Se trata de Mario Alberto “N”, de 43 años de edad, quien, de acuerdo con la autoridad, decidió ausentarse de manera voluntaria para viajar a las Cascadas de Basaseachi, en el estado de Chihuahua, por motivos personales.

La Fiscalía detalló que, tras la denuncia presentada el 9 de abril, se iniciaron acciones de búsqueda que permitieron establecer contacto telefónico con el hombre el día viernes por la tarde, cuando informó que se encontraba en tránsito por la comunidad de Maycoba, rumbo a Yécora.

Posteriormente, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron su localización y lo acompañaron hasta la carretera Cajeme–Rosario Tesopaco, donde fue reunido con sus familiares.

Según la información oficial, durante el tiempo que permaneció ausente no fue víctima de ningún delito, lo cual fue corroborado mediante las diligencias correspondientes.

• Respaldamos plenamente el informe del CED. La descalificación de los hallazgos técnicos no altera la realidad de una impunidad superior al 98% en los casos de desaparición.
• El rechazo del Estado a la asistencia internacional es una omisión que posterga el derecho irrenunciable de las familias a la verdad y a la justicia.

La descalificación no es una estrategia de Estado. Es preocupante que la respuesta oficial califique de tendencioso y falto de rigor un informe técnico como el que presenta hoy el CED. Denostar al mensajero para evadir el mensaje es una práctica que México, en su aspiración democrática, no debería tomar. La soberanía se ejerce cumpliendo los tratados, no desacreditando las recomendaciones de los organismos de los cuales México es parte voluntaria.

El Estado argumenta la existencia de nuevos marcos legales e instituciones como prueba de progreso. Sin embargo, es fundamental recordar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) establece que la voluntad no se mide por los marcos normativos creados, sino por la interrupción de las violaciones a derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia. Mientras la cifra de personas desaparecidas continúa en aumento y la impunidad en dichos casos supere el 99%, cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente. Además, es importante recordar que el CED no ignora los esfuerzos por parte del Gobierno Federal, sino que señala que estos no han logrado revertir la crisis estructural.

El rechazo del Estado a la observación sobre la participación de agentes oficiales en las desapariciones ignora la documentación de miles de familias, colectivos, academia y organizaciones de la sociedad civil. La responsabilidad internacional del Estado no solo surge por la acción directa, sino por la aquiescencia: cuando las autoridades conocen el riesgo y omiten proteger a la población, o cuando la estructura estatal es incapaz de investigar al crimen organizado, se configura una falta grave a los deberes de debida diligencia.

El Estado mexicano ha fallado sistemáticamente en la implementación de herramientas básicas, como el Banco Nacional de Datos Forenses. La acumulación de más de 83,000 cuerpos y restos de personas sin identificar en las instituciones forenses del país es la prueba irrefutable de que la respuesta institucional está colapsada. Calificar de “falto de rigor” el diagnóstico del CED frente a esta tragedia es una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al esfuerzo de las familias que buscan con sus propias manos.

Hacemos un llamado enérgico al Gobierno de México para que:

1. Abandone la actitud defensiva y reconozca la magnitud de la crisis que el CED ha elevado a la Asamblea General de la ONU.
2. Acepte la asistencia técnica internacional propuesta, reconociendo que las capacidades nacionales han sido superadas.
3. Establezca un diálogo genuino con las familias, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos para generar estrategias y construcción de propuestas para atender la desaparición de personas en México.

La disputa por el diagnóstico sólo prolonga la impunidad y la agonía de las familias. El Estado debe entender que la opinión del CED no es un ataque, sino una oportunidad para detener una de las crisis humanitarias más dolorosas de nuestra historia reciente.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Data Cívica

Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)

Justicia Pro Persona

Programa de Derechos Humanos Ibero CDMX

Publicado originalmente en: https://fundar.org.mx/postura-ante-respuesta-mexico-ced/

Por Alejandra Cartagena, hija buscadora, defensora, coordinadora de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) México y responsable del Programa de Desaparición de Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Juárez, SJ,(CUDJ) del ITESO

La crisis de desaparición en este país tiene ya cuando menos un par de décadas, prevenirla y atenderla es un reto muy grande que no se alcanzará sin la participación efectiva de las familias de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil, academia, sector público y privado. Buscar a las y los nuestros no es solo un asunto de Estado, sino de humanidad. Aquí mi posicionamiento y reitero que siempre, siempre estoy dispuesta a trabajar porque mi interés a 48 años de la desaparición de mi Mamá es traerla a casa a que descanse y que podamos estar cuando menos una vez cerquita, cerquita. Y traer a mi abuelito David a descansar con sus hijxs que ya murieron. 

El anuncio realizado por la presidenta de México, Claudia Sheibaum en la mañanera sobre desaparición de personas debe analizarse con cautela, pues si bien, reconoce la necesidad de mejorar los registros y presenta ciertas cifras, también evidencia profundas inconsistencias que reflejan la falta de claridad del Estado frente a la magnitud real de la crisis.

En primer lugar, el énfasis en mejorar los registros es correcto en términos formales, pero resulta insuficiente si no se acompaña de un reconocimiento de que las cifras actuales carecen de solidez y no logran reflejar la realidad que se vive en el país. Las cifras anunciadas —según las cuales sólo existirían alrededor de 43 mil 128 mil personas desaparecidas con información suficiente para su búsqueda, mientras que otras 46 mil 742 no cuentan con datos para ser buscadas y un número similar se encuentra en una categoría ambigua de “medio localizadas”– no sólo son problemáticas, sino difícilmente sostenibles frente al contexto nacional. Basta observar el caso de Jalisco, donde se reportan aproximadamente 16 mil personas desaparecidas, para advertir que los números a nivel federal no corresponden con la dimensión de la crisis. Esta disparidad pone en evidencia que no estamos frente a un problema de conteo, sino ante una crisis de registro, clasificación y, sobre todo, de reconocimiento estatal.

La existencia de decenas de miles de personas sin datos suficientes para su búsqueda es, en sí misma, una expresión grave de negligencia institucional. No se trata únicamente de expedientes incompletos, sino de vidas que el Estado no ha documentado adecuadamente, lo que imposibilita activar mecanismos efectivos de localización. Por otro lado, la categoría de personas “medio localizadas” resulta sumamente preocupante, ya que introduce un término ambiguo que no tiene claridad jurídica ni operativa, y que puede prestarse a prácticas de simulación institucional, en las que se aparentan avances sin que exista una localización efectiva ni certeza sobre el paradero de las personas.

En segundo lugar, la cifra de 3 mil 869 carpetas de investigación es particularmente alarmante y constituye uno de los indicadores más claros de la crisis de impunidad que atraviesa el país. Esta cifra no refleja una baja incidencia del delito, sino una subjudicialización sistemática de la desaparición. Es decir, la mayoría de los casos no están siendo investigados formalmente, lo que implica que no se están generando condiciones para esclarecer los hechos, identificar responsables ni garantizar justicia. Esta situación confirma que las fiscalías continúan siendo uno de los principales obstáculos en el acceso a la justicia.

En la práctica, las familias enfrentan múltiples barreras para denunciar: negativas para recibir las denuncias, dilaciones injustificadas, exigencia de requisitos ilegales, clasificación errónea de los casos y ausencia de diligencias inmediatas de búsqueda. Estas prácticas no son aisladas, sino estructurales, y responden a una combinación de factores que incluyen falta de capacitación, sobrecarga institucional, ausencia de voluntad política y persistencia de estigmas hacia las víctimas. Como resultado, denunciar una desaparición en México sigue siendo un proceso complejo, revictimizante y, en muchos casos, riesgoso.

Aunado a ello, los desafíos que enfrentan las familias para denunciar no se limitan al ámbito institucional. Existen también barreras emocionales, económicas y de seguridad que dificultan el acceso a la justicia. Las familias suelen encontrarse en estados de crisis profunda al momento de la desaparición, enfrentan desconfianza hacia las autoridades, miedo a represalias y costos económicos significativos asociados a la búsqueda. En muchos casos, son las propias familias quienes terminan realizando labores que corresponden al Estado, desde la recolección de información hasta la búsqueda en campo.

En este contexto, el anuncio presidencial pone en evidencia una tensión central: mientras el discurso reconoce la necesidad de mejorar registros y presenta cifras, la realidad muestra un Estado que aún no logra dimensionar ni enfrentar la crisis de desaparición. La falta de claridad en los datos, la existencia de categorías ambiguas y la baja cantidad de carpetas de investigación reflejan no sólo fallas técnicas, sino una crisis estructural de respuesta institucional que no es actual , que lleva décadas.

Publicado originalmente en http://ZonaDocs

El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, expuso la importancia que tienen las pertenencias de las víctimas en los procesos de búsqueda e identificación. A menudo, denuncian las madres buscadoras, las prendas y objetos hallados son destruidos por las fiscalías al catalogarlos como tóxico-biológicos, sin considerar su relevancia en las investigaciones 

Por Isaac Vargas

Ilustración de portada e interiores: Sara Hernández Alcántar, Mickey, Adán Vega y Andrea Paredes.

Un par de semanas antes de que desapareciera, Salomé García le regaló unos zapatos a su hijo Juan Carlos Castro, quien estaba por iniciar un nuevo trabajo. La tarde del 29 de septiembre de 2016, cuando se dirigía a Acatlán de Juárez, se perdió su rastro; el celular mandaba directo al buzón. Inició entonces para Salomé un “peregrinar” que la llevó de las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde se encuentra la morgue metropolitana.

“Yo estaba ahí siempre, cada semana iba para ver qué noticias tenían. En el instituto me decían que no había ningún cuerpo con las características de mi hijo”, recuerda. Hasta que una tarde, a finales de enero de 2017, llamaron a su esposo para que acudiera al IJCF a dar una muestra de ADN. “En ese momento nos fuimos corriendo, mi corazón estaba muy agitado. Sentía como unos calambres que me recorrían la piel”, cuenta la mujer de 62 años. 

Anteriormente le habían mostrado la fotografía del cuerpo de un hombre; solo se veía de la cintura para abajo. Lo habían hallado en un lote baldío del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Cuando observó la imagen, la madre de Juan Carlos entró en shock: “Esos eran los zapatos de mi hijo, estaba segura, eran los que recién le compré. Comencé a gritar, a decir que era él”. Pero necesitaba certezas. Después de que le tomaron la muestra genética a su esposo, en el IJCF dijeron que requerían tiempo para la identificación. 

“Les hablé a las del colectivo Por Amor a Ellxs para contarles lo que había pasado. Metimos presión porque ellos ya tenían todas las muestras, solo debían hacer la confronta. Según ellos iban a tardar algunas semanas, ¿cómo si ya tenían todo?”.

Con el apoyo de un funcionario estatal —cuya identidad pide omitir—, el resultado estuvo listo en menos de 48 horas. “Uno tiene que ir con otras autoridades para que presionen a otras”, dice. Los resultados confirmaron que era el cuerpo de Juan Carlos. 

Salomé quería recuperar las pertenencias de su hijo, “porque son algo importante para mí, sobre todo los zapatos, quería tenerlos: guardarlos en la casa”. Cuando se lo planteó al ministerio público encargado del caso, le respondió que ya los habían desechado por higiene. Fue toda la explicación que obtuvo.

“Hablar de los objetos es un tema complicado, sobre todo en México”, considera Iván —nombre ficticio de un antropólogo forense centroamericano que pide no revelar su identidad porque colabora con gobiernos estatales—. “Mira, recuerda lo que pasó con el caso Jalisco, ahí tenemos un ejemplo que muestra en un nivel profundo lo complejo que es esto”, dice en referencia al hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, y a la transmisión que realizó el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo de 2025 tras entrar al lugar y encontrar cientos de prendas y numerosos fragmentos de restos óseos calcinados. 

En Jalisco, las prendas y los objetos no suelen ser tomados como evidencia importante en las indagaciones para la localización e identificación de personas desaparecidas —que en el estado suman más de 16,000—, debido tanto a la saturación de cadáveres en las instituciones forenses, como a las negligencias que se cometen en el sistema de procuración de justicia. 

El impacto de Teuchitlán

El rancho Izaguirre fue identificado como un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde los jóvenes, la mayoría atraídos con promesas falsas de trabajo, eran obligados a unirse a sus filas; quienes se negaban eran asesinados. 

Después de que las imágenes de la ropa y zapatos almacenados en el lugar dieran la vuelta al mundo y creciera la indignación en el país, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso. Al referirse a las prendas descubiertas, el exfiscal Alejandro Gertz señaló que en la FGE:

“nos las entregaron de una manera muy irregular. Ya las clasificamos, ya las tenemos todas perfectamente bien inventariadas y van a estar a disposición también” de las familias para su identificación. 

Los textos publicados en días pasados de la serie Las Prendas Hablan evidencian los obstáculos que, tanto la fiscalía estatal como la FGR, han puesto a las familias que han creído reconocer alguna pertenencia de sus seres queridos desaparecidos. Las autoridades han esgrimido diversos pretextos para impedirles la revisión de las piezas de ropa u objetos que han identificado entre los más de 1,800 indicios hallados en el rancho, que actualmente se encuentran en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México y en la FGE de Jalisco.

En abril de 2025 hablé con Axel Rivera, titular del IJCF desde febrero de ese año, quien defendió la labor realizada por la institución con los indicios encontrados en el rancho. “Mis peritos hicieron un buen trabajo, siguiendo siempre todos los protocolos. Tenemos más de 5,000 fotografías que ordenamos y entregamos . Ya estaban inventariadas”.

Aseguró que a todas las madres que acudieron al IJCF, tanto antes como después de que la noticia se convirtiera en un escándalo internacional, se les mostraron las fotografías. “Era imposible enseñar los objetos en físico porque ya estaban procesados en bolsas, catalogados”. 

Le pregunté si las prendas y objetos hallados junto a los cuerpos son realmente tomados en cuenta en los procesos de análisis post mortem realizados por la institución. “Todo lo que se encuentra en las fosas es recuperado y a todo se le debe tomar fotografía”, señaló. 

Nueve madres entrevistadas, que hacen tanto trabajo de búsqueda como rastreo de fosas clandestinas, me cuentan que, en la práctica, las evidencias no siempre son registradas, y la cadena de custodia—el proceso de control que garantiza la autenticidad de una prueba— suele tener deficiencias. 

Por ejemplo, señalan que no se toman fotografías de todos los hallazgos y que los cuerpos y los objetos encontrados en fosas son aventados al interior de las camionetas por los peritos “sin un mínimo de consideración”, subraya Salomé. 

“Si la cadena de custodia no es la adecuada con los restos humanos, menos con otras cosas o pertenencias de los nuestros”, sentencia Lorena Cárdenas, quien busca a su hija Brenda Ortega, desaparecida en Tlajomulco en 2018.

Rivera aseguró que, como titular del IJCF, apuesta por seguir los lineamientos de protocolos y normas como el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos: recabar evidencia, procesarla adecuadamente, y que los peritos forenses recuperen todos los datos posibles que puedan proporcionar las familias de las víctimas. Lo que, según el funcionario, debería estarse haciendo desde 2019, cuando la Cruz Roja Internacional firmó un convenio con la institución para darles capacitación y aplicar los protocolos internacionales en la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de cuerpos. 

Siete de las nueve madres buscadoras entrevistadas afirman que las prendas y los objetos son rápidamente desechados, casi en cuanto llegan a las instalaciones. Esto lo saben por la experiencia de otras compañeras de búsqueda, que han encontrado sin vida a sus hijos, y por testimonios de trabajadores de la fiscalía y del IJCF compartidos con ellas en administraciones pasadas. 

“Nosotras hemos visto cuando encontramos fosas cómo maltratan a los cuerpos y avientan los objetos, sin respeto y sin procesar. A una le queda la duda de qué pasa con todo eso”, dice Violeta Flores, madre de Jazmín Ojeda, desaparecida en Zapopan en 2020. 

Señala CNDH omisiones en el caso; FGR continúa peritaje

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer la recomendación 11/2026, en la que establece que, después del ingreso de la Guardia Nacional al rancho Izaguirre el 18 de septiembre de 2024, el personal de la FGE y del IJCF cometió en las semanas posteriores una serie de omisiones al no realizar el procesamiento técnico de todas las evidencias localizadas —que incluían lotes de restos óseos, prendas y objetos—, en particular su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado, lo que afectó la eficacia de la investigación.

El hecho de que tres de los siete vehículos asegurados en el rancho fueran robados el 25 de noviembre de 2024 significa para la CNDH que la FGE incumplió con su obligación de asegurar el inmueble, lo que fue advertido el 4 de febrero de 2025 por personal de la fiscalía —casi un mes antes del ingreso de Guerreros Buscadores de Jalisco—, sin que se tomaran medidas. 

La CNDH menciona también el recorrido por el rancho organizado por las fiscalías estatal y federal el 20 de marzo de 2025, “pese a que permanecía en proceso de intervención pericial”. El gran número de personas que asistieron —madres buscadoras, influencers y periodistas— derivó, según el organismo, en la alteración del lugar y de los indicios que pudieran encontrarse. Agrega que de las 1,842 evidencias halladas en el lugar, que pueden ser consultadas en la página del IJCF, tampoco se aseguró la cadena de custodia. 

Finalmente, el organismo solicita a los titulares de la FGE y del IJCF realizar, en un plazo de seis meses, “un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos” cometidas en el caso, así como elaborar o actualizar “un protocolo de actuación para la correcta preservación y aseguramiento de los lugares de intervención y sus hallazgos, el procesamiento técnico-científico de indicios, el adecuado manejo de la cadena de custodia y la generación de periciales confiables”. 

Para Guerreros Buscadores de Jalisco, la recomendación de la CNDH confirma las deficiencias en la investigación y en el procesamiento de las evidencias denunciadas por las familias, pero insiste en que no debe olvidarse que fueron retirados del lugar numerosos fragmentos óseos calcinados, “incluso en cubetas”, que confirmaron la existencia de crematorios en el lugar —algo que rechaza la FGR—. “Lo ocurrido en el rancho Izaguirre”, publican en su cuenta de X:

“no fue únicamente una serie de irregularidades administrativas en una investigación. Fue un lugar donde hubo muerte, donde hubo asesinatos, y donde se encontraron restos humanos calcinados. Esa realidad debe ser reconocida con toda claridad”.

Ayer, en un comunicado, la FGR informó que el análisis de los fragmentos de restos óseos hallados en el rancho permitió obtener únicamente el perfil genético de un hombre, pero hasta ahora, las confrontas con muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas no han permitido identificarlo. Informaron también que han detenido 47 personas por el caso, y que existen otras órdenes de aprehensión vigentes.

La FGR insistió en que su investigación ha confirmado que el rancho era un sitio de adiestramiento de víctimas de reclutamiento forzado, donde se realizaban “prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos”, y se les despojaba de la ropa para obligarlos a portar otra vestimenta. Las evidencias halladas están siendo procesadas en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense en la Ciudad de México, y en el sector Regional con sede en la FGE de Jalisco. “A la fecha, se cuenta con un avance general del 64.44 por ciento en el procesamiento integral del lugar de intervención”, precisa la institución.

El pretexto de las fiscalías

Rivera reconoció, en la entrevista realizada el pasado abril, que no hay suficiente espacio para almacenar la ropa y los objetos, y la instrucción de que sean desechados proviene directamente de la FGE, que tiene la facultad legal para el manejo y resguardo tanto de los cuerpos como de las evidencias encontradas en un sitio de inhumación clandestina. 

“De ahí la importancia de tomarles fotos y subirlas a nuestra plataforma , porque pronto pueden ser catalogados como tóxico-biológicos”.

De acuerdo con el funcionario, si un objeto o prenda es considerado tóxico-biológico, la FGE gira una orden para destruirlo. El ministerio público encargado del caso debe dictaminar lo que se resguarda o desecha, acorde con lo establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda y el artículo 128 de la Ley General en Materia de Desapariciones. 

Lo que se suele conservar es lo etiquetado como valioso: una computadora, un reloj de marca, un celular. “Eso se almacena en la fiscalía”, dijo Rivera. El resto de las pertenencias encontradas en fosas clandestinas, si no se consideran relevantes, son desechadas por cuestiones de higiene, o por representar fuentes de infección. 

Para Luis Fondebrider, miembro fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el argumento de la higiene es ambiguo. “En ese caso, los cuerpos también son tóxicos y representan una exposición para quien trabaja con ellos. Aquí se trata más bien de omisiones”. 

“Los objetos deben ser guardados para estudiar si son relevantes en un caso, para contribuir a una identificación, y si contribuyen, deben regresarse junto con el cuerpo a la familia. Es su derecho”, sostiene el antropólogo forense. 

“Shock emocional”

Los objetos son únicamente complementarios y deben formar parte de un todo, considera Iván, el antropólogo forense centroamericano, “pero no pueden ser las familias quienes marquen el ritmo del trabajo, no deberían serlo”. 

Para el titular del IJCF, después del caso de los “tráileres de la muerte” —cuando en 2018 dos de estos vehículos, cargados con 322 cadáveres, circularon por Guadalajara como morgues itinerantes—, se hizo sistemático que las familias tuvieran acceso a la galería de imágenes de los cuerpos sin vida, “casi que venían cada ocho días al instituto”. Hace unos años solo mostraban fotos de cuerpos cuyas características coincidían con los datos proporcionados por los parientes de las víctimas, y se omitían las imágenes de los objetos hallados. 

Aunque los catálogos con fotografías de cuerpos son para uso interno de los peritos en sus investigaciones, se muestran también a las familias que lo solicitan cuando acuden al instituto. En la información pública disponible, como la plataforma de Personas Fallecidas sin Identificar, alimentada por el Siaba, solo se incluyen descripciones, que incluyen la indumentaria.

Para los expertos, que se agreguen imágenes puede generar una esperanza en las personas que creen encontrar similitudes entre el cuerpo retratado y el de su ser querido desaparecido, sin que resulte cierta. Pero para Martha Morales, quien busca a su hijo Marco Fregoso, desaparecido en Mazamitla en 2015, que existan fotos junto con la descripción es importante, “ya que no todas las personas tenemos el presupuesto para andar viajando y revisando Semefos en el país para ver los rasgos físicos o la ropa”.

El caso de Salomé, cuando insistió en que los zapatos de la fotografía eran de su hijo Juan Carlos, es un ejemplo de la importancia que pueden adquirir los objetos, y de que se incluyan sus imágenes, junto con las del cuerpo, en la información pública. 

“Cada perito forense debe recabar los detalles del caso, hacer preguntas minuciosas a los familiares, recabar todo, incluso aquello que parece no ser relevante”, explica Iván.

“Y el perito tiene que hacer su labor investigativa, no las familias. Si llega un cuerpo con unos zapatos, el perito debe acudir a sus registros para ver si hay algún caso en el que zapatos son relevantes. Claro, todo depende del estado de la materia ósea. Eso puede plantear otro gran reto. Ya entonces se recaba toda la información post mortem y se hace el cruce con el grupo familiar, con los datos genéticos”. 

Tras lo ocurrido en Teuchitlán, tanto Tracy Rogers, investigadora forense de la Universidad de Toronto, como Iván subrayan la expectativa que generan los objetos hallados en las familias de personas desaparecidas, por lo que deben tratarse con sumo cuidado cuando se considera que podrían ser relevantes para un caso. 

“Como familiar, quieres encontrar cualquier indicio, y puedes llegar a confundir algo debido al shock emocional en el que estás”, puntualiza Rogers. Para ella, cuando alguien insiste en que un objeto pertenece a su ser querido, debe movilizarse todo el aparato forense para dar una respuesta en menos de dos semanas, como dictan lineamientos éticos de enfoque humanitario como los establecidos por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Los casos presentados en esta serie muestran que, a un año del hallazgo del rancho Izaguirre, las familias que han solicitado tener acceso a prendas u objetos que han creído reconocer, solo han recibido demoras o negativas de las autoridades.

Un aparato que en México es deficiente, reconoce Iván, como muestra el rezago forense, los más de 72,000 cuerpos sin identificar que se acumulaban en fosas comunes y morgues del país hasta 2023, y que en Jalisco sumaban más de 8,000. “Deja de momento la corrupción, o la infiltración del crimen en las instituciones. Sencillamente, no hay país en el mundo que esté preparado para enfrentar lo que hoy atraviesa México, en esas dimensiones. Ningún país tiene la capacidad”. 

El gran reto a nivel nacional, consideran Iván y Tracy Rogers, es adoptar el sistema masivo: recopilar la mayor cantidad de muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas en el país, enviarlas a los laboratorios, y tener sistemas de comparación científica cuyos resultados sean compartidos entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda. 

Para hacer frente a este reto en el estado, Rivera proyecta transformar la manera en que trabaja el Centro de Identificación Humana de Jalisco (CIHJ), enfocado hasta ahora en los casos de larga data —los restos no reclamados que, desde hace años, permanecen inhumados en panteones ministeriales—, y priorizar los cuerpos que llegan a la morgue provenientes de fosas clandestinas, los de personas sin identificar hallados en la vía pública y los de víctimas de accidentes, considerados “frescos” por los técnicos. 

Para algunas madres con casos de larga data, esta decisión les hace preguntarse qué área se enfocará en atender el rezago de cadáveres sin identificar que se remonta a los primeros años de la llamada “guerra contra las drogas”. “Tenemos que saber qué pasará, porque de lo contrario nos quedamos sin nada, como estábamos hace unos años”, dice Martha.

Optar por un enfoque centrado en la toma de muestras genéticas es cuestionado por Fondebrider, quien considera importante romper en México con la narrativa que ha puesto al ADN como la gran respuesta a la llamada crisis forense. Incluso, “es importante rastrear la cuestión de los contratos otorgados a laboratorios o determinados contratistas, ya que representa un importante negocio bajo el contexto que vive el país”.

Huellas materiales de vida

Un día de 2016, Valeria Castañeda terminaba de desayunar en su casa del municipio de Valle de Guadalupe, en Altos Sur, cuando Amalia, su vecina, llamó a la puerta para contarle que unos sujetos se habían llevado a su hijo Víctor Antonio Gómez, un joven de 24 años recién egresado de la carrera de administración de empresas. Todo ocurrió unas cuadras más arriba, cerca del mercado, mientras conducía su camioneta. Valeria salió corriendo rumbo al punto que Amalia le indicó. Al llegar, identificó el vehículo; las llaves seguían pegadas y la radio estaba encendida. 

“Y pensar que una hora antes habíamos platicado. Le di la bendición. Ese día traía puesta su playera favorita, la de su equipo de fútbol”. Valeria recuerda que quienes “se lo llevaron le quitaron la playera y los zapatos. También arrojaron la cartera al piso”. Ella volvió a ver esa playera meses después, envuelta en una bolsa de plástico transparente en las instalaciones de la FGE, luego de que los peritos la recogieran en la escena del delito.

“El MP (ministerio público) me dice que no puede regresarme nada porque la investigación sigue abierta, pero me pregunto si la playera les sirve de algo. Me gustaría tenerla conmigo. Me recuerda mucho a Diego. Aunque seguro ya la tiraron, eso hacen con todo. Me dijeron también que iban a mandar la playera al IJCF”. 

Para Rogers, es necesario entender “a los objetos como huellas materiales de las personas”. Huellas que son importantes no solo para los procesos de investigación, sino por el vínculo afectivo que representan para las familias en relación con su desaparecido. 

Luego de un taller sobre mapeo de zonas de riesgo con madres buscadoras de Jalisco, hablé con algunas sobre la importancia de las pertenencias de sus seres queridos. Tres aseguraron que, en sus casos, son piezas centrales de evidencia. Al preguntarles si tenían una fotografía de las prendas u objetos, coincidieron en que no tenían imágenes en casa o en sus celulares, pero me compartieron dibujos de un pantalón, una cartera y una pulsera. Representaciones de cómo recuerdan esas huellas materiales que almacenan fragmentos biográficos relacionados con sus hijas e hijos. Huellas que intentan hallar en la galería del instituto forense. 

“El día en que desaparecieron a mi hija, ella traía un pantalón con unos parches muy particulares, porque ella se los había puesto de uno por uno. Ese pantalón es muy importante para ella y para mí también. Siempre le digo a mi MP y los de forense que pongan atención en eso”, explica Fabiola Madrigal, madre de Carolina Flores, desaparecida en El Salto en octubre de 2020. 

Otra madre, que ha pedido omitir su identidad, cuenta que su hijo desaparecido en 2022, en el municipio de Casimiro Castillo, “siempre traía consigo una cartera con una estrella bordada en el centro. Sé que carteras hay muchas, pero supongo que no muchas con una estrella, con un diseño así. Cada que voy al forense les pregunto si llegó un cuerpo con una cartera como la que te digo. Creo que eso puede ayudar a dar más pistas, más posibilidades, aunque una ya no sabe”.

Estas mujeres consideran que las pertenencias de sus seres queridos, debido a su originalidad, pueden jugar un rol importante en las investigaciones. Aunque reconocen que el contexto es complicado, como señala Carmen Ortiz, madre de Sebastián López, desaparecido en Tlajomulco en 2022.

“Sabemos que los criminales luego les cambian la ropa, o la tiran, o la queman. Escuchamos muchas historias. Pero siempre tengo en cuenta la pulsera que le regalé a Sebas cuando cumplió dieciocho años. Me fijo a ver si en las fotos hay una pulsera como esa”. 

“Nos queda esperar”

Semanas después de nuestra primera conversación, hablo de nuevo con Valeria, la madre de Víctor Antonio. Me cuenta que encontró una caja con pertenencias de su hijo en la pequeña bodega de su casa. Fotografías de graduaciones, una gorra y más playeras de equipos de fútbol a los que perteneció. “Siento que todo esto de los objetos son pequeñas posibilidades que pueden en ocasiones ayudar. Servir para saber quién es la persona”.

En el lenguaje técnico de los expertos entrevistados, las prendas y objetos localizados en escenas del crimen, en fosas clandestinas o en un área aledaña, son indicios que no pueden ser rápidamente descartados. Por el contrario, deben atravesar un proceso de evaluación y análisis a cargo de los peritos y policías investigadores asignados al caso tanto en las fiscalías como en las instituciones forenses. 

Si un indicio es desechado por considerarse tóxico-biológico, debe haber una justificación, un oficio que lo compruebe. Las pertenencias pueden ser desestimadas cuando se cierra un caso, o después de que una víctima es identificada. En ese momento, deben ser regresadas a las familias. 

“Nos queda esperar a que las cosas cambien, es una de nuestras pocas esperanzas”, dice Valeria, quien ha mandado enmarcar una foto en la que Diego viste la misma playera que hallaron en el lugar donde lo desaparecieron.  

***
Este texto forma parte de la serie Las Prendas Hablan, un proyecto periodístico realizado por A dónde van los desaparecidos, ZonaDocs, Animal Político y Tejer.Red. 

Para México Evalúa la estrategia de seguridad actual del Gobierno podría emplear una métrica más precisa, como el indicador integrado de violencia letal, que de 2024 a 2025 se redujo en 8.6%.

• Entre 2015 y 2025, la violencia letal acumulada aumentó 68.2%; las desapariciones, 212.9%; y otros delitos contra la vida, 368%; lo que sugiere que el homicidio doloso no mide de forma precisa el problema de la violencia.
• Sonora se ubica como la séptima entidad más violenta del país, al medir la violencia letal.
• En 2025, Baja California (141.9), Sinaloa (131.1) y Morelos (117.4) registraron la tasa más alta de violencia letal por cada 100 mil habitantes.

Jesús Ibarra

HERMOSILLO.- Hay una´paradoja con los datos oficiales: ¿Cómo puede un país ser más violento si el homicidio baja? ¿Es Sonora hoy más pacífico si hay más personas desaparecidas?

La narrativa oficial del Gobierno Federal sostiene un éxito rotundo: una reducción del 40% en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. Sin embargo, desde la perspectiva técnica del think tank México Evalúa (ME), esta cifra aislada genera una ambivalencia. 

Al controvertir los datos surge una contradicción estructural: mientras el indicador estrella del Gobierno desciende, México cierra el 2025 siendo un país drásticamente más violento que hace una década.

La reducción reciente se coloca como la principal métrica de éxito gubernamental para proyectar una imagen de pacificación. No obstante, existen señales de alerta en estados como Sinaloa y Sonora que sugieren una reducción artificial de las cifras. 

La violencia no está desapareciendo; está mutando hacia categorías menos visibles como las desapariciones, lo que según ME exige una métrica integrada que capture la magnitud real de la crisis, como lo consigna en su estudio más reciente publicado el pasado lunes: “Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz”. 

Tal indicador propuesto es denominado “violencia letal”, propuesto por ME para ofrecer un diagnóstico preciso y reducir los sesgos de subregistro o manipulación. Se calcula mediante la sumatoria de: homicidios dolosos, más feminicidios, más personas desaparecidas y no localizadas, más  otros delitos que atentan contra la vida.

Esta métrica permitirá identificar que, aunque el indicador de violencia letal bajó un 8.6% en el último año, la trayectoria de largo plazo desmiente cualquier discurso de victoria definitiva sobre la criminalidad a nivel nacional y por regiones enteras.

Al respecto, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de ME, señaló: “Los datos muestran que México tiene realidades de violencia muy distintas según el territorio. Por ello son necesarios diagnósticos locales y por tipo de delito. Afinar la forma de medir la violencia es clave para diseñar políticas más efectivas.”

El análisis se realizó a partir de las bases de datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el Consejo Nacional de Población. 

Evolución de la violencia letal 2015–2025

Al analizar la última década, queda claro que los descensos actuales son ajustes marginales sobre una base de letalidad históricamente alta. Una segunda lectura sobre estos datos permite ver más un matiz más profundo: el riesgo de morir violentamente en México ha crecido de forma sostenida a pesar de los cambios de administración.

Resulta imperativo destacar el comportamiento de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, que registra un aumento outlier (anómalo) del 368.3%. 

En esta categoría se reportan acciones como «suicidios», pero sus trayectorias actuales muestran comportamientos sospechosos que sugieren una reclasificación intencionada para reducir artificialmente el homicidio doloso.

Esta distorsión se confirma al observar el homicidio culposo, por ejemplo  en estados como Quintana Roo la tasa de muertes «accidentales» (52.2 por cada 100 mil habitantes) es casi cuatro veces superior a la de homicidios dolosos (13.8). Estadísticamente, es imposible que en un territorio con disputas criminales activas los accidentes superen de tal forma a los asesinatos, lo que apunta a un uso sistémico de esta categoría para absorber violencia letal mal clasificada.

Estas anomalías estadísticas, sin embargo, se manifiestan con intensidades distintas según la geografía del país, de norte a sur.

Geografía de la letalidad

Los promedios nacionales son imprecisos para el diseño de políticas públicas porque ocultan crisis locales extremas. En 2025, la violencia letal se concentra claramente en regiones donde el control criminal es absoluto:

• Estados con mayor violencia letal (Tasa por cada 100k hab.): Baja California (141.9), Sinaloa (131.1) y Morelos (117.4).
• Estados con menor violencia letal: Yucatán (10.5), Tlaxcala (13.3) y Coahuila (14.2).

Bajo los estándares de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, un territorio entra en niveles de «violencia epidémica» cuando supera las 11 víctimas por cada 100,000 habitantes. En estados como Quintana Roo y Sonora, la situación municipal es alarmante:

• Isla Mujeres, Q. Roo (204.3): El epicentro de la letalidad integrada en el país, mostrando una crisis que la narrativa turística no logra ocultar.
• Cajeme, Sonora (170.4): Un territorio donde la violencia estructural del crimen organizado ha normalizado niveles epidémicos extremos.
• Mazatlán, Sinaloa (140.5): Reflejo de la intensa disputa territorial entre facciones del Cártel de Sinaloa que se traduce en víctimas visibles e invisibles.

Mientras estas zonas sufren una violencia abierta, el resto del país experimenta un desplazamiento hacia la categoría más crítica de la letalidad: las desapariciones, donde localidades como Caborca y Nogales figuran entre los municipios más críticos en desapariciones, ocupando el segundo y cuarto lugar nacional, respectivamente, entre zonas metropolitanas centrales, que clasifica ME en estudio.

El Auge de las desapariciones

La violencia criminal no está desapareciendo; se está transformando para volverse menos costosa políticamente para los gobiernos, como establece en su estudio ME. 

Sinaloa y Sonora ocupan los dos primeros lugares a nivel nacional en la tasa de personas desaparecidas y no localizadas por cada 100 mil habitantes:

• Sinaloa (1er lugar): Registra una tasa de 29.9, lo que representa un incremento del 150% respecto al año 2015.
• Sonora (2do lugar): Presenta una tasa de 26.3, con un aumento del 168% frente a 2015.

ME señala que en estos estados la desaparición no es un evento aislado, sino un mecanismo funcional del crimen organizado para ocultar asesinatos y distorsionar los registros oficiales de homicidio letal.

El uso de la desaparición como mecanismo de ocultamiento ha permitido que las cifras de homicidios bajen mientras el control territorial del crimen organizado se intensifica. El fenómeno alcanzó su máximo histórico en 2024 con 12,942 registros, y se ha triplicado (+212.9%) en la última década.

Existen tres razones por las que el auge de las desapariciones invalida la narrativa oficial de pacificación:

1. Mecanismo de ocultamiento ministerial: Si no hay cuerpo, no hay registro de homicidio. Esto genera un incentivo perverso para que las autoridades y criminales prefieran la desaparición sobre el asesinato.
2. Control territorial mediante la incertidumbre: La desaparición no es ausencia de violencia; es una forma sofisticada de control que utiliza el terror y la «cifra negra» para someter a comunidades enteras.
3. Invalidación de métricas de éxito: Una reducción en homicidios que ocurre en paralelo a un aumento en desapariciones no es paz, es simplemente una reubicación estadística de la muerte hacia lo invisible.

En su estudio ME señala que para transitar de este espejismo hacia una paz sostenible, México requiere soluciones que ataquen las fallas estructurales de sus instituciones.

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¿Hacia una pacificación real?

La evidencia estadística oficial procesada por ME demuestra que este problema no puede medirse solo con el dato duro del homicidio para los medios de comunicación, vertido cada martes en la conferencia matutina de Presidencia. 

Lo que existe es una impunidad que asfixia al país en un 93.6%, las propuestas deben ser integrales y basadas en evidencia técnica.

Tres bases para una estrategia

1. Política criminal de estado: Es fundamental establecer mesas permanentes de colaboración entre el gobierno, la academia y la sociedad civil. Se requiere articular a policías y fiscalías para romper el ciclo de impunidad y asegurar que el sistema de justicia deje de ser un embudo que favorece al criminal.
2. Prevención basada en evidencia: Las intervenciones deben dejar de ser generales. Se necesitan evaluaciones independientes y diagnósticos locales para realizar intervenciones focalizadas en territorios vulnerables, atacando los factores de riesgo psicosociales y comunitarios que alimentan la violencia.
3. Dignificación y profesionalización policial: El fortalecimiento debe iniciar en lo local. Es urgente dotar a las policías municipales de capacidades operativas y esquemas de carrera policial que eliminen su precariedad laboral, convirtiéndolas en el primer dique de contención efectivo contra la violencia.

Mariana Campos, directora general de ME, agregó  que en esta estrategia propuesta resultará muy importante intensificar el trabajo conjunto del Gobierno con la sociedad civil: “La seguridad pública es un ámbito en el que la colaboración entre Gobierno, academia, sociedad civil y sector privado puede contribuir a mejorar diagnósticos, fortalecer políticas y generar soluciones más sostenibles.”

México Evalúa concluye en su estudio que la imagen de éxito proyectada por el Gobierno Federal es, en gran medida, un espejismo estadístico. La reducción de homicidios, empañada por el aumento de desapariciones y reclasificaciones sospechosas, exige que la ciudadanía y los tomadores de decisiones cuestionen los datos oficiales. 

Epicentros violentos en Sonora

En el estado de Sonora, se han identificado varios municipios que operan como focos rojos o nodos de violencia extrema, destacando Cajeme y Caborca por sus altos niveles de letalidad y desapariciones.

A continuación se detallan los municipios sonorenses más críticos según los indicadores de 2025, tomando en cuenta el indicador propuesta de violencia letal.

Cajeme se consolida como uno de los municipios más peligrosos de México, apareciendo en los primeros lugares de múltiples categorías: violencia letal agregada: Es el segundo municipio más violento del país con una tasa de 170.4 eventos por cada 100 mil habitantes.

En Homicidio doloso se situa en el segundo lugar nacional con una tasa de 81.0. Las fuentes usadas por ME en su estudio lo señalan como un caso de deterioro con aceleración reciente, registrando un aumento del 13% frente a 2024.

En el apartado de otros delitos contra la vida se ubica en el cuarto lugar nacional con una tasa de 55.8, mostrando un incremento del 63% respecto al año anterior.

Foco en desapariciones 

El municipio de Caborca destaca por una dinámica de violencia que combina asesinatos con un alto índice de personas no localizadas, en este último indicador es el segundo municipio más crítico a nivel nacional en, con una tasa de 45.7 por cada 100 mil habitantes.

En la métrica de violencia letal, ME lo coloca en el lugar 18 del ranking nacional de municipios metropolitanos con mayor violencia letal (tasa de 116.4), lo que representa un aumento del 170% en comparación con las cifras de 2015.

Varios municipios de Sonora figuran en el «Top 20» nacional de personas desaparecidas y no localizadas, lo que sugiere que este fenómeno está extendido en corredores urbanos del estado.

Nogales, un importante corredor migratorio hacia Estados Unidos, ocupa el cuarto lugar nacional con una tasa de 33.9 por cada 100 mil habitantes.

Guaymas, un punto crítico para la labor que realizan diversos colectivos de mamás buscadoras, se ubica en la posición 16 con una tasa de 25.5.

Hermosillo, la capital del estado y principal centro poblacional, aparece en el lugar 18 con una tasa de 23.8 casos.

En resumen, la violencia en Sonora está fuertemente territorializada en estos municipios, los cuales forman parte de corredores de disputas del crimen organizado transnacional donde la violencia no es coyuntural, sino una dinámica estructural.

Sonora, con mayor violencia letal

La tasa de violencia letal para Sonora en 2025 es de 95.7 por cada 100 mil habitantes.

Esta métrica, propuesta por ME para ofrecer un diagnóstico más preciso, integra cinco categorías delictivas. En el caso específico de Sonora, la tasa de 95.7 se desglosa de la siguiente manera:

• Homicidio doloso: 36.2.
• Personas desaparecidas y no localizadas: 26.3 (el estado ocupa el segundo lugar nacional en esta categoría).
• Otros delitos contra la vida: 25.4.
• Homicidio culposo: 7.0.
• Feminicidio: 0.8.
• Ranking Nacional: Sonora se ubica como la séptima entidad más violenta del país bajo este indicador integrado.
• Deterioro en la Década: Al comparar esta cifra con la de hace diez años, Sonora ha registrado un incremento del 92% en su tasa de violencia letal respecto a 2015.

Para descargar el estudio completo, el webinar y la presentación, pueden dar click en este enlace: https://mexicoevalua.org/propuestas-para-la-paz-analisis-de-los-datos-de-violencia-en-mexico/

Análisis de documentos y producción de video con NotebookLM

Foto de portada: Carlos Villalba | El Sol de Hermosillo.
Publicado originalmente en https://jesusibarrablog.wordpress.com/

En la obra del artista y diseñador guanajuatense Gastón Ortiz, cuarenta y ocho rostros difuminados, en representación de más de ciento treinta mil personas desaparecidas en México, cuelgan de hilos inciertos, escurridizos, y cuestionan al visitante proyectando un fajo de miradas ausentes. En Guanajuato son casi cinco mil quinientas las personas que nos faltan a la fecha. De vez en cuando, en alguna carretera o terminal de camión, o bien, en redes sociales, reaparecen al transeúnte, al automovilista y al navegante digital dentro de fichas y alertas de búsqueda, frías, como fotografías encapsuladas en un marco, serializadas, y ya, por terrible frecuencia de las propias ausencias en el estado, pasan casi desapercibidas, entre espectaculares y señales.

Los dos polípticos que componen la obra de Ortiz, expuestos en la Ibero león el año pasado, se fragmentan en docenas de piezas y se presentan como un tendedero, las hojas oscilantes de un árbol suspendido, indiferente al tiempo y cargado de expectación para el reencuentro. Me parece una metaforización gráfica de la ruptura, el quiebre social y comunitario de la desaparición, el proyecto de vida trunco de quienes fueron desaparecidos y desaparecidas, y la idea de que también el entramado de relaciones familiares y de todo tipo se van destruyendo en el entorno y en el interior de quienes se quedan y buscan.

Hay ecos aquí del doble espejo de la desaparición, concepto trabajado por la antropóloga e historiadora colombiana María Victoria Uribe, es también la suspensión del tiempo y del espacio, su bifurcación, más bien, en dos caminos distanciados y dolientes: el de quien busca, el de quien se encuentra desaparecido. Pero la fragmentación es también la que, en muchas ocasiones, las propias autoridades responsables de la investigación y la búsqueda generan en las personas sobrevivientes de la violencia y en los expedientes y diligencias que malamente integran.

El conjunto de estos retratos de Ortiz, emanados de las huellas que rememora el autor a partir de fichas y publicaciones de personas desaparecidas, resuena y aparece como un “árbol de la memoria”. Este es un dispositivo de esperanza que los colectivos de búsqueda han incorporado a su repertorio de lucha y que suelen instalar en las plazas públicas de las ciudades para visibilizar la ausencia de sus seres queridos, a la vez que reafirman que allí están, aunque otros quisieron borrarlos. Así como los bordados, fruto de muchas manos que, como fueran una sola, tejen la memoria y los nombres de sus seres queridos en urdidumbres resistentes que se vuelven escudos contra la indiferencia y estandartes para las marchas y la exposición de vidas ausentes, pero hechas presentes en el espacio público.

Las alertas de búsqueda, consecutivas y estandarizadas, difundidas por las autoridades, allí se convierten, a contracorriente, en imágenes subjetivas y humanizadas, en artefactos memoriosos y vivenciales, como listones y placas, epígrafes y mensajes, cartas y recuerdos, sonrisas y presencias impresas en fotografías. La gente, transeúnte permanente del espacio urbano, las nota o trata de evitarlas, cultiva su empatía o aprende a reprimirla, pero difícilmente las puede ignorar.

También Guanajuato, en donde se formaron en 6 años cerca de veinte y siete colectivos de buscadoras y buscadores, sobre todo a partir del 2019, ha entrado en el doloroso mapa nacional de la violencia, por lo que urgencia e importancia se unen en la emergencia de iniciativas de activismo, arte, memoria, denuncia, investigación, organización y solidaridad para visibilizar el fenómeno y las reivindicaciones, así como los centenares de fosas clandestinas y las atrocidades en la región y el país.

La huella que deja la composición de Gastón Ortiz se substancia en la visión de alteridades desdibujadas que se resisten a ser canceladas, que interpelan a la sociedad entera, porque de todos y de todas son las personas que fueron desaparecidas y que las autoridades, muchas veces omisas o cómplices, deben de buscar por ley, pero sobre todo por mandato ético y político.

La incertidumbre y el sufrimiento emanan de las múltiples facetas de la desaparición, retratada en rostros inciertos que nos invitan al silencio y a la reflexión acerca del anonimato al que son condenadas miles de personas que son buscadas y que, bajo las lógicas institucionales y estatales, son reducidas a cifras, posts y estadísticas que desdibujan su historia de vida e identidad. Cierto periodismo sensacionalista y efectista igualmente las diluye en el magma de indiferencia y normalización de la violencia que vivimos. Como cifras, o como notas rojas que asimila todo delito y todo agravio al mal llamado “narco”.

En el medio de diatribas políticas y narrativas tóxicas sobre las y los desaparecidos, las cifras, la terminología técnica y la política pública, finalmente se quedan miles de familias, las víctimas indirectas y las potenciales, la opinión pública adormecida o confundida, y la indolencia-impotencia estatal, fáctica, en campo,ante una situación ya estructural y cotidiana que ni podemos llamar simplemente “crisis”, como si fuera algo excepcional y coyuntural.

La rostridad precaria de los paneles montados en una exposición nos remonta a la precariedad de las vidas, consideradas sacrificables, y al estado liminal, entre vida y muerte, entre búsqueda y hallazgo, en que se encuentran decenas de miles de personas en nuestros presentes, mexicano y guanajuatense, marcados por un panorama forense desolador y una historia irresuelta de violencias secuenciales y abrumadoras.

Según el diccionario, el rostro es la cara, la parte anterior de la cabeza, y también es el semblante, es decir, la representación de algún estado de ánimo en el rostro mismo. La incerteza y la inmediatez de la imagen que vemos y recordamos se transfigura en la dimensión emocional que imprime memorias discordantes en nuestra experiencia frente a la producción artística. Lo incierto es lo que no es seguro, lo dudoso, lo desconocido, lo confuso, lo falso, inclusive.

El público de la exposición observa rostros individuales que concretan la semblanza de la rostridad, la característica o capacidad de hacerse rostro, definitivamente humana, a través de las emociones.

La comunicóloga y socióloga Rossana Reguillo, retomando a Deleuze y Guattari en Mil mesetas (1980), ha explicitado la función política del rostro y del acto de deshacerlo, que puede significar negación y aniquilamiento de la identidad-alteridad. Esto es la interrupción del proyecto vital y las relaciones sociales de quienes fueron desparecidos y de sus comunidades, afectadas en círculos concéntricos y expansivos. A partir del “acontecimiento Ayotzinapa”, Reguillo interpretó la escena del rostro desollado del normalista Julio César Mondragón, encontrado sin vida en Iguala después de la desaparición masiva y masacre en contra de estudiantes y pobladores, en el contexto de un crimen de Estado todavía impune:

es importante entender que en el caso de Ayotzinapa se desencadenan mecanismos de rostridad muy fuertes […] Rostros en escenas. Ayotzinapa ha sido demoledor porque sus imágenes no pueden ser reducidas. La rostridad de Julio César y los 43 normalistas constituye un dolor irreductible. Como quería Susan Sontag, “debemos permitir que las imágenes atroces nos persigan”, no cerrar los ojos, ni los afectos ni la conciencia ante lo que Ayotzinapa nos dice de nosotros mismos.

Por otro lado, el rostro como cara y como semblanza, con sus rasgos y tonos, con sus expresiones faciales y comunicadoras, también se produce y reproduce, retorna como gramática y referencia simbólica. Así es como elabora nuevos entramados y sentidos, tanto gracias al arte como por la acción de reaparición visual que las familias en búsqueda exteriorizan, pública y políticamente, cuando bordan, pintan, llevan, imprimen, pegan y diseñan las caras de sus seres queridos, semblanzas del dolor y la esperanza a la vez.

Nos avisa la antropóloga india Veena Das en su libro “Sujetos del dolor, agentes de dignidad” (2008) que la cancelación de la subjetividad humana, como la que sucede en la desaparición y es combatida por el arte y la acción de las víctimas, supone que existen personas que no serían “dignas de ser tratadas como un otro que tuviera un rostro”. Justamente en el rostro reside el corazón de la subjetividad.

Los rostros inciertos de Gastón Ortiz nos recuerdan que demasiadas veces la opacidad estatal, el baile de las cifras oficiales, la superficialidad mediática y la actuación criminal se entremezclan peligrosamente para producir invisibilidad y confusión, para desaparecer dos, tres e infinitas veces a las personas ausentes, así que sus líneas y contornos indefinidos son un llamado de la estética y la imagen para abrir caminos de afrontamiento, transformación y diálogo colectivos.

Fotos : Cortesía Universidad Iberoamericana campus León
Publicado originalmente en http://Istmo Press

Adrián Montiel González. Foto: Especial. 

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) identificó la implicación del Estado en cinco casos de desaparición en Jalisco. De las 51 acciones urgentes emitidas en México, todas exigen buscar, localizar y proteger a las víctimas, así como investigar los hechos. En todos los casos, las personas fueron sustraídas por individuos identificados como agentes o que vestían uniformes militares o policiales.

El integrante del Colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, informó que en el colectivo hay dos casos de acción urgente. Uno es el de su hijo, Héctor Daniel Flores Fernández, y el de Carlos Maximiliano Romero Meza, hijo de la presidenta del colectivo, Liliana Meza.

En ambos casos, agentes de la Fiscalía del Estado los sustrajeron de sus hogares.

La desaparición forzada en México en el contexto internacional

México ocupa el primer lugar de casos acumulados con 779, cifra que supera la de Irak que contabiliza 663 casos. En el período del último informe, marzo-septiembre 2025, México concentró el 35 por ciento de las nuevas acciones urgentes con 51 casos nuevos. Esto lo coloca a la par de Irak como el país con más nuevas desapariciones reportadas.

“Hablando con personal de la ONU sobre las medidas de acción urgente, nos dijeron que México tiene más que Irak. Nosotros tenemos más que ellos y eso que están en guerra, en un conflicto activo, con miles de problemas”, dijo Héctor Flores.

Después de Irak están países como Colombia con 244 y Cuba con 200 medidas de acción urgente.

México y el perfil desaparecidos

La concentración de casos de desaparición forzada está en Baja California con 29 casos que representan el 58 por ciento especialmente en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Mexicali. En Jalisco se reportaron cinco nuevos casos o el diez por ciento. Y para el estado de Guanajuato con cuatro casos que representan el 8 por ciento.

Además, se emitieron medidas para tres casos de Michoacán, dos en Zacatecas y dos para la Ciudad de México. Y una persona desaparecida en los estados de Tamaulipas, Colima, Guerrero, Veracruz y Sinaloa, respectivamente.

Los perfiles de las personas desaparecidas son 39 hombres (78 por ciento) y 11 mujeres (22 por ciento), una de ellas embarazada. Del total, diez por ciento son menores de edad; una con discapacidad y un defensor de derechos humanos.

Jalisco

En el informe del CED se subraya un caso para Jalisco. Con cinco casos nuevos, uno de estos es Tecolotlán donde hay órdenes de aprehensión, que no han sido ejecutadas, contra siete policías.

“Se argumenta que las personas fueron privadas de libertad por individuos identificados como agentes estatales, así como por hombres armados, en un contexto en el que el Comité ha recibido denuncias repetidas sobre complicidad entre agentes estatales y actores criminales”

La participación de las instituciones de seguridad es cada vez más frecuente y las autoridades, como la Secretaría de Gobernación, no atienden el tema.

“Hace caso omiso y para las familias es muy difícil darle continuidad a las medidas de acción urgente. Me parece muy bueno que haya una postura, pero que sea más dura para exigir resultados al Estado mexicano”, dijo Héctor Flores.

El integrante del colectivo denunció la colusión de las instituciones de seguridad con el crimen organizado. Su participación es como brazo armado, en áreas especializadas para la información o en la privación ilegal de personas.

“Probablemente son las mismas personas que participaron en las desapariciones. Por eso las cosas no avanzan. Sólo recordemos que el ex gobernador Enrique Alfaro denunció la infiltración del crimen organizado en la Fiscalía. Hasta la fecha no ha habido limpia. Con el cambio de gobierno, básicamente son los mismos”.

El informe del CED resaltó la participación de las víctimas y el acceso a la información. En el caso de Baja California, los familiares y representantes de las personas desaparecidas tienen limitaciones para acceder a los expedientes de los casos.

“Incluyendo páginas faltantes y registros desorganizados, y reportaron dificultades para contactar a los agentes del Ministerio Público y asesores de víctimas responsables de su caso”, se lee en el informe.

Denuncian carencias para la búsqueda

El pasado martes 14 de octubre, en Plaza de Armas de Guadalajara, el Comité de Solidaridad con Palestina Guadalajara se solidarizó con los colectivos de familiares de personas desaparecidas con denuncias públicas contra el genocidio de Gaza.

Al tomar la voz, Héctor Flores alertó sobre la crisis forense y de desapariciones que vive el estado de Jalisco. Denunció la falta de voluntad institucional para atender el problema.

“Desgraciadamente tenemos crisis forense y hacen falta presupuesto justo. Un Sistema Estatal de Búsqueda que funcione. Asesoría especializada y personal suficiente para atender las más de 15 mil personas desaparecidas”, expresó Héctor Flores.

De acuerdo con el buscador, sólo existen nueve asesores jurídicos para acompañar los procesos de búsqueda e identificación donde deben laborar al menos 50 elementos en campo.

“Hace algunos meses, durante el año pasado, hubo contratación, pero sólo para engordar la burocracia de la Comisión de Búsqueda no para la reforzar con elementos activos en campo”, detalló.

Héctor Flores informó que los colectivos propusieron una iniciativa de ley para que la Comisión de Búsqueda tenga la facultad de ingresar a casas abandonadas o lotes baldíos sin necesidad de un largo proceso judicial.

“Y podamos desahogar los procesos legales para solicitar un cateo son muy lentos y desgastantes para las familias. Eso complica las acciones de búsqueda y la certeza jurídica de lo que pueda resultar de un hallazgo”, concluyó.

*Esta nota fue publicada originalmente en PERIMETRAL. Aquí puedes ver la publicación original.

Es falso que fiscalías no reporten homicidios: CSh

Inmediatamente desvió el tema enviando una respuesta a quienes dicen que las fiscalías estatales no están reportando todos los homicidios en sus entidades.

“Esta idea de que no están reportando los homicidios es falsa.
“Por supuesto que todos los delitos tienen que contabilizarse y tiene que haber las investigaciones correspondientes, pero es falso esto de que no se reportan los homicidios”.

La presidenta destacó que los datos expuestos por ella y en el informe de Seguridad que se da cada quince días en la conferencia matutina son reportados por las fiscalías estatales y que más o menos coinciden con los que hace el Inegi cada año.

“Esto viene del reporte de las fiscalías estatales y después el Inegi hace su propia revisión a partir de las actas de defunción, eso es como un año después. Y en general, más o menos coincide”, externó Sheinbaum Pardo con lo que dio fin a la llamada “Mañanera”.

Justo a once años de Ayotzinapa

Esta información se trata justo este viernes 26 de septiembre, día en que se cumplen once años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, cuyo caso sigue en la impunidad.
El gobierno federal espera protestas para hoy, por lo que Palacio Nacional ya se encuentra amurallado con láminas de acero y centenares de policías.

A pregunta expresa sobre los once años de este caso, la presidenta reiteró que tiene un compromiso de llegar a la verdad de la desaparición de los normalistas.

En el marco de los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas, hoy un Tribunal Federal otorga una suspensión a José Luis Abarca para frenar la condena de 92 años de cárcel por secuestro.

—¿Qué piensa usted de esto? Y también, un mensaje por los 11 años, hoy.
“Verdad y justicia. Ese es nuestro compromiso… Estamos trabajando en ello. Hay un nuevo fiscal especial; tenemos reuniones con los familiares, con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa; y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia, y encontrar a los jóvenes”, externó.

Pero dijo no estar de acuerdo con las acciones violentas que se han llevado a cabo en el reclamo de justicia y consideró que sólo son provocaciones para que haya represión del Estado.

“No estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo. Parecen más una provocación. Entonces no vamos a caer en la provocación, evidentemente de que se busca que haya represión; no va a haber represión. Pero no estamos de acuerdo con acciones violentas, como la que ocurrió ayer en el Campo Militar Número 1”.
Sobre el tema del exalcalde Abarca sólo respondió que: “Vamos a revisarlo, hoy mismo lo revisamos”.

En una publicación en sus redes sociales, los colectivos Madres Buscadoras de Sonora difunden sobre el hallazgo del cuerpo del periodista, identificado a través de su credencial del INE, junto con las fichas de identificación de por lo menos otras 75 personas fallecidas más que están sin reclamar en el SEMEFO de Culiacán.

Camacho Rodríguez, originario de Hermosillo, trabajó en varios medios de comunicación, como El Imparcial, El Regional de Sonora, Tribuna del Yaqui y Extra de la Tarde. La mayor parte de su desempecho en el oficio la desarrollo en Cajeme.

De su desaparición en el 2020 corren varias versiones de colegas y allegados. Una es que se habia ido a Hermosillo, a vivir con unos familiares, pues “padecía una enfermedad progresiva” y no tenía familiares en Ciudad Obregón. Otra es que su salud estaba mérmándose y que “estaba mal económicamente, y se había quedado sin trabajo, Comentó que iría a Culiacán a buscar a unos familiares”.

La familia no sabía nada de él desde el 2020, hasta el 19 de febrero que se realizó la publicación de las Madres Buscadoras. Hoy por la mañana, Jesús Armando Camacho García hizo público que los familiares se están organizando para solicitar el cuerpo. Agradeció al colectivo de Madres y al gremio periodístico que desde ayer se solidarizó con ellos.

El documento de ingreso de sus restos al SEMEFO no tiene detalles que indiquen una posible causa de muerte, aunque sí registra su fecha de ingreso, el 28 de octubre de 2021. De manera extraoficial, se dice que los encontraron debajo de un puente y puede asumirse que llevaba algún tiempo de haber fallecido.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió la noche del 19 un comunicado, en el que dice que se están coordinando con las autoridades de Sinaloa para que el cuerpo sea entregado a sus familiares. Dice textualmente que el periodista “no contaba con denuncia de desaparición en Sonora ni en Sinaloa”.

Redacción: Libera Radio.

Imágenes: Madres Buscadoras de Sonora.

En los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron, en promedio, 40 desapariciones cada día, lo que significa un aumento del 60% en comparación con el sexenio de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, cuando el promedio diario fue de 25 víctimas.

Del 1 de octubre de 2024, cuando Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México, al 8 de enero de este año, desaparecieron 4,010 personas en el país, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). 

En la administración de AMLO se reportaron, en promedio, 1.07 desapariciones por hora, mientras que en el arranque del gobierno de Sheinbaum la cifra aumentó a 1.6 por hora. Según el RNPDNO, hay 121,000 personas desaparecidas en el país.

Las cifras evidencian que el año pasado hubo un repunte del delito. De 2019 a 2022, la cantidad de víctimas se mantuvo entre 8,000 y 8,600. En 2023 aumentaron a 10,283, y 2024 cerró como el año con mayor número de desapariciones, al registrar 13,627. Esto equivale a un incremento del 32%. 

El alza en las desapariciones durante los tres primeros meses del sexenio contrasta con la disminución de homicidios dolosos que dio a conocer el Gobierno federal. Según las cifras presentadas el 9 de enero en Palacio Nacional, los asesinatos disminuyeron 16%. 

En el reporte de seguridad brindado en la conferencia matutina que encabezó Sheinbaum, se proporcionaron también cifras de otros delitos de alto impacto, como los feminicidios, las extorsiones y los distintos tipos de robo, pero no sobre la desaparición de personas. 

Aumentan víctimas en Sinaloa

En el inicio del sexenio, las desapariciones se concentraron en tres entidades: Estado de México (729), Ciudad de México (629) y Sinaloa (343), que en conjunto sumaron el 42% de las víctimas del periodo. 

Destaca el caso de Sinaloa, que desde hace cuatro meses es el escenario de un conflicto entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, tras la detención en Estados Unidos, el pasado julio, de Ismael “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. En ese estado, el 91.5% de las víctimas de desaparición en el arranque de este gobierno han sido hombres, cuando el promedio nacional fue del 68.5%. Solo 29 de las 343 víctimas son mujeres.

Reynalda Pulido, fundadora del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, quien busca a su hijo Javier Ernesto Vélez, desaparecido en Culiacán en 2020, consideró que existe una gran cifra negra de desapariciones que no se denuncian por desconfianza en las autoridades. 

“Yo tengo más de 15 casos que no tienen denuncia”, aseguró en entrevista telefónica. “Nada más ayer [8 de enero], yo publiqué más de siete fichas [de personas desaparecidas]; de esas siete, se localizaron dos con vida y uno sin vida. Ninguno de los tres tenía denuncia”.

Narró que, debido a la violencia, llevan dos meses sin salir a campo para realizar búsquedas. “Nos ha pasado que estamos buscando y tenemos que irnos porque hay balaceras por todos lados”. 

La madre buscadora dijo que el Gobierno federal los ha dejado “solos” en la búsqueda de personas y que, a pesar del despliegue de fuerzas armadas en Sinaloa, no percibe una mayor seguridad. 

“Aquí, en Sinaloa, las cosas cada vez están peor, cada vez hay más desaparecidos. Nadie te puede decir mejor lo que está pasando que los ciudadanos, los que están viviendo esta situación. Hay crisis forense en Semefo [Servicio Médico Forense], hay crisis de desapariciones, todos los días se encuentran personas [sin vida]. A veces te pones a pensar que te adaptas a esto y ya”. 

En los primeros 100 días del sexenio, según el RNPDNO, desaparecieron 1,259 mujeres. Puebla es la tercera entidad con más mujeres desaparecidas (149), solo por debajo del Edomex (278) y la Ciudad de México (252). 

Las mujeres de 10 a 19 años registran el mayor número de desapariciones (559), incluso superan a los hombres de ese rango de edad (442). Mientras que, entre los varones, la mayor cantidad de víctimas tienen de 25 a 34 años (739), muy por encima del número de mujeres de esas edades (215). 

Fuera de agenda

Con la administración federal concentrada en reforzar la protección de mexicanos en Estados Unidos, ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, y en combatir el tráfico de fentanilo, la crisis de desapariciones no figura en la agenda del sexenio. 

Sheinbaum se ha limitado en estos 100 días a reunirse con los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. Tras el encuentro, sostenido el 4 de diciembre, la mandataria dijo que un equipo de trabajo está revisando la investigación para determinar nuevos lugares de búsqueda, obtener más detenciones y lograr que se haga justicia. 

Cuando ha abordado el tema de las desapariciones en sus conferencias matutinas, ha sido a pregunta expresa de algún periodista. Aún no ha informado en qué consistirá el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ni el “seguimiento” a la metodología de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, anunciados en octubre. 

Para Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de la organización civil Fundar, el inicio de la administración de Sheinbaum permite vislumbrar tres retos en materia de desaparición de personas. 

“El primero es que el problema se mantiene estable, sigue habiendo un importante número de personas desaparecidas, que es una cifra escandalosa. Es decir, que todas las acciones a las que le ha apostado, en términos de seguridad, la administración de Claudia Sheinbaum, no están teniendo un efecto disuasorio en cuanto a este problema”, señaló. 

“Segundo, el problema está invisibilizado por completo. Si uno revisa los principales instrumentos que hasta el momento conocemos de la agenda programática de Claudia para su sexenio, el tema de la desaparición no está presente”.

Como tercer punto, planteó que hasta el momento no hay un programa de acción para atender las desapariciones. “Se está siguiendo una lógica totalmente inercial respecto a como terminó la administración de López Obrador, sobre todo apostándole al tema de la llamada estrategia de búsqueda generalizada”.

Cifras alarmantes

Jérémy Renaux, coordinador regional del programa para personas desaparecidas en México y Centroamérica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), calificó las cifras como alarmantes.

“Los casos de personas desaparecidas se mantienen con altos índices y, de hecho, es uno de los principales desafíos del Gobierno federal, la violencia generalizada en el país y las consecuencias humanitarias derivadas de esta situación y, en particular, la desaparición de personas”, afirmó en entrevista. 

“El Gobierno federal debería hacer público y explícito su compromiso en mantener estos esfuerzos, no solamente para que las familias de personas desaparecidas se sintieran reconocidas en su dolor, sino porque este reconocimiento público y tácito también puede trascender en diferentes instancias del gobierno, en los propios funcionarios públicos, y también en las entidades federativas donde vemos que hay mayores retos”. 

Renaux subrayó que el Gobierno federal no es el único responsable de atender las desapariciones, sino que es clave la participación de los tres niveles de gobierno, con la Federación ejerciendo un rol de liderazgo. Agregó que el CICR ha brindado acompañamiento a la CNB en la revisión del Protocolo Homologado de Búsqueda, sin dar más detalles.

Frente al aumento de casos, las familias de los desaparecidos siguen alzando la voz y buscando a sus seres queridos. En Chetumal, el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo pasó el año nuevo en un campamento frente al Palacio de Gobierno, en demanda de que las autoridades realicen pruebas genéticas a más de mil cuerpos que permanecen en el Semefo. El sexenio de López Obrador terminó con más de 72,100 cuerpos sin identificar.

En Chiapas, en las últimas semanas han sido hallados los cuerpos de 32 personas en 26 fosas clandestinas, en los municipios de La Concordia, Suchiate, Palenque y Emiliano Zapata. El más reciente hallazgo, de tres víctimas en el ejido San Isidro, se dio el 8 de enero, gracias a la labor del colectivo Madres en Resistencia. 

*Foto de portada: El colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco colocó en el Árbol de la Esperanza del zócalo de Chilpancingo, el 3 de diciembre, cerca de 200 fotografías de personas desaparecidas. (Óscar Guerrero/Cromática/ObturadorMX)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos