Por: Guillermo Castillo

El propósito de este breve texto es criticar y desarmar las narrativas y políticas de odio y xenofobia del gobierno de EUA hacia los migrantes, especialmente los procedentes del sur global y sin documentos migratorios. Con el comienzo de la reciente administración estadounidense los migrantes (especialmente los irregularizados) han vivido un intenso proceso de precarización de sus situaciones laborales y condiciones de vida. Esto ha sido producto de una agresiva dinámica de ataques. Son tres los procesos que destacan en esta arbitraria y racista producción de políticas de la violencia y de discursos de odio.

1) Por un lado, las actuales políticas migratorias estadounidenses no están basadas en datos oficiales, ni en información académica. Dichas acciones, por el contrario, se fundan en narrativas xenófobas y racistas; discursos viciados que no corresponden con los procesos migratorios.

2) Por otra parte, dichas políticas no se ciñen, ni siguen la constitución de EUA; tampoco se ubican en el marco del respeto a los derechos humanos. Para el actual gobierno estadounidense todo es válido para realizar su violenta agenda contra los migrantes; incluso piensa que, para conseguir tal fin, es legítimo violentar la propia ley e incumplir procedimientos jurídicos.

3) Finalmente, dichas políticas están atravesadas por la finalidad de infligir en los migrantes (particularmente en los irregularizados) la mayor violencia y dolor posibles. Los migrantes son estigmatizados como supuestos “agresores” públicos a los que, además de desterrar, hay que denigrar y descargar sobre ellos castigos ejemplares e inhumanos.

Con toda conciencia, la actual administración de EUA usa la crueldad como una estrategia política hacia los extranjeros irregularizados; y esto es particularmente drástico y focalizado hacia poblaciones mediáticamente difamadas (como los mexicanos, centroamericanos, venezolanos, entre otros).

Estos tres procesos han sido el fundamento para que la actual administración estadounidense produzca acciones drásticas y controversiales, que muy frecuentemente transgreden el “debido proceso” de las leyes migratorias de EUA. Estas medidas comprenden, desde procesos de cierre y militarización de la frontera sur estadounidense y el aumento de la capacidad operativa de diversas agencias federales (para la detención y agresión a migrantes), hasta la ejecución de redadas súbitas y masivas, la persecución a las ciudades santuario (Chicago, Los Ángeles), y las deportaciones ilegales.

Desarticulando las narrativas de xenofobia y las política de criminalización

Primero. Es falso que los migrantes sean una merma económica, y una sangría al erario del gobierno de EUA. Conforme a las investigaciones de Ana Nieto del periódico El País (2025) y del American Inmigration Council (2025), se sabe que los migrantes contribuyen de manera contundente y millonaria a la economía estadounidense. Por ejemplo, para el año 2023, los migrantes en EUA pagaron más de 650.000 millones de dólares en impuestos, casi el 20% de todos los impuestos de dicho año. Y, particularmente, los migrantes indocumentados (alrededor del 25% de todos los migrantes de 2023), pagaron poco menos de 90.000 millones de dólares en impuestos; aproximadamente el 2.6% de los ingresos federales de dicho año. Además, los migrantes contribuyeron con alrededor de 250 mil millones al programa de Medicare y a la seguridad social.

Segundo. Es impreciso y tendencioso decir que los migrantes “se roban” y “ocupan” trabajos que corresponden a los ciudadanos estadounidenses. Por el contrario, debido a su estructura demográfica y a los acentuados y consolidados procesos de envejecimiento, EUA no cuenta con suficientes jóvenes para determinados nichos laborales clave. De acuerdo a investigaciones del Pew Research Center (2024) y de la BBC (2024), los migrantes son esenciales para ciertos sectores económicos de EU. Para el 2022, los cerca de once millones de migrantes indocumentados eran casi el 5% de la fuerza laboral estadounidense. Y estos migrantes se encontraban localizados en sectores estratégicos: agricultura, construcción, empaquetadoras, servicios, labores de cuidado y limpieza, entre otros. Por ejemplo, en el año 2022, entre 50 y 40% de todos los trabajadores agrícolas eran migrantes indocumentados.

Tercero. Es mentira que todos los migrantes son delincuentes, y transgresores de la ley. Con base en estudios del Cato Institute (2025) y del Institute for Economic Policy de la Universidad de Stanford (2023), se sabe que los migrantes cometen mucho menos crímenes que los ciudadanos de EUA. Por ejemplo, en delitos serios, los migrantes en EUA tienen 30% menos de posibilidades de ser encarcelados que los blancos anglosajones estadounidenses (una de las poblaciones estadounidenses con los menores índices de encarcelamiento entre los ciudadanos estadounidenses). Además, la tasa de encarcelamiento de migrantes indocumentados en EUA es de 613 por cada 100 mil, mientras que la de estadounidenses es de 1,221 por cada 100 mil.

Cuarto. Finalmente, fue y es una mentira que la frontera estaba y está en crisis y desbordada. De acuerdo con datos del Custom and Border Protection del gobierno de EAU (2023, 2024, 2025) los cruces irregularizados han disminuido de forma constante desde el último año de la administración de Biden (2024). De forma que, cuando llegó el actual presidente de EUA a inicios de 2025, había mucho menos migrantes irregularizados en la frontera que en años previos. En este contexto, las detenciones de migrantes en la frontera sur de EUA decrecieron más del 10% en el 2024; de casi 2.5 millones para el año fiscal 2023, se bajó a 2.13 millones en el año fiscal 2024. Y, en enero de 2025, el último mes del gobierno de Biden, se tuvo el menor registro mensual de migrantes detenidos en la frontera de los últimos tres años y medio.

Los datos mostrados previamente son contundentes: los migrantes no son delincuentes, ni abusadores; no son una carga al erario, y tampoco son transgresores de la ley. Por el contrario, son fuertes contribuyentes a la economía y el mercado laboral de EUA. La criminalización y discriminación migratoria no se basan en hechos, sino en prejuicios. La desinformación y mentiras no pueden ser elementos para producir políticas migratorias de corte xenófobo y racista.

Publicado originalmente en http://Desinformemonos

Por Karen García / Zona Docs

México, por su posición geográfica, es uno de los principales países de tránsito para la movilidad humana. En su territorio, personas adultas, familias, adolescencias e infancias transitan en búsqueda de una mejor calidad de vida, una mejor estabilidad económica, educativa y seguridad. Por lo que, la protección a las personas migrantes mediante comisiones, leyes y organizaciones es vital. Sin embargo, el panorama para el 2026 no es alentador, debido a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, presupone varios recortes y limitaciones operativas a instituciones encargadas de velar por los derechos migratorios. 

Ante eso, más de 50 colectivos, organizaciones y fundaciones exigen a la Cámara de Diputados, el cual en los próximos días aprobará el PEF 2026, se fortalezcan instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), eliminar aumentos de tarifas por la emisión de tarjetas migratorias, la cual será del 101 por ciento, así como asegurar la suficiencia de recursos para la protección de infancias y adolescencias en movilidad humana, entre otras. 

Esto debido a que, la COMAR no sólo recibe financiamiento federal, sino también de agencias de la ONU, como lo es Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR). Mismo que enfrenta incertidumbre financiera debido a recortes internacionales derivados de la reducción de ayuda de Estados Unidos y sus políticas. 

¿Qué es el PEF?

Es el documento que autoriza y detalla el gasto público del gobierno federal mexicano durante el año. Es elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que necesita ser aprobado por la Cámara de Diputados. Este tiene el objetivo de planificar la estrategia económica para atender las necesidades de la sociedad.

 Con los recortes presupuestales, la federación ¿no considera necesaria la protección de las personas en movilidad humana?

Puesto que esta disminución se ha visto directamente interpuesta a instituciones como La Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos relacionado con Personas Migrantes y Refugiadas y la COMAR. Si bien, ha habido aumentos a SIPINA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) con el 0.5 por ciento y a el Presupuesto para la Atención Consular de Personas Mexicanas en el Exterior con el 4.0 por ciento, estos no son significativos, lo cual representa un gran obstáculo para las personas migrantes, en situación de vulnerabilidad o con recursos limitados.

Las organizaciones, colectivos y fundaciones, expresaron que el PEF 2026 no responde a la urgencia de construir una sociedad incluyente que garantice los derechos de las personas que buscan protección internacional en México, ni impulsa la integración de personas retornadas y migrantes internacionales. Al contrario, este presupuesto dirige aumentos representativos a instituciones que contienen, criminalizan, dirigen estaciones migratorias y traslados forzados por vía terrestre, como lo es el Instituto Nacional de Migración, con un incremento del 11 por ciento

¿Cuáles son las exigencias de las organizaciones a la Cámara de Diputados?

• Aumentar el presupuesto asignado a las representaciones de México en Estados Unidos, en particular para fortalecer las labores de protección —como el programa de asistencia jurídica para personas mexicanas— y los servicios de registro y atención a la comunidad que brindan los consulados.
• Asignar el aumento presupuestal destinado a la COMAR específicamente al fortalecimiento de sus servicios profesionales, con el fin de mejorar su capacidad operativa y garantizar una atención oportuna y adecuada a personas solicitantes de asilo y refugiadas. En particular, se sugiere trasladar en su totalidad el presupuesto asignado a la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur a la COMAR, considerando la posibilidad de fusionar programas presupuestarios, con el fin de priorizar y fortalecer las funciones de esta última.
• Eliminar el aumento del 101 por ciento en las tarifas por la emisión de tarjetas migratorias, incluyendo la Visa de Visitante sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas, la Tarjeta de Visitante Temporal y la Tarjeta de Residente Permanente, ya que este incremento representa una barrera económica que limita el acceso a la regularización migratoria.
• Asegurarse de que los recursos del Instituto Nacional de Migración no se destinen prioritariamente a tareas de contención migratoria, como el mantenimiento de estaciones migratorias, operativos de revisión o traslados forzados al sur del país. En su lugar, el INM debe contribuir al desarrollo de una política migratoria centrada en la protección, garantía y el respeto a los derechos humanos, mediante la simplificación y accesibilidad de los trámites de regularización y el fortalecimiento de sus procesos administrativos.
• Asegurar suficiencia de recursos para los servicios de protección y asistencia social para niñas, niños y adolescentes en movilidad humana, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos asignados a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los Centros de Asistencia Social, cuyos programas presupuestarios fueron fusionados a pesar de sus funciones diferenciadas.
• Incrementar significativamente el presupuesto asignado al Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA), de modo que pueda cumplir con sus funciones de coordinación interinstitucional y protección integral de la infancia, especialmente de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.

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Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs. Aquí puedes consultar su publicación.

Por Rocío Gallegos / La Verdad Juárez

Con el pago de una garantía económica de un millón de pesos y el uso de un brazalete, Rodolfo C. de la T, uno de los funcionarios acusados del incendio en la estancia migratoria donde murieron 40 migrantes, dejó la cárcel este sábado por lo que que ahora seguirá su proceso penal en libertad; en tanto que a Carlos Eduardo C.R., el migrante que pasó de sobreviviente a imputado en esta tragedia, se le negó el cambio de medida cautelar para dejar la prisión.

En audiencias judiciales separadas, aunque ambas encabezadas por la jueza federal Edges Haydee De Santiago Wong, a Rodolfo C. de la T., agente del Instituto Nacional de Migración (INM) al momento de la tragedia, se le colocó un brazalete electrónico que le permitió dejar la prisión la noche de este 13 de septiembre, mientras que a Carlos Eduardo se le rechazó su petición para seguir su proceso en libertad.

Rodolfo estaba preso desde el 30 de marzo del 2023, enfrenta un proceso penal por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, es decir, por presuntamente no cumplir como garantes o responsables de la seguridad de quienes se encontraban en la estación migratoria el 27 de marzo del 2023.

Logró seguir el proceso en libertad en su segundo intento. El pasado 5 de abril, el juez Chávez Montes le negó al imputado el cambio de medida cautelar y determinó mantener la prisión preventiva oficiosa que se le impuso hace más de dos años, por lo que su defensa impugnó esa resolución el 22 de abril del 2025 y un Tribunal Colegiado ordenó al juez Chávez Montes que abriera otra audiencia para que las partes debatieran. Esto ocurrió este 31 de julio, donde se le impuso la obligatoriedad de usar un brazalete y al pago de una fianza de 1.5 millones de pesos.

De acuerdo con la abogada María del Socorro Chávez Velázquez, integrante de su equipo de defensa, se logró bajar el monto de la fianza a un millón de pesos.

Carlos Eduardon, un migrante venezolano que buscaba llegar a Estados Unidos, fue detenido el 1 de junio de 2023, acusado por la muerte de 40 migrantes. Un mes antes de su arresto, estuvo en coma por las lesiones que le dejó el incendio que se registró en la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez.

El siniestro ocurrió la noche del 27 de marzo del 2023. En ese hecho 40 hombres murieron encerrados asfixiados por el humo, otros 27 resultaron con lesiones de por vida y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático al incidente mientras estaban bajo el resguardo de las autoridades de Migración.

Con la salida de la cárcel de Rodolfo C. de la T, solo quedan en prisión cuatro de los once acusados por esta tragedia, se trata del guardia de seguridad privada, Alan Omar P.V. así como los dos migrantes de Venezuela, Jeison D. C.R., y Carlos Eduardo C.R, y la agente migratoria Gloria Liliana R.G.

Esta última funcionaria del INM también buscó seguir su proceso en libertad, pero el pasado 25 de julio, un juez federal le negó la suspensión de la prisión preventiva, aunque le acotó a marzo su estancia en la prisión. Ella también está acusada por , acusados por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, y por no haber auxiliado a las víctimas que estaban encerradas bajo llave.

El 13 de abril del 2024 salió de prisión Eduardo A.M., él se desempeñaba como jefe de Recursos Materiales del Instituto, otros funcionarios del INM que también siguen su proceso en libertad son  Daniel G.Y., quien al momento de ese hecho era el representante local Noroeste del INM; Juan Carlos M.C., quien se encargaba de la protección de migrantes como coordinador del Grupo Beta y el contralmirante Salvador G.G., quien al momento de l incendio se desempeñaba como jefe de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua.

De los once imputados también está Francisco Garduño Yánez, quien estaba como comisionado del instituto. Él logró la suspensión condicional del proceso en su contra, a cambio de pedir una disculpa pública a las víctimas y concluir con la entrega de las compensaciones económicas del gobierno a las víctimas, entre otras medidas que no pueden llevar a cabo porque desde mayo dejó su cargo.

Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz, también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023.

Publicado originalmente en http://La Verdad Juarez
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El domingo 2 de febrero, los manifestantes bloquearon la autopista 110, que se ubica en el corazón del centro de la ciudad de Los Angeles, California. Ahí, se tuvo una concentración masiva y lo que se vivió fue una fiesta política de los de abajo.

Sí ya saben como somxs los mexicanxs, ¡pa que nos invitan!

No puedo imaginar otro tipo de marcha más que el que vi ese fin de semana. La música a todo volumen, donde sonaban distintos géneros musicales como: banda, tambora, corridos, rap, mariachi, cumbias, rock, ska, y mucho más. Todo se escuchaba y más importante, se bailaba y se disfrutaba, se vivía la alegre rebeldía. Cuando nos vemos echar bulla y desmadre, me reconforto por saber que aún hay fibras profundas en nosotros, que los poderos están simplemente incapacitados para llegar a ellas, y entonces, sé que somxs fuertes. Como debe de ser una fiesta de los de abajo, también hubo mucha comida. Transitaban decenas de carritos de venta de comida con elotes, nieve, churros, dulces, fruta; unos más atrevidos y hasta vendían tamales, café, hotdogs, claro estos con verdura, chile y cebollas doraditas y mucha crema, y bueno, muchas más cosas. Siempre que intento describir las cosas que hacemos, el etcetera, no me ayuda mucho, pues ustedes saben que es una larga lista. Sobre esos vendedorxs, ellxs son el claro ejemplo de la peculiar forma en que vivimos los mexicanos. Dejen explicar eso, lo que quiero decir, es que aunque ellos también estaban marchando y manifestándose, también seguían en la chamba, en el trabajo del día a día, y es que así somxs. Pero no solo ellos lo ejemplificaron, también la presencia y enorme cantidad de niñxs que estaban en estas concentraciones, más allá de que marchaban junto a sus padres, las “bendiciones” jajaja, los hijxs siempre van en donde estemos, y ellxs además de ser ninxs, son migrantxs también. En nuestra comunidad no existe la idea y practica de esperar a que se den las “optimas condiciones” para entonces poder hacer lo necesario: comunidad, música, comida, baile, desmadre, la política de los de abajo.

Estas marchas y concentraciones (que no solo fue en Los Ángeles, sino, en cientos de ciudades de distintos estados del país), no solo había música y baile, también se habitó de picardía, burla, carrilla y albures que nos caracteriza tanto como pueblo. Aunque fueron muchas y no quiero usar el etcétera, que no me permite explicar la enorme cantidad de expresiones y acciones, solo quiero hablar sobre dos de ellas. En la primera, deben de leerla y sacar el tono en su mente, los que no son mexicanos, busquen a alguno, estamos en todos los lugares de este planeta -en verdad- no es broma, y entonces, pidan al mexicano que lea la siguiente frase ¡Chinga tu Migra! Y verán que sonreirá, de hecho, habrá una alta posibilidad de que se carcajee. Y si el tono de voz del mexicano es bajito, cuando diga esta frase por segunda vez, su voz será fuerte. ¡Chinga tu Migra! es una de mis favoritas, los invito a ustedes queridos lectores, a que la digan con el tono que le damos los mexicanos, pues solo así, es liberador.

La segunda, es un mariachi loco que más bien eran tres mariachis, pero no era un trio musical, era un mariachi y sí que lo era, y le echo talento como dice mi carnal Adelo, y pues se aventaron la canción titulada “sacaremos a ese buey de la barranca” ¡claro! En versión protesta y dedicada al Trompetas (Trump) jajaja y entonces, esa canción si la deben de buscar en su plataforma preferida para escuchar música, para que puedan hacerle el tono de manera correcta y canten junto a los mariachis que son tres, pero no son un trio musical y entonces cantar: Sacaremos a ese güey de la casa blanca, de la casa blanca sacaremos a ese güey, pobre güey, re güey, más güey, mendigo güey. Ahora, ya saben una frase liberadora y una canción de protesta.

Así son las marchas de los de abajo, como es la vida de por sí. Cada uno carga con sus penas, pero sin dejar de caminar y de vivir. Nuestra lucha también es porque no nos quiten el gusto de bailar, de poner nuestra música en las calles, en los parques, en el freeway, en los callejones, en cualquier lugar que decidamos o nos toque estar; y que nunca olvidemos quienes somos; y que sigamos inyectando la refrescante dosis pertinente de reírnos del poder y los poderosos, incluso, de nosotros mismo.

Después de un agitado y ruidoso y fascinante fin de semana, se vivió la acción: Un día sin Inmigrantes. Con pocos días de anticipación y a través de redes sociales y de voz en voz (pues no contamos con los medios masivos), se convocó para sumarse a las acciones nacionales del lunes 3 de febrero -para los que les fuera posible- que se llamó Un día sin Inmigrantes, No escuela, No trabajo, No consumo. Y aunque ese tipo de iniciativas ya se han llevado acabo en el pasado, se siente una vez más la necesidad por reafirmar que, sin el trabajo de los inmigrantes, es imposible sostener a este país. Distintos estados y cientos de ciudades se sumaron en esta iniciativa. Las movilizaciones en la ciudad de Los Angeles, ha sido por obvias razones, la más expuesta y difundida. Por un lado, es en Los Angeles, donde hay más concentración de migrantes, pero también, es ahí, donde se han cocinado las movilizaciones históricas para lograr políticas migratorias justas. Lo cierto, es que NO podemos creer que solo en Los Angeles, es el punto de agitación, y lo vimos y sentimos, con las distintas apariciones que hicieron los inmigrantes en todo el país, en varias estados (Chicago, Kansas, California, Washington, Nueva York, Texas, etc), y ciudades. Tan solo en California, hubo muchísima actividad en distintas ciudades pequeñas y grandes (San José, Santa Ana, San Diego, Fresno, Sacramento, Oakland, Salinas, Watsonville, San Bernardino, Berkeley, etc).

Probablemente, la ausencia de inmigrantes donde se hizo más notorio, fue en los centros de educación básica. En la pequeña ciudad donde vivo actualmente, las escuelas se vieron vacías, por la tarde, la gente marcho y cerro algunas calles principales de la ciudad. También algunos comercios locales, cerraron sus negocios para sumarse a las demandas de la comunidad migrante. Para mí, que tengo solo dos años viviendo en este país, fue muy conmovedor sentirLOS.

¡No están solos!

Como mujer migrante en este país, puedo contestar y decirles a todos los que salieron, ¡ese apoyo si se ve! ¡ese apoyo si se ve! Y más que eso, -lo sentí-. Muchos jóvenes, incluso niños que llevaban sus pancartas, decía en sus cartelones, que salían para representar a sus padres, pues son hijos de inmigrantes. No se si hablaré de más, pero por primera vez, me sentí cobijada en este país. Van de nuevo, solo dos de mis frases favoritas ¡Aquí estamos y no nos vamos! ¡Sin papeles, sin miedo!

¡Si ya saben cómo somxs, pa que nos cucan!

Las movilizaciones seguirán, ya es imposible frenar. El gran reto como siempre, es como sostenemos la organización y como nos articulamos con los otros grupos que al igual que nosotros están luchando frente a todos los fascistas. Es muy duro e injusto que además de caminar contra corriente, también debemos de construir algo más allá. Me refiero, que no solo se necesita salir a las calles y mostrar nuestro desacuerdo frente a las políticas fascistas del actual gobierno, sino, más bien, de cómo vamos a garantizar que la vida, que nuestra cultura, nuestras comunidades, sigan existiendo.

P.D.

Me ha sorprendido que se escriba sólo para señalar a los latinos que dieron su voto a Trump, y de la división que hay entre nosotros. No digo que es mentira lo que están diciendo en sus escritos, pero eso, NO es la nota. Lo que verdaderamente es importante, es identificar y comprender lo que sí hay, y con esos, explorar las tantas posibilidades que podemos tener si organizamos nuestra rabia, nuestra desesperación antes estos golpes fascistas.


Publicado originalmente en http://Desinformemonos

Autoridades y encargados de albergues se preparan para las deportaciones masivas que Donald Trump ha prometido, mientras migrantes a la espera de cruzar por el programa CBP ONE se mantienen en la incertidumbre por lo que pasará con ellos si el nuevo gobierno de Estados Unidos cancela la aplicación

POR BLANCA CARMONA Y ROCÍO GALLEGOS / LA VERDAD JUÁREZ

Ciudad Juárez- A unas horas del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, a partir de este lunes, Ciudad Juárez se mantiene en la incertidumbre ante las anunciadas deportaciones masivas de personas migrantes, una situación que amenaza la convivencia binacional fronteriza.

Las autoridades alistan una serie de medidas de emergencia para atender a los migrantes que sean expulsados de Estados Unidos, como la instalación de campamentos temporales en Ciudad Juárez y Ojinaga, para ofrecer estancia temporal a los posibles regresados por el nuevo gobierno de Trump.

Los migrantes que esperan cruzar la frontera por la ciudad, principalmente a la espera de una cita por el programa CBP One –app creada por el gobierno de Joe Biden para ordenar el ingreso de las personas migrantes a Estados Unidos– se mantienen en vilo.

“Tenemos zozobra, intriga, no sabemos si va quitar la aplicación, si la aplicación va a continuar, si le van a poner otras cosas un poquito más complicado para nosotros, para la cuestión de la cita, o si va a haber otra manera de entrar legalmente”, expresó Joci Beth, migrante de Venezuela que teme la cancelación del programa de citas.

El coordinador de la Red de Albergues Uno por Juárez, Francisco González, reportó que los 12 espacios humanitarios – operados por organizaciones religiosas y civiles- que conforman este grupo se encuentran, en conjunto, casi al 40 por ciento de su capacidad instalada y básicamente todas las personas están a la espera de obtener una cita a través CBP ONE. Todos ellos comparten la incertidumbre y temor por su futuro.

Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que eliminará la aplicación móvil CBP One lo antes posible, con lo que miles de personas que aguardan por su cita se quedarían varadas en la frontera.

Enrique Serrano Escobar, coordinador del Consejo Estatal de Población (COESPO), instancia encargada del Centro de Atención al Migrante, dijo que aún no se conoce cuál será el mecanismo de atención a los deportados, ni hay un estimado de cuántas personas sean expulsadas de Estados Unidos a través de la frontera que conforman El Paso, Texas y Ciudad Juárez.

Lo que se prevé, con base en la experiencia de otros años, es que las personas migrantes regresadas de Estados Unidos sean ingresadas a los campamentos o albergues para que la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, haga un registro.

“Las autoridades migratorias los reciben, en otras ocasiones se les ha trasladado a las oficinas de Migración, ahora serán trasladados a los espacios que la propia Secretaría destine para albergar a esas personas, ahí la Secretaría de Gobernación, nos han comentado, que establecerán escritorios de registro para todas las personas que vayan llegando”, aseguró.

Santiago De La Peña, secretario de Gobierno de la administración estatal, dijo que en conjunto con la Secretaría de Gobernación Federal se determinó habilitar cinco campamentos en la entidad, tres en Ciudad Juárez y dos en Ojinaga. En estos espacios se ofrecerá alimentación y asistencia médica y legal.

Los campamentos podrían comenzar a instalarse a partir del próximo 24 de enero, informó a su vez Serrano Escobar.

Actualmente en el estado de Chihuahua operan 42 albergues para migrantes, con una capacidad de aforo para recibir, en conjunto, a unas 3 mil 300 personas en movilidad. De esos, 34 operan en Ciudad Juárez, el resto funciona en la ciudad de Chihuahua y en otras comunidades fronterizas del estado como Ojinaga, Puerto Palomas y Ascensión.

Cinco de albergues en Ciudad Juárez son operados por gobiernos, el resto están en manos de comunidades religiosas (católicas y evangélicas) y organizaciones civiles de asistencia social, de acuerdo con información de COESPO.

Serrano aseguró que los tres niveles de Gobierno se están articulando para hacerle frente a una posible deportación masiva de mexicanos que radican en Estados Unidos y también migrantes nacidos en otros países.

A su vez, Francisco González, de la Red de Albergues, señaló que los encargados de estos refugios se están coordinando con COESPO y con otras organizaciones que los apoyan para atender a los migrantes que vayan ser deportados por el gobierno de Trump, porque existe la posibilidad de que esos espacios se saturen y resulten insuficientes.

Durante su campaña y en los días posteriores a su triunfo en la elección, Trump se dirigió en numerosas ocasiones a México amagando con más y un aumento de aranceles, renegociación de acuerdos comerciales, además endureciendo políticas antimigrantes, entre ellas deportaciones masivas.

Serrano dijo que la instrucción del gobierno de Chihuahua es “mantener las líneas de comunicación con instancias del Gobierno Federal, con autoridades como el cónsul General de México en El Paso, con el de Estados Unidos en Juárez, y estamos a la expectativa de las medidas que pueda tomar el gobierno norteamericano, ellos no han comunicado todavía información de las eventuales deportaciones que puedan hacer”.

¿DÓNDE ESTARÁN LOS CAMPAMENTOS?

De acuerdo con información oficial, se determinó instalar cinco campamentos para recibir deportados por el estado de Chihuahua. Tres en Ciudad Juárez y dos en Ojinaga, otra de las comunidades fronterizas con Texas.

Pero será la Secretaría de Gobernación Federal quien determine los sitios donde se levantarán los campamentos, hasta ahora se conoce que será en reservas federales, en espacios abiertos, dijo Serrano.

En el caso de Ciudad Juárez, por el momento solo se ha elegido el predio denominado El Punto, ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar,  paralelo al Río Bravo y el muro fronterizo, como un sitio para levantar uno de los campamentos para recibir a los migrantes deportados. Aún se desconoce dónde se instalarán los otros dos.

El presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha dicho que si se cumpliera lo que Trump ha dicho sobre deportaciones masivas se podría registrar una crisis migratoria en la ciudad.

Sin embargo, Pérez Cuéllar confió que con los albergues que se tienen en funcionamiento, Ciudad Juárez podrá recibir a los migrantes que lleguen en busca de cruzar a Estados Unidos o los que retornen de allá.

Rodolfo Rubio, investigador en temas migratorios del Colegio Chihuahua, advierte que, si bien en Ciudad Juárez hay cierta experiencia e infraestructura destinada a la atención de personas en situación de movilidad, ahora es necesario que las autoridades tengan en cuenta que existen dos flujos migratorios con características y necesidades muy diversas.

Uno de los flujos que debe tomarse en cuenta son las deportaciones masivas de mexicanos, quienes tienen años radicando en Estados Unidos y quizá algunos de ellos si desean regresar a sus lugares de origen, pero otros se quedaran en la frontera varados, sin saber qué hacer porque sus familiares van a permanecer en el país del norte, particularmente los hijos nacidos en Estados Unidos y quienes no pueden ser objeto de deportación.

Otro flujo está conformado por mexicanos y migrantes internacionales que vienen del sur de México –desplazados por diversas condiciones, como la violencia y la falta de oportunidades laborales–, y con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Rubio también explicó que las deportaciones podrían iniciar con las personas que en estos momentos ya están en los centros de detención.

Pero se debe esperar a conocer cuál es la capacidad logística, los recursos que se van a destinar para hacer aprehensiones dentro del territorio estadounidense, la agilidad de los mecanismos con los que los van a hacer las expulsiones hacia México y esperar a ver qué documentos ejecutivos va a firmar Donald Trump para la expulsión de personas migrantes. Porque hasta el momento todo son especulaciones hechas a partir de las advertencias que hizo el presidente a los votantes durante su campaña.

Hace ocho años la situación era muy semejante, había amenazas de Donald Trump de ordenar deportaciones masivas y estas no se realizaron en la magnitud que fueron anunciadas a los electores, recordó el investigador.

“Teníamos reuniones cada tres o cuatro días en los meses previos a que tomó posesión, a principios de 2017, y nunca sucedieron esas deportaciones masivas. Ahora yo no puedo decir que va a ser el mismo escenario aparentemente las amenazas son mucho más serias… porque cuando él lo planteó en 2017 no existía esta nueva etapa, esta llegada masiva de migrantes a la frontera para intentar solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos, ese flujo no estaba presente ahora está presente, es una circunstancia”, explicó Rubio.

De acuerdo a la información disponible México no ha firmado ningún acuerdo con su contraparte para la recepción de migrantes extranjeros, pero hay datos de que se retomará el programa “Quédate en México”, señaló el investigador.

Kristi Noem, nominada por Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró en una audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos, que dejará de funcionar la aplicación CBP ONE y que se retomará el programa “Quédate en México”, de acuerdo con agencias de noticias internacionales.

“Quédate en México”, oficialmente conocido como Protocolos de Protección a Migrantes, entró en vigor en enero de 2019 bajo el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) y continuó aplicándose en los primeros meses del Gobierno de Joe Biden, hasta que se eliminó en agosto de 2022.

Durante la administración de Biden inició el funcionamiento de la aplicación CBP ONE y actualmente en Ciudad Juárez se encuentran varadas decenas de personas migrantes a la espera de que esta herramienta les de una cita para presentarse en un puerto de entrada a pedir asilo político.

Francisco González, coordinador de la Red de Albergues Uno por Juárez, dijo que las citas a través de CBP ONE están expandiéndose de forma muy lenta, las personas están tardando hasta ocho meses para obtener una fecha.

Los migrantes que están varados en la frontera están preocupados por el riesgo de que sea deshabilitada esta herramienta y desconocen cuál pueda ser su futuro.

“Ahora que Donald Trump entre esperamos que no quiten la CBP para poder, si es que se nos da la oportunidad, sino pues veremos qué pasa con nosotros; ahorita estamos muy ansiosos, con mucha preocupación, pero no caemos en la angustia de ir a pues entregarnos o algo así”, dijo Marisol Romero una mexicana que se desplazó del Estado de Michoacán buscando poner a salvo a sus hijos de los cárteles de la droga.

Como ella miles de migrantes están en vilo por el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, pero también las autoridades fronterizas prevén impactos en la dinámica fronteriza y migratoria.


Publicado originalmente en http://La Verdad Juarez

A unos días de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, organizaciones de la sociedad civil tanto de México como de Estados Unidos coinciden en la preocupación por la implementación de políticas centradas en seguridad, contención y militarización, que obstaculizan y violan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. 

Desde la campaña presidencial, Trump amenazó con cerrar sus fronteras, incrementar la detención de personas en situación migratoria irregular, aumentar exponencialmente las deportaciones, reducir las vías de migración regular, permisos de residencia y programas de estatus temporal en Estados Unidos.  

A la par de la llegada de 2025, las diferentes organizaciones de EEUU comenzaron a documentar operativos del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en lugares con comunidad migrante, previo a la toma de posesión de Trump el próximo 20 de enero. 

Rapid Response Network of Kern ha prevenido a la población migrante sobre las acciones de la patrulla fronteriza, la importancia de la documentación, el reporte de los arrestos y da información del derecho de cada migrante a mantener silencio y no permitir que se le esculque su propiedad o vehículo. 

La organización Uspark Valley está otorgando de forma gratuita la ‘tarjeta roja’, un recurso que ayuda a la persona a entender los derechos. Además, documenta las protestas que realiza la comunidad migrante a partir de las redadas del ICE en Bakersfield. 

Del lado mexicano, encargados de albergues en Sonora y Baja California dijeron a Avispa Mídia que se percibe una tensa calma en la frontera y no ven la coordinación que las dependencias gubernamentales en México dicen tener para atender de forma real e integral a la población deportada.

“México tiene la responsabilidad de buscar estrategias para hacer el menor de los daños no solo a los migrantes, sino a economía del país y tiene la responsabilidad de poner reglas y acuerdos del número de personas que aceptará en las deportaciones, se realicen o no”, considera Irineo Mujica Arzate de Pueblos sin frontera.

Sólo de ascendencia mexicana, unas 5.1 millones de personas viven en situación irregular en los Estados Unidos, y el número incrementa si se consideran a la población de América Central y del Sur que también están en riesgo. 

Aún con este escenario, el gobierno de México no ha contactado a los albergues activos de los seis estados de la frontera, que por años han sobrevivido y experimentado las crisis migratorias, para coordinar la atención en caso de deportaciones.  

Mujica observa que, hasta ahora, las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han sido como cortinas de humo, porque como gobierno nunca ha atendido a la población migrante. “La cuarta transformación ni siquiera colabora con los albergues activos”. 

“Se prevé un desastre humanitario”, insiste Mujica que también prevé una crisis en la economía. “Lo hemos visto en las caravanas o en la situación masiva de los haitianos. Nunca el Estado ha ayudado en una crisis y la cuarta transformación siempre busca la forma de tapar o de callar. El gobierno de Morena nunca se ha preocupado de que Chiapas sea la cárcel de Estados Unidos y es el mejor ejemplo de que el Estado mexicano jamás responde a las necesidades, ¿por qué sería diferente en la frontera norte? México no tiene un plan”, sostiene. 

Mujica considera que la presidenta está más preocupada en que no se reconozca como terroristas a los cárteles mexicanos que por el impacto que tendrán las deportaciones masivas. 

“México tiene una responsabilidad muy grande, no debería permitir que otro país le haga tanto daño, debería condicionar la ayuda y coordinarse con la sociedad civil”, enfatiza Mujica.

Preocupación internacional 

El 14 de enero, cerca de 300 figuras de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos dirigieron una carta a la presidenta de México para expresar la preocupación ante las medidas que obstaculizan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

El texto hace hincapié en que se generaría un escenario sumamente perjudicial tanto para las personas en movilidad humana en México como para aquellas de ascendencia mexicana que residen en Estados Unidos, si no se implementan acciones concretas en el corto y mediano plazo.

Plantean que, ante un escenario de deportación y detención masiva, aumento en operativo y eliminación de programas de regularización, es necesario fortalecer y expandir la protección consular a población de ascendencia mexicana en Estados Unidos, especialmente en programas de representación jurídica. Aunado a ello, diseñar e implementar una política binacional de retorno seguro y digno.

En cuanto al posible aumento de la separación familiar, señalan la importancia de garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de la niñez y adolescencia migrante. 

En la pasada administración de Trump, más de 5,000 niñas, niños y adolescentes fueron separados de sus familias, y más de 1,400 aún no se han reunificado. Por ello, las organizaciones advirtieron sobre los acuerdos bilaterales que violen el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos.

Pidieron a México que evite colaborar con la nueva administración de Estados Unidos en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas, pues bajo el llamado Título 42, en tres años se registraron más de 2 millones de expulsiones, el 90% hacia México sin el debido proceso.

Ahora bien, la posible cancelación de CBP One, aplicación móvil que procesa citas para presentarse en los ocho puertos autorizados para la entrada hacia Estados Unidos, consideran sería un retroceso, pues cada mes, alrededor de 45,000 personas utilizan esta aplicación para ingresar, y una eliminación repentina las dejaría sin acceso a la protección que necesitan. 

Para los defensores es indispensable que se emita documentación migratoria según el artículo 52 de la Ley de Migración en México. De acuerdo a cifras oficiales, desde diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de entregar de forma consistente la Forma Migratoria Múltiple a personas en tránsito y que, desde octubre de 2023, ha negado la documentación a solicitantes de asilo y refugiadas, a pesar de ser su derecho. 

A la par, es urgente implementar una política de persecución y sanción de delitos cometidos por particulares, crimen organizado o servidores públicos contra la población migrante que hasta ahora no tiene acceso a la justicia.

De manera reciente, Sheinbaum ha señalado que el gobierno de México está preparado para las deportaciones masivas y que se coordina con las secretarías de Estado y con los gobernadores de las fronteras para que los mexicanos deportados tengan una buena recepción. 

Ha dicho que si es necesario los trasladarán hasta sus entidades y les proporcionarán programas sociales, bolsas de trabajo y teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias. 

Estados Unidos deportó a más de 270,000 a 192 países en el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024, en el gobierno de Joe Biden. De acuerdo al último informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se trata de la cifra más alta de deportaciones desde 2014, cuando se portaron a 315,943 personas.

Por otro lado, en el sur de México, desde octubre de 2024, al menos diez éxodos, integrados principalmente por originarios de Venezuela, han partido de Tapachula, Chiapas, para intentar entregarse a las autoridades estadounidenses en los próximos días. 

Para la sociedad civil y los propios migrantes, Chiapas es considerado una cárcel de Estados Unidos, pues la entidad al sur de México es el Estado con mayor número de personas contenidas, es decir, obligadas a esperar una respuesta de la CBP One.

Fuente: Avispa Midia

Las diez caravanas de migrantes que buscan llegar cuanto antes a línea fronteriza entre México y Estados Unidos se han formado desde la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo en México y tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

Luis García Villagrán, abogado y defensor de derechos humanos, asegura que el Estado mexicano está incentivando a la gente a salir caminando, es decir, no les permite acceder a sus derechos y los agotan. Luego de que los orilla a irse en caravanas les ofrece documentos y, para aquellos que aceptan, los traslada a otras ciudades fuera de la ruta que comúnmente usan para llegar al norte de México, “no hay claridad en los procedimientos”. 

El abogado prevé que en las siguientes semanas más grupos de migrantes salgan de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El último (o la décima caravana) partió el 2 de enero de Tapachula y solo dos días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció la Forma Migratoria Múltiple (FMM), un permiso para moverse por territorio nacional durante 20 días, pero sin garantías reales de libre tránsito.

La mitad de las personas que integraba el éxodo aceptaron el documento y fueron trasladadas a ciudades de Guerrero y Michoacán, donde nuevamente quedaron varadas. La otra parte del grupo, que se negó a recibir la FMM, sigue en la ruta rumbo a Arriaga, Chiapas, para continuar por la carretera a Oaxaca.  

Irineo Mujica de Pueblos Sin Frontera advierte que el documento se entrega de manera informal a los integrantes de las caravanas, incluso lo llenan con tinta, “al aparecer no se está creando ninguna base de datos”, en el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (Setram), para que tenga validez. Sin esto, son propensos a abusos y si les rompen o roban el documento no hay forma de saber que tienen permiso de estar en México.

Para algunas personas migrantes, el permiso puede ser aprovechado para llegar a la Ciudad de México y solicitar una cita con las autoridades migratorias a través de la aplicación móvil CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). 

La CBP One es una aplicación que se descarga en el teléfono móvil y solo funciona si la persona se ubica en entidades del norte, centro del país, y del sur solo en Tabasco o Chiapas. La app fue creada para programar citas en los puertos de entrada terrestres de Estados Unidos.

Pero los migrantes contactados en Chiapas señalan que no logran concluir el proceso por fallas en la app, porque no carga o se satura. Esta situación, sumado a que no pueden salir del sur de México, les orilla a integrarse en caravanas. 

“Bienvenidos a México”

Decenas de personas que esperan trámites migratorios viven en condiciones de precariedad en las calles de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Han estado varados por meses, por lo que muchos consideran avanzar caminando al norte del país.

Transcurren los primeros días de 2025 en alguna ciudad chiapaneca y Nico se preocupa porque no ha podido hacer la cita en CBP One y el INM tampoco les permite avanzar al norte del país.

Abandonó su país Venezuela, junto a su hermana y tres sobrinos menores de edad. Muchas veces se arrepiente en silencio de su decisión, pero el sentimiento no tiene la intensidad para hacerlo volver. “Es duro”, dice mientras sirve chicha en un pequeño vaso de plástico.

Juntó un poco de dinero para el viaje, hizo préstamos y vendió algunas pertenencias. “No quedó de otra”. La ruta ha sido larga, le ha tocado caminar y a veces en transporte, pero la selva del Darién la cruzaron a pie, “no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, lamenta Nico, como le dicen, pues su nombre es Nicolás. 

“Estuvimos tres días en la selva, la comida se la llevó el río, pasamos muchas necesidades y fue horrible. En el camino nos ha pasado de todo, nos asaltaron, nos secuestraron y nos extorsionaron; en la frontera de Guatemala con México también caímos en las manos de un cártel y pagamos para poder salir”.

Al llegar al río Suchiate, del lado de Tecún Uman, San Marcos, Guatemala, los balseros les dijeron que a unos metros los esperaría un guía para indicarles la mejor vía para llegar a Tapachula, Chiapas. “Fue una mentira, nos metieron a un cuarto que parecía una cárcel, nos dijeron ‘bienvenidos a México’, nos pidieron dinero y tuvimos que pagar 50 dólares por persona para poder salir”. 

De acuerdo a la experiencia de Nico, los migrantes menores a 3 años de edad pagan la mitad (25 dólares), pero de 7 años en adelante el costo es parejo y quienes no pagan tienen la “opción de servirle al cártel durante algunos meses”.  

Hace cinco meses que Nico, su hermana y sobrinos no pueden abandonar Chiapas y dice sentirse cansado. “Hemos buscado trabajo y no nos dan, por eso pensamos y dijimos: nos podemos defender. Yo vendo chicha y mi hermana empanadas venezolanas, las originales. Gracias a Dios nos va bien”. 

Nico vende en 25 pesos el vaso con la tradicional bebida a base de maíz, ofrece agregar cereal y un poco de canela. No se queda en un lugar, va y viene para esconderse de la autoridad municipal que le exige la compra de un permiso para poder vender.

Por todo el contexto, hace unos días consideraron alcanzar a la caravana que se mueve por la carretera costera. “Al menos para salir de Chiapas, porque no hay precisión sobre los procesos que tenemos que seguir, hay confusión. Vamos a recoger un poquito de dinero y seguir”. 

De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, de enero a octubre de 2024, se registraron 31 denuncias por secuestro. Es el delito con más denuncias ante las autoridades, seguido de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas con otros fines, explotación sexual de adultos y secuestro de menores. 

Luis García Villagrán, agrega que el 50% de personas que cruzan el río Suchiate (frontera de México con Guatemala) son víctimas de secuestro, “el delito también se ha vuelto cotidiano en el tramo de Pijijiapan a Arriaga y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca”.

“Ahora si hablamos de las personas que han salido en las últimas caravanas unas 7,000 vivieron secuestro y la mayoría fueros extorsionadas de diferentes maneras, en algunos casos de manera coercitiva, incluso por la Marina, Sedena y no se diga de los agentes del INM. Da mucha pena”, dice el abogado.

“Me arrepiento”

La familia de Cleyber de 26 años y de Leo de 17 años consiguió un poco de dinero para que ambos se fueran de Venezuela.  

Cleyber estuvo activo en las protestas en Venezuela. Relata que fue detenido durante seis meses y acusado de terrorismo. Durante el tiempo que estuvo en prisión sufrió tortura y cuando lo dejaron salir fue víctima de persecución, hostigamiento y vigilancia, incluso en sus redes sociales. 

En octubre llegaron a Tapachula, desde entonces Cleyber recorre las calles para buscar trabajo y comprar comida. Su hermano no puede apoyarlo debido a que padece una discapacidad intelectual. “Ha sido muy complicado, yo me arrepiento de haberme ido, pero no puedo volver porque me meten preso”. 

“Aquí donde estoy tengo mucho miedo hasta de la migración que nos tuvo presos varios días en Tuxtla, no nos dieron comida, ni sábanas ni medicamento, aquí en Tapachula también me detuvieron en el Viva México”. 

Cleyber recuerda que agentes del INM le ofrecieron trasladarlo de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez y le pidieron dinero para agilizar un trámite que es gratuito. “Ofrecen llevarte más lejos, pero en su lugar nos retroceden. Me siento impotente, triste y me siento culpable de traer a mi hermano y no poder avanzar porque no tenemos dinero”. 

Por lo pronto, comparten un pequeño cuarto con ocho adultos y dos niños. Aunque no se siente seguro de la decisión, considera que lo mejor será integrarse a las caravanas, pues la falta de empleo le preocupa y la responsabilidad de viajar con hermano. “Avanzar un poco por lo menos acompañados”.

Las caravanas que han salido desde el 2 de octubre, un día después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, están integradas por personas de 20 nacionalidades, aunque hay grupos constituidos casi en su totalidad por originarios de Venezuela. 

Según la Unidad de Política Migratoria, de enero a agosto de 2024 se registraron 925,085 presentaciones de migrantes en situación irregular, lo que corresponde a detenciones. En el desglose se reportaron 266,846 personas originarias de Venezuela, de Ecuador 92,487, Honduras 74,220, Guatemala 67,486, Colombia 59,434, El Salvador 56,300, entre otros países con menor número de detenidos. 

Villagrán recuerda la diversidad en la migración y que son, precisamente, las personas que viajan sin presupuesto y en caravanas quienes son mayormente hostigadas, extorsionadas o detenidas por las autoridades con atribuciones de control migratorio.  

Mientras esto sucede en la frontera sur, Claudia Sheinbaum ratificó a Francisco Garduño para continuar como Comisionado del INM por algunos meses a pesar del proceso judicial que tiene por el incendio en el que murieron 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se desconoce si Sergio Salomón Céspedes Peregrina será el siguiente Comisionado como se había anunciado desde octubre de 2024.


Publicado originalmente en http://Avispa

Ante el juez, Carlos Arichuga S.M., y David Josué V., decidieron guardar silencio sobre la acusación en su contra por el asesinato del agente del INM en Ciudad Juárez, y renunciaron a su derecho de recibir asistencia consular de sus países; FGR asumió investigación debido a que la víctima era un funcionario federal

Por: Blanca Carmona

Las dos personas migrantes señaladas como presuntas responsables del asesinato del oficial del Instituto Nacional de Migración (INM), Luis Alberto Olivas García, fueron puestas a disposición de un juez federal acusados del delito de homicidio calificado, y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso penal.

En su primera audiencia judicial celebrada este jueves 2 de enero, los extranjeros Carlos Arichuga S.M., y David Josué V., decidieron guardar silencio sobre el hecho y renunciaron a su derecho de recibir asistencia consular de sus países, por lo que le pidieron al juez federal, José Avelino Orozco Córdova, no dar aviso a Venezuela ni a Colombia del arresto.

A preguntas del juzgador, Carlos Arichuga dijo contar con doble nacionalidad: venezolano y colombiano; y David Josué expresó que es venezolano.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso debido a que la víctima, Luis Alberto Olivas García, era un funcionario federal.

Al judicializar el asunto, la primera petición del Ministerio Público (MP) de la Federación fue que se declarara de legal el arresto para lo que dio a conocer cómo fueron detenidos.

El arresto de los dos extranjeros, indicó la fiscal, se realizó el pasado 30 de diciembre por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Guardia Nacional y un oficial del propio INM.

También este jueves iniciaron los servicios funerarios del agente Olivas García, donde sus compañeros le rindieron un homenaje de cuerpo presente, al que acudió el comisionado del INM, Francisco Garduño Yánez, quien al ser abordado por periodistas se limitó a decir que no tenía ninguna declaración que hacer.

Crimen ocurrió tras hora y media de persecución

En el reporte de la SSPE se documentó que el personal del INM informó que el lunes 30 diciembre alrededor de las 11:30 de la mañana el oficial asesinado y dos de sus compañeros Ismael l.U., y Carlos David H.B., se encontraban en el punto de revisión militar carretero denominado Precos, ubicado en la carretera Juárez-Miguel Ahumada en una zona desértica a más de 50 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, cuando vieron que el tren se detuvo.

De los vagones del ferrocarril descendió un grupo de migrantes y de acuerdo con los datos oficiales, al ver a los agentes del INM los dos migrantes ahora arrestados huyeron hacía los cerros cercanos al puesto de revisión militar.

Los hombres empezaron a subir los cerros y tres oficiales de Migración fueron a perseguirlos. La persecución se prolongó durante una hora y media, dijo la fiscal Jenny Luévano Padilla, al narrar los hechos al juez federal.

“Carlos David e Ismael comenzaron a ver que agredían a la víctima, era la más próxima… le aventaban piedras a Luis Alberto, se le abalanzaron logrando derribarlo”, señaló la fiscal.

En otra parte de su exposición, la representante social dijo que la víctima rodó seis metros cerro abajo y cuando ya estaba tirado, David Josué tomó una piedra y se la arrojó a la cabeza.

El oficial de Migración, Olivas García sufrió una hemorragia cerebral consecutiva a un traumatismo craneoencefálico debido a los golpes contusos que recibió en el cráneo, se estableció mediante la necropsia de ley elaborada por el médico legista Jesús Arellanes Olague.

Además, el oficial presentó múltiples lesiones. Hematomas en: la región escapular derecha, en interescapular, en dorsal, lumbar y en el tercio proximal del muslo derecho; heridas corto contundentes en el parietal derecho, en el orbital derecho, en el pómulo y en el ojo derecho; y escoriaciones en los dedos de la mano derecha y en la pierna derecha.

La fiscal dijo que la víctima mortal era quien iba más próxima a los migrantes en la parte más baja del cerro. También aseguró que los otros dos oficiales del INM si alcanzaron a ver la agresión, Carlos David caminaba por la parte media del cerro y tras la agresión se dirigió a prestar ayuda al oficial agredido; e Ismael, iba por la parte más alta del cerro, y continuó el seguimiento a los extranjeros y pidió ayuda.

El cuerpo del oficial asesinado, quien tenía 46 años, fue encontrado en las coordenadas 31°18’22”N, y -106°30’35”W, latitud y longitud, respectivamente.

Cerca de la víctima, una perito estatal encontró manchas hemáticas, una roca con sangre, también una licencia de conducir emitida por la República de Perú, un carnet de permiso temporal y una cédula de identidad emitida por el gobierno de Venezuela, todos a nombre de David Josué, así como un pasaporte emitido en Colombia a nombre de Carlos.

A las 2:05 de la tarde, después de que se recibió la llamada al número de emergencia 911, los agentes de la SSPE acudieron al sitio y quince minutos más tarde comenzaron a subir las faldas del cerro, primero establecieron comunicación con el oficial migratorio Ismael, quien le dijo que los sospechosos se encontraban en el lugar.

Los policías estatales pidieron apoyo a sus compañeros, a los responsables del uso de drones. Con un dron, los elementos de la SSPM, un agente de la Guardia Nacional y el oficial de Migración Ismael, ubicaron a Carlos Arichuga y a David.

A las 4:04 de la tarde se concretó la detención de ambos migrantes en las coordenadas 31314210 y -106.512137, a unos 800 metros de donde fue encontrado el cadáver de la víctima.

Entre el espacio donde estaba el cuerpo y donde se detuvo a los presuntos  responsables, se encontraron manchas de sangre producidas por goteo, escurrimiento, proyección y embarradura.

Los policías y el oficial de Migración tardaron tres horas en descender con los sospechosos luego los elementos trasladaron a los extranjeros a un puesto de la Cruz Roja para el certificado médico y después iniciaron con la papelería y la documentación en el Registro Nacional de Detención, por lo que hasta las 11 de la noche se hizo la puesta a disposición del MP de la Federación, explicó la fiscal.

El defensor público federal que representó a los extranjeros, Edgar Ricardo Sánchez Magaña, dijo al tribunal que no tenía ningún argumento y los acusados se reservaron su derecho a rendir declaración.

Lo mismo expresó la abogada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), Guadalupe Arias Barraza, quien iba en representación de la víctima mortal y de las víctimas indirectas.

Tras escuchar los datos del arresto, el juez Orozco Córdova declaró legal la detención, que se hizo dentro del término de la flagrancia, y la retención.

“Advierto un hecho con apariencia de delito, hay flagrancia, amerita la detención… no veo dilación en la puesta a disposición. Con esto me formé convicción de un delito, la retención estuvo bien por parte del MP”, indicó el juez quien acotó a la fiscal durante la exposición de los datos e incluso declinó escuchar de forma completa las declaraciones de los testigos presenciales y el informe del agente ministerial de la Federación encargado de la investigación.

El juez regañó a la fiscal en varias veces, le ordenó que no leyera todo y que fuera muy precisa.

En la etapa de formulación de cargos, la fiscal federal clasificó los hechos como el delito de homicidio calificado, como se prevé en los Artículos 302, 315 y 316 fracción III del Código Penal Federal.

El primer Artículo describe el homicidio, como la privación de la vida a otra persona; el segundo indica que el delito es calificado y el 316 precisa que en este caso la calificativa es por la utilización de piedras para debilitar al oficial de Migración.

“La ventaja: se valieron de un medio que debilitó, fue derribado. Utilizaron piedras con las que le ocasionaron una lesión que causó la muerte”, señaló la agente del MP.

La representante social consideró a ambos migrantes como autores del delito.

Después de la formulación de cargos y la exposición de los datos de prueba, el juez le preguntó a los migrantes si deseaban rendir declaración o hacer efectivo su derecho a guardar silencio.

“Señoría deseamos el derecho”, respondieron ambos extranjeros tras ser aconsejados por su abogado con quien se entrevistaron antes del inicio de la diligencia, la cual recibió el número 1/25 del índice del tribunal federal.

Los migrantes también pidieron las 144 horas que permite la ley para la siguiente audiencia, en la que el juez determinará si los vincula o no a proceso. Esa diligencia quedó programada para el próximo 6 de enero a las 10 de la mañana.

Un oficial con 25 años de servicio

El oficial Luis Alberto Olivas García, nació en Ciudad Juárez e ingresó al Instituto Nacional de Migración (INM) 16 de noviembre de 1999, con cargo de oficial de Migración, informó esa dependencia  en un comunicado de prensa.

En el año 2001 recibió un reconocimiento por el trato que brindó en la expedición de las formas migratorias y posteriormente fue promovido como agente Federal de Migración B; en el 2009 llegó agente Federal de Migración “C”.

Laboró en diversos filtros de internación terrestre del norte de Chihuahua; encabezó innumerables comisiones a lo largo del país; y recibió capacitación por parte del INM y diversas autoridades como aduanas, Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y embajadas.

En el 2024 recibió un reconocimiento y una medalla por 25 años de servicio en la administración pública federal. 

“Luis Alberto era reconocido por su disciplina, dedicación, honestidad, responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo y desempeño de sus labores, por lo que a inicios de 2024 recibió la encomienda como responsable de turno en el punto de Rescate Humanitario denominado Precos en Samalayuca, Chihuahua, demostrando un gran liderazgo”, dio a conocer el INM.


Publicado originalmente en http://La Verdad Juarez

Texto: Nora Belghaus 
Fotos: Helena Lea Manhartsberger 

Bladis Mejía ha colocado en la cama del hotel los objetos que planea llevarse en su marcha por el desierto: un rollo de papel higiénico, pañuelos desechables, auriculares, gomina para el pelo, analgésicos, ungüento Vick Vaporub, unos guantes con estampado de camuflaje. Se hace unas selfies, fotografía sus pertenencias, y envía las imágenes a su madre Cristina Saraoz Calvo. 

La noche del jueves 2 de abril de 2020, Bladis le escribe por WhatsApp desde la ciudad fronteriza de Sonoyta, en Sonora: 

“Me dijo este vato que no encienda mi celular. Así que estaré desconectado por cinco días. Así que no te asustes“.

“Bueno, mi amor, pero si puedes me escribes“, le responde su madre. “Hasta donde puedas. Por favor, cuídate mucho en el camino. Nosotros estaremos orando por ti, hijito“.

“Sí, mamita, está bien. No te preocupes por nada. Te prometo que estaré bien“.

Es el último mensaje que Saraoz recibe de su hijo. Su rastro se pierde en el desierto de Sonora, que se extiende desde México hasta Arizona. 

Fotografía de Bladis Mejía incluida en el expediente de su desaparición, ocurrida en 2020, cuando tenía 21 años. 

Cuando Bladis partió desde el noroeste del país, en abril de 2020, tenía 21 años. Como decenas de miles de personas que viajaron desde distintos lugares de América Latina solo ese mes, su destino era Estados Unidos, donde encontraría un trabajo asalariado, paz y la perspectiva de una vida mejor. Pero Bladis no disfrutó de esa nueva vida. Para su madre se convirtió en un “desaparecido“.

El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas registra, en la región de las Américas, 9,952 personas fallecidas o desaparecidas en su camino hacia Estados Unidos desde 2014 hasta diciembre de 2024. Pero se cree que hay muchos más. Algunos desaparecen cuando recorren Centroamérica o cruzan el Caribe; otros, cuando ya llegaron a su destino, en Nuevo México, Texas o Arizona. 

Un día de noviembre de 2023, los estadounidenses Alizah Simon, de 27 años, y Bryce Peterson, de 32, suben a una pick up rumbo al desierto de Sonora, al que tambíen se dirigía Bladis. Avanzan durante kilómetros a lo largo de la línea fronteriza, que se extiende hasta el horizonte. Bajo el calor del mediodía, cargan al hombro sus mochilas y marchan a través del terreno polvoriento y lleno de maleza. Lleva cada uno 15 litros de agua en tres bidones y comida. 

Después de dos horas de caminata llegan a un barranco. Depositan en árboles y cuevas los garrafones de agua, las latas de atún y frijoles, y las galletas. No More Deaths es la ONG para la que trabajan de forma voluntaria. Hay blísteres de analgésicos y latas vacías junto a la carretera; encuentran un zapato junto a un arbusto. Alguien ha cosido alrededor de la suela un pedazo ancho de alfombra. Los migrantes usan estos zapatos para no dejar huellas en la arena, “para que la patrulla fronteriza no pueda encontrarlos“, dice Simon. A menudo han rescatado a personas deshidratadas y desorientadas que vagaban por el desierto. 

Una vez, durante un recorrido, Simon descubrió un esqueleto humano debajo de un árbol, a 100 metros del aparcamiento más cercano. Avisó a la patrulla fronteriza, que se llevó los restos. No sabe si fueron identificados. Más tarde, alguien colocó una cruz amarilla de madera en el lugar y colgó un rosario. 

Voluntarios como Simon, Peterson e integrantes de otros grupos humanitarios dan un poco de esperanza a familiares de personas desaparecidas como Saraoz. 

La madre de Bladis aún no sabe si el hijo que busca está vivo o muerto. 

Rick, un voluntario, revisa una fuente de agua de la ONG Humane Borders en el parque Organ Pipe, en Arizona. 

La oferta 

Tres años, siete meses y un día después de la desaparición de Bladis, en noviembre de 2023, Saraoz, de 44 años, hojea el expediente de su hijo en la mesa de su cocina, que contiene una copia de su última selfie. “Nada duele tanto como saber que tu hijo ha muerto“, dice, “pero no saberlo es igual de malo“. Saraoz conoce muchas historias de desaparecidos en la frontera. Y sobre los muertos: fallecidos de sed en el desierto, ahogados en el Río Grande, o víctimas de la violencia de los cárteles y de los traficantes de personas. A veces, sus cuerpos son encontrados en el río o bajo los arbustos. Otros yacen enterrados en lugares desconocidos, sin que se conozca la verdad sobre su muerte. 

Saraoz vive con su hija Perla, de 11 años, y su hijo Ronay, de 23, y la pareja de este, en Emiliano Zapata, un pueblo de las montañas de Chiapas, el estado más pobre de México. Su marido, después de un largo periodo enfermo, murió en octubre de 2022. Junto con Ronay, Saraoz puso una tortillería en la casa vecina. Cristian, su hijo menor, de 21 años, emigró al norte del país para ganar dinero. 

Perla, de once años, reza junto a su madre, Cristina Saraoz, por su hermano mayor desaparecido.

Casi todas las paredes de su hogar están pintadas de diferentes colores. Un año después de la desaparición de Bladis volvieron a pintar la casa, pero no su antigua habitación. Su madre muestra la cabeza de puma dorada que Bladis dibujó en la pared: el logotipo de su club de fútbol favorito, los Pumas de la UNAM. Hace tiempo que Perla se mudó al cuarto, con su osito y su perro de peluche. 

Más tarde, Saraoz se sienta en la cocina bajo la pálida luz de una bombilla LED. A su espalda, una estantería rebosa de coloridos tupperware; son de cuando los vendía en el barrio. En la esquina hay una jaula con un periquito. Perla pasa los dedos por los barrotes mientras su madre recuerda que en 1998, cuando nació Bladis, tenía 19 años. Además de tupperware, también vendía ropa americana por catálogo. Su marido trabajaba como profesor. Los domingos iban a la iglesia que está enfrente, una congregación de los adventistas del séptimo día. Una vida sin grandes sobresaltos, pero “no nos faltaba nada“, dice. 

Cuando su marido enfermó del riñón, necesitaba diálisis todos los días, pero seguía trabajando. En 2018, su hijo mayor, Bladis, se mudó a la ciudad de Monterrey; encontró trabajo en una fábrica de asientos calefactables para automóviles y enviaba a casa todo el dinero que podía. 

En la Nochevieja de 2019, Bladis le regaló a su madre un billete de avión; fue la primera vez que Saraoz viajaba a una gran ciudad. Madre e hijo sonríen en las selfies que se hicieron. 

Tres meses después, en marzo de 2020, el padre empeoró repentinamente y tuvo que ser hospitalizado varias semanas. El coronavirus había llegado al país. Los medicamentos escaseaban y eran caros. “Bladis no soportaba la incertidumbre, el miedo por su padre“, dice Saraoz. Poco después, su hijo le preguntó: “Mamita, ¿qué te parece si me voy a Estados Unidos?“. Ella se mostró escéptica: “¿Qué quieres allí? ¿Por qué piensas eso?“. Le contó que estaba en contacto por Facebook con un chico que conoció en la escuela. Ahora vivía en Estados Unidos y ganaba mucho dinero; le ofreció organizar el viaje y un trabajo como chofer. Solo tenía que pagar una parte de los gastos, el resto podría cubrirlo cuando estuviera allá. Así podría enviar más dinero a casa para la medicación de su padre, mucho más. 

Al final, Saraoz le dio su bendición, pero con cierta inquietud. “Estaba muy preocupada, pero él lo deseaba tanto”, cuenta.

El desierto de Sonora se extiende a ambos lados de la frontera de México con Estados Unidos, donde abarca grandes áreas de los estados de Arizona y California. 

El viaje 

El 27 de marzo de 2020, Bladis toma el autobús con destino a Sonoyta, una ciudad fronteriza del estado de Sonora. Llega el 31 de marzo. Pero antes de viajar al otro lado, a Arizona, tiene que hacer un primer pago. Pide dinero a su madre. Saraoz transfiere 7,000 pesos, prestados por un primo, a la cuenta de su hijo para que pueda cruzar la frontera. Bladis agrega una parte de sus ahorros a esa cantidad, pero Saraoz no sabe cuánto. 

Dos días después, Bladis se encuentra con otros tres viajeros, una mujer y dos hombres, y con la persona que supuestamente los llevará al otro lado: el guía y cómplice del conocido de la escuela que lo convenció para que entrara ilegalmente a Estados Unidos. Bladis le entrega el dinero. Durante esos días, mantiene a su madre informada casi cada hora; hablan por teléfono y se escriben mensajes.

Desde la habitación del hotel, Bladis le envía una selfie y una foto de su equipaje. Y el último wasap. Luego comienza la espera para Saraoz. En los cuatro días que siguen a esa noche, apenas come ni duerme, con los ojos pegados al celular. El 6 de abril no puede aguantar más. Bladis le había dado el número de su antiguo compañero de colegio, y Saraoz le pregunta por WhatsApp y Facebook  por el paradero de su hijo. Pero el coyote, el traficante, no contesta a sus preguntas o lo hace con monosílabos; le dice que tenga paciencia y que pronto le dará información. 

El tono de Saraoz en los mensajes se vuelve más agudo, apela a su responsabilidad, le insta a que averigüe más sobre la ruta del grupo a través del guía. En algún momento, le responde que Bladis podría estar atrapado en el desierto de Sonora en Arizona, en Growler Valley, un valle entre dos cadenas montañosas. Allí, solo algunas cuevas bajo las rocas proporcionan algo de sombra; alrededor crecen arbustos espinosos y cactus saguaro de nueve metros de altura. Después, el contacto se interrumpe; el coyote la ha bloqueado.

Tres jóvenes guatemaltecos caminan hacia el centro de registro después de atravesar la frontera en Ajo, Arizona.

Comienza la búsqueda

Ronay, el hermano menor de Bladis que vive con su madre, encuentra en internet dos organizaciones de derechos humanos que buscan a personas desaparecidas en la zona fronteriza de Estados Unidos. Le proporciona información sobre el coyote a uno de los grupos. El 21 de abril, 19 días después de la desaparición de Bladis, cinco hombres y una mujer salen en su busca. Son voluntarios de Samaritanos sin Fronteras, un grupo humanitario con sede en Ajo, Arizona, y de la ONG No More Deaths. Ajo es una pequeña ciudad del desierto de Sonora; los samaritanos, en su mayoría estadounidenses blancos jubilados, viajan regularmente a la región fronteriza en busca de migrantes como Bladis que necesitan ayuda, han sido abandonados por los coyotes o están perdidos. Les dan agua y comida, curan pequeñas heridas, y llaman a la patrulla fronteriza y a una ambulancia en caso de emergencia. 

Por la noche, envían las fotos de la búsqueda a Ronay. Los samaritanos parecen excursionistas, con mochilas, bastones de senderismo, sombreros y gafas de sol, llevan pantalones beige de montaña y camisas blancas de manga larga. Están sobre un terreno pedregoso bajo un cielo despejado. Pero la esperanza de Ronay y su familia se desvanece. No lo han encontrado. 

A Cristina Saraoz le cuesta cada vez más levantarse por las mañanas, ayudar a su marido con la diálisis, llevar a su hija Perla al colegio. Los días se convierten en semanas y meses. Abandona su negocio; se limita a hacer lo imprescindible. “Perlita es mi fuerza“, dice.

En la primavera de 2021, un conocido le habla de Voces Mesoamericanas. Esta organización, que apoya a familias cuyos parientes han desaparecido en su camino a Estados Unidos, quizá pueda ayudarla. Poco después de contactarla, Saraoz toma un minibús hacia San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde la ONG tiene su oficina. Maricela Sandybell Reyes González, abogada, explica a Saraoz qué pasos pueden dar juntas. Juntas. Este es para ella un punto de inflexión: “Desde entonces, no me he sentido tan sola con todo“.

Integrantes del colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales realizan una búsqueda en campo.

Las preguntas de los forenses

Ese mismo año, en abril, Saraoz sube al autobús por segunda vez, ahora junto a Ronay, Cristian y Perla. Son cuatro horas de descenso por el valle y poco menos de dos horas de subida por la sierra hasta llegar a San Cristóbal de las Casas. No es Reyes quien les espera, sino un equipo de antropólogos de la Ciudad de México. Están desde hace varios días en la ciudad entrevistando a las familias de los desaparecidos. 

Una antropóloga forense pregunta a Saraoz sobre la ropa que llevaba Bladis, sus marcas de nacimiento, radiografías, piercings, fracturas óseas. Recoge los datos ante mortem (AM): todo lo que pueda ayudar a la identificación de cadáveres o esqueletos. Luego toma muestras de sangre y saliva de la madre y de los hijos para las pruebas de ADN. 

La entrevistadora forma parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que colabora con Voces Mesoamericanas y tiene como objetivo reunir a las personas desaparecidas con sus familias. Fue fundado en 1984, poco después de la vuelta de la democracia a Argentina; de 1976 a 1983, bajo la dictadura militar, alrededor de 30,000 hombres y mujeres fueron secuestrados, torturados y asesinados en ese país. Pasaron a la historia como los “desaparecidos“. El EAAF se propuso recuperar e identificar a los muertos de las fosas clandestinas; desde su creación, sus forenses han identificado a víctimas de la violencia en más de 50 países, desde Angola hasta Zimbabue, desde Bosnia hasta Vietnam.

Uno de los miembros fundadores del EAAF es Mercedes Doretti, que ahora vive en Nueva York. En una entrevista por Zoom, esta mujer de 65 años habla sobre el Proyecto Frontera, que desde 2009 tiene la misión de crear estructuras en los países de origen de los migrantes, y el país de destino, Estados Unidos, mediante redes, intercambio de información, bases de datos compartidas que puedan utilizarse para identificar a quienes mueren en la frontera norte de México. Doretti afirma: “Desde un punto de vista puramente científico, el asunto es claro y sencillo. Pero el mayor reto es la coordinación“. 

Hay que visualizarlo así: por un lado, están los cadáveres encontrados a lo largo de los más de 3,000 kilómetros de frontera de Estados Unidos con México que son examinados por diversas instituciones forenses. Son los cuerpos de personas que, probablemente, querían emigrar. En la mayoría de los casos, solo se hallan sus esqueletos, rara vez cuentan con algún documento de identidad. Por otro lado, están las familias. Algunas residen en Estados Unidos, otras en su país de origen. La mayoría vive en la pobreza, a miles de kilómetros de la frontera estadounidense, y algunos tienen dificultades para leer y escribir. 

¿Cómo unir estas dos partes? Los datos post mortem (PM) de los servicios forenses estadounidenses con los datos ante mortem (AM) de las familias, en caso de que los parientes hayan sido contactados por ONG como Voces Mesoamericanas o el EAAF. 

Falta un intercambio de datos entre Estados Unidos, México y los demás países de origen para obtener, concentrar y hacer llegar la información a los destinatarios adecuados, explica Doretti. Por eso, en 2010, un año después de su fundación, el Proyecto Frontera empezó a concentrar los datos. Se establecieron canales de contacto para las familias en varios lugares de México y Centroamérica, y se crearon bancos forenses con bases de datos estandarizadas, como el de Chiapas con Voces Mesoamericanas. 

Desde 2010 hasta junio de 2023, han sido identificadas 296 de 2,123 personas migrantes reportadas como desaparecidas al Proyecto Frontera, y sus restos entregados a sus familiares. Es una fracción de los cuerpos no identificados. Las oficinas forenses de Estados Unidos ya han enterrado, o conservan en un refrigerador mortuorio, a más de mil. Doretti y su equipo asumen una tarea que, en realidad, es responsabilidad de los países de origen y de Estados Unidos: el trabajo forense. Permiten que las personas sean enterradas con dignidad y que sus familiares puedan despedirlas. Su trabajo se financia con donaciones y no con el dinero de los contribuyentes.

Cuerpos de personas sin identificar permanecen en un refrigerador mortuorio en la oficina forense de Tucson.  

Posibles destinos

Cuando Cristina Saraoz se sienta a la mesa de su cocina en noviembre de 2023, piensa en voz alta qué podría haberle ocurrido a Bladis: quizá esté en la cárcel. Porque el guía le dio drogas, la policía lo atrapó con ellas, y ahora lleva mucho tiempo en prisión y no puede ponerse en contacto con ella porque no se lo permiten o porque el guía le ha quitado el celular. Tal vez lo tiene cautivo un cártel de la droga. O traficantes de personas en Estados Unidos que lo obligan a trabajar como esclavo. 

No son suposiciones infundadas, hay noticias de casos así. Pero los años transcurridos y los informes de las ONG sobre los destinos mortales en la región fronteriza sugieren que Bladis ya no está vivo. Los miembros de las organizaciones humanitarias que lo han buscado y un médico forense consultado también creen que probablemente esté muerto. Sospechan que perdió a su grupo o fue abandonado. Tal vez sus restos ya fueron encontrados por un grupo de búsqueda o un agente de la patrulla fronteriza, pero no ha sido identificado. Saraoz no piensa así, al menos no en voz alta. 

Si Bladis sufrió ese destino, su cuerpo, o lo que quedó de él, debió estar en algún momento en la mesa de autopsias de Bruce Anderson, el forense del condado de Pima, en Arizona, que abarca la zona donde se cree que desapareció. Un 15 de noviembre, este hombre alto de 68 años, está inclinado con su bata blanca sobre la brillante superficie de acero inoxidable de una mesa en la que clasifica los huesos del caso 23-3893. La sala no tiene ventanas, el aire es fresco, la luz es potente y huele a putrefacción. Ha sacado los huesos de una bolsa blanca para cadáveres, que también contiene una gran bola de pelo negro. Con dedos ágiles, mueve sobre la mesa los huesos pequeños y grandes hasta formar un esqueleto casi completo, incluido el cráneo. 

“Los huesos todavía tienen un color amarillento y están grasientos, lo que indica que pasaron entre cuatro y diez semanas antes de que el cuerpo fuera encontrado“, dice, y enumera: “Faltan dos costillas y una pequeña parte del coxis; probablemente, los lobos esteparios o los buitres arrancaron partes del cuerpo y se las llevaron. El cráneo tiene los pómulos altos y planos, lo que indica un origen indígena“. Falta la cintura de los pantalones que se hallaron con el esqueleto; fue arrancada. “Vemos esto a menudo. Quizá la persona cosió dinero, lo escondió, y alguien se lo robó“. Todo esto, junto con su ubicación en la región fronteriza, sugiere que la persona era migrante. 

El forense del condado de Pima, Bruce Anderson, examina los huesos de una adolescente. Se desconoce su identidad. 

Anderson examina el cráneo. Además de las huellas dactilares, que no se pueden tomar cuando se trata de restos óseos, los dientes de una persona son especialmente importantes para su identificación. Utiliza un aparato de rayos X portátil para irradiar los dientes. Las imágenes aparecen en un monitor, y Anderson las señala con el dedo: “Dos conductos radiculares están curvados. Si hubiera radiografías dentales, sería fácil identificar a la persona. Pero la gente pobre rara vez va al dentista“.

Descubre una muela del juicio en la dentadura, su corona es aún muy pequeña. Anderson mide su circunferencia y luego se dirige hacia una ilustración que cuelga en la pared, a su lado. Es la llamada tabla de crecimiento, que muestra el tamaño de los dientes en los diferentes grupos de edad. “Edad dental: entre 15 y 19 años“. Luego señala unas líneas en el cráneo, las placas de crecimiento; también las encuentra en las articulaciones de las rodillas. Aún son visibles, es decir, no están completamente cerradas y osificadas. Ahora, Anderson puede decir con más precisión: “Esta persona no tenía más de 15, máximo 16 años“. Por la pelvis, puede establecer que es el esqueleto de una mujer. Y no medía más de 1,46 metros. Con un suspiro, dice: “Hacía mucho tiempo que no tenía a alguien tan joven tumbado aquí“. 

Así que el caso 23-3893 es una adolescente con el pelo hasta la cintura. Eso es todo lo que Anderson puede decir de ella. Para poder darle un nombre, habría que comparar los datos PM de Estados Unidos con los datos AM de los bancos forenses de personas desaparecidas del Proyecto Frontera. Si su familia envió sus datos, sería rápido hallar una posible coincidencia. La familia tendría certeza sobre el destino de su hija, hermana o prima desaparecida. Pero hay un problema.

Para identificar un cuerpo o un esqueleto, con el fin de garantizar que una familia no está enterrando a un extraño, es necesario un cotejo de ADN. En Estados Unidos, el coste del análisis de ADN de un indocumentado que cruza la frontera (UBC, por sus siglas en inglés: Undocumented Border Crosser), un inmigrante ilegal, es de 3,000 a 5,000 dólares, dice Anderson. El precio es alto porque los laboratorios privados tienen que realizar los análisis. La razón: el FBI puede acceder a los datos de los laboratorios estatales. El Estado no se hace cargo de los gastos, dice Anderson, y añade: “Nuestro condado es uno de los más liberales de Arizona, pero si se supiera que se está identificando a inmigrantes muertos con el dinero de los contribuyentes, arderían las calles. Aquí se les considera ciudadanos de segunda clase“. 

Como las familias de las personas fallecidas no suelen poder reunir el dinero, las ONG y las fundaciones ayudan con donaciones. Pero estas han disminuido en los últimos años. Actualmente, hay entre 200 y 300 restos de presuntos UBC almacenados en cajas en la oficina del forense del condado de Pima. Desde 2019 se acumulan muestras de dientes y huesos de personas desconocidas, cuyas familias pueden haber proporcionado una muestra de ADN y están esperando a que sea cotejada.

Las tumbas que albergan a personas no identificadas en el cementerio municipal de Tucson fueron pintadas por estudiantes.

Un rayo de esperanza

¿Podría Bladis ser una de las personas no identificadas cuyos restos están en la oficina del forense del condado de Pima? Bruce Anderson abre la puerta de su despacho. Una habitación pequeña, una estantería llena de libros en cada pared, un escritorio con una computadora en el centro y archivos apilados encima, abajo y al lado, en el suelo. Enciende el ordenador y abre una base de datos. ¿Qué dice Anderson sobre la hipótesis de la madre de Bladis de que su hijo haya sido detenido por la patrulla fronteriza con droga en el equipaje y condenado a una larga pena de prisión? No lo cree muy probable. El cónsul mexicano está regularmente en contacto con la patrulla fronteriza y se entera pronto de esos casos. Bladis también habría tenido la oportunidad de llamar a su familia desde la cárcel durante los años transcurridos. El nombre de Bladis, además, es inusual, y seguramente lo recordaría si el cónsul mexicano lo hubiera denunciado. 

Anderson anota ahora los números de los casos de cadáveres masculinos desconocidos encontrados en Growler Valley, donde desapareció Bladis, desde el 2 de abril de 2020. El mapa en que se registran estos números, el llamado “mapa de la muerte“, es de acceso público; las organizaciones humanitarias y los agentes fronterizos pueden introducir también los lugares donde se han encontrado cuerpos. 

Anderson quiere examinar más de cerca los casos. Promete proporcionar información pronto, pero ahora tiene que seguir trabajando. Quiere hervir los huesos de la niña para que pierdan el olor y puedan almacenarse en uno de los grandes remolques que hay frente a la oficina del forense, en lugar de en refrigeradores mortuorios. 

“No te preocupes por nada. Te prometo que estaré bien“, fue el último mensaje que Saraoz recibió de su hijo Bladis. Su rastro se perdió en Growler Valley, en Arizona.

Esa misma tarde llega la respuesta: negativa. Las pertenencias que Bladis fotografió para su madre en la cama del hotel antes de su desaparición no se encontraban en ninguna de las fotos de la base de datos post mortem. 

El 16 de diciembre, otro grupo de búsqueda partió hacia Growler Valley. Esta vez a la parte norte, que pertenece a una base militar de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Es una zona que rara vez se explora porque hay que presentar una solicitud de permiso con varias semanas de antelación, lo que supone un gasto adicional para las organizaciones sin ánimo de lucro.

Cuando Saraoz se enteró, de repente volvió a tener esperanza, dice. 

El 22 de diciembre recibió el mensaje: no habían encontrado a su hijo.

Este reportaje apareció en la revista GEO el 14 de junio de 2024. Lea aquí el texto en alemán.

**Foto de portada: En Sásabe, Arizona, una camioneta con agua y comida circula junto al muro fronterizo en dirección al desierto de Sonora.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez

Ciudad Juárez– La ilusión de cruzar a Estados Unidos se desvaneció con el amanecer para decenas de personas extranjeras varadas en la ciudad, quienes aseguraban que este miércoles 18 de diciembre de 2024 el gobierno de ese país les abriría la puerta número 36 del muro fronterizo para recibirlos sin documentos por ser el Día Internacional del Migrante.

Sin embargo, los migrantes fueron dispersados con gas pimienta, por soldados texanos y al menos una persona sufrió una afectación a su salud.

Cerca de las 2:30 de la mañana de este miércoles, las personas –en su mayoría de Venezuela, Honduras, Ecuador y Colombia–, comenzaron a reunirse en la zona centro de la ciudad, sobre la avenida Francisco Villa.

Primero se desplazaron hacia al puente internacional Paso del Norte, ahí buscaron cruzar hacia Estados Unidos, pero tras hablar con el personal de seguridad supieron que no tenían posibilidades de utilizar ese cruce para internarse a El Paso, Texas y se fueron caminando al bordo del río Bravo, hasta el marcador fronterizo número 36.

Alrededor de las 4:30 de la mañana, el grupo, conformado por hombres, mujeres, con niños e incluso bebés en brazos, llegaron al bordo del río. Como pudieron cruzaron el caudal al lado estadounidense hasta topar con el alambrado de púas instalado por la Guardia Nacional de Texas, desde hace dos años, y ahí suplicaron a gritos por una oportunidad para que los dejaran entrar.

“Queremos pasar, por favor. Déjenos pasar”, “por favor, ayuda… traemos niños, por favor”; “por favor, pónganse la mano en el corazón… tenemos familia como ustedes”, “apoyen, abran la puerta”, gritaron frente a los elementos estadounidenses que portaban armas.

“Hoy es el día del migrante y pues queremos pasar pa’ allá, pa’ Estados Unidos para buscar un mejor futuro de mis hijos… Ayer en la tarde venimos a lograr pasar y las mismas autoridades de Estados Unidos dijeron que hoy iban a abrir las puertas y que nos iban a dar una oportunidad, a eso venimos. Incluso cuando llegamos nos estaban disparando de esas balas, de goma”, dijo Jefrin, de Honduras, quien viaja en compañía de su esposa, su hija de cinco años y su hijo de cinco meses, nacido en Chiapas, México.

“Queríamos pasar simplemente por el Día del Migrante, pero no abren nada… nos está matando el frío. Vamos a esperar o será regresarnos para otro lado, por otra frontera”, dijo Carlos de Venezuela quien perdió sus zapatos en el caudal del río Bravo y tuvo que soportar una temperatura de unos 3 grados centígrados y el gélido viento que provocó una sensación térmica de menos 1 grado.

Inicialmente los soldados de la Guardia Nacional de Texas estuvieron solo observando, pero después de unas horas dispararon gas pimienta contra el grupo, sin importar la presencia de infantes. 

“Mierda están tirando gas pimienta, coño que ahí están los niños, coño que bandera, vale… le tiraron gas a la niña en la cara”, expresaron algunos de los extranjeros.

Tras ser gaseados, varias de las personas optaron por regresar al lado mexicano. Para ello se metieron al caudal del Río Bravo, salieron con la ropa mojadas hasta el pecho, temblando de frío y muchos descalzos.

Los niños titiritaban de frío al mismo tiempo lloraban. Las lágrimas, el escurrimiento nasal y el agua cubrían sus rostros.

Desolados los padres intentaban tapar a sus hijos con cobijas o ponerles la muda de ropa que traía en las mochilas que previamente habían sostenido en alto para evitar que se mojaran.

Los gritos y el llanto privaban en el lugar. Un hombre cayó al piso y empezó a convulsionarse. Varios de los extranjeros se arremolinaron alrededor de él para tratar de ayudarlo, y los gritos pidiendo ayuda se intensificaron.

A unos metros de distancia personal del Instituto Nacional de Migración (INM) permanecía a la expectativa, a pesar de los gritos de auxilio ninguno de los funcionarios públicos se acercó a prestar ayuda.

Un periodista de Japón, que daba cobertura al hecho, optó por quitarse la chamarra y cederla para que el extranjero fuera cubierto pues otras personas intentaban quitarle la ropa mojada al mismo tiempo que lo sostenían para evitar que se lastimara por los movimientos espasmódicos e incontrolables que continuaban.

Al migrante le quitaron casi toda la ropa mojada, le dieron masajes para calentarlo y lo cubrieron con una chamarra y con unas cobijas, pero no reaccionaba. Varias personas trataron de comunicarse al 911 para pedir una ambulancia. Debido a que no llegaron de forma inmediata los paramédicos, el grupo de periodista de Japón y otros migrantes optaron por cargar al afectado para llevarlo al vehículo de los reporteros donde encendieron la calefacción, minutos más tarde el migrante fue llevado a recibir asistencia médica.

“Nos dispararon con bombas lacrimógenas mami para sacarnos de ahí, nos hicieron conteo de que si no salíamos nos disparaban… que no tocáramos la cerca, que nos daban un minuto para salir de la zona si no iban a disparar y comenzaron a disparar. El gas duele mucho en la garganta, te raspa y más el frío del río que uno lo cruza, es muy fuerte, estar mojado puede agarrar hipotermia como el muchacho que no se puede despertar, esta convulsionando”, expresó una mujer de Venezuela que prefirió omitir su nombre.

Cerca de las 8 de la mañana, varios de los migrantes empezaron a retirarse, otros se quedaron tirados esperando recuperar la temperatura corporal mientras a la distancia eran observados por agentes del INM.

Unos 30 minutos después llegó un grupo antimotín de la Guardia Nacional, que hasta el cierre de esta nota se mantenía en el sitio.

Junto al bordo del río Bravo permanecieron cerca de 60 personas migrantes en espera de una oportunidad de entrar a Estados Unidos.

Una vez más, la desinformación movilizó a migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos sin documento, por esta comunidad fronteriza


Publicado originalmente en http://La Verdad Juarez