el gobierno por 35 millones de dosis de la vacuna Ad5-nCov. El contrato especifica que es LATAM Pharma la que nombraría a una filial como su representante para llevar a cabo la fabricación (llenado y acabado) desde el producto a granel hasta el producto terminado, incluyendo la obtención de las aprobaciones necesarias del producto en el territorio. En cuanto a SINOVAC, PODER reporta que el 4 febrero de 2021, la Secretaría de Salud de México, a través del Secretario de Salud Jorge Alcocer Varela, y la empresa Sinovac Life Sciences Co. Ltd., filial de la empresa Sinovac Biotech Ltd., a través de su Director General Qiang Gao, firmaron un acuerdo de compra y suministro para obtener 10 millones de dosis de la vacuna CoronaVac. Además el 12 de marzo de 2021 se firmó un acuerdo complementario por 10 millones de dosis más

Finalmente, el reporte de PODER explica sobre el contrato de COVAX que se firmó el 18 de septiembre de 2021 con el gobierno mexicano por 51.5 millones de dosis, por el cual México pagó 159.8 millones de dólares equivalente a 3.1 dólar por dosis. Este último es el más transparente de todos.

Y según lo revela la plataforma de comunicación social del Gobierno de México, con todos esos contratos, se han vacunado 83 millones de personas.⁵ 

La SCJN da razón a farmacéuticas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) da la razón a las autoridades y resolvió que por motivos de seguridad nacional se debía reservar la información referente a los contratos que ha hecho el Gobierno Federal para la compra de vacunas contra COVID-19, al menos por cinco años. Gracias a ese resolutivo, a las y los mexicanos nos resulta imposible conocer los costos reales de la pandemia.

Para el especialista en salud pública y director del colectivo CeroDesabasto y #Nosotrxs, Andrés Castañeda, lo que permea durante la crisis sanitaria es la opacidad:

“Específicamente en el apartado de COVID, no tuvimos muchos reportes de desabasto y eso en general es una buena noticia. En las grandes ciudades, cuando ya estaba implementada la política de vacunación que por cierto -llegó tarde-, es decir, una vez que se estableció a quién, cómo y cuándo, no hubo mayor problema y eso sí hay que celebrarlo. Pero todo depende de como evaluemos la estrategia (…) Por ejemplo, nunca hubo una política sobre cómo se iba a inmunizar al sector salud de la industria privada. En el proceso de cómo se decidía, si se autorizaba o no un fármaco y cuál se compraba, eso fue un proceso muy cerrado. A la fecha sigue protegida (la información) sobre los costos y demás. Y si bien, no es un problema solo de México, bueno aquí se replicó el modelo. Creo que esa crítica sigue vigente porque es anteponer los intereses políticos, a lo que sería mejor en términos de salud”, explica el especialista.

Las quejas del director de #Nosotrxs se deben al resolutivo 17/2022, en manos de PODER, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un recurso de revisión en materia de Seguridad Nacional respecto de la clasificación de información contenida en contratos y comprobantes de pago de vacunas contra el virus Sars-Cov-2.

Los magistrados resuelven en dicho documento que: “la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país”, cita el documento.

Comunicado de la SCJN – VacunasDescarga

Empresa de almacenamiento y traslado, no pudo con su oficio

Para el Gobierno de México, los sistemas de almacenamiento y traslado de las vacunas, tampoco fueron transparentes. Según los reportes de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el apartado de Contratos de obras, bienes y servicios correspondientes a Birmex (empresa del estado encargada de almacenar y distribuir insumos para la salud como medicamentos), la paraestatal subcontrató a la firma Almacenadora y distribución universal S.A.P.I. de C.V. (ADUSA) para cumplir con el servicio de distribución de logística para transporte de Vacunas COVID-19.

El contrato fue realizado el 01/04/2021 por adjudicación directa y se entregó un monto de 13 millones 920 mil pesos (impuestos incluidos), sin embargo, a pesar de que dicho acuerdo se encuentra en el repositorio de obligaciones fiscales, el documento simplemente no existe o la plataforma de datos abiertos de Birmex no funciona.

Según el discurso del propio presidente: “el plan de distribución de la última milla y con la ayuda de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Birmex, han distribuido en 16 estados en lo que va del año (2022) 15 millones 872 mil 740 piezas para abastecer mil 408 unidades estatales de salud” (sic), comentó Andrés Manuel López Obrador. Y aunque subcontratar empresas para realizar proyectos que las instituciones deberían cumplir, no es ilegal, la irregularidad radica en que los contratos con dicha empresa no son públicos.⁶

Es decir, Birmex en realidad no repartió vacunas, sino que contrató empresas para hacerlo, además de ocultar información sobre los contratos (o simplemente no cumplieron con la Ley de Acceso a la Información) que debería ser pública.

Según lo reportado en la plataforma QuiénEsQuién.wiki desarrollada por PODER, entre 2010 y 2021 este es el único contrato realizado por el Gobierno de México a la firma ADUSA que contempla entre sus clientes a OfficeMax, PartyCity, Pepe Jeans, pero ningún servicio de traslado de medicinas. PODER solicitó entrevista a la empresa para conocer los pormenores de la adjudicación pero hasta el momento del cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

BIRMEX – Contrato – VacunasDescarga

Debido a todas estas anomalías, principalmente de transparencia, resulta imposible conocer a fondo los costos operativos y contractuales de las vacunas para controlar una pandemia que a México ya le costó 334.506 vidas.⁷

1. Gobierno de México (2021). 40 mil mdp invierte gobierno federal en vacunas contra COVID-19. 
2. Secretaría de Salud (2023). Datos abiertos. Dirección general de espidemiología. 
3. Gobierno de México (2021). 40 mil mdp invierte gobierno federal en vacunas contra COVID-19. 
4. Secretaría de Salud (2023). Datos abiertos. Dirección general de espidemiología. 
5. En México, 83.3 millones de personas vacunadas contra COVID-19 (2023). Gobierno de México. 
6. Conferencia matutina. Gobierno de México. 
7. COVID-19 México (2023). Gobierno de México. 

***

Este es un reportaje de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Palta) –coordinada por OjoPúblico (Perú), y en la que participaron Perfil (Argentina), Repórter Brasil (Brasil), LaBot (Chile), La Silla Vacía (Colombia), Ojoconmipisto (Guatemala), Poder (México) y La Diaria (Uruguay).

Publicado originalmente en: https://www.zonadocs.mx/2023/09/19/el-millonario-y-opaco-negocio-de-la-salud-publica/

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Este tema se toca nuevamente luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertara a su comunidad sobre el aumento de casos y recpomendara el uso de cubreboca; esto lo informaron a través de un comunicado publicado en las redes sociales de la máxima casa de estudios en donde indican que la situación del virus se encuentra en relativa calma, por lo que era necesario continuar con las medidas de prevencion de contagio y complicaciones.

“Es importante no sobredimensionar la preocupación. la situción (como dicen los especialistas de la UNAM) está en calma”, dijo Gatell.

“Lo que observan es que ha habido en las semanas recientes un incremento en el número de casos registrados (…) Durante las semanas 25, 26 y 27 tuvimos un aumento en el número de casos estimados. Hemos notado que algunas personas que no recibieron esquemas de vacunación completos, son quienes pueden estar ocupando las camas hospitalarias”, declaró el subsecretario de salud.

Hugo López-Gatell, precisó que en todo el país solo hay 19 personas hospitalizadas por COVID-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“La ocupación es menor al 2% en todos los sistemas de salud y menor a 5% para las personas que pueden estar en terapias intensivas. No hay ninguna situación de alerta, es parte de la variabilidad que puede tener la situación endémica del virus”,

El subsecretario de Salud recordó a los medios que el COVID-19 se incrementa en temporada fría por lo que es muy probable que tenga un repunte durante la época de frío, así como la influenza.

Por lo anterior, la Secretaría de Salud realizará el próximo mes de octubre una campaña de vacunación de refuerzo, priorizando grupos de riesgo como personas mayores de 60 años, con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas.

Respacto al uso del cubrebocas Gatel dijo que “no está mal que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo. Hay que tomar en cuenta que viene la temporada invernal y la tolerancia, la fatiga por usar el cubrebocas, podría llevarles a que dejen de usarlo cuando es más necesario”,

Redacción: Libera Radio

Por Iniciativa Sinaloa

Durante la pandemia por COVID-19 se detectaron prácticas monopólicas, sobreprecios, colusión y especulación en las contrataciones públicas para atender la emergencia en todos los estados de las fronteras norte y sur, de acuerdo con el policy paper Pandemia y opacidad del gasto público: cómo evitar corrupción en tiempos de crisis, presentado este viernes por Iniciativa Sinaloa y el Border Hub, con la intención de arrojar recomendaciones de política pública.

Entre las propuestas destacan reformas a las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas tanto a nivel federal como en las entidades federativas, la creación de un listado público nacional de precios y proveedores; y desde la sociedad civil, la activación de redes de monitoreo de contratos públicos durante periodos de contingencia. 

De la autoría de Juan Carlos Martínez Andrade, profesor investigador de El Colegio Mexiquense, el estudio fue coordinado por Iniciativa Sinaloa con asesoría técnica de la organización Transparencia Mexicana, como parte de las actividades del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub).

A fin de ampliar el análisis de la dinámica fronteriza en nuestro país, el documento abarcó no sólo los estados de la frontera norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; sino también en la franja sur: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

La opacidad del gasto público

Durante el lanzamiento al público del policy paper, Juan Carlos Martínez explicó la metodología, que consistió en la revisión de los registros del gasto público relativos a COVID-10 de parte de entidades públicas de gobiernos estatales y municipales, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Y lo que se detectó fue la falta de información, puesto que en algunas de las entidades aparece solo un registro de compras o contratos durante el periodo 2020-2021, en que se vivió lo más fuerte de la pandemia, entre ellas Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas.

Ante esto, la propuesta fue implementar gobiernos más abiertos y transparentes, a través del uso de las tecnologías, cuyo uso debe estar regulado también para periodos de contingencia, como ocurrió con la pandemia por el Coronavirus SARS Cov 2 para paliar las medidas de confinamiento.

“Se recomienda que los gobiernos de los estados y los municipios interioricen el uso de tecnologías de información y comunicación tales como telefonía celular o dispositivos móviles con acceso a internet  en periodos en que el personal se encuentre trabajando desde casa”, precisó.

En suma, adoptar un enfoque de gobierno abierto, un gobierno electrónico, que incluya por ejemplo la transmisión en vivo y grabación de las sesiones de comités de compras.

Durante la presentación, que fue transmitida a través de Facebook Live, se contó con la moderación de la directora ejecutiva de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes; además de los comentarios de Vania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y de la investigadora de Transparencia Mexicana, Brianda Aguilar Bautista, también asesora del proyecto. 

En su intervención, Vania Pérez enfatizó la importancia de este tipo de documentos pero sobre todo de buscar su implementación y utilidad social.

“Me parece que es fundamental contar con estos estudios retrospectivos de lo que fue la pandemia y de cómo actúa la autoridad y la ciudadanía frente a lo que fue la emergencia, pero ahora lo importante es analizar qué hacemos con estos resultados”.

La activista en temas anticorrupción planteó que hay que buscar alternativas de acción, como denuncias administrativas o penales o planes de seguimiento para la implementación de las medidas propuestas.

Por su parte, Brianda Aguilar destacó que este documento contribuye a detectar los vacíos en la legislación para que la sociedad interesada pueda incidir en este aspecto, a pesar de que se trata de un contenido de carácter técnico. 

“Detectar estos vacíos legislativos puede ser importante para que más personas puedan ser parte de esta vigilancia y ver también qué tanto podemos prevenir estos tiempos de crisis, por lo que hay que hacer esta información accesible a más personas”, comentó.

De igual forma, recordó que Transparencia Mexicana ha hecho un trabajo continuo para vigilar que se cumpla lo estipulado en los artículos 6o, 28 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que norman la transparencia, las contrataciones públicas y la competencia económica. 

Lo anterior, acotó, porque la corrupción se presenta como un fenómeno constante y esto hace más vulnerable a la ciudadanía en tiempos de crisis, en especial a las comunidades de las fronteras.

Reformar leyes de Adquisiciones y Obras Públicas

Es de señalar que para este documento, se hizo un análisis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a nivel federal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así como los marcos normativos equivalentes en cada uno de los estados señalados.

Algunas de las recomendaciones resultantes son las siguientes:

*Establecer como obligatoriedad la investigación de mercado.
*Incluir la figura de Testigo Social en todos los procesos de compras y contrataciones públicas en materias de adquisición y obra pública.
*Incluir aspectos relativos a la calidad de los bienes y servicios 
*Incluir como requisito de registro de posibles proveedores la E.firma
*Transmitir en vivo y grabar sesiones de comités de compra
*Incluir un capítulo que prevea los casos de excepción para los procedimientos de compras y contratación pública en periodos de crisis o emergencias.

Para finalizar el evento, Marlene León apuntó que el estudio forma parte de las actividades de Iniciativa Sinaloa dentro del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub), proyecto del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB) con el fin de promover el periodismo de investigación y el análisis de datos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

Para conocer todos los hallazgos y recomendaciones del policy paper, puede descargar en este enlace el estudio completo.

Publicado originalmente en: https://www.borderhub.org/incidencia/panel-sobre-pandemia-y-opacidad/?utm_source=substack&utm_medium=email

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Ya sea a nivel local o nacional, las principales instituciones públicas de salud, como el IMSS o el ISSSTE, desperdiciaron más de 100 millones de pesos en medicamentos al año entre 2020 y 2022 durante la pandemia por el COVID-19, debido a material que no fue distribuido en los diferentes hospitales y terminó por caducar en sus almacenes.

La pandemia por Covid reveló el deficiente control de los medicamentos que llevan las autoridades de Salud en México, lo cual generó que en los últimos tres años cientos de fármacos, muchos de ellos para tratar enfermedades como cáncer y VIH, caducaran en sus bodegas y se reportaran pérdidas millonarias.

Al mismo tiempo que esto ocurría, pacientes de cáncer y otros padecimientos protestaban en las calles por la falta de medicinas. 

De agosto de 2020 a abril de 2022, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reportó pérdidas anuales, en promedio, de 102 millones de pesos, debido a que se caducaron 301 claves médicas en sus almacenes durante este periodo de tiempo, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información por transparencia. 

Según el Reglamento para el surtimiento de recetas y abasto de medicamentos del ISSSTE, las claves médicas son códigos que permiten categorizar y clasificar los medicamentos e insumos de salud, los cuales se encuentran en el Catálogo Institucional de Insumos para la Salud. El Instituto no detalló en la respuesta cuántas unidades o piezas de medicamentos caducados integraban cada una de esas 301 claves médicas. 

Aunque es posible saber que entre los medicamentos caducados estaban vacunas contra difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus Influenzae Tipo B, todos se quedaron en el Centro Nacional de Distribución (Cenadi), de acuerdo al reporte concentrado de medicamento caducado del Cenadi y que fue entregado, vía transparencia, por Fernando Óscar García Chávez, subdirector de Almacenes del ISSSTE. 

Con el objetivo de dimensionar la problemática en las dos instituciones más grandes de salud del país se le solicitó la misma información al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero únicamente proporcionó un inventario de medicamentos caducados por entidad, con precios de catálogo y cifras confusas, sin precisar el monto pagado al proveedor por los fármacos y material de salud.

El único dato claro y concreto, revelado por el propio IMSS, fue respecto al monto del medicamento caducado del que solicitó su reemplazo en 2022 mediante cartas de canje enviadas a los proveedores por las 32 delegaciones estatales y 12 hospitales de especialidades del Instituto. Tan sólo en ese año, la pérdida económica por reemplazo de medicamento vencido, que se encontraba en sus bodegas, llegó a los 177.4 millones de pesos, según la información entregada vía transparencia. 

El propio Instituto ha reportado contar “con mecanismos y sistemas de administración de las existencias de los inventarios” mediante los cuales solicita a los proveedores presentar cartas de canje, esto con el fin de que el producto caducado pueda ser reemplazado por medicamento nuevo.

Sin embargo, no todos los proveedores responden a estas cartas. Ejemplo de ello es el caso de proveedores como Medicamentos y Servicios Integrales del Noroeste, S.A de C.V, al que le pedían la reposición de 35 aminoácidos cristalinos, utilizados para mejorar el estado nutricional de un paciente; o Aurovida Farmacéutica, S.A de C.V, empresa a la que le solicitaron el canje de siete tabletas de Efavirenz, fármaco utilizado en el tratamiento de la infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH)  tipo 1. 

Aunque en la base de datos está especificado que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) aplicará una sanción a  los proveedores que no realicen el canje de medicamentos, se desconoce cuál sea la sanción.

Desireé Sagarnaga, delegada del IMSS en Baja California, contactada vía mensaje de texto, precisó que el proveedor tiene la opción de no aceptar el canje del medicamento, pero esto no los exime de la sanción. 

“Si el proveedor no acepta o realiza el canje, se aplica una deductiva por el valor de los bienes más el costo de la destrucción y destino final”, dijo la delegada.

Martha Jaramillo, académica de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), y quien realiza un estudio sobre el proceso de descentralización de la salud en México a partir de los años 90, aseguró que las dependencias de salud del país no cuentan con un control minucioso de los medicamentos ni del material que debe distribuir, situación que ha sido una constante durante más de tres décadas y que se ha acentuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Recordemos que a su arribo (López Obrador) lo primero que hace es eliminar el Seguro Popular para reemplazarlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero llega la pandemia de la Covid-19 y se frenó la transición de un sistema a otro sin que se tuviera un plan B para hacer frente a esta contingencia”, explicó la académica. 

“Entonces empieza el problema de que no hay medicamentos en el país, pero al interior de las dependencias de salud las bodegas estaban llenas de medicamentos que caducaron”, dijo Jaramillo.

La información proporcionada por el IMSS y el ISSSTE da cuenta que la pérdida por medicamentos caducados es un problema tanto a nivel nacional como local.

Así se muestra, por ejemplo, en el desglose que el IMSS proporcionó de lo caducado en sus diferentes almacenes ubicados en toda la República. Ahí, en conjunto se desperdiciaron 177  millones 435 mil 836 pesos en medicamentos no distribuidos a pacientes durante 2022. 

La delegación de Chihuahua es la que reporta una mayor pérdida económica. En sus bodegas caducaron un total de nueve mil 462 medicamentos, mismos de los que se pidió el reemplazo a los proveedores, pero que generó de todas maneras una pérdida de 41.8 millones de pesos. 

En los datos destaca, al igual que lo reportado por el ISSSTE, la vacuna contra la difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus Influenzae Tipo B, de la cual se solicitaron más de tres mil reemplazos a Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V. y representó una merma de 14 millones de pesos.

Baja California, una de las entidades en las que el Border Hub ha documentado de manera detallada y en reportajes anteriores la pérdida generada por medicamentos caducados en las bodegas del Instituto de Servicios de Salud Pública (Isesalud). 

Baja California ocupa el lugar 17 en cuanto al desperdicio de medicamentos en la delegación del IMSS, de acuerdo con los datos de transparencia. En esta entidad, el total registrado está por encima del millón de pesos en un solo año. 

En las bodegas de Baja California se tiene el reporte de que en 2022 se solicitó el canje de 28 mil 379 medicamentos, lo cual se tradujo en 2.4 millones de pesos tan solo en ese periodo. Sin embargo, las autoridades locales aseguran que ese monto “para nada se acerca a la realidad”, aseguró vía mensaje de texto Desireé Sagarnaga Durante, delegada del IMSS en esa entidad. 

La titular del Órgano de Operación Administrativa del IMSS en el estado sostuvo que, en el caso de Baja California, las claves caducadas están muy por debajo de lo que el organismo a nivel nacional tiene en su contabilidad. 

La funcionaria proporcionó el último corte del que dijo tener registro en cuanto a fármacos y material de salud caducado dentro de las bodegas del Instituto en Baja California. Los datos entregados son del periodo 2021 y 2022 y registran una pérdida de cuatro mil 357 medicamentos, lo que se traduce en una pérdida de un millón 392 mil 639 pesos. 

Pero ninguna de las bases de datos entregadas por la oficina a nivel nacional del IMSS concuerda con los datos estatales. En la información específica de medicamentos caducados se tiene que tan solo en 2021, uno de los periodos que entregó la funcionaria, en Baja California se reportó un inventario de medicamentos caducados de 690 mil 420 medicamentos, los cuales estarían repartidos en 69 claves médicas. Se le solicitó al IMSS, mediante diferentes solicitudes de transparencia, los montos económicos que esto representaría, pero hasta la publicación de este reportaje no se tuvo respuesta. 

En la relación de fármacos caducados admitidos por la delegada solo uno -Aminoácidos cristalinos- coincide con el inventario registrado por la Coordinación de Control de Abasto del Instituto a nivel nacional.

Otros medicamentos como el Ondansetrón, fármaco utilizado en el tratamiento de quimioterapias, el antibiótico Clindamicina y la Ceftazidina, que se ocupa tratar la neumonía, no aparecen en el informe del IMSS estatal, pero sí están en los datos que envió el organismo a nivel nacional. Incluso, el Ondansetrón ocupa uno de los primeros lugares de medicamentos que se han caducado en la entidad.

Desirée Sagarnaga aseguró que estas pérdidas responden a diferentes elementos, que puede ser porque los médicos dan prioridad a algún medicamento sobre otro, o por la variación en el tiempo de caducidad. 

“Va desde que de repente llega otro tipo de medicamento y ciertos médicos pueden utilizar más otra clave o que se reciben con menos tiempo y eso está mal”, aseguró la funcionaria. 

Además menciona que a nivel nacional incluso se tiene un parámetro de lo esperado en caducidad.

A pesar de que las cifras que envió el IMSS nacional, a través de transparencia, superan las que tiene la delegada estatal, asegura que los porcentajes de pérdidas realmente no son tan altos. 

“Lo que sí puedo decir es que no son porcentajes altos, hay hasta un indicador nacional e internacional de lo esperado”, anotó.

Empresa de estado e insolvente, entre los principales proveedores

Alrededor de 150 empresas fueron las proveedoras del medicamento caducado a nivel nacional en las bodegas del IMSS y del ISSSTE, de acuerdo con las bases de datos proporcionadas por ambas instituciones vía transparencia.

Entre los fármacos de mayor caducidad en los almacenes de ambos institutos se encuentran vacunas contra diferentes bacterias e infecciones, cuyo principal proveedor es Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex), empresa que recibe recurso público para operar.

Del medicamento entregado por este laboratorio, el ISSSTE reportó en su inventario de medicamentos caducados de 2020 y 2021 pérdidas por 37.5 millones de pesos a nivel nacional.

Birmex es una empresa de participación estatal mayoritaria que abastece al mercado público de vacunas, biológicos y reactivos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador designó en 2020 al general Jens Pedro Lohmann como director general de Birmex y le dio la tarea de desarrollar un sistema nacional de distribución.

Sin embargo, el gobierno federal recortó en el último año su presupuesto. Birmex pasó de una partida de siete mil 676 millones de pesos en 2022 a seis mil 541 millones de pesos en 2023, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), lo que le ha generado situaciones de crisis como el impago a la nómina, según lo denunciado públicamente por sus empleados en diversos medios nacionales. 

Otra de las firmas que se encuentra entre los principales proveedores de productos que han vencido su vida útil en las bodegas de los institutos de salud pública de México es Landsteiner Scientific, S.A. de C.V., empresa declarada insolvente en 2021.

Esta compañía es la principal proveedora de Emtricitabina, fármaco utilizado para tratar la infección causada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El menoscabo para el erario por la Emtricitabina caducada en los almacenes del ISSSTE durante 2020 y 2021 llegó a los 17.8 millones de pesos.

Grupo Zamberk demandó en 2021 a Landsteiner ante el Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles y ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil, de acuerdo con el expediente 287/2021, proceso judicial por el que recibió sentencia desfavorable que la obligó a iniciar negociaciones con sus acreedores, principalmente Banorte, BBVA y Bancomext, a partir de abril de 2022.

Landsteiner Scientific, S.A. de C.V. es presidida por Miguel Antonio Granados Cervera, hijo de Miguel Alberto Granados Mora, presidente patrimonial de la firma, y quien en su experiencia laboral indica haber ocupado cargos en la administración pública en dependencias como Conasupo, Fonacot, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, del que la empresa es proveedora, de acuerdo a la información que consta en el reporte de 2016 de la calificadora global líder en el mercado mexicano, HR Ratings.

A la basura medicamentos demandados por derechohabientes 

Con una afiliación de más de 83.2 millones de derechohabientes a nivel nacional, el IMSS es la principal institución de salud y protección social pública con que cuentan los mexicanos, mientras que el ISSSTE registra una afiliación a nivel nacional de más de 13.5 millones derechohabientes.

La millonaria pérdida en medicamentos caducados perjudicó directamente a esta población. Y en específico los pacientes con cáncer y VIH fueron los más afectados por la falta de medicinas durante el periodo pandémico, quienes, acompañados de familiares, no dudaron en salir a las calles a protestar. 

Medicamentos demandados por los derechohabientes con padecimientos de cáncer, como el Letrozol, Faslodez, Ibrance-21, Abemaciclib o Bevacizumab, se encuentran entre el stock de medicamentos caducados localizados a nivel nacional en las bodegas del IMSS, de acuerdo con la información proporcionada vía transparencia por la Coordinación de Control de Abasto de la Dirección General del Instituto.

En el inventario de fármacos desechados por el IMSS y el ISSSTE se encuentran también medicamentos para el tratamiento del VIH, padecimientos cardiacos, diabetes, asma, tiroides, meningitis, y alergias, entre otros.

Miles de antibióticos y vacunas contra neumococo, tos ferina, tétano, difteria, culebrilla, Hib, hepatitis B, y vacunas de refuerzo, fueron desechadas al vencer su periodo de vida útil sin ser aplicadas. A esta gran lista se suma el Interferon, solución utilizada en pacientes con esclerosis múltiple.

Sin una sistematización en la información y una continuidad de las políticas, aunada a la falta de servicio profesional de carrera y descentralización de recursos, el mismo gobierno ha generado un descontrol y rezago en los procesos en materia de salud, aseguró Martha Jaramillo. 

“La política pública de salud en México tiene que ser continua, con mucha fiscalización y mucho seguimiento, porque es lo que más afecta esa toma de decisiones sin estudio, sin seguimiento y con protagonismo más que por el bienestar de la población”, señaló. 

Además de que en la parte de los medicamentos su adquisición y distribución ha estado plagada de falta de licitaciones y un proceso de distribución totalmente fuera de la norma, deficiencia que existe en todas las instituciones de salud pública del país. 

Créditos

Isabel Mercado

Carlos Mendoza | Ilustración

Melina Barbosa | Verificación

Daniela Guazo | Edición

Publicado originalmente en: https://www.borderhub.org/noticias-especiales/imss-e-issste-desperdician-mas-de-100-millones-en-medicamentos/

“Con gran esperanza, declaro que el COVID-19 ha terminado como una emergencia sanitaria mundial. Es un momento de celebración, logrado tras el incasable trabajo de millones de sanitarios, de mucha innovación e investigación, de difíciles decisiones tomadas por los gobiernos y de sacrificios que todos hemos tenido que hacer.

“El COVID-19 ha cambiado nuestro mundo, y nos ha cambiado a nosotros. Esa es la manera que debe ser. Si todos volvemos a cómo eran las cosas antes del COVID-19, habremos fallado en aprender nuestras lecciones y le habremos fallado a las generaciones futuras”, escribió Tedros Adhanom en Twitter.

Aunque el mensaje es esperanzador, no udó en advertir que luego de los sucedido el mundo no debe confiarse tras la declaratoria del fin de la emergencia mundial porque aunque la pandemia ya no sea motivo de tanta preocupación “Lo peor que cualquier país podría hacer ahora es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su gente de que el COVID no es motivo de preocupación”.

Recordó que cada tres minutis una persona muere por esta enfermedad. Tan solo en la última semana de abril, la OMS confirmó 630 mil casos en el mundo y 3 mil 500 muertes, cuando en enero se superaban los 1.3 millones de positivos y los 14 mil fallecidos, en parte a causa de la ola en China.

El líder de la OMS aseguró que el organismo sigue y seguirá en guardia y anunció que por primera vez en la historia de la organización, pese a no haber emergencia internacional, se formará un comité de revisión que seguirá analizando periódicamente la situación del virus debido a que este puede cambiar a variantes más contagiosas y letales.

Dicho comité “desarrollará recomendaciones de largo plazo para que los países puedan seguir gestionando la respuesta a la enfermedad”.

Álvarez Buylla explicó que la fase final fue exitosa, que se cumplieron los criterios establecidos por la OMS.

“Aprovechamos esta oportunidad que nos da para darles una excelente noticia: tenemos Patria, tenemos ya la vacuna Patria como refuerzo con los resultados de la fase final, siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso”, dijo.

La directora expresó que contar con esta plataforma, “abre el camino a la recuperación en la soberanía de vacunas”, algo que consideró “importante para la prevención de enfermedades”.

1. No es la primera vez que se cuestiona, critica o solicita conocer cuál es la situación real de salud del presidente de la república. Recordemos, por ejemplo, que hace unos 15 años esa fue la salida de la periodista Carmen Aristegui de la red nacional radiofónica donde trabajaba. Es decir, l cuestionar si eran cierto los amplios rumores de que el presidente en turno, Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa, tenía problemas de alcoholismo. Porque, señalaba con razón la periodista hija de republicanos españoles, que si es cierto que el presidente tiene un problema de alcoholismo, eso afecta la salud mental y en específico afecta potencialmente la toma de decisiones en el ámbito de las medidas nacionales o, peor aún, las internacionales. Desde luego eso le costó a la periodista su puesto, ya que de la presidencia de la república se le presionó directamente al dueño de la cadena radiofónica la salida al aire de tal programa. Y eso hizo, con lo que desató una gran cadena de solidaridad con ella, de tal magnitud que, a las dos semanas tuvo que ser reinstalada. Y, desde luego, con la complicidad del dueño de la radio quien negó categóricamente que hubiera sido presionado por la presidencia o por cualquier figura. Hasta que la propia Aristegui, en su noticiero matinal dijo que, en efecto había habido presiones directas sobre el director para correrla. O sea, el país ya no es el mismo de los 90s u 80s donde por decisión de un gobernador o presidente se corría a un periodista de un medio privado.

2. El país ya no es el mismo, aun en este 2023. Por lo que, aquellos quienes solicitan indagar sobre la salud del presidente de la república, de inmediato se des da respuesta. Y no sólo por un vocero, sino por el propio presidente, por el secretario de Gobernación o por el secretario de Salud nacional. Inclusive, lo que los medios periodísticos señalan, además de las benditas redes sociales, es a la poca seriedad e hipocresía de varios medios de la prensa escrita quienes de inmediato ofrecieron versiones alarmistas o de que de plano se había sufrido un problema cardiovascular o cerebrovascular de importancia. Terriblemente la mala fe y “el zopilotaje” de varios medios o periodistas se dieron vuelo los primeros tres días de la enfermedad y aislamiento de AMLO. Nomás para pasar más vergüenzas por estos medios o grupos de WhatsApp a partir del segundo día cuando se verificó que nuestro presidente sufre, en efecto, un cuadro de covid-19 y, por tanto, debe estar aislado para evitar contagios, y no otra cosa. Si de por sí ya estaban en descrédito por sus mentiras y fake news, este evento vino a darles una puntilla, periodísticamente hablando, a los medios como Reforma o El Universal.

3. No es algo simple un tercer cuadro de covid-19. Más si el presidente es hipertenso y con hipotiroidismo. Pese a que cuente con tres o cuatro vacunas ya aplicadas. Una, porque las complicaciones respiratorias del covid-19 aparecen al 5to o 6to día de evolución del cuadro. Otra porque con 68 años y esas patologías de base hay que estr en reposo y esperando a que el organismo se recupere ampliamente. Por fortuna ya sabemos más de esta patología, de la efectividad de las vacunas, así como de los tratamientos efectivos. Por lo que lo más probable es que se mejore y en una semana más ande ya dando guerra, y que siga la mata a dando a que se complique el covid-19: pero ninguna precaución sobra.

4. Por último, habría que supones que sí es un reclamo democrático el conocer la salud de un gobernante, así como su salud mental. Hace meses se cuestionó la salud mental de AMLO, s decía que estaba enfermo. Pero nadie decía de qué o qué afección mental tenía. Desde luego sólo los periodistas alzaron la voz y ningún psiquiatra serio se atrevió a lanzar un diagnóstico. Hasta que el psiquiatra Ernesto Lammoglia hizo un esfuerzo y trató de caracterizar un cuadro clínico de la salud mental de AMLO. Llegando a la conclusión de que sólo es un sujeto necio y con una personalidad obstinada. Pero sano mentalmente, fundamentalmente sano.

5. No es cosa de risa, en México desconozco si exista tal figura, pero en la carta magna de los EE.UU. sí existe un impedimento para ser o continuar como presidente de ese país. Y es precisamente, la de no gozar con una buena salud mental. O sea, no es cosa de tomarse a la ligera.

*Doctor en Ciencias en Salud Pública

Msantillanam@gmail.com

Publicado originalmente en elinversionistasonora.com. Se reproduce con la licencia directa del autor.

López Hernández explicó que López Obrador “se encuentra en aislamiento y bajo tratamiento médico, recuperándose”.

“Nosotros esperamos que en los próximos días, dos, tres días más, pueda estar aquí presente en las conferencias de prensa”, confió el funcionario.

Agregó que López Obrador le encargó estar pendiente de la agenda y atender “los compromisos que habían sido agendados con anterioridad y en este caso, que estemos al frente de la conferencia”.

“El sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. Como se hace cotidianamente, se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influenza. Hacia las 4 de la tarde, el resultado arrojó positividad a COVID-19”, detalló.

1. Al inicio de la pandemia del Covid19, en sus primeros meses y momentos más difíciles, donde no se conocía aún su virulencia, contagiosidad o terapéutica adecuada, un grupo de médicos políticos señaló que ellos “en ocho semanas resolverían el asunto”. Nunca dijeron cómo es que resolverían el asunto, hasta donde yo recuerde, y sólo se limitaron a señalar que “si no se hubiera eliminado el seguro popular, hubiera habido menos muertes”. Además, criticaron paso a paso cada uno de lo realizado por la administración federal, en este caso, bajo la dirección del Dr. Hugo López-Gatell. Certera e ineludible su opinión como expertos en salud pública, criticaron cada propuesta de la subsecretaría de salud, pero su discurso de solución seguía siendo el mismo: “Si no se hubiera quitado el seguro popular, …” etc.

2. Por otro lado, una crítica interesante y con bastantes puntos duros fue el documento realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública casi un año después de iniciada la pandemia. En efecto, en este caso, la publicación(que puede consultarse en versión PDF) destaca algunos problemas de coordinación inter institucional, de falta de insumos para la atención así como de fallas en el equipo de protección al personal que atendía a los pacientes sospechosos de Covid19 quienes acudían a los consultorios del primer nivel, e igualmente d ela falta de preparación del personal médico en los casos más graves de esta patología. Pero no se señalaba, o por lo menos no recuerdo haber leído que “si no se hubiera quitado el seguro popular, etc”.

3. Lo triste, a tres años de iniciada y casi concluida pandemia de Covid19 y ya con otros asuntos de políticas de salud sobre la mesa, es que la oposición sigue con el mismo discurso: “si no se hubiera quitado el seguro popular estaríamos mejor, etc”. De una forma terrible, a cuatro años de iniciado el gobierno de AMLO, la oposición resumida en la derecha sigue sin hacer una sola propuesta seria. Fuera de oponerse a cada una de las manifestaciones de AMLO desde antes de ser presidente y más aún desde que ocupa la primera magistratura, no hay, hasta donde sepa, alguna propuesta seria, estructurada de salud pública. No sólo en los aspectos de la atención a la epidemia viral, sino en cualquier otro punto de salud. De hecho, ahora que el presidente de la República ha manifestado que en años próximos, invirtiendo mucho dinero y reestructurando el sistema IMSS Bienestar para que atienda a la población no asegurada, en nuestro país se llegará a alcanzar un sistema de salud nórdico, o “más que nórdico”, la oposición solo se ha burlado. Pero ¿dónde está su contrapropuesta? ¡Cuál es la propuesta de los intelectuales politólogos o sanitaristas de la derecha? ¿Cómo es que la propuesta del PAN o del PRI nos asegurará un excelente sistema de salud pública? Por lo menos una, fuera de oponerse a cualquier declaración de AMLO en la mañanera o de que no se hubiera quitado el seguro popular.

4. Por cierto, uno de los aspectos paradójicos de los críticos de la oposición que defienden a capa y espada el seguro popular, es que ninguno de ellos lo utilizó. Por el contrario, los intelectuales, políticos, académicos o funcionarios que defienden o defendieron el seguro popular y nunca lo utilizaron, sí utilizan y utilizaron los seguros de gastos médicos mayores de las compañías de seguros. Sí, pero lo interesante es que lo utilizaban con cargo a nuestros impuestos. Situación que se eliminó, por lo menor con los altos funcionarios y en la Cámara de Diputados o senadores al iniciar del gobierno del presidente López Obrador. Y situación contra la que se ampararon los funcionarios del INE, por lo que a ellos sí les seguimos pagando con nuestros impuestos un seguro de gastos médicos mayores.

5.Cierro este artículo impulsando a que algún intelectual o académico de la oposición genere una propuesta de salud que pueda verse como exitosa o que pinte para tal acción. Podré coincidir o no con la misma, pero por lo menos se nota el esfuerzo algo mayor a “si se hubieran dejado el seguro popular”. Porque lo que vimos en los últimos años fue el crecimiento de la medicina privada, los seguros de gastos médicos mayores y los consorcios hospitalarios pero no porque hayan tenido un desarrollo empresarial inteligente y competitivo, sino por el desmantelamiento del sistema de salud público y de seguridad social mexicano.

*Doctor en Ciencias en Salud Pública.

Publicado originalmente en: https://www.inversionistasonora.com/, reproducido con la autorización expresa del autor.

Foto: Infobae