Los prófugos fueron identificados como Francisco Manuel Romero Carranza, Paul Alexis Téllez Olguín y Omar Milán Tena, quienes permanecan no localizados pese al operativo desplegado por corporaciones de los tres órdenes de gobierno tras detectarse su ausencia durante el pase de lista matutino.

De acuerdo con la Fiscalía, la ciudadanía podrá acceder a la recompensa proporcionando información que contribuya directamente a la captura de cualquiera de los tres evadidos. La dependencia aseguró que los datos aportados serán tratados de manera confidencial y únicamente con fines de investigación.

La evasión ocurrió en el Cereso 2, ubicado sobre la carretera Hermosillo-Bahía de Kino. Tras detectarse la fuga, la Secretaría de Seguridad Pública activó los protocolos de emergencia y desplegó un operativo conjunto con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y otras corporaciones de seguridad.

Información difundida por autoridades estatales indica que los tres hombres cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes, por lo que las labores de inteligencia, vigilancia y búsqueda continuarán hasta lograr su localización y presentación ante la autoridad judicial correspondiente.

De manera extraoficial, algunos medios han señalado que los internos habrían utilizado una escalera improvisada para superar uno de los muros perimetrales del penal; sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente el mecanismo mediante el cual ocurrió la evasión, mientras continúa la investigación para determinar posibles responsabilidades al interior del centro penitenciario.

Con esta fuga, el Sistema Estatal Penitenciario de Sonora enfrenta un nuevo episodio de seguridad, luego de otros casos de evasión registrados en los últimos dos años, lo que ha reavivado el debate sobre los mecanismos de vigilancia y control en los centros de reclusión de la entidad.

Redacción Libera Radio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que Blanca Zulema “N” y Jesús Guillermo “N”, de 26 años, enfrentan cargos por los delitos de desaparición cometida por particulares y feminicidio. Ambos permanecerán en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal.

De acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 15 de junio, en una vivienda de la colonia Reforma, donde los ahora imputados convivían con la víctima.

La Fiscalía sostiene que durante la reunión se produjo una discusión presuntamente relacionada con un conflicto de carácter sentimental. Posteriormente, Karla Yureth habría sido privada de la libertad, golpeada y asesinada por asfixia con una bolsa de plástico.

Según la versión de la autoridad, después del crimen el cuerpo de la joven fue colocado dentro de un contenedor de basura azul y trasladado a una zona desértica de San Luis Río Colorado, donde fue localizado el 20 de junio.

La Fiscalía indicó que desde el 6 de julio existían órdenes de aprehensión contra ambas personas. Sin embargo, señaló que Blanca Zulema “N” habría utilizado sus vínculos previos con colectivos de búsqueda para simular su propia desaparición y evitar ser detenida.

Tras perder contacto con ella, familiares solicitaron apoyo para difundir su ficha de búsqueda. La Fiscalía sostiene que la mujer intentaba retrasar su localización, aunque esta versión deberá ser acreditada durante el proceso judicial.

Ambos imputados fueron localizados y detenidos durante la madrugada del 8 de julio en la colonia Solidaridad, en San Luis Río Colorado. Posteriormente fueron presentados ante un juez de control, quien determinó que permanecieran en prisión preventiva.

El colectivo Buscando en San Luis R.C. confirmó que Blanca Zulema encabezó la agrupación en 2021, cuando participaba en la búsqueda de su sobrino, Abisai Saucedo Valenzuela, desaparecido desde el 11 de julio de ese año y cuyo paradero continúa sin conocerse.

Sin embargo, la actual representante del colectivo, Mónica Espinoza, aclaró que la mujer dejó de formar parte de la organización hace varios años y que no mantenía relación con el grupo desde antes de que ella asumiera la representación, en 2023.

Espinoza explicó que la ficha de búsqueda de Blanca Zulema fue difundida únicamente en apoyo a sus familiares, quienes, aseguró, desconocían la existencia de una orden de aprehensión. Agregó que, una vez conocidos los señalamientos, la familia ofreció disculpas al colectivo.

La imputación no implica una sentencia de culpabilidad. La responsabilidad penal de ambas personas deberá determinarse conforme avancen la investigación y el proceso judicial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que solicitará las penas más altas previstas por la ley contra los responsables del homicidio del custodio penitenciario Joaquín “N”, ocurrido el pasado 2 de julio en Hermosillo.

La dependencia señaló que dos personas, identificadas como Eduardo “N” y Gladys Verónica “N”, permanecen en prisión preventiva y enfrentan cargos por homicidio calificado y asociación delictuosa. Asimismo, indicó que el presunto autor material del ataque ya fue identificado y cuenta con una orden de aprehensión vigente.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones apuntan a que las agresiones contra personal penitenciario son una reacción de grupos del crimen organizado ante las acciones implementadas para reducir su influencia dentro de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Sonora.

La institución explicó que, como parte de esa estrategia, se han realizado revisiones en los centros penitenciarios, traslados de personas privadas de la libertad y acciones penales contra internos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

Además, informó que durante una revisión reciente en un penal del norte del estado fueron asegurados teléfonos celulares y otros objetos prohibidos, los cuales son analizados como parte de diversas investigaciones.

La Fiscalía agregó que, en caso de acreditarse la participación, omisión o complicidad de servidores públicos en actividades ilícitas dentro de los Ceresos, se procederá conforme a la ley.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que fueron activados protocolos de protección para el personal de custodia, con medidas de seguridad y acompañamiento tras los recientes ataques registrados contra trabajadores del sistema penitenciario.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 18:00 horas. Testigos señalaron que un hombre vestido con una camisa azul a cuadros se acercó a la víctima, le disparó en varias ocasiones y posteriormente escapó corriendo. Paramédicos de la Cruz Roja y un médico que se encontraba cerca del lugar intentaron brindarle atención, pero el oficial ya no presentaba signos vitales.

La agresión provocó un amplio despliegue de elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano y personal de servicios periciales, además de afectaciones a la circulación vehicular en uno de los principales cruceros de la ciudad.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que la víctima pertenecía al Sistema Estatal Penitenciario y aseguró que el caso será investigado en coordinación con las autoridades competentes.

El homicidio ocurrió apenas un día después del asesinato de otro custodio, identificado como Raúl “N”, quien fue atacado cuando llegaba a su domicilio en la colonia Jesús García tras concluir su jornada laboral.

Antes de estos hechos, el pasado 22 de mayo, un agente adscrito al Cereso 1 también fue privado de la vida en la colonia Pimentel, por lo que ya suman tres oficiales penitenciarios asesinados en Hermosillo durante el presente año.

Un juez de control vinculó a proceso a Jesús Eduardo “N”, alias “El Chuy Marina”, por su probable participación en el homicidio de dos hombres ocurrido en noviembre de 2025 en la colonia Coloso Alto, en Hermosillo.

Durante la audiencia, la defensa solicitó que el imputado no fuera vinculado a proceso y presentó diversos argumentos y medios de prueba. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que existían elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal, planteamiento que fue respaldado por el juez, quien además ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, los hechos ocurrieron la madrugada del 30 de noviembre de 2025, cuando el imputado y otra persona presuntamente dispararon contra Jesús Elías “N” y Ricardo Manuel “N”, quienes se encontraban desarmados.

Ambos fallecieron a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego. Con esta resolución, la investigación continuará rumbo a las siguientes etapas del proceso penal.

Como parte de las investigaciones por el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldo’s de Hermosillo, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora retiró este lunes el transformador involucrado en el siniestro para someterlo a un nuevo análisis pericial.

La diligencia incluyó la elaboración de un dictamen de criminalística de campo y el traslado del equipo, procedimiento que, de acuerdo con la información disponible, fue solicitado por la defensa dentro del proceso penal.

Para llevar a cabo las maniobras, la calle Dr Noriega permaneció parcialmente cerrada entre Juárez y Matamoros, mientras elementos de Bomberos de Hermosillo, Policía Municipal y personal de Servicios Periciales resguardaban la zona.

El incendio registrado hace casi ocho meses dejó 24 personas fallecidas y decenas de lesionados, convirtiéndose en una de las tragedias más graves ocurridas en Hermosillo en los últimos años.

El resultado de los nuevos estudios periciales formará parte de las pruebas que serán analizadas dentro del proceso judicial para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora formuló imputación en contra de Jesús Ernesto “N”, de 25 años de edad, por su probable participación en los delitos de feminicidio agravado, robo en casa habitación y robo de vehículo, relacionados con el asesinato de Reyna “N”, ocurrido en Nogales el pasado mes de mayo.

Durante la audiencia inicial, el juez dio por formulada la imputación y determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La defensa del imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se resuelva su situación jurídica. De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones apuntan a que el crimen habría ocurrido entre el 13 y 14 de mayo en un domicilio de la colonia Chula Vista, donde la víctima y el señalado mantenían una relación de confianza.

Según la carpeta de investigación, tras privar de la vida a la mujer, el presunto responsable habría ocultado el cuerpo dentro de una maleta, la cual fue abandonada en la vía pública y localizada el 15 de mayo en la colonia Colinas del Yaqui. La autoridad también sostiene que, después de los hechos, fueron sustraídos vehículos, tarjetas bancarias, identificaciones, televisores y diversos muebles del domicilio de la víctima.

La Fiscalía precisó que, con base en los datos de prueba recabados hasta el momento, el caso no está relacionado con delincuencia organizada, sino que la principal línea de investigación apunta a un entorno de confianza entre víctima e imputado y a un posible móvil patrimonial. Jesús Ernesto “N” ya se encontraba internado en el Centro de Reinserción Social de Nogales por un proceso distinto relacionado con narcomenudeo, por lo que la nueva orden de aprehensión fue cumplimentada dentro del penal.

De acuerdo con la investigación, los hechos se originaron el pasado 17 de junio, cuando una mujer identificada como Elena Alejandra “N” se retiró de una visita familiar llevándose a su hijo de siete años y, presuntamente mediante engaños, también a su hermano de 10 años.

La Fiscalía informó que las indagatorias apuntan a que la situación estaría relacionada con problemas de consumo de drogas y deudas adquiridas por la mujer con personas vinculadas a entornos delictivos.

Tras la desaparición de los menores, familiares comenzaron a recibir llamadas de extorsión en las que se les exigía el pago de una supuesta deuda relacionada con la venta de un equipo de impresión que habría sido cobrado sin ser entregado.

Como resultado de labores de inteligencia, agentes investigadores ubicaron a los niños en un departamento de la colonia FOVISSSTE, en Hermosillo. Debido a la situación de riesgo, los elementos ingresaron al inmueble mediante una intervención táctica para poner a salvo a los menores.

Durante el operativo fueron detenidos Elena Alejandra “N” y Odín “N”. Posteriormente, en acciones complementarias, fue capturado Héctor Abraham “N”, señalado por presuntamente realizar las llamadas de extorsión. A esta persona también le fueron asegurados un teléfono celular y envoltorios con una sustancia ilícita.

Los dos menores quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes para garantizar su protección integral, mientras que los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron en un departamento ubicado en la Calle 2 y Avenida 18, donde Antonio “N”, de 51 años, mantenía retenida y amenazaba de muerte a Jovana “N”. Desde las 15:45 horas, elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) implementaron labores de negociación y manejo de crisis para lograr la liberación de la víctima.

La Fiscalía señaló que, tras varias horas de diálogo, el hombre se negó a deponer su actitud y continuó representando un riesgo inminente para la integridad de la mujer, por lo que las corporaciones realizaron una intervención táctica durante la cual el agresor fue neutralizado. Paramédicos de Cruz Roja le brindaron atención médica, pero posteriormente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue puesta a salvo y recibió atención médica y psicológica al presentar golpes visibles y una crisis nerviosa. En el lugar también fue asegurada una pistola semiautomática calibre .40, la cual quedó a disposición de las autoridades como parte de la investigación.

Foto: Captura de pantalla de Diario Digital Aguapretense

El abogado Jorge García Ramírez informó que fue citado por la Fiscalía General de Justicia del Estado para comparecer en calidad de imputado dentro de una carpeta de investigación relacionada con el delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares y/o lo que resulte.

La comparecencia fue programada para el próximo 12 de junio en las instalaciones de la Fiscalía estatal, según consta en un citatorio emitido por la Dirección General de Investigación.

La notificación ocurre mientras continúan las diligencias contra integrantes de la organización Conservando los Valores de las Familias, movimiento que mantiene una huelga de hambre y diversas acciones de protesta para exigir una solución al conflicto relacionado con las estancias infantiles.

Este martes, García Ramírez acudió a la Fiscalía en representación de varias integrantes del movimiento, quienes también enfrentan procedimientos derivados de la misma denuncia.

Durante su comparecencia, el abogado solicitó la nulidad de diversas actuaciones al considerar que existieron irregularidades en las notificaciones realizadas por agentes ministeriales.

Según explicó, algunas de las maestras fueron notificadas fuera de los domicilios señalados para tal efecto y en el campamento instalado frente al Congreso del Estado, donde mantienen sus protestas.

Las personas citadas en esta etapa del procedimiento fueron Carmen Genoveva Villa Córdoba, Blanca Ciria Córdoba y Lizeth Villalobos. Además, otras dos maestras deberán comparecer en los próximos días.

La citación para el abogado Jorge García Ramírez agrega un nuevo elemento al conflicto, ya que además de fungir como representante legal de las responsables de estancias infantiles, también participa en las protestas y en la huelga de hambre que mantienen frente al Congreso del Estado

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado ni el Congreso de Sonora han emitido un posicionamiento público sobre la incorporación del representante legal de las manifestantes a la investigación.