EN PORTADA: CIUDAD DE MÉXICO, 25NOVIEMBRE2023.- Cientos de mujeres encabezadas por madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio o violencia de género marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Organizaciones civiles alertan sobre los riesgos de la nueva Ley General contra el Feminicidio y el Programa Integral 2026-2030. A través del análisis «¿Prevenir o sancionar?», México Unido Contra la Delincuencia, Balance A. C. y Equis Justicia para las Mujeres advierten que ambas políticas apuestan por un enfoque punitivo y carecen de presupuesto. Señalan que esto podría invisibilizar identidades, revictimizar a las sobrevivientes y criminalizar la legítima defensa ante la falta de perspectiva de género en las fiscalías

Texto: Andrea Amaya

Foto: Galo Cañas / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.— Organizaciones de la sociedad civil han emitido una postura crítica frente a la estrategia del Gobierno Federal para combatir la violencia de género en el país. A través del análisis “¿Prevenir o sancionar?”, las colectivas México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Balance A. C. y Equis Justicia para las Mujeres advierten que la nueva iniciativa de Ley General contra el Feminicidio —presentada este 2026— apuesta por un enfoque punitivo y carece de presupuesto, lo que, a su consideración, amenaza con revictimizar y criminalizar a las mujeres en lugar de garantizarles acceso a la justicia.

El análisis evalúa dos piezas clave de la política pública de la actual administración: la Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030 (PIPASEVM). Si bien las organizaciones reconocen que ambos instrumentos colocan la emergencia feminicida en la agenda pública, sostienen que, sin un fortalecimiento institucional real, las propuestas resultarán insuficientes.

Entre la exclusión y la falta de presupuesto

En entrevista para Pie de Página, Ximena Cruz Domínguez, analista jurídica de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), expone las deficiencias normativas y operativas que, desde la perspectiva de las organizaciones, hacen de este proyecto una propuesta riesgosa. La especialista puntualiza que las propuestas contienen fallas de origen que comprometen la seguridad jurídica de las mujeres. Sobre esto, advierte que la iniciativa presenta algunos problemas normativos que, en la práctica, podrían resultar en la revictimización de las víctimas de feminicidio o incluso en su criminalización.

El primer eje de esta preocupación se centra en la definición legal de «mujer» basada en la autoadscripción identitaria. La analista señala que una redacción ambigua en este rubro genera vacíos legales que pueden ser utilizados para restringir derechos humanos en el futuro, especialmente ante cambios en la administración pública. Cruz Domínguez manifiesta que este criterio abre la puerta a que posteriormente, en el caso de que haya una alternancia de gobierno, se pueda reformar esa definición para adquirir un carácter más conservador, biologista, estricto e incluso muchísimo más discriminatorio. Ante esto, la omisión del término transfeminicidio dentro del proyecto de ley representa un sesgo de exclusión para las identidades de género no normativas, pues asegura que, al no nombrar de manera explícita estas realidades, el Estado invisibiliza la vulnerabilidad de este sector.

El segundo problema normativo se ubica en la aplicación de la legítima defensa para las mujeres sobrevivientes de feminicidio. A pesar de que la ley enuncia la presunción de esta figura, la práctica procesal actual en los ministerios públicos contradice la intención del legislador. Cruz explica que la autoridad suele clasificar de manera incorrecta las conductas de defensa como delitos de lesiones o de homicidio en grado de tentativa, señalando que “en la práctica muy rara vez se presume desde un inicio” .

Esta falta de criterio con perspectiva de género provoca que las sobrevivientes deban asumir la carga de la prueba durante el proceso penal para demostrar que defendían su vida. Las consecuencias de esta deficiencia institucional son el encarcelamiento preventivo y la criminalización de la víctima. La abogada detalla que, ante la falta de una perspectiva inicial, «se traslada la obligación a la víctima de probar que estaba efectivamente ejerciendo su legítima defensa; muchas veces se les reconoce esa calidad hasta la sentencia de amparo».

En tercer lugar, las organizaciones identifican lo que denominan «punición identitaria» en el artículo 18 de la iniciativa, el cual establece agravantes punitivas basadas en las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, tales como pertenecer a una comunidad indígena, ser migrante o encontrarse en situación de calle. La abogada sostiene que aumentar las penas bajo este criterio sanciona la identidad de la víctima y no el nexo causal del delito, lo cual resulta problemático cuando ambas partes comparten el mismo entorno de marginación. La abogada ejemplifica que la reforma obligaría a juzgar «en razón de su pertenencia étnica o de su condición de vulnerabilidad, con independencia de si dicho factor fue determinante o no en los hechos».

Asimismo, el análisis advierte sobre la inviabilidad operativa de la ley debido a la ausencia de suficiencia presupuestal. La iniciativa mandata a las fiscalías locales la realización de peritajes especializados de alta complejidad sin dotarlas de recursos económicos adicionales, ignorando la saturación de los servicios forenses del país. Además, la norma carece de mecanismos para asegurar que las autoridades ministeriales cumplan con estas obligaciones.

Ante esto, Ximena Cruz concluye: «a pesar de que establece actos de investigación obligatorios que deberían llevar a cabo, no contempla ningún tipo de sanción en caso de que no los ejecuten».

El Programa Integral: discurso preventivo con metas al 2045

Respecto al Programa Integral coordinado por la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), el análisis de las organizaciones destaca un avance en su propuesta para revisar el problema desde su origen, buscando que las dependencias trabajen en equipo. Al respecto, Cruz Domínguez señala que el documento admite que los espacios públicos se han vuelto inseguros, pero que solo se queda en el discurso: “En cuanto al programa para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, la lectura que tenemos es que es un plan pensado para atender y prevenir la violencia de género, pero desde un enfoque más discursivo. Una de las cosas que más me llamó la atención del programa es que reconoce que existe un gran problema de discurso machista y misógino en espacios comunitarios o públicos (como escuelas o centros laborales) y que la violencia de género en contra de las mujeres está aumentando en esos espacios”.

No obstante, la analista detalla que el problema principal de esta propuesta son los plazos de tiempo tan largos que fijaron para dar resultados, pues varias de las tareas para capacitar al personal de justicia y abrir oficinas especiales se pensaron para un futuro muy lejano:

“El programa plantea cuatro grandes objetivos: atender la violencia en espacios públicos, garantizar el acceso a servicios de atención, fortalecer los mecanismos de protección y fortalecer la coordinación interinstitucional. El gran problema de este programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es que establece objetivos que son a muy largo plazo. Hay metas que no están pensadas para dentro de dos o tres años, sino hasta el 2045. Entonces, esos objetivos terminan quedando a la voluntad política del siguiente gobierno que entre en función”.

La experta disiente sobre que la meta principal del gobierno sea únicamente aumentar el número de personas encarceladas. Las organizaciones recuerdan que esta forma de trabajar se enfoca en castigar el delito cuando la agresión ya ocurrió, en lugar de medir si se están salvando vidas:

«El endurecimiento de penas y de sanciones penales no es la mejor manera de atender la crisis de violencia de género y feminicidio, porque el sistema penal es el último eslabón en toda la cadena de violencia. Para llegar a una sentencia por feminicidio antes tienen que pasar muchísimas cosas, y es en ese proceso anterior en el que realmente deberíamos estar enfocando nuestros esfuerzos”, advierte Ximena Cruz.

El Registro de Orfandad: un reto de seguridad de datos

Ambas propuestas coinciden en la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio. Cruz Domínguez informó que la idea es juntar datos personales confidenciales de los menores de edad para tener estadísticas claras y brindarles apoyo. Sin embargo, expone que los documentos actuales no definen la forma en que van a colaborar las distintas oficinas de gobierno: «Ni en la iniciativa ni en el programa de prevención queda claro cómo funcionará operativamente el registro, ni cómo se llevará a cabo la coordinación institucional que se requiere entre instituciones como el DIF, la FGR o las autoridades estatales”.

Además, asegura que existe un riesgo importante de que esta información digital sea robada, ya que no se asignó dinero para proteger los sistemas de cómputo: «a pesar de que manejará información altamente sensible de grupos vulnerables, no se especifica cómo se protegerá, sabiendo que una filtración o hackeo pondría en riesgo a los menores de edad».

El llamado de las organizaciones

Ante la incertidumbre de si la propuesta sigue en revisión en el Senado, la analista expone que para las organizaciones era de suma importancia publicar esta evaluación a tiempo para revisar las intenciones reales del Gobierno Federal y proponer cambios antes de que se apruebe de forma definitiva.

La petición que las expertas hacen al Congreso de la Unión y al Ejecutivo es dejar de pensar únicamente en aumentar los castigos y armar reuniones de trabajo con distintos especialistas. Para evitar que las nuevas reglas afecten el acceso real a la justicia, Cruz Domínguez concluye que una solución sería realizar un diagnóstico completo de la situación de violencia de género en contra de las mujeres, basado en datos actuales y reales. Asimismo, la especialista insiste en que, para que las leyes funcionen en la vida diaria, es obligatorio escuchar a los familiares de víctimas de feminicidio y a personas expertas en la materia para entender qué propuestas sirven y cuáles no dentro de los ministerios públicos y juzgados del país.

Publicado originalmente en Pie de Página. Aquí puedes consultar su publicación.

Por casi un mes, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han mantenido tomadas las instalaciones del campus central Chamilpa, así como diversas facultades, como protesta por la desaparición y feminicidio de dos estudiantes de esta universidad. En este tiempo han sido blanco de acoso y hostigamiento, mientras tanto, el gobierno del estado y las autoridades universitarias tratan de dar solución a la crisis a través de implementar más vigilancia, a costa de la autonomía universitaria.

Kimberly Ramos, estudiante de la Facultad de Contaduría de la UAEM, desapareció dentro del campus Chamilpa el 20 de febrero pasado. Las movilizaciones para exigir su aparición con vida iniciaron unos días después, como respuesta a la falta de respuesta de las autoridades estatales y universitarias. Las últimas, de acuerdo a declaraciones de la madre de Kimberly en redes sociales, se negaron en un inicio a proporcionar el registro de las cámaras de seguridad del día que la estudiante de 18 años desapareció. 

El 2 de marzo Kimberly fue localizada sin vida en un predio cercano al campus principal de la universidad. El mismo día, fue reportada como desaparecida a Karol Toledo, estudiante de Derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, sede regional de la UAEM en el sur de Morelos. Ese mismo día inició el paro en la UAEM con la toma del edificio de rectoría, a la cual fueron incorporándose otras facultades tanto del campus central como externas a él. Unos días más tarde, el 5 de marzo, Karol Toledo fue encontrada sin vida en Coatetelco. 

Aunque estos dos casos encendieron de nuevo las alarmas en la universidad, la indignación de las y los estudiantes surge de ya varios años de omisiones de las autoridades ante la violencia hacia las mujeres en las instalaciones de la universidad y sus alrededores. Menos de un año atrás, en abril de 2025, fue asesinada Aylín Rodríguez, estudiante de psicología. A este caso se suma el secuestro y feminicidio de María Fernanda Toledo, estudiante de medicina, en diciembre de 2018 y el feminicidio de Mariana Leticia Valladares, estudiante de diseño, en mayo de 2019.

A los feminicidios se agregan una serie de denuncias de acoso y violencia sexual en contra de las estudiantes que por años han sido ignoradas o atendidas de forma deficiente por las autoridades. De esta manera, la huelga estudiantil actual en la UAEM es una respuesta a años de violencia contra las mujeres en la universidad y la violencia institucional que han tenido como respuesta. Es por esto que la demanda fundamental del movimiento ha sido el derecho a la vida y a la seguridad de las estudiantes:

“Estamos protestando por el primer derecho que es el derecho a la vida, a acceder a una educación en la que tengamos la seguridad de que vamos a regresar a nuestras casas y nuestra integridad se va a preservar”, declaran integrantes de la Resistencia Estudiantil de la Facultad de Medicina, en entrevista con Avispa Midia*.

Además de un pliego petitorio conjunto, cada facultad ha trabajado, a través de asambleas, un documento similar con demandas específicas en torno a seguridad, respeto a la autonomía universitaria, transparencia en el uso de los recursos y la conformación de instancias estudiantiles de vigilancia sobre el actuar del personal de seguridad de la universidad. 

Por otro lado, el movimiento estudiantil que sostiene el paro hasta el día de hoy, declaró desde los primeros días de la toma, su desconocimiento hacia las instancias de representación de estudiantes oficiales, la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y los Consejos Estudiantiles de la Sociedad de Alumnos (CESA), a quienes acusan de intentar romper las tomas, y de suplantar la voz de las y los estudiantes.

Hostigamiento al movimiento estudiantil

De acuerdo a sus declaraciones, en el tiempo que han sostenido la toma de las facultades, las y los estudiantes han sido blanco de distintas formas de acoso y hostigamiento por parte de actores internos y externos a la universidad, desde asedio y amenazas en redes sociales, hasta vigilancia y acoso policiaco. 

“Durante la primera toma que realizamos se vivieron muchas situaciones de miedo. Constantemente éramos vigilados por drones, desde autos trataban de grabarnos dentro de la toma, también había mucha vigilancia de patrullas. Una de las situaciones más difícil de sostener la toma ha sido eso, el constante acoso, tanto de estudiantes vinculados con FEUM y los CESA, como de personas externas, de cuerpos policiacos, y la Guardia Nacional”, afirman.

En este sentido, las y los estudiantes en paro también denunciaron que el 8 de marzo ingresó al campus Chamilpa una camioneta de la Guardia Nacional y otro vehículo del ejército, quienes no se identificaron y dijeron haberse extraviado en la zona boscosa aledaña a la universidad. Sin embargo, los estudiantes presentes declararon que estos vehículos llevaban equipo antimotines y denunciaron esta acción de las fuerzas de seguridad pública como un acto de intimidación. 

El mismo día sucedió un incidente similar en la Facultad de Nutrición, en la zona de Belenes: “Primero, alrededor de las 8, 9 de la noche, comenzaron varios drones a sobrevolar la facultad, y aproximadamente a las 10, 11 de la noche, llegaron Guardia Nacional y patrullas y empezaron a golpear el portón, incluso los compañeros que se encontraban adentro se asustaron mucho porque en la puerta los policías cortaron cartucho dos veces”, comentó un participante de la resistencia estudiantil en entrevista con Avispa Midia.

En la Facultad de Medicina (FACMED) específicamente, el 12 de marzo, las y los estudiantes que mantenían tomado en protesta el edificio desde unos días atrás, fueron desalojadas por un grupo de presuntos estudiantes e integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, incluyendo a la presidenta de este organismo, Adriana Guadarrama. Aunque la toma continuó unos días después, la Resistencia Estudiantil de la FACMED ha denunciado los constantes intentos de las autoridades universitarias por confrontar a los estudiantes y romper la protesta.

Tras estos incidentes, y el acoso constante del que han sido blanco, las y los integrantes de la resistencia estudiantil han incorporado como una de sus demandas que las autoridades garanticen por escrito que no se tomarán represalias académicas ni judiciales en su contra.

Apoyo de la comunidad y organizaciones

En el casi un mes de movilizaciones y paro, el movimiento estudiantil en la UAEM ha contado con el apoyo de personas de la comunidad cercana a la universidad y padres de familia de la misma. De esta manera, han podido sostener la toma de instalaciones a través del acopio de alimentos y víveres. 

Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil han mostrado públicamente su apoyo al movimiento estudiantil a través de comunicados y llamados a acciones solidarias. Algunas de estas organizaciones son la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, Consejo de Pueblos del Estado de Morelos Altepetlalli Tlauica, A.C, y el Grupo Territorio Género y Extractivismo.

Plan Integral de Seguridad Universitaria

El 9 de marzo el gobierno del estado de Morelos presentó un programa, presuntamente trabajado en conjunto con representantes de la FEUM, con una serie de propuestas para abordar la crisis de seguridad denunciada por el movimiento estudiantil, expuesta por los tres feminicidios en menos de un año que han ocurrido dentro de las instalaciones de la UAEM o en zonas aledañas.

El plan propone abordar el problema a través de dos enfoques. En primer lugar, la mejora en infraestructura, que incluye la creación de arcos de seguridad en puntos específicos del campus central de Chamilpa y la instalación de luminarias y cámaras de seguridad conectadas al sistema de seguridad de la ciudad, C5. El segundo enfoque propone la creación de actividades de prevención sobre la violencia de género, así como mejorar la oferta cultural para las y los estudiantes universitarios.

A través de un comunicado, las facultades agrupadas en la Resistencia Estudiantil UAEM declararon su rechazo a este proyecto del gobierno estatal y expusieron sus razones, entre ellas, consideran que el plan carece de legitimidad por haber sido creado con el aval de representaciones estudiantiles ya desconocidas por el movimiento de resistencia. De igual manera, consideran que el plan compromete la autonomía universitaria, además de calificarlo como “ineficiente, superficial y ajeno a la realidad estudiantil”.

Por su parte, integrantes de la Resistencia Estudiantil de la Facultad de Medicina, declararon, en entrevista con Avispa Mídia, que el denominado Plan Integral de Seguridad Universitaria se centra sólo en la creación de infraestructura en el campus central, olvidando una vez más a otras sedes del Estado donde también las y los estudiantes enfrentan condiciones de inseguridad.

“Se enfrascan en Chamilpa, pero hay otros campus en otras regiones de Morelos que están totalmente desprotegidos, como en Jonacatepec, o Mazatepec, donde fue el caso de Karol. Estos campus están en medio de la nada, la única vía de acceso son carreteras, no hay servicios de transporte suficientes. Los estudiantes tienen que bajar caminando, y de verdad no hay nada alrededor, cualquier cosa que pase ahí, nadie se entera, no hay iluminación, las condiciones son deplorables”, afirman.

Además de que el gobierno está atendiendo hasta ahora demandas de infraestructura que el movimiento estudiantil ha demandado por años, integrantes de la resistencia estudiantil también afirman que el Plan Integral no atiende la complejidad de la violencia hacia las mujeres en la UAEM:

“No nada más es cámaras y paraderos. Es la punta del iceberg, todo lo que hay atrás, acoso de maestros, toda esta parte de la que no nos dan una solución clara. No son situaciones aisladas, son todas esas situaciones que se han suscitado y que por esa omisión han ido escalando”, declararon a Avispa Mídia.

A pesar del rechazo de la Resistencia Estudiantil, la gobernadora de Morelos y las autoridades de la UAEM firmaron el pasado 23 de marzo un convenio de colaboración para llevar a cabo el plan de seguridad propuesto por el ejecutivo estatal. 

^{*La identidad de los entrevistados permanece en anonimato por cuestiones de seguridad}

Publicado originalmente en http://Avispa

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria estuvo acompañada por Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (aunque el texto cita a la FGR), e Ingrid Gómez, titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), quienes detallaron los alcances del proyecto que será enviado hoy mismo al Congreso de la Unión.

Sanciones más severas y protección a la infancia

El proyecto de ley establece un piso mínimo y máximo de prisión más riguroso, además de medidas civiles inmediatas para salvaguardar el bienestar de los hijos de las víctimas. Entre las sanciones principales destacan:

• Prisión preventiva y condenas altas: Penas que van de los 40 a los 70 años de cárcel para quien cometa el delito de feminicidio.
• Pérdida de derechos parentales: El agresor perderá de manera automática y total la patria potestad o cualquier derecho de tutela sobre los hijos que compartiera con la víctima.

El objetivo no es solo castigar al agresor, sino garantizar justicia integral y protección para las víctimas indirectas, evitando que los menores queden bajo el resguardo de la familia del feminicida.

Homologación nacional de investigaciones

Actualmente, las investigaciones por feminicidio en México varían según el código penal de cada estado, lo que genera brechas de impunidad y disparidades en la justicia.

Esta iniciativa busca establecer un marco jurídico nacional unificado. Con ello, todas las fiscalías del país estarán obligadas a seguir los mismos protocolos de género y científicos para acreditar el delito, facilitando la cooperación entre estados y agilizando el acceso a la justicia.

Información en desarrollo: La iniciativa será turnada este martes a las comisiones del Poder Legislativo para su discusión, análisis y eventual aprobación.

La guía fue elaborada a partir del análisis de 12 casos de feminicidio ocurridos entre 2019 y 2024, y ofrece información clara sobre el funcionamiento de los procesos jurídicos, así como los mecanismos y recursos disponibles para las víctimas colaterales durante las investigaciones.

María de la Luz Estrada, integrante del OCNF, explicó que el documento busca dotar de herramientas técnicas a defensoras y organizaciones para que puedan identificar irregularidades, proponer líneas de investigación y lograr que los avances en los casos no sean excepciones, sino una constante.

Además, el material está pensado para familias que inician procesos legales tras un feminicidio, así como para futuras defensoras de derechos humanos, con el fin de evitar que cada caso comience desde cero y romper tanto el cerco de impunidad como el elitismo que persiste en la defensa de derechos humanos, señaló Miriam Pascual, integrante de Yureni A.C.

Las organizaciones destacaron que la guía también debe funcionar como una hoja de ruta para las autoridades encargadas de impartir justicia. Lorena Gutiérrez, madre de una víctima de feminicidio, subrayó la importancia de que los servidores públicos conozcan y utilicen el documento para garantizar el acceso pleno a la justicia.

Durante la presentación, Guadalupe Reyes, madre de Wendy, una adolescente de 16 años víctima de feminicidio en el Estado de México en 2021, compartió su experiencia enfrentando un sistema de justicia desconocido y complejo, y resaltó la necesidad de herramientas que orienten a las familias en su camino por la verdad y la justicia.

#Boletín

-El sujeto fue capturado en un operativo de respuesta tras el homicidio de un agente municipal el 18 de noviembre, por el cual ya fue vinculado, así como por otros delitos de homicidio y desaparición.

Hermosillo, Sonora, 30 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo la vinculación a proceso de Juan Antonio “N”, de 28 años, alias “El Piña”, por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, cometidos en Hermosillo y los jueces de las respectivas causas penales ratificaron la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el imputado.

El sujeto fue vinculado a proceso por dos distintos eventos violentos contra mujeres: el primer hecho se le imputa por feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de Cindy Yamileth “N”, de 18 años.

La agresión ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas del 6 de octubre de 2025, cuando “El Piña”, acompañado de otro sujeto, llegó al domicilio de la víctima en la colonia Los Olivos y le disparó con un arma de fuego; la víctima, quien ya había sido amenazada de muerte, resultó con lesiones que sí pusieron en peligro su vida y que le produjeron la pérdida o disminución de órganos, miembros o facultades.

La segunda vinculación corresponde a los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, en perjuicio de Gilda “N” (59 años) y Luz Elena “N” (38 años); los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del 21 de octubre de 2025 en la colonia La Cholla, cuando el imputado y un cómplice se introdujeron al domicilio de las víctimas, ahí “El Piña” disparó a Luz Elena “N” en el abdomen, ocasionándole lesiones que pusieron en peligro su vida.

Fue en ese momento que la víctima Gilda “N”, madre de la primera afectada, la cubrió con su cuerpo para evitar que el agresor consumara su acción, recibiendo ella misma los disparos que le causaron la muerte; ambas mujeres se encontraban en estado de indefensión, ya que Luz Elena “N” se hallaba convaleciente de una agresión armada distinta ocurrida un mes antes.

Es importante destacar que Juan Antonio “N”, alias “El Piña”, ya había sido vinculado a proceso con anterioridad por la FGJES por dos causas penales adicionales: la primera por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en perjuicio de Miguel Ángel “N”; y la segunda por desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte en número de dos, en perjuicio de Carlos Abraham “N” y Juan de Dios Francisco “N”.

Además, cabe señalar que el imputado fue detenido inicialmente el 18 de noviembre en un operativo relacionado con el homicidio de un agente de Tránsito, Rafael “N”, por el cual ya fue vinculado a proceso también, y continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todas las causas penales que se le acumulan.

Juchitán, Oax.- Entre flores, globos blancos, música y decenas de personas así como consignas de “Justicia y Paz para Juchitán”, la niña Noelia de 4 años de edad, víctima de feminicidio fue sepultada en el panteón Domingo de Ramos”, de esta ciudad zapoteca.

El feminicidio de Noelia ocurrió tras ser desaparecida cuando acompañaba a su madre, quien también fue asesinada junto con otra mujer y un hombre la noche del pasado lunes.

Quienes acompañaron el cortejo fúnebre de la menor, recalcaron qué a las niñas y niños no se les asesina y exigieron un alto a la violencia que lleva meses en este territorio.

El feminicidio de Noelia ha causado consternación y enojo entre la comunidad juchiteca, donde las autoridades federales por segunda ocasión implementan la Operación Sable, con el objetivo de regresar a la paz y seguridad a las 120 mil habitantes de este pueblo sureño.

Por el feminicidio de Noelia, a quien a través de las redes sociales es recordada con sus fotografías por salir a marchar el pasado 8 de marzo, exigiendo un alto a la violencia, hay tres personas detenidas.

***Con arte recuerdan y exigen justicia para Noelia”

El nombre de Noelia quedará impregnado como un mural en la pared de la Casa de la Cultura de Juchitán, en donde artistas plásticos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con sede en esta ciudad le rindieron un homenaje.

Las letras de su nombre están acompañadas de fotografías y colorido artístico como una señal de justicia y un alto a la violencia.

El coordinador de está facultad, Israel Regalado dijo que este mural es para visibilizar las violencias, pero también recordar el amor a las niñeces, y que todo lo que les ocurra duele mucho.

Quienes participaron en el mural recalcaron que es momento de poner un alto a la violencia, pues este territorio debería estar en paz.

Publicado originalmente en http://Istmo Press

¡Exigimos que actúen con la urgencia que exige una masacre de esta magnitud!

Sonora cuenta con una declaratoria de Alerta de violencia de Género para seis municipios, entre ellos el de Hermosillo. Sin embargo, este mecanismo no ha sido atendido con la seriedad y el compromiso que requiere. Ni el gobierno estatal, ni el federal, ni el municipal han actuado con responsabilidad. Han pasado más de cuatro años sin que se emita un solo dictamen que evalúe las fallas estructurales en seguridad y justicia para prevenir la violencia feminicida.

Hace unos días, el Estado mexicano compareció ante el Comité de expertas de la CEDAW, y lastimosamente no pudo responder cómo garantizará que los mecanismos de protección de las mujeres y niñas sean efectivos.

¡Basta de simulación! La barbarie se ha instalado en Sonora y ustedes siguen mirando hacia otro lado.

La violencia contra las mujeres y niñas se ha normalizado. Los asesinatos se multiplican sin consecuencias. Las desapariciones aumentan sin que haya búsqueda inmediata ni justicia. Los datos oficiales lo confirman: entre enero y mayo de 2025, se han registrado 40 asesinatos de mujeres en Sonora; sólo 4 se investigan como feminicidios, mientras que 36 han sido clasificados como homicidios dolosos.

Además, persisten graves omisiones en la tipificación e investigación con perspectiva de género.

Las desapariciones, las muertes violentas y los feminicidios no sólo no disminuyen: van en aumento. Lo más alarmante es la crueldad y la espectacularidad con la que se cometen, como si la impunidad fuera una garantía.

Ya no nos basta con escuchar que “se investigará” o que “se buscará castigar a los responsables”. Hoy el reclamo es directo: tomen con seriedad su papel como autoridades. No es solo responsable quien disparó, quien raptó o quien ejecutó.

También lo son quienes no previnieron, quienes no advirtieron a las comunidades sobre el riesgo, quienes no fortalecieron los mecanismos de protección y permitieron que la violencia feminicida avanzara sin freno.

No intenten engañarnos. No son solo las familias ni los grupos criminales. También son ustedes quienes lo permitieron.
Queremos justicia, pero también exigimos garantías de no repetición. Las tres pequeñas lo merecen. Su madre lo merece. Las cuatro mujeres embarazadas asesinadas recientemente en Sonora lo merecen. Lo merecemos todas.

Gobernador, Presidente Municipal:

● Dejen de repartir culpas y asuman su responsabilidad.

● Den la cara ante las víctimas y sus familias.

● Fortalezcan la Alerta de Violencia de Género con acciones concretas y que se evalúen los resultados.

● Activen protocolos reales de prevención, protección y justicia con perspectiva de género.

● Rindan cuentas públicamente sobre qué están haciendo para frenar esta masacre.

Por un país y un estado sin violencia contra las mujeres y las niñas.

OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO

Firmas personales:
Ma. de la Luz Estrada Mendoza, Ana Yeli Pérez Garrido, Gabriela Rivera Diaz, Mariana Avila Montejano, Graciela Machica Martinez, Maria Belem Salas Salazar, Laura Gutierrez L.Metzeri Ixchel Avila San Martin, Alma celia San Martin, Alejandra
Cartagena Lopez, Liliana Lomeli, yesica Sanchez Maya, Ana Gabriela Candela Garzon, Martha Guadalupe Figueroa Mier, Maricruz Ericka Espinoza Vazquez , Irma Alma Ochoa Trevino, Reyna Estela Reyes Melo, Adelaida Salas Salazar, Verónica Gutiérrez, Cristina García Moreno, Esperanza Donjuan Espinoza, Zulema Bujanda, Delia María Piña, Guadalupe Sánchez, Silvia Isabel Núñez Esquer.

Firmas de organizaciones, colectivas y redes:

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), integrado por: Aguascalientes: Observatorio de Violencia Social y de Género Aguascalientes; Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gouges;. Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género; Chiapas: Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Juárez; . Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; .CDMX: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Justicia Pro Persona; Cátedra Unesco de la UNAM; Estado de México: Familiares en Búsqueda de Justicia; Hidalgo; Servicios de Inclusión Integral AC SEIINAC; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Guerrero: Observatorio de VIolencias contra las Mujeres Guerrero; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México); Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; Nuevo León: Arthemisas por la Equidad, A.C.; Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Colectivo Bolivariano; Centro de Derechos Humanos YURENI A.C.; Puebla: Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J; Mujeres Trabajando en Pro de los Derechos Humanos (MUTRADH ) AC; Quintana Roo: Maya sin Fronteras; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias; Sonora: OCNF Sonora; Tabasco: Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Tlaxcala: Colectivo Mujer y Utopía, A.C.; Veracruz: Red Nacional de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa, Red Por Nuestros Derechos Mujeres en Red.

Otras organizaciones:

Marea Verde Totonacapan, Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC, Kalli Luz Marina. A. C; Niñas feministas MX; Aborto seguro Sonora; Alianza 28 de septiembre; MujerINAHs Sonora.

Fuente: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

“No podemos seguir tolerando este tipo de actos. Vamos a marchar para que vean en las calles que hay gente pidiendo justicia”, dijo Maximiliano. Sin embargo, antes de iniciar la señora Eva señaló que “es triste lo que está pasando. No es la primera ni la segunda, en Ixcuinatoyac hubo dos asesinadas, una baleada y otra a machetazos. Hay justicia, pero para las mujeres que tienen dinero, las que se visten bien y hablan bien el español. Pero para las mujeres indígenas que apenas hablamos el español y apenas nos defendemos nos dicen –‘si quieres justicia dame 100 mil pesos y recuperas a tus hijos’. No podemos permitir esto. Dónde están sus promesas de campaña (del presidente municipal), justicia para todas. Por qué se ensañaron con esta pobre mujer, pidió auxilio, siendo empresario el presidente pudo decir aquí está una casa vente con tus hijos, pero no, dejó que se las arreglara. Lo que más coraje da es que te digan no hay justicia para ti, pero en tiempos de campaña dicen lo que les da la gana y llegando al poder te ignoran. Los que queremos justicia estamos aquí, somos muchas mujeres que sufrimos violencia. Pedimos justicia para esta mujer”.

La manifestación comenzó en la plaza cívica de Alcozauca con más de 80 personas. Se incorporaron con sus pancartas de «justicia para Leuteria», caminaron sobre la calle Miguel Espinobarros. Los rostros de las mujeres permanecían altivos, a pesar del dolor que oprimía sus corazones. En sus manos sostenían veladoras prendidas y ramos de buganvilias blancas y rojas.

El recorrido llegó hasta el hospital comunitario de Alcozauca, donde Leuteria fue atendida luego de las 30 lesiones que le provocó el feminicida. Siguieron por la calle Vicente Guerrero gritando la consigna «¿qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora! ¿Para quién la queremos? ¡Para Leuteria!» y «mujeres unidas, jamás serán vencidas». También gritaban «¡no queremos policías corruptos!» y «¡cero impunidad!» Los vecinos de la comunidad Na Savi salían de sus casas para ver a las manifestantes. Algunas señoras con sus hijos en el brazo, desde sus ventanas, tiraban la mirada escrudriñadora. Los semblantes afligidos dejaban pasar la marcha y aún a lo lejos seguían sus ojos fijos.

Poco a poco la gente se fue enterando por el escándalo de la vocina con la voz de Eva invitando a las mujeres a sumarse a la protesta. Le dieron por el Calvario, pero para entonces niñas, niños y mujeres permanecían en las calles. Con sus celulares grababan las imágenes de los gritos desesperados de exigencia de justicia. Otras más guardaban en su memoria el horror y la infamia. En el fondo saben que no hay seguridad por eso su exigencia es que cambien el personal de policías, que revisen el perfil de las personas que formen parte del ayuntamiento y los policías destapen sus rostros. No hay confianza.

El recorrido siguió hasta que nuevamente llegó la plaza cívica donde realizaron un mitin. Don Zacarías, padre de Leuteria, agradeció a las ciudadanas y ciudadanos “por acompañarme en la marcha a nombre de mi hija. Yo no presentía esta tragedia de mi hija, porque este es un municipio donde supuestamente debería de haber seguridad, donde hay policía, quienes brinda seguridad a todas las comunidades. He visto la presencia de los militares por eso no imaginé que esto le fuera a suceder a mi hija, porque pensé que estaba segura. Ella se vino a trabajar para mantener a sus hijos y la mataron. Exijo que no liberen el asesino de mi hija. ¿Por qué le hizo esto a mi hija? Le ocasionó aproximadamente treinta heridas con el cuchillo, a nadie se le desea esto. Todavía estaba viva, pero antes de llegar al Hospital de Chilpancingo falleció. Exijo a la autoridad que sea honesta de procurar la justicia para mi hija. Según el gobierno de la república dice que ahora habrá seguridad, los ciudadanos estábamos contentos con el discurso, pero ¿qué está pasando? Los militares llegan y se concentran en el centro del municipio, no recorren para la vigilancia y más porque hay niños que estudian y podría pasarles lo mismo. Esto que le pasó a mi hija no es agradable para mí. ¿Acaso mataron un animal o un perro?”

Con el dolor en el alma don Zacarías lamentó que ninguna autoridad le dio información sobre su hija. Tuvo que ser personal del hospital quienes le avisaron. Los funcionarios del municipio no dieron parte al comisario de la comunidad Na Savi Cruz Fandango de donde es Leuteria. Nadie dijo nada. “No tengo miedo de estar hablando aquí, si a mí también me van a matar pues que me maten, de todas maneras, me voy morir. Reclamo a mi hija porque no es justo lo que le hicieron”.

Leuteria era “una joven madre que lo único que buscaba era trabajar para llevar la comida sobre la mesa de su familia, sin embargo, un policía le quitó la vida sin pensar que esta policía tenía hijos, era madre. Le arrebató la vida, mas no pudo acabar con su espíritu. Justicia es lo que clama el padre de Leuteria. El dolor es muy grande, por eso lo que el pueblo quiere es justicia para que este asesino no salga”, dijo Maximiliano.

“Que llegue a oídos de la presidenta y de la gobernadora, y volteen a ver el municipio de Alcozauca porque no puede quedar impune este caso. Aquí está el padre de Leuteria, Zacarías, estamos contigo. Pedimos justicia para el pueblo na savi. Tu hija salió a trabajar, salió a buscar el sustento para sus hijos, desgraciadamente perdió la vida a manos de un cobarde. No merece que esté vivo porque esto que le hizo es horrible. Las mujeres de Alcozauca valen igual que los hombres”, señalaron los manifestantes.

Las mujeres fueron las más indignadas, la mayoría conocía a Leuteria y su feminicidio despertó la rabia porque los casos de violencia doméstica son numerosos, pero ahora, además de no estar seguras en sus hogares, también temen a los policías. “Aquí cuando una mujer denuncia violencia le dan más el lado al hombre, no hay apoyo para proteger a la mujer, es muy machista, se piensa que valemos menos. No es la primera mujer que matan aquí en Alcozauca, pero es como si no pasara nada. A pesar de que hay autoridades, ya no estamos seguras. Vamos a hacer justicia por nuestra propia mano si el gobierno no lo hace”, dijo una de las mujeres.

Publicado originalmente en Tlachinollan

De acuerdo con el análisis, de los más de 4,455 feminicidios registrados entre 2019 y 2023, solo el 25.5% culminaron en vinculaciones a proceso, mientras que el índice de impunidad por sentencias es del 70.2%. Esto significa que, por cada 10 delitos denunciados, apenas 3 avanzan en el sistema judicial. Además, los estados con mayores tasas de impunidad incluyen Veracruz, San Luis Potosí y Jalisco, lo que refleja inconsistencias en la procuración de justicia.

El informe también destaca que la trata de personas mantiene un índice de impunidad del 88%. Aunque las denuncias por este delito incrementaron un 46.6% durante el periodo analizado, el sistema judicial no ha respondido adecuadamente: solo el 17% de los casos derivaron en vinculaciones a proceso. Las entidades con mayor incidencia incluyen el Estado de México y la Ciudad de México, mientras que otras, como Colima y Zacatecas, reportaron nula acción judicial frente a este delito.

Los retos del acceso a la justicia

El estudio señala que las principales razones por las que las víctimas no denuncian incluyen la desconfianza en las autoridades, la percepción de pérdida de tiempo y el miedo a represalias. Además, en delitos como la trata de personas, la complejidad del crimen organizado y la falta de recursos agravan la situación.

El informe subraya que la falta de justicia no solo afecta a las víctimas directas, sino también a sus familias, quienes enfrentan una lucha constante por el derecho a la verdad y la reparación del daño. Considera también que es imperativo que las autoridades fortalezcan las investigaciones, homologuen los marcos legales en los estados y aseguren sentencias efectivas que protejan los derechos humanos de las mujeres.

Consulta aquí el documento «Perpetuar la violencia contra las mujeres: impunidad en casos de desaparición, trata de mujeres y feminicidios en México», elaborado por el IDHIE.


Publicado originalmente en http://LadoB

Christian de Jesús “N”, exnovio de Melanie Barragán, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa en Tamaulipas, tras un juicio de 13 horas en el que el estudiante de enfermería estuvo presente. 

Este caso, que ha conmocionado a la sociedad, sigue revelando detalles escalofriantes sobre los abusos cometidos por Christian contra su entonces novia, poniendo en evidencia el grado de control y violencia psicológica al que la joven estuvo sometida durante su relación.

El estudiante de medicina de 24 años de edad, fue detenido el pasado viernes 6 de diciembre en el municipio de Escobedo, Nuevo León, por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. 

Christian le hacía análisis de sangre a Melanie 

Ahora, en la reciente audiencia en contra de Christian “N” que se llevó a cabo este lunes en el Centro Integral de Justicia de Altamira, se dio a conocer que él ya había tenido actitudes violentas con la joven. 

En la sala se reveló que el presunto agresor de Melanie le extraía sangre, debido a que sospechaba que la joven podía tener alguna enfermedad de transmisión sexual. 

En la audiencia también se dio a conocer que ese día Melanie no quiso asistir a la fiesta de disfraces, debido a que previo a la agresión, la ahora expareja ya había tenido una fuerte discusión en una reunión que se llevó a cabo días antes y en el mismo lugar en que ocurrieron los hechos. 

De acuerdo con el testimonio de Melanie, en esa ocasión, Christian “N”, la jaloneó y se comportó agresivamente tras verla hablando con un exnovio. Además, se reveló que previo a la brutal agresión, el estudiante de medicina la abandonó en el corredor Luis Donaldo Colosio, y de no ser por una amiga que la auxilió, la joven pudo llegar bien a su casa. 

En la audiencia también se dio a conocer que ese día Melanie no quiso asistir a la fiesta de disfraces, debido a que previo a la agresión, la ahora expareja ya había tenido una fuerte discusión en una reunión que se llevó a cabo días antes y en el mismo lugar en que ocurrieron los hechos. 

De acuerdo con el testimonio de Melanie, en esa ocasión, Christian “N”, la jaloneó y se comportó agresivamente tras verla hablando con un exnovio. Además, se reveló que previo a la brutal agresión, el estudiante de medicina la abandonó en el corredor Luis Donaldo Colosio, y de no ser por una amiga que la auxilió, la joven pudo llegar bien a su casa. 

Agresor de Melanie podría enfrentar una pena de 40 años 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas logró que Christian de Jesús “N” fuera vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

La decisión judicial se alcanzó después de que el Agente del Ministerio Público presentará ante un Juez de Control pruebas sólidas que implican al imputado en los hechos ocurridos el 31 de octubre en la colonia Revolución Verde, en el municipio de Ciudad Madero.

Durante la audiencia, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso legal. Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, durante la cual se reunirán más pruebas para respaldar las acusaciones. En caso de ser declarado culpable, Christian “N” podría enfrentar una pena de entre 20 y 40 años de prisión.


Publicado originalmente en Quinto Poder. Prohibida su reproducción. Puedes ver el contenido original aquí: Christian “N” extraía sangre a Melanie para comprobar que no le era infiel