Los casos de violencia sexual relacionada con los conflictos se han más que duplicado en un año y alcanzaron un nivel sin precedentes en 2025, en medio de guerras cada vez más brutales, desplazamientos masivos y un creciente desprecio del derecho internacional.

Según el último informe del Secretario General, las Naciones Unidas verificaron 9788 casos el año pasado, más del doble que en 2024. Pero la cifra real es mucho mayor: por cada caso que llega a una clínica, entre diez y veinte nunca se denuncian ni reciben atención.

Así lo advirtió este miércoles ante el Consejo de Seguridad la representante especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, durante un debate presidido por la primera ministra de la República Democrática del Congo, Judith Suminwa Tuluka, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria del Consejo en julio.

El debate estuvo dedicado a “honrar la promesa del derecho internacional para los sobrevivientes de violencia sexual relacionada con los conflictos”.

“No recopilamos estos informes simplemente para contar víctimas; los recopilamos porque las víctimas cuentan con nosotros”, afirmó Patten.

Una táctica de guerra, terror y represión

El informe abarca 21 situaciones de conflicto y documenta patrones de violación, violación colectiva, esclavitud sexual, matrimonio forzado y trata de personas, utilizados deliberadamente como tácticas de guerra, terror, tortura y represión política.

La República Democrática del Congo, Haití, Sudán y la República Centroafricana registraron el mayor número de casos verificados por la ONU.

Patten subrayó que estos crímenes no son hechos aislados ni daños colaterales, sino parte de estrategias militares y políticas para desplazar poblaciones, castigar a opositores reales o percibidos, aterrorizar comunidades, alterar la demografía y consolidar el control de territorios.

La representante especial describió un mundo en el que vuelve a ganar terreno la lógica de que “la fuerza hace el derecho”, en un contexto marcado por la intensificación de los conflictos, el gasto militar récord, los desplazamientos forzados, las divisiones geopolíticas y los ataques contra defensoras de derechos humanos y periodistas que denuncian estos abusos.

Mujeres y niñas, las principales víctimas

Cerca del 90% de las víctimas son mujeres y niñas. Además, casi 3000 niños y niñas sufrieron violencia sexual en 2025, un aumento del 37% respecto del año anterior.

Los hombres y los niños también son atacados, en particular en centros de detención, donde la violencia sexual se utiliza como forma de castigo, humillación o para arrancar información y confesiones.

Las víctimas identificadas por la ONU tenían entre un año y más de 70. Patten alertó de que los ataques son no solo más frecuentes, sino también más brutales, en algunos casos acompañados de violencia física extrema o asesinatos para impedir que las víctimas testifiquen.

Entre las tendencias más preocupantes, mencionó el uso de la violencia sexual en la economía de guerra, incluso mediante prostitución forzada y trata; las amenazas sexuales en línea contra mujeres activistas; y la proliferación de armas pequeñas y ligeras, implicadas en entre el 70% y el 90% de los casos.

Pese a la magnitud del problema, menos del 1% de la ayuda humanitaria se destina a atender la violencia sexual relacionada con los conflictos, aunque se estima que una de cada cinco mujeres desplazadas o refugiadas atrapadas en una guerra la ha sufrido.

Responsables estatales y grupos armados

El informe enumera 77 partes responsables de estos crímenes, de las cuales 62 son grupos armados no estatales. Más del 65% son perpetradores persistentes, es decir, llevan cinco años o más en la lista sin adoptar medidas correctivas.

Entre las nuevas partes incluidas este año figuran actores no estatales en la República Democrática del Congo y Haití, así como dos actores estatales: Israel y la Federación de Rusia.

Patten explicó que ambos Estados habían sido notificados el año pasado por preocupaciones de protección, incluidos patrones de violencia sexual y denegaciones sistemáticas de acceso a observadores independientes de la ONU. Sin embargo, señaló que ni las violaciones ni los conflictos han cesado, y que no se han registrado avances tangibles.

En el caso de las fuerzas armadas y de seguridad israelíes, el informe señala patrones de violación y otras formas de violencia sexual, principalmente en contextos de detención, pero también en puestos de control y durante operaciones militares. En el caso de las fuerzas armadas rusas, documenta patrones de violencia sexual contra prisioneros de guerra, detenidos civiles y personas que viven en territorios ocupados temporalmente desde la invasión de Ucrania en 2022.

Patten insistió en que la lista “no es un instrumento político”, sino una herramienta de protección. Su objetivo, dijo, no es simplemente documentar y atribuir violaciones, sino ponerles fin.

Haití: la violencia sexual se dispara

El Consejo de Seguridad también escuchó el testimonio de Carine Jocelyn, fundadora del Colectivo de Mujeres Haitianas, quien denunció que las mujeres y las niñas se han convertido en objetivos sistemáticos de los grupos armados.

Según datos citados durante la sesión, la ONU registró un aumento del 163% de la violencia sexual en Haití en 2025, una cifra que, según Jocelyn, refleja solo una parte de la realidad.

Las mujeres y las niñas son violadas en sus barrios, en campamentos de desplazados o secuestradas con fines de explotación sexual por bandas fuertemente armadas.

Jocelyn describió un sistema judicial colapsado, una policía con recursos insuficientes y centros de salud saqueados o destruidos, lo que deja a las sobrevivientes sin atención esencial. También pidió aplicar estrictamente el embargo de armas, al afirmar que el tráfico, procedente principalmente de Estados Unidos, alimenta la violencia.

“Los haitianos están cansados de falsas promesas”, dijo, al pedir a la comunidad internacional que no mire hacia otro lado.

Impunidad, justicia y señales de esperanza

Patten llamó al Consejo de Seguridad a reforzar las sanciones selectivas contra los perpetradores, financiar los servicios para sobrevivientes, desplegar más asesores de protección de las mujeres en las misiones de paz y garantizar que los responsables rindan cuentas.

Actualmente, esos asesores están desplegados en solo cinco de los contextos cubiertos por el informe, frente a nueve cuando se publicó, pese a que el Consejo de Seguridad ha pedido su presencia en las situaciones afectadas por conflictos.

La representante especial también destacó algunos avances. En la República Democrática del Congo, 35 portadores de armas fueron condenados por violencia sexual el año pasado, se pagaron reparaciones a sobrevivientes, más de 45.000 personas desplazadas recibieron apoyo médico, psicosocial y de medios de vida, y más de 1000 niños nacidos de violaciones fueron reconocidos y registrados.

También mencionó señales de esperanza en Colombia, donde excomandantes han sido acusados de crímenes de guerra, incluida violencia sexual, y en Iraq, donde se han aprobado más de 2500 solicitudes de reparación para sobrevivientes yazidíes.

Pero advirtió que el derecho internacional no se aplica por sí solo y requiere voluntad política, recursos y consecuencias reales para quienes cometen, ordenan o toleran estos crímenes.

“Es hora de sustituir la impunidad por la unidad”, concluyó. “El problema no es que el derecho internacional sea insuficiente, sino que se respeta y se aplica de manera insuficiente”.

Publicado originalmente en ONU

• A cinco años de impunidad, su memoria permanece como un ejemplo de lucha, dignidad y compromiso por la defensa de los derechos de los pueblos

Recordamos a Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro) como una persona comprometida con la construcción de la paz, la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos originarios. Desde su servicio comunitario denunció el incremento de la violencia y la presencia de la delincuencia organizada en la región de los Altos de Chiapas, particularmente en el municipio de Pantelhó, frente a la ausencia y complicidad del Estado mexicano en la protección de las comunidades.

Como integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, mantuvo un compromiso permanente con la defensa de la tierra y el territorio, resistiendo de manera pacífica y organizada frente a las múltiples violencias que afectan a los pueblos.

Desde su ejecución extrajudicial, ocurrida el día 5 de julio de 2021, la investigación no ha sido exhaustiva, independiente ni diligente. Además, los autores intelectuales que planificaron y ordenaron el crimen no han sido investigados, lo que alimenta la impunidad como una forma de violencia institucional. Esta situación profundiza el dolor de sus familiares, debilita la confianza en las instituciones del Estado y transmite el mensaje de que quienes atentan contra las personas defensoras pueden actuar sin enfrentar consecuencias.

El asesinato de Simón Pedro representa un ataque hacía la organización comunitaria y los procesos colectivos de defensa de los derechos humanos. Constituye un intento de sembrar miedo para inhibir la defensa del territorio, la libre determinación de los pueblos y el ejercicio legítimo de su autonomía.

En los últimos años diversas organizaciones nacionales e internacionales hemos documentado ejecuciones extrajudiciales, vigilancia, campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, criminalización y persecución judicial contra las personas defensoras en Chiapas. Estas agresiones son impulsadas por actores estatales y grupos de poder con impactos directos en la seguridad, la integridad y la legitimidad de nuestro trabajo.

Tan sólo de enero a abril de 2026, el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas registró 41 agresiones. Las personas más afectadas fueron aquellas que luchan por el acceso a la justicia, la defensa de la tierra y el territorio; así como los derechos de las mujeres.¹

El 12 de marzo de 2026, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado al Estado mexicano para que adoptara las medidas necesarias a fin de evitar la impunidad. En su respuesta, el Estado mexicano, reafirma que “no obran datos dentro de la Carpeta de Investigación, así como de las diligencias practicadas, indicios, evidencia que arrojen la probable participación de otra u otras personas material o intelectualmente dentro del hecho delictivo”.²

Recordar a Simón Pedro es un acto de memoria desde la resistencia. Es afirmar que la violencia no logrará borrar su palabra ni su ejemplo. Es reconocer que quienes entregan su vida por la paz continúan sembrando esperanza en sus comunidades. Su caminar permanece vivo en la lucha por la dignidad, la justicia y la construcción de una paz verdadera.

Recordarlo también es reafirmar el derecho a defender los derechos humanos y exigir que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger a las personas defensoras; investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que sufran; asimismo, adoptar medidas efectivas para prevenir y contrarrestar su criminalización.

Por ello, el Estado mexicano debe agotar todas las líneas de investigación para identificar y sancionar a los autores intelectuales de la ejecución de Simón Pedro, y cumplir con su obligación de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para su familia y su comunidad. Asimismo, generar mecanismos jurídicos y políticas públicas orientadas a desmantelar las estructuras de impunidad que permiten la continuidad de ataques contra quienes defienden la vida, el territorio y los derechos de los pueblos.

Es urgente reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, reafirmando la relevancia de su papel para la construcción de una sociedad democrática y para la protección de sus comunidades frente al contexto de violencia sistemática y generaliza que persiste en México.

Mientras exista impunidad, la deuda del Estado mexicano con Simón Pedro, con su familia y con los pueblos seguirá abierta. Por ello hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional, a fortalecer la solidaridad y el respaldo hacia las personas, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos, la vida y los territorios frente a la impunidad y la violencia. Acompañar su labor es contribuir a la construcción de un país donde la justicia, la paz y la dignidad prevalezcan sobre el miedo.

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1El Observatorio. (2026). Publicaciones en la Biblioteca Digital de El Obse [Base de datos]. Disponible en: https://elobse.org/es/library/?q=(allAggregations:!t,from:0,includeUnpublished:!f,limit:30,order:desc,sort:metadata.mes,treatAs:number,types:!(%27665e14451e48989e848c7edc%27),unpublished:!f)

2Gobierno de México. (2026). Respuesta a la comunicación conjunta AL MEX 2/2026. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Disponible en:

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Publicado originalmente en Frayba

Karla Quintana/ Raichali

Imagen principal difundida por SSPE: elementos de seguridad en entrenamiento

Chihuahua – La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua emitió las tres primeras recomendaciones de 2026, en las que documenta violaciones a derechos humanos por parte de autoridades estatales y municipales, relacionadas con la falta de acceso a la justicia, el uso excesivo de la fuerza y la vulneración de derechos de personas en situación de vulnerabilidad.

La Recomendación CEDH:5s.1.001/2026 fue dirigida a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, tras la queja de un productor de manzana por irregularidades en la investigación de un incendio provocado en su huerta en 2022.

De acuerdo con su testimonio, “presenté una denuncia y/o querella por daños mediante incendio, ante la agencia del Ministerio Público de Álvaro Obregón, la cual me fue recibida el 17 de mayo de 2022”.

La Comisión determinó que la omisión de diligencias básicas por parte del Ministerio Público permitió la prescripción del delito, dejando a la víctima sin acceso a la justicia.

Como parte del seguimiento, el 16 de diciembre de 2024 se recibió en el organismo el oficio número FGE 18s.1/1/2481/2024, mediante el cual la Fiscalía informó sobre el estado de la carpeta de investigación.

Entre las medidas recomendadas se encuentra iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos involucrados, inscribir a la víctima en el Registro Estatal de Víctimas en un plazo no mayor a 30 días y garantizar la reparación integral del daño.

En la Recomendación CEDH:5s.1.002/2026, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, se documentó el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos estatales en Guachochi contra un hombre con discapacidad que utiliza una prótesis.

Según la queja, difundida inicialmente en un medio digital el 28 de febrero de 2025, los hechos ocurrieron cuando “al llegar a mi domicilio después de hacer unas compras y mientras me estacionaba, llegaron unas patrullas que identifiqué como pertenecientes a la policía del estado”.

La víctima relató que los agentes lo amenazaron con armas y lo agredieron físicamente: “me golpearon en la cara, lo que me provocó sangrado en la nariz y la boca, me sujetaron del cuello, me sacaron a la fuerza y continuaron agrediéndome físicamente”.

Añadió que, pese a advertir sobre su condición, “yo les decía que no me pisaran las piernas porque tengo una prótesis en la pierna izquierda”, sin que cesaran las agresiones.

También señaló que no fue detenido ni se le informó el motivo de la intervención, por lo que acudió posteriormente al Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

La CEDH recomendó sancionar a los responsables, reparar integralmente el daño e implementar capacitación continua sobre el uso de la fuerza; sin embargo, esta recomendación no fue aceptada por la autoridad señalada.

Por su parte, la Recomendación CEDH:5s.1.003/2026 fue dirigida a la Presidencia Municipal de Chihuahua, por actos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal relacionados con el ingreso violento a un domicilio y la sustracción de dos menores de edad.

El organismo informó que el 30 de octubre de 2023 recibió la queja de una mujer, quien denunció: “Patearon y derrumbaron la puerta principal, quitaron la chapa y arrancaron la reja de la ventana. Me golpearon, me gasearon y me sacaron con violencia de mi domicilio”.

Asimismo, señaló que “a la fecha, no he podido ver a mis hijas, ni hablar con ellas, solo sé que pueden estar con su padre; sin embargo, yo cuento con un convenio judicial, que determina que yo ejerza la guarda y custodia de mis hijas”.

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron cuando los elementos “llegan a mi domicilio para que entregue a mis dos hijas menores de edad, una de ocho años y la otra de cuatro años”, lo que derivó, según la Comisión, en la vulneración al interés superior de la niñez.

Entre las recomendaciones se encuentra iniciar procedimientos administrativos, inscribir a las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas y garantizar la reparación integral del daño, así como diseñar protocolos de actuación en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Las recomendaciones emitidas por la CEDH no son vinculantes; no obstante, constituyen un señalamiento formal sobre violaciones a derechos humanos y establecen medidas orientadas a la reparación del daño y la no repetición de los hechos.

Publicado originalmente en http://Raíchali

No se trata de buena voluntad ni de actos simbólicos. Hablamos de derechos humanos, de dignidad y de la posibilidad real de construir una vida autónoma.

Un poco de historia… y mucha realidad pendiente

El derecho al trabajo de las personas con discapacidad está reconocido desde hace décadas en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, de manera específica, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México en 2007.

En los últimos años, también ha comenzado un cambio importante en el lenguaje. Cada vez más se habla de diversidad funcional en lugar de discapacidad, no para negar las realidades que viven muchas personas, sino para poner el énfasis en la diversidad de formas de funcionar, de aportar y de estar en el mundo. El lenguaje no es menor: nombra, construye miradas y puede abrir o cerrar oportunidades.

Sin embargo, entre el marco legal y la vida cotidiana existe una brecha profunda. Una brecha que se traduce en desempleo, subempleo y exclusión.

En Sonora, miles de personas con discapacidad desean trabajar y cuentan con habilidades, talentos y preparación. Lo que no encuentran son espacios accesibles, ajustes razonables y una cultura laboral verdaderamente incluyente.

El trabajo se debe ver como base de la autonomía; trabajar no es solo percibir un ingreso, trabajar es pertenecer, es tomar decisiones, es proyectar un futuro propio.

La autonomía no significa hacerlo todo sin apoyo, sino contar con las condiciones necesarias para desarrollar las capacidades de cada persona, desde sus habilidades y posibilidades. La inclusión laboral reconoce que no todos trabajamos igual, pero todos podemos aportar.

Aún persiste la idea errónea de que la discapacidad limita la productividad. La experiencia demuestra lo contrario: los entornos laborales diversos son más empáticos, más creativos y más humanos.

No es caridad, es justicia

La inclusión laboral no es un favor ni una concesión. No se trata de “dar oportunidades por lástima”, sino de reconocer derechos, talento y valor humano.

Cuando una persona con discapacidad accede a un empleo digno, gana ella, gana su familia y gana la sociedad entera. Se rompe el círculo de dependencia forzada y se fortalece el tejido social.

La verdadera discapacidad sigue siendo la indiferencia

La exclusión no está en el cuerpo ni en la mente, sino en un sistema que se resiste a adaptarse.

Febrero como punto de partida

Este mes nos invita a reflexionar, pero sobre todo a actuar. A cuestionarnos como sociedad:

¿Estoy abriendo espacios o sigo cerrando puertas?
¿Veo a la persona antes que al diagnóstico?
¿Entiendo el trabajo como un derecho o como un privilegio?

La inclusión laboral no puede seguir siendo un discurso. Debe convertirse en práctica cotidiana.

Porque trabajar también es una forma de libertad. Y la libertad, para ser real, debe ser para todas y todos.

Gloria Pérez Cosío y Sánchez
Abogada Bioeticista
Académica de la Academia Nacional
Mexicana de Bioética Capítulo Sonora

17 de diciembre del 2025

Boletín No. 12

4 años de impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos hacia familias de la comunidad Nueva Palestina

• Sin la reparación integral del daño causado por el desplazamiento forzado y la continua criminalización de las personas defensoras, no hay justicia ni paz.

Entre los días 15 y 16 de diciembre de 2021, la familia extensa Velasco García sufrió una serie de agresiones tumultuarias en la comunidad Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, Chiapas. Derivado de estos hechos se encuentran desplazadas 34 personas (22 de ellas niñas, niños y adolescentes), además de haberse cometido graves violaciones a derechos humanos como privaciones arbitrarias de la libertad, tortura sexual y tratos crueles inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada de Fredy Gómez Sántiz (Fredy).

A cuatro años de haberse cumplido estas múltiples violaciones a derechos humanos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala el abandono y la falta de atención de los gobiernos federal, estatal y local para resarcir los derechos de las familias Mayas Tseltales y Tsotsiles.

El atentado hacia las familias ocurrió debido a que Versaín Velasco García (Versaín) había acudido a la Fiscalía de Justicia Indígena y a la Delegación de Gobierno Estatal, del municipio de Ocosingo, Chiapas para denunciar la detención ilegal comunitaria de cinco jóvenes a quienes se amenazaba de ser linchados por ser acusados del delito de robo.

Su movilización generó el descontento entre las autoridades de la comunidad, policías comunitarios y civiles armados quienes incentivaron abiertamente el linchamiento de Versaín y su familia, bajo el argumento de que “se dedica a defender delincuentes”.

Las agresiones tumultuarias fueron cometidas la noche del 15 de diciembre y durante el día del 16 de diciembre, las cuáles dejaron una secuela de graves violaciones a derechos humanos que se continúan perpetuado a 4 años de los hechos.

 Continuar leyendo en el sitio de origen…

A lo anterior se suma la persecución y criminalización que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) al defensor de derechos humanos Versaín, quien fue detenido arbitrariamente el 10 de enero del 2022. La FGE lo acusó de los delitos de homicidio en grado de tentativa y homicidio calificado, y bajo un proceso judicial lleno de irregularidades y de notables violaciones procesales en su juicio, finalmente fue sentenciado el 12 de enero del 2024 por el Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo quien lo condenó a 58 años y 4 meses de prisión, decisión que fue apelada y en junio del 2024, el Tribunal de Alzada de San Cristóbal de Las Casas, confirmó la sentencia.

A la fecha continúa desaparecido el joven Fredy y sobreviven en desplazamiento forzado interno 34 personas, sin atención humanitaria emergente y sin acceso a la justicia. Paradójicamente la FGE lejos de garantizar verdad y justicia para las familias, las persigue e incentiva la impunidad para las personas responsables de las violaciones sistemáticas.

Lo anterior es así, ya que, en el caso de la desaparición de Fredy, después de 3 años y medio, se pudo judicializar la investigación y consecuentemente la emisión de órdenes de aprehensión, sin embargo, a la fecha no se han ejecutado, lo que evidencia la impunidad institucionalizada.

Desde el Frayba hacemos un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que en el ámbito de sus responsabilidades de manera efectiva brinden un plan de atención integral que incluya:

• Atención humanitaria a las familias mientras el desplazamiento forzado interno continúe y no exista una solución definitiva;
• Se garantice investigaciones imparciales y exhaustivas por las denuncias señaladas en la Unidad de Investigación del Delito de Tortura dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, y la en la Fiscalía de Justicia Indígena.
• Garantizar la búsqueda, dando con la suerte y paradero del joven Fredy Gómez Sántiz.
• Castigo a las personas responsables de los delitos y de las graves violaciones a derechos humanos.
• Libertad inmediata del Defensor de Derechos Humanos Versaín Velasco García.

Mientras las familias continúen desplazadas y se criminalice a los defensores de derechos humanos, no exista verdad y justicia para las familias que buscan a sus desaparecidos, en Chiapas no habrá transformación ni paz para los pueblos y comunidades.

Fuente: Frayba.org.mx

Por Redacción / @Somoselmedio

La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó este 19 de diciembre una sentencia en la que encontró responsable internacionalmente a los Estados Unidos Mexicanos en el caso García Andrade y otros vs. México, por la desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en un contexto de violencia de género e impunidad generalizada en Ciudad Juárez.

Lilia Alejandra tenía 17 años, era trabajadora de una maquiladora y madre de dos hijos. Desapareció el 14 de febrero de 2001 y su cuerpo fue localizado una semana después en un terreno baldío; la causa de muerte fue estrangulamiento manual posterior a un ataque sexual. La Corte subrayó que los hechos ocurrieron en un patrón de violencia contra las mujeres ya reconocido en su jurisprudencia sobre Ciudad Juárez.

En la resolución, el Tribunal determinó que el Estado incumplió el deber de debida diligencia reforzada ante la desaparición de mujeres, violando los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de la víctima. “La ausencia de acciones diligentes de búsqueda caracterizó una actuación negligente y omisa de las autoridades”, señaló la Corte al concluir que hubo tolerancia estatal frente a la tortura sexual.

La sentencia también declaró responsable al Estado por la falta de prevención e investigación de los ataques sufridos por Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, quien se convirtió en activista durante la búsqueda de justicia. “Se trató de ataques contra una defensora de derechos humanos”, afirmó el Tribunal, al reiterar la obligación estatal de garantizar el derecho a defender derechos.

Además, la Corte reconoció las afectaciones a los familiares, incluidos los hijos de Lilia Alejandra, por la violación a su integridad personal, protección familiar y derechos de la niñez, así como el derecho a la verdad. El impacto del feminicidio —indicó— se extendió a tres generaciones de una misma familia.

Como medidas de reparación, la Corte ordenó continuar las investigaciones, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas, fortalecer políticas integrales contra la violencia de género y las desapariciones, mejorar la implementación del Protocolo Alba y adoptar medidas de protección para niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

Publicado originalmente en Somos El Medio

Boletín de prensa
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 6 de noviembre de 2025

La delegación internacional conformada por europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fons Català de Cooperació, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, la Federación Interamericana de la Abogacía, la Asociación Libre de Mujeres Abogadas, el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia) y las asociaciones Mujeres Pa’lante y La Garriga Sociedad Civil de Cataluña concluyó este día su viaje de cooperación e intercambio en México.

La visita se desarrolló del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Durante el recorrido, la delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales —entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)— con el objetivo de conocer las acciones implementadas a favor de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a personas migrantes y refugiadas, niñez y juventudes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Asimismo, se realizaron encuentros con organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras, para conocer de primera mano el contexto actual de derechos humanos en México y los riesgos que enfrentan quienes defienden la vida, el territorio, la justicia y la libertad de expresión. Las organizaciones compartieron propuestas para revertir la persistente violencia que aqueja a diversas regiones del país.

“Estas acciones de cooperación, solidaridad y respaldo político son fundamentales para las organizaciones locales, así como el diálogo sostenido con las instancias de gobierno”, expresó Fr. Raúl Vera, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

La delegación manifestó su profunda preocupación por la persistente violencia contra personas defensoras y periodistas, así como por la creciente violencia en Chiapas, que ha afectado gravemente a comunidades y pueblos indígenas. Desde 2023 a la fecha han sido documentados al menos 47 asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor, de acuerdo con información de organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De esas, 16 tenían medidas de protección vigentes al momento de los hechos. 

También expresaron su inquietud ante la fabricación de culpables en el sistema de administración de justicia, como es el caso de Yonny Ronay, joven chiapaneco condenado bajo graves faltas al debido proceso y actos de tortura; por la criminalización de personas defensoras, como la abogada amuzga Kenia Hernández, quien permanece privada de la libertad desde hace cinco años por ejercer su labor en defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos originarios; y por los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, presos por defender su territorio frente a megaproyectos y la militarización. En México, al menos 103,991 personas se encuentran detenidas en centros penitenciarios a nivel federal y estatal sin sentencia[1]. 

De igual forma, externaron su preocupación por la política migratoria y asilo, así como por la militarización impuesta para el control de fronteras, que ha derivado en graves afectaciones a los derechos de las personas en movilidad e incrementado los riesgos para quienes las acompañan y defienden. En 2024, México recibió cerca de 80.000 nuevas solicitudes de asilo, según un informe de ACNUR. 

“Seguiremos cooperando por sociedades más justas e igualitarias, donde la solidaridad sea el principal lazo que nos una”, señaló Diana Riba i Giner, europarlamentaria.

Las europarlamentarias y organizaciones subrayaron que las acciones de pacificación implementadas en Chiapas no han generado los resultados esperados, e hicieron un llamado urgente a una revisión integral de dichas estrategias para garantizar condiciones reales de seguridad, justicia y bienestar para la población.

La delegación destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional en el marco del respeto y protección de los derechos humanos, e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para realizar esfuerzos conjuntos que incluyan la participación activa de la sociedad civil.

“Las mujeres defensoras enfrentan violencias diferenciadas que reflejan el contexto racista y patriarcal en el que desarrollan su labor. Es urgente garantizar su protección  integral, en especial la de las madres buscadoras y de las defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas migrantes”, subrayó Diana Damián, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

La delegación reconoció la valiosa labor de las personas defensoras y organizaciones que, pese al contexto adverso, continúan generando espacios de diálogo y construcción de paz, elaborando diagnósticos, propuestas técnicas y estrategias para transformar las realidades que afectan a comunidades y grupos en situación de riesgo.

Contactos de prensa: 

Sandra Suaste Avila- Coordinación de comunicación de la Red TDT comunicacion@redtdt.org.mx  +525641601331

Espacioosc@gmail.com – +52 444 434 07 97

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Publicado originalmente en Frayba

Por Nodo de Derechos Humanos @nodho

Hace tan solo unos días el Congreso local mencionaba que había que comenzar a sancionar a Aguas de Puebla, pero las sanciones planteadas tienen que ver únicamente con las quejas existentes por el mal funcionamiento de la empresa, evidentemente el acto de robar agua a los pueblos no está dentro de sus preocupaciones.

¿Tendrá que ver con que Armenta solicitó un préstamo por 2 mil millones de pesos a Banorte , de la famila Hank, para finiquitar la deuda con la empresa La Peninsular Compañía Constructora, propiedad de la misma familia Hank Rhon, derivada de la construcción del Museo Internacional Barroco?

¿Tendrá que ver algo con que, pese a que fue promesa de campaña cancelar la concesión a Agua de Puebla, decidan no solo continuar con ésta, sino proteger sus actos criminales y operar en contra de la voluntad de los pueblos?

En el Nodo de Derechos Humanos nos preocupan mucho los sucesos recientes en relación al saqueo del agua en Puebla:

• La imposición de obras del ayuntamiento de Xoxtla el 9 de octubre escoltados con policías estatales para extraer más agua de los pueblos y llevarla a la Ciudad de Puebla.
• La cancelación que el 7 de octubre hizo la directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, Josefina Manjarrez Rosas, del conversatorio «La autonomía de los pueblos contra el despojo y la contaminación del capital» exhibiendo la arraigada política educativa de control, represión y censura.
• La mención que hizo en semanas recientes la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, acerca de que se buscará reformar la Ley de Estatal del Agua supuestamente para implementar sanciones en caso de incumplimientos de Agua de Puebla. Cosa que prende alarmas de mayor privatización del agua por las maniobras que a nivel nacional están implicando las reformas a las leyes locales del agua con el pretexto de la sustentabilidad y el bien común. Todo esto para abrir paso al Plan Nacional Hídrico que en los hechos va a implicar el control discrecional del agua por parte del Estado para otorgarlo a su antojo a empresas.

Con los mencionados hechos cada vez es más exhibido de un modo sistemático y cotidiano en Puebla el funcionamiento de acuerdos turbios, ilegalidad, opacidad de autoridades estatales y universitarias que fortalecen las añejas estructuras caciquiles, mafiosas y oportunistas que han constituido a Puebla bajo las más viles dinámicas racistas y corporativas que ven en los pueblos solo un territorio a controlar y saquear y en los estudiantes una población que aleccionar y dirigir.

Con la política extractiva del Gobierno Federal, Estatal de Puebla y Municipal de Xoxtla se está violando el derecho de los pueblos a conservar, restaurar y proteger el medio ambiente, el derecho a la consulta sobre decisiones que afecten sus derechos, el derecho a la autodeterminación en sus territorios. En el caso de las y los estudiantes se está transgrediendo su derecho a la expresión, reunión y libertad de asociación.

Sin importar los cambios de administración o las presuntas transformaciones, la imposición de proyectos, el extractivismo, el autoritarismo, la represión y la censura parecen mantenerse arraigadas en las instituciones gubernamentales y educativas, la diferencia, tal vez, es que ahora se simula escuchar al pueblo.

Llamamos a estar alerta ante cualquier ofensiva o maniobra contra quienes defienden el agua por todas y todos.

Publicado originalmente en http://Nodo de Derchos Humanos

Desde 2010, el personal del Centro FrayBa es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que insta al Estado mexicano a abordar la situación de riesgo en la que se encuentran. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para salvaguardar su integridad.

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Las comunidades de todo el mundo enfrentan crisis existenciales como el cambio climático, incluyendo daños por fenómenos meteorológicos extremos, contaminación, pérdida de la biodiversidad, amenazas a la paz y la democracia, militarización, ataques a los derechos humanos y persecución de personas defensoras del medio ambiente, desigualdades, desequilibrios de poder, entre otros. Cuestionar el papel de las corporaciones en estas crisis es más relevante que nunca.

En nuestro sistema económico global actual (reconociendo que existen otros sistemas económicos locales), las organizaciones de la sociedad civil (OSC), los centros de pensamiento, las redes, las instituciones académicas, las instituciones gubernamentales regionales y nacionales, así como organizaciones internacionales como la ONU han identificado la influencia indebida de las empresas y las decisiones de los estados, con el fin de aumentar el margen de ganancias a expensas de socavar los derechos humanos y las protecciones ambientales.

Las empresas, en particular las grandes corporaciones transnacionales, operan alrededor del mundo con impunidad respecto a sus impactos en los derechos humanos. Las personas y comunidades cuyos derechos son vulnerados como resultado de las actividades empresariales, a menudo encuentran que los marcos internacionales actuales no proporcionan mecanismos efectivos para buscar reparación por los daños sufridos, para prevenir que ocurran en primer lugar, o para responsabilizar a las empresas por comportamientos dañinos.

En respuesta, han surgido iniciativas nacionales y regionales para avanzar en mecanismos efectivos de responsabilidad corporativa en los estados de origen. Estas iniciativas buscan exigir a las empresas que implementen procesos de debida diligencia en derechos humanos, que tomen medidas para prevenir daños a lo largo de sus cadenas de valor e incluyan reparaciones para las personas afectadas. La participación significativa y continua de las partes interesadas y titulares de
derechos es un elemento esencial de los procedimientos efectivos de debida diligencia en derechos humanos. El proceso de desarrollo e implementación de mecanismos obligatorios de Debida Diligencia en Derechos Humanos y Medioambiente (mHREDD, por sus siglas en inglés) se encuentra en diferentes etapas en diversas jurisdicciones.

Las organizaciones asociadas en la Iniciativa Global para la Rendición de Cuentas Corporativa (GICA, por sus siglas en inglés) buscan aumentar la conciencia, construir capacidades y compartir experiencias con actores relevantes, como órganos legislativos y ejecutivos, para entender los impactos de la implementación de normas y regulaciones distintas, con el fin de garantizar los derechos humanos y su realización en el contexto de las actividades empresariales.

Esto incluye 1) la implementación de obligaciones exhaustivas de debida diligencia en derechos humanos y medioambiente, Que beneficiarán a comunidades y personas afectadas por la actividad empresarial en todos los rincones del mundo, incluida América Latina; 2) la inclusión de medidas para responsabilizar a estas empresas por los daños asociados; y 3) garantizar la participación de las comunidades afectadas en el desarrollo, monitoreo y evaluación de estas normas y regulaciones.

En México, ha habido más de 10 años de esfuerzos del Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos para responsabilizar a las empresas por sus impactos negativos mientras se aboga por un marco nacional de empresas y derechos humanos.

A lo largo de estos años, se ha trabajado con el poder ejecutivo en espacios formales para desarrollar dicho marco, Involucrando a organizaciones internacionales como la OCDE, la OIT, la OACNUDH, el PNUD, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Economía, comunidades afectadas, academia y actores empresariales. Entre los logros, está la sensibilización de distintos actores y sectores en cuanto a la necesidad de regular la actividad empresarial para cumplir con las obligaciones de protección, respeto y realización de los derechos humanos, así como para crear políticas de Estado y programas nacionales específicos.

En este sentido, también se logró integrar los objetivos de empresas y derechos humanos en el Programa Nacional de Derechos Humanos de la administración anterior.

Hasta la fecha, existen deudas para la atención de los numerosos casos de abusos y violaciones a los derechos humanos que involucran a empresas, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano, limpio y sostenible. Estos casos se han quedado en la falta de reparación integral y acceso a la justicia de las víctimas.

Esta administración tiene metas vinculadas a este tema y oportunidades para virar el rumbo en el que hasta ahora la influencia indebida del sector empresarial ha frenado avances para el cumplimiento de dichas obligaciones de protección a los derechos humanos por parte del Estado.

Observamos nichos de oportunidad para presentar este tema a las personas legisladoras actuales, crear un espacio para que algunas comunidades sean escuchadas y puedan participar, y compartir las diferentes estrategias para abordar la impunidad corporativa respecto de los impactos sobre los derechos humanos como un problema estructural pendiente.

Asimismo, este seminario es una oportunidad para aumentar la conciencia pública sobre un movimiento global para responsabilizar a las empresas y abogar por una implementación más robusta del derecho internacional de los derechos humanos, tratados ratificados y resoluciones adoptadas, recordando a los estados sus obligaciones como garante.

Objetivos:

• Escuchar experiencias de otras jurisdicciones y proporcionar un espacio internacional para compartir experiencias, fortaleciendo los procesos del Sur Global (apoyando procesos domésticos y la conciencia regional).
• Aumentar la conciencia entre las personas legisladoras mexicanas sobre la legislación que regula la debida diligencia en derechos humanos obligatoria y sus beneficios para las personas y el planeta.
• Destacar la importancia y el papel de las comunidades afectadas para participar de manera efectiva en
  estos procesos.
• Aprovechar este momento político en México para fortalecer el movimiento global hacia la regulación
  corporativa frente a los derechos humanos.

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Fuente: comunicacion@poderlatam.org