POR JORGE TADEO VARGAS

La semana pasada investigadores, activistas, personas que tienen años trabajando el tema del cambio climático se reunieron en Santa Marta, Colombia, para continuar con una discusión que desde hace años está estancada en las Conferencias de las Partes sobre Cambio Climático de la ONU: como abandonar los combustibles fósiles. En esta reunión participaron alrededor de cincuenta países que después del fracaso de Brasil, están intentando llegar a acuerdos para ponerle fin al uso del gas, el carbón y el petróleo, cosa que más allá de la crisis climática tiene un eco muy profundo en la crisis energética a la que dicen los especialistas que nos estamos dirigiendo, ante los conflictos que estamos viviendo en la actualidad, sumado al cenit del carbón y demás combustibles no renovables.

Los participantes de la reunión aseguran que fue esta fue mucho más conciliadora que las propias COPs y que al no estar los grandes productores de petróleo, al menos se podía aparentar cierto interés en llegar acuerdos para dejar la dependencia al petróleo que nos está acercando a una crisis energética y alimentaria, que de continuar la tendencia tendrá una repercusión histórica a nivel global.

Esta reunión se centró en dos puntos que son importantes a tomar en cuenta, pues independientemente de lo que dicen muchos analistas geopolíticos, en estos es donde veremos el mayor punto de inflexión de hacia dónde se dirige el post capitalismo neofeudal: por un lado el decrecimiento forzado de algunas economías principalmente aquellas estrechamente ligadas con los combustibles fósiles, como lo es la agroindustria – Australia prevé reducir su superficie de cultivo de trigo en un  catorce por ciento – con lo que encarecerá el producto, pero los agrotitanes no perderán, solo se reacomodan para lo que se viene en los próximos años. El otro punto es la apuesta – mucho más urbana y con repercusiones muy diversas – son la movilidad eléctrica, especialmente aquella de coches de dos o tres ruedas que ha estado creciendo en los últimos diez años. Aquí cabe mencionar que la Conferencia Asiática sobre Materias Primas y Reciclaje de Baterías, también celebrada la semana pasada es optimista con respecto a la evolución del mercado de coches eléctricos.

Finalmente la idea de ir fortaleciendo economías regionales para darle paso a las economías globales es parte de estos puntos de resistencia – por llamarlo de alguna forma – ante el lobby petrolero que en estos momentos se mueve en arenas movedizas y no se ve que lleguen a un acuerdo próximamente, con todos los impactos que esto genera a nivel global, con muchas repercusiones a nivel local, por lo que los “otros países” se ven obligados a buscar sus alternativas.

¿Qué es lo importante y a tener en cuenta de esta reunión? Primero que los países dependientes del petróleo – no productores – comienzan a plantearse alternativas ante las crisis energéticas más allá del cambio climático. Alternativas que van encaminadas a quitarle hegemonía a países que mantienen cierto control global, lo cual de entrada cambiará toda la geopolítica encaminados hacia un neofeudalismo cada vez más latente. Lo segundo es que de cierta forma se viene un aumento en las actividades industriales relacionadas con la minería, además del aumento de las zonas de sacrificio relacionados con el reciclaje del plástico, es decir el modelo de producción-consumo ya comienza a adaptarse a la nueva geopolítica, no por nada las financiaciones a ONGs que están trabajando temas de reciclaje, baterías, entre otras está creciendo mucho. La apuesta por el extractivismo, principalmente minero se viene con mucha fuerza. Una forma de compensar la crisis energética es buscando otros materiales para compensarla.

Aquí me gustaría mencionar que de ser cierta la buena voluntad de los funcionarios de gobiernos, activistas, investigadores, gente con el conocimiento sobre la crisis climática, el objetivo real de esta reunión no tiene que ver con medidas de adaptación o resiliencia, sino en continuar con un modelo que está entrando en crisis y se tiene que buscar las alternativas que sostengan dicha crisis, que va más allá del clima para situarse en un tema energético, desde la matriz hasta la forma de producir.

Estamos entrando a un punto de inflexión donde el modelo actual comienza a resquebrajarse aún más y el sistema capitalista con miras de post capitalismo comienza a buscar otras formas de continuar en el poder, dejando ciertas dependencias y cambiando la geopolítica actual – esto es claro si vemos cómo han ido escalando los conflictos en ciertas regiones – y desde ahí es fácil entender porque la minería se mantiene tan actual a pesar del tiempo y las múltiples evidencias de que no es necesaria – lo es para el capitalismo tardío, tanto como lo fue para el feudalismo – la reunión de la semana pasada, disfrazada de un intento de dejar la dependencia a los combustibles fósiles es un ejemplo de ello.

Desde el autoexilio en los bosques de Klatch City

Profesor, escritor, traductor, exactivista, anarquista y panadero.

El horizonte desértico, los imponentes cerros de colores cambiantes, los cactus como pequeños guardianes a ambos lados del camino, provocan una sensación alucinante, como de estar en otro lugar, en otro tiempo.

Pero nada te prepara para enfrentarte al tajo. Es una visión brutal. Algo atraviesa el cuerpo, es como una inmensa nostalgia, por algo que fue arrancado de raíz. Una sensación de muerte, de algo perdido que nada devuelve. El tajo es una herida en el corazón de la tierra. Alrededor, el desierto vive, sostiene, guarda silencios y también historias. El desierto está vivo, está lleno de belleza y de riqueza.

Ahí, donde parece que nada se mueve, la vida florece. También se gesta una forma radical de dignidad que no se entiende, hasta que te acercas y escuchas a los protagonistas de esta historia.

Pareciera que el desierto protege la lucha de los ejidatarios de El Bajío. Más allá de lo simbólico que resulta vivir en las ruinas de la mina, estas personas, ciudadanos mexicanos, viven en los bordes de una herida, cuidando que no se vuelva a abrir.

Bajar al tajo es una experiencia aún más abrumadora. Muros de piedra en todas direcciones. Vetas de cientos de metros revelan la antigüedad de la zona. Y los cientos de pozos listos para seguir detonando.

Y en medio de todo, el cubo. Un cubo de 70 centímetros de cada lado como memoria materializada. Como recordatorio constante de la irracionalidad humana. Toda aquella destrucción, toda la ruina, la ausencia y la angustia de mujeres y hombres. Toda aquella muerte para un cubo de 70 centímetros, que representa el total de oro que la familia Bailléres y sus inversionistas sacaron de la mina Soledad – Dipolos.

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»

En portada: Erasmo en el tajo. “Por aquí corrían arroyos con la lluvia, había partes que verdeaban. Venían los animales a tomar agua y a alimentarse. Ahora todo está muerto”. Foto: Ismael Meza

Por Erika Llaguno

En el desierto sonorense, en medio de la nada para el ojo superficial, no solo hay incontables formas de vida en su ambiente áspero, también ha germinado una resistencia a contrapelo de todo pronóstico.

En una situación por demás singular, decenas de ejidatarios del ejido El Bajío de Caborca, Sonora, que fueron desplazados una vez por la violencia, el hostigamiento y las amenazas de la minera Penmont, ahora viven un segundo desplazamiento: no querían dejar sus tierras, pero no pueden vivir en El Sahuaro, que es su asentamiento ejidal, pues su integridad estaría muy comprometida.

Hechos trágicos están frescos en la memoria: dos comuneros muertos y dos desaparecidos levantados por hombres armados.

Son alrededor de 40 familias de ejidatarios que ahora viven un segundo desplazamiento. Pero, de manera insólita, esta nueva movilización forzada los ha llevado directo al lugar de origen del conflicto: se fueron a vivir a la zona justo entre la mina y las presas de jales.

Antiguas casetas de vigilancia, cuartos de máquinas que la minera no desmontó por completo, oficinas semiderruidas, campers abandonados, son lugares que han sido reparados hasta donde fue posible para ser habitados. No solo eso, han reutilizado materiales de las antiguas instalaciones y fabricado con ellos tapancos y cobertizos.

Así, el lugar de reunión en casa de Magui y Erasmo es una gran sombra hecha con tubería y una lona negra arrancada del área de lixiviados. El techo sobre sus cabezas era parte de una alberca llena de químicos.

Tienen más de 5 años viviendo una tranquilidad relativa. Aun estando lejos de sus hijos y del resto de su familia han logrado, de alguna manera, ir más allá de la sola supervivencia y encontrar la esperanza día a día.

Van por agua y víveres a Puerto Peñasco o a Caborca, localizados a 40 kilómetros del entronque el primero, y a más de 100 kilómetros el segundo. A esto hay que sumarle el camino de terracería hacia la mina, que es, mínimo, a una hora con 15 minutos. Lo hacen siempre de día, siempre con desasosiego.

No intentaron dominar el desierto o imponerse, más bien lo respetan, lo cuidan, lo observan, fluyen con él. Tienen miedo, sí, pero no los paraliza. Están organizados, hacen rondines, vigilan. Ven pasar al águila, al berrendo, al cimarrón.

Son hombres y mujeres de fe, de hablar pausado. Hablan de los antiguos, de las venas ocultas que alimentan la tierra. De lo sagrado del palo fierro, de la codorniz, de la tortuga.

“Dios nos ha cuidado mucho porque no estamos haciendo nada malo, al contrario”, comenta Magui.

No piden nada que no les corresponda, no piden caridad. El dolor que expresan no es solo por lo que han tenido que pasar ellos y sus familias, también por lo que hicieron con el territorio.

“Vivimos aquí como si fuéramos delincuentes, en nuestra propia tierra. Queremos ser libres, sin el temor constante de que lleguen con orden de aprehensión”, agrega Erasmo.

Fueron familias desplazadas antes, cuando llegó la minera, y tuvieron que dejar el ejido. Ahora prefieren vivir en la mina, en pleno desierto, que en sus casas ejidales.

Esta sobrevivencia política y emocional tiene un objetivo muy claro: que la minera no vuelva para destruir.

Justicia de Papel

La empresa minera Penmont llegó a Caborca en 1997. Con promesas de buenos empleos y beneficios para la comunidad, intentó comprar los terrenos ejidales a precios regalados y promesas falsas. El colmo de las mentiras fue decir que el cianuro no es tóxico, pues “viene hasta en las calabazas”.

Después de tres años, aseguran los ejidatarios, logró firmar contratos con el comisariado ejidal, mismos que no fueron ratificados por la asamblea. Además, los contratos daban permisos sólo de exploración, pero empezaron directamente a explotar el tajo.

Al ver que no había opción, la comunidad resignadamente intentó negociar para recibir una renta justa por las actividades extractivistas, pero la empresa se negó. Cuando se le dijo que se irían a tribunales, la respuesta de la empresa fue: “hagan lo que quieran, van a perder, nuestro patrón tiene mucho dinero y poder”.

De forma arbitraria, en 2005 la minera Penmont, filial del grupo Fresnillo PLC, cuyos mayores accionistas son la familia Bailleres, empezó a extraer oro y plata de la mina Soledad – Dipolos, en el corazón del ejido El Bajío. A los ejidatarios ya no los dejaron entrar, no tenían forma de saber lo que pasaba en su tierra.

Durante años los ejidatarios anduvieron tocando puertas de oficinas gubernamentales, estatales y federales y pagando abogados que luego eran comprados por la minera. En 2011, por fin el primer juicio fue admitido en el Tribunal Unitario Agrario Número 28 de Hermosillo, capital de Sonora.

En el 2013, 67 ejidatarios demandaron a Penmont por despojo, daños ambientales e invasión ilegal de sus tierras para explotación minera. El argumento central fue que los contratos originales con los que lograron entrar carecían de legalidad.

En una sentencia histórica, el magistrado Manuel Loya Malverde resolvió, en noviembre del 2014, que la minera había operado fuera de la ley y que debía restituir el territorio a su condición original, reparar el daño ambiental, además de que debía devolver toda la riqueza a sus dueños.

De 2005 al 2013, de la mina Soledad – Dipolos se extrajo el equivalente a 13.2 mil millones de pesos, cantidad que adeuda a los 67 comuneros cuyas sentencias resultaron favorables, además de la restitución.

La mina perdió en los tribunales, pero siguió operando con total impunidad y violencia, según los testimonios de los ejidatarios.

En 2016, un grupo de 5 ejidatarios, en contubernio con la empresa, le dio entrada a otro actor de nombre Rafael Pavlovich Durazo, tío de la entonces gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, actual Embajadora de México en Panamá.

Con procesos irregulares, Pavlovich Durazo fue reconocido como ejidatario e interpuso una querella por despojo agravado contra 12 comuneros que entonces ya vivían en las ruinas de la mina Soledad – Dipolos.

Se emitieron órdenes de aprehensión. Un convoy de policías estatales y de la Guardia Nacional llegó por ellos.

Después de esto,  la empresa puso otra querella directamente por robo. Fueron 5 los detenidos, quienes estuvieron varios meses en prisión, hasta que se logró acreditar su inocencia.

Mientras, con el terreno libre, la empresa minera y Pavlovich explotaron de nuevo la mina por dos años, este último ayudado por grupos del crimen organizado del cártel de Caborca, según han asegurado los ejidatarios.

“Se repartieron la mina, pusieron un cerco para dividirse la producción y el saqueo”, dice otro de los pocos ejidatarios que accede a platicar.

Fue en este contexto en que el entonces presidente del comisariado ejidal, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega fueron secuestrados en su casa en Puerto Peñasco, en septiembre del 2017. Sus cuerpos fueron encontrados semanas después en las inmediaciones.

En febrero del 2018, un grupo de 15 sujetos armados subió al tajo de la mina y se llevó a Raúl Ibarra de la Paz y a su esposa Elizabeth López Gutiérrez, otra pareja de ejidatarios que vivían en la mina y que encararon varias veces a Pavlovich. Hasta el momento, siguen en calidad de desaparecidos.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal las cosas empezaron a cambiar, pero hubo más esperanzas que cambios. Se tranquilizaron lentamente las cosas, aunque todavía en diciembre del 2018 los ejidatarios denunciaron el saqueo del oro por parte de Penmont y de Pavlovich, ahora resguardados por la protección federal.

Por fin, a partir del 2022 los comuneros de El Bajío han tenido una relativa calma. Aun así, por seguridad prefieren vivir en el desierto, en los restos de la mina, que en el ejido.

“Ganamos el juicio, sí, y la empresa tuvo que salir forzosamente, pero dejó un saldo de despojo, ruina y abandono”, exclama Erasmo Santiago, y continúa: “tenemos una justicia de papel que muchas veces parece inalcanzable. Del Estado mexicano sólo podemos contar promesas rotas”.

El proceso judicial sigue abierto, pues la empresa ha dado la batalla legal que ha alargado la posible ejecución.

Vivíamos en Paz

De las decenas de familias que viven en la mina Soledad – Dipolos, la mayoría teme por su seguridad. Ante el anuncio previo de nuestra llegada algunas salieron del área para evitar cualquier contacto. Solo tres familias aceptaron platicarnos su experiencia.

El lugar donde viven Erasmo y Magui es el menos inseguro. Es la parte que conserva un cerco alto de malla ciclónica con un portón que abre y cierra. Es donde se concentran las familias cuando observan una situación de peligro, como un convoy de carros civiles o policiales.

Lo saben por experiencia: en marzo del 2016 llegaron patrullas de la Policía Estatal, del Ejército y de la Guardia Nacional, le mandaron decir, como a otros, que solo querían conversar. Ahí mismo aprehendieron a Erasmo bajo el cargo de despojo, al que después se le agregarían usufructo ilegal de la riqueza de la mina.

Por esas imputaciones pasó 1 año y 8 meses en la cárcel. “Yo perdí la razón, me la pasé varios meses fuera de mí”, dice.

Erasmo llegó a Sonora junto con su familia en los ochenta, provenientes de la zona mixteca de Oaxaca en busca de mejores oportunidades de subsistencia. Trabajando la tierra en zonas cercanas se enteraron del reordenamiento de los ejidos.

“Cuando el gobierno dotaba de tierras, la gente pensaba que iban a hacerla producir, a sembrar. Pero hay muy poca agua, sin el apoyo para perforar pozos era muy difícil, así que esos beneficiarios las abandonaron, fue cuando llegamos”, dice Erasmo.

“A nosotros nos dieron esta tierra como de agostadero, fuimos 77 ejidatarios que nos otorgaron poco más de 21 mil hectáreas”, agrega.

Erasmo suspira cuando recuerda cómo era la vida antes de la llegada de la minera. “Vivíamos en paz aquí, queríamos darle uso agrícola, pero como no había apoyo, empezamos a criar ganado, llegamos a tener 400 cabezas de cabras y borregos.

“Da mucho coraje que, viviendo en paz con la naturaleza, empiezan con engaños a explotar el tajo. Ya sabían a lo que venían, destruyeron El Sahuaro, el palo verde, los ocotillos, el arroyo, todo el cerro”.

Lo que Erasmo describe —la pérdida del paisaje, del agua, de la vida que había antes— tiene un nombre, explica el especialista Jorge Tadeo Vargas Juvera: la pérdida del patrimonio biocultural, es decir, la ruptura de aquello que le da identidad a una comunidad.

A Erasmo se le quiebra la voz, se le escapa un sollozo. Se rehace y continúa: “antes aquí crecía pasto cuando llovía, y de ahí se mantenían muchos animales. Ahora la poca agua está contaminada, el aire viene contaminado de los explosivos de La Herradura, aquí ya no crece nada”.

La Herradura es la otra mina de la familia Bailleres, a unos cuántos kilómetros hacia el sur, en el ejido con el mismo nombre. Esa mina nunca ha dejado de producir, pues los dueños de esas tierras no pudieron hacer nada. Aceptaron, también con engaños, las condiciones de la minera.

“Todos firmaron, todos se chingaron”, les dijo el abogado.

La pérdida del patrimonio biocultural, lo que identifica claramente a una comunidad es lo que se rompe con el desplazamiento, nos explica el especialista Jorge Tadeo Vargas Juvera.

Después de años de acompañar muchos movimientos sociales ambientalistas, conoce bien el tema: “con la minería es más impactante porque, a la vez que hay pérdida en el imaginario social, el paisaje sufre un cambio bárbaro”.

Lo que ocurre en El Bajío no es un caso aislado. De acuerdo con organizaciones civiles, de 1992 a 2022 se generaron 386 mil personas desplazadas internamente por la minería, siendo los estados de Guerrero, Michoacán y Sinaloa los más afectados.

“El resquebrajamiento del tejido social empieza desde que hay comuneros que se ponen a favor del proyecto minero y otros que lo rechazan, es el primer conflicto”, dice Vargas Juvera.

La pérdida del patrimonio y de su forma de vida provoca refugiados o migrantes ambientales, y quienes lo padecen luego tiene que lidiar con manifestaciones de xenofobia y racismo.

En el ejido Bajío, los ejidatarios saben bien que las líneas entre autoridad y delincuencia se borran fácilmente: más de una vez vehículos oficiales han ido acompañando a civiles armados del cártel de Caborca, de Rafael Caro Quintero y su familia.

Los y las testigos de esto, cuidan, hasta donde es posible, su identidad, pues cuando dieron sus nombres, a los tres días llegaron con órdenes de aprehensión en su contra.

“Si no estuviéramos aquí, ya hubieran acabado con todo, no se puede dejar a estas gentes, vienen a manotear la riqueza, se metieron con el fin de quedarse con la tierra.»

“Pensaron que la gente no se iba a defender, pero el ejido el Bajío no se dobla”, enfatiza Erasmo.

Las consecuencias no se quedan solo en la pérdida de la tierra o del trabajo, también alcanzan a las familias y a los hijos, explica el especialista Jorge Tadeo Vargas Juvera.

“El problema tiene impactos diferentes en cada segmento de la gente. Las personas más grandes suelen caer en una profunda depresión, situación que puede agravarse. Las infancias ven perdida la idea de comunidad y de un ecosistema natural, y pasan a un ecosistema de mosaicos”.

Agrega que, en unos años solo conocerán los ecosistemas sanos y limpios a través de una pantalla. Al estar creciendo en un ambiente adverso, se normaliza como si fuera lo único que existe.

Ese impacto se volvió parte de la vida diaria para familias como la de Magui, esposa de Erasmo.

Para ayudar en la economía familiar, Magui tenía una tienda de abarrotes. Cuando lo detuvieron tuvo que cerrarla porque debía dedicarles más tiempo a sus hijos.

“Antes de eso vivíamos bien. Tenía 2 hijos en la primaria y 2 en la preparatoria. Los más chicos sufrieron discriminación en la escuela, pues sus compañeros se burlaban porque ‘su papá estaba en la cárcel’. Luego, poco a poco se pusieron de su lado.»

“No comíamos muy bien, pero era suficiente. Yo me iba con mis hijos a trabajar en la Y griega (campos agrícolas cercanos), me los llevaba a la pizca de aceituna en plena temporada de calor”, recuerda Magui.

También tuvo el apoyo de su familia para salir adelante, incluso para conseguir atención médica, pues la salud mental de Erasmo se vio afectada durante su tiempo en prisión.

El diagnóstico, según cuenta Magui, fue que el coraje, la tristeza y la frustración por lo que estaba pasando lo habían enfermado, y el tratamiento no era barato.

Después del tiempo que vivió Erasmo en prisión, la pareja tuvo que vivir otro episodio de pesadilla.

“Levantaron hasta el perro”

Magui y Erasmo fueron secuestrados por sicarios junto con otros compañeros.

“Llegaron hasta acá y nos amagaron con armas largas, nos subieron en la caja de un pick up, unos arriba de otros, sin poder levantar la cabeza”, recuerda Magui. “Yo me llevé en los brazos al perro que tenía entonces, no lo quise dejar ahí. Nos dijeron claramente que no volviéramos al ejido. A los hombres los golpearon, como que les tenían mucho coraje”.

Les dijeron que su patrón no quería a nadie en esas tierras, que las quería para él, por las buenas o por las malas.

“¿Y quién es tu patrón?”, cuenta Magui que se animó a preguntar.

“Usted sabe quién es mi patrón”, le respondieron con amenazas: “la próxima vez no les vamos a perdonar la vida, sabemos dónde está su casa en El Sahuaro, donde estudian sus hijos”.

Lamenta que es algo que pueden hacer porque tiene el dinero para mandar a cualquiera a secuestrar a uno de sus hijos para doblegarlos, “así es como actúan”.

Las amenazas y el secuestro que vivieron tampoco son hechos aislados. “El crimen organizado está muy metido en la minería, no directamente con las cúpulas empresariales, pero sí con los mandos locales, ya sea dando protección, o con otro tipo de relación turbia”, explica Vargas Juvera.

“Esto es muy común, incluso han desaparecido trabajadores de alguna empresa cuando hay competencia entre proyectos mineros. En territorios en disputa, las mineras y el crimen organizado hacen, digamos, una simbiosis de trabajo”, apunta el especialista en movimientos sociales ambientalistas.

Después de varias horas de camino, Magui, Erasmo y sus vecinos fueron liberados a medianoche en una brecha en el desierto. Les prohibieron caminar, porque si los encontraban algún otro grupo, estos no se tocarían el corazón.

“Nos acurrucamos como pudimos para pasar la noche. Pero Dios no nos abandonó, nos siguió protegiendo. El perro ahuyentó con sus ladridos a los coyotes y a otros animales hasta que amaneció y logramos caminar hasta la carretera”, recuerda Magui.

“Por eso mandamos el mensaje a la gente, que, si llega una mina, no la dejen entrar, porque empiezan los problemas. A la presidenta Claudia Sheinbaum, por este medio le pedimos que nos ayude, tenemos la esperanza en ella, porque López Obrador no nos ayudó”, agrega la ejidataria.

“El desierto es así”

Dormir a la intemperie en medio del desierto es una experiencia fascinante. Pero ellos lo hacen no por la vista cósmica, sino porque, si se meten a los campers, no escucharán si algún vehículo se acerca, ni el ladrido de aviso de los perros.

Además de la Peque y el Salchichón, dos canes de raza pequeña, tienen cuatro perros grandes cerca de la entrada. Ellos avisan de cualquier movimiento extraño. Y no sólo eso, como parte de su proceso de adaptación, tienen tortugas, decenas de gallinas y gallos, patos, canarios y hasta un pavo.

Están asentándose, posesionando lo que ya es suyo, mientras el desierto los hace parte de su entorno vivo.

La comunidad tiene poco más de 5 años viviendo así, en condiciones que muchos consideran intolerables. Sin servicio de agua o electricidad, sin drenaje y sin tienda de conveniencia a tres minutos como en cualquier ciudad. El agua, víveres y gasolina los llevan desde Puerto Peñasco, a más de 4 horas de ida y vuelta. Para la energía eléctrica tienen algunos paneles solares y pequeñas plantas que se encienden cuando es necesario.

Han logrado superar las condiciones adversas, tanto del espacio desértico, como de su situación de inseguridad. Ahora son gente del desierto.

“Tenemos miedo, claro, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Allá en nuestros hogares, somos presa fácil”, dice Demetrio, otro desplazado.

El apoyo de los que viven afuera ha sido determinante, tanto por la ayuda económica como por el impacto mediático que se ha logrado hacer, incluidas las manifestaciones realizadas en reuniones en Europa de los dueños de la mina y sus inversionistas.

Entre la mayoría de los ejidatarios hay unidad. Aunque estén separados, hay constante comunicación. Quienes están lejos están pendientes de sus compañeros. Les brindan apoyo moral y económico, pues saben que su lucha es la de todos, por las tierras.

La Fundación El Bajío ha logrado hacer lazos importantes con organizaciones mexicanas como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y otras de corte internacional.

“La empresa nos tiene bien vigilados, cada tantos días pasa la avioneta, pero además en las noches nos visitan los drones que mandan desde La Herradura”, comenta Erasmo. “Saben perfectamente que aquí estamos, cuántos y cómo”.

Lo que no saben es la férrea determinación de estos ejidatarios, que están invirtiendo su vida en defensa de su territorio.

“Aquí arriba un policía es un enemigo”

Además del apoyo de sus compañeros, los comuneros que viven en la mina encontraron en la observación de la naturaleza una manera de subsistencia. Con la ventaja de que viven en el territorio, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha empleado a varios de ellos para la documentación de especies de flora y fauna.

Los rondines de seguridad también lo son para fotografiar, anotar, encontrar cambios en los patrones de la vida en el yermo.

Julia y Demetrio son un matrimonio de ejidatarios que se vino a vivir al tajo abandonado. Él trabajó antes como contratista en Tijuana y en Hermosillo.

“Lo que más duele es no estar con la familia, pero estamos aquí porque estamos cuidando. Es duro acá arriba, no hay agua, ni luz, ni nada, a veces estamos incomunicados por días, no hay comodidad”, dice Julia.

A lo que más le temen es a la empresa minera. En la noche se turnan las vigías, avisan de inmediato cuando divisan un carro. Cuando ya lo reconocen, se tranquilizan.

“Mis hijas e hijo ya están grandes, lo bueno es que no los tenemos aquí”, dice Demetrio.

De todas las familias que salieron de El Sahuaro, algunas se fueron a ciudades cercanas o al extranjero. Otras, como Julia y Demetrio, se fueron a Tijuana, cuando decidieron volver, lo hicieron al tajo.

“En El Sahuaro estamos muy expuestos, aquí estamos un poco más seguros. Pero si viene una columna de carros, hay que correr, porque si viene la policía es para llevarnos”, dice con seguridad Demetrio.

Y agrega: “aquí arriba un policía es un enemigo, en lugar de darte gusto, lo mejor es correr y esconderte. Si nos vamos, la minera se mete de nuevo, ya pasó una vez, cuando metieron presos a los compañeros. Cuando levantaron a Raúl y a Elizabeth dejaron una cartulina con algunos nombres, ahí estaban el mío y el de Erasmo. Nos daba terror salir a la carretera”, confiesa.

Una vez llegó una unidad del Ejército Mexicano con actitud muy prepotente, pidiendo documentos, tumbando cercos. “A unos muchachos los tenían ahí con la bota en la cabeza, luego les robaron sus provisiones, los dejaron sin comida”, recuerda.

En la ocasión más reciente, hace un par de años, subieron unos actuarios a dejar citatorios.

-¿Por qué no se van? ¿qué los tiene aquí?

“Nos mantiene la fe de que se va a lograr, estamos peleando por este derecho que tenemos”, responde Demetrio.

El peso de la ausencia

Cuando las familias tuvieron que salir de El Sahuaro, los hijos eran menores y cambiaron de escuela, los adultos dejaron su trabajo y sus actividades económicas.

Después de la resolución judicial a su favor, en 2014, algunos regresaron. Otros no: a pesar de haber ganado, el miedo los mantiene lejos.

Esa realidad se refleja en historias como la de Pedro.

Pedro es un hombre sencillo, de campo. Se va a la pizca del espárrago, de la aceituna, la uva, el chile, el tomate rojo, el tomatillo y el cebollín. Anda “correteando” temporadas.

De barba entrecana y el rostro quemado por el sol, está acostumbrado a las faenas duras. Es fuerte, pero sus ojos se llenan de humedad cuando habla de sus hijos y de la ausencia de su esposa.

Después de la desaparición de Jesús y Elizabeth, tuvo que irse un tiempo a la frontera. “Uno es asalariado, tiene que seguir trabajando para sacar a los pequeños adelante, tuve que ir a buscarle, porque aquí no se podía”.

Manifiesta que para él, justicia sería que se acabe el conflicto, “porque el dolor de perder a la familia, de estar lejos, eso no tiene recuperación. Yo perdí a mi esposa, ahora soy padre y madre, enseño a mis hijos a cocinar. Cuando me arrestaron y me mandaron al penal de Nayarit, ella estuvo batallando mucho, por eso mejor se fue”.

Entre las ruinas de la mina, Pedro cambia de “residencia” cada tanto tiempo, anda “como los húngaros”. Asegura que prometió apoyar la causa del ejido y así lo hará, en las buenas y en las malas.

Explica que la razón por la que estuvo preso es porque el Ejército le sembró un arma después de una llamada “anónima” que lo había señalado como que estaba robando en su propia tierra.

“Duré 2 meses con 28 días, hasta que la mesa directiva de nuestro ejido logró nuestra libertad. Yo tenía 6 hijos, unos en la secundaria y otros en la primaria, me enfermé de la preocupación.»

“Ahora mismo mis hijos están solos, no sé si comen bien o no, yo voy dos veces por semana, pero con el riesgo. Yo les dije, si algún día yo no llego, si me desaparecen, no se meten en problemas, mejor busquen a su madre y se van”, confiesa Pedro.

Complicidad sistématica, dignidad obstinada

Un aspecto que irrita mucho a los comuneros es que, cuando sube cualquier tipo de cuerpo de seguridad o militar, siempre llegan protegiendo a la minera, como si los ejidatarios fueran los criminales, los invasores.

“¿Por qué el Estado mexicano no está garantizando la seguridad, los derechos humanos y la integridad de la población? Vaya, ni siquiera está garantizando una solución. Habría que hacerles esta pregunta a las autoridades”.

Según Vargas Juvera, el problema del desplazamiento no está siendo visto, revisado o protegido por la Ley de Minería, “una ley que está hecha más para la protección de los empresarios que para las propias comunidades”.

“¿Por qué no se ha cumplido la sentencia en el Bajío? Por las mismas razones que no se cumplen en muchos otros lugares: porque no hay quién tenga el valor de hacerlas cumplir y echarse de enemigo a las empresas mineras, que en muchas ocasiones son los padrinos de muchas autoridades.»

“La ley en México es un parapeto que no sirve de mucho, cambia de color y de forma dependiendo a quién tiene que servir, y lamentablemente, casi siempre está al servicio de los poderosos, ¿no?”, reclama el especialista.

Se solicitó una postura oficial al Gobierno del Estado, así como algún comentario a la representante popular del distrito, sin que hubiera respuesta hasta el plazo de la edición de este reportaje.

La mina Soledad-Dipolos fue, como todas las minas, una pequeña ciudad, con todos los servicios necesarios para su funcionamiento. Hoy es desolación, nostalgia, pero también es esperanza.

Han sido muchos años de atropellos, de lucha intensa, de inestabilidad. Quizá por ello han aprendido a vivir al filo de la incertidumbre, ahí junto al tajo, como centinelas de su entorno, para que la vida prevalezca sobre esa demanda antiquísima – y aún actual – de los metales preciosos.

En el mapa de las concesiones mineras de la entidad, en el recuento de hoyos, de heridas abiertas que tiene la geografía sonorense, Soledad-Dipolos es algo distinto. Es una anomalía, una fluctuación negativa en las pantallas de las bolsas de valores, ahí donde ganan los de siempre, ahí donde el pueblo es solo una variable.

Esa anomalía se sostiene, todos los días, en la decisión de quienes siguen ahí.

“No nos vamos a ir”, dice tajante Erasmo, “no le vamos a dejar las tierras a esa gente ambiciosa. Sabemos que en cuanto nos vayamos se van a volver a meter. Nos pisotean como si no existiéramos, como si los dueños de la tierra no valieran”.

Lo que para ellos es una decisión de vida, para otros es también una exigencia de justicia.

“¿Qué es justicia? que nos pague la minera lo que se llevó y que haga reforestación, que restituya el territorio. Es un absurdo que la misma empresa que está violentando a esta comunidad, sin ningún problema esté generando ganancias en otra mina. Se tendría que solucionar primero la problemática de El Bajío”, dice Jorge Tadeo.

Para el ambientalista, la responsabilidad de la empresa es total y el Estado es cómplice por acción y omisión, por lo que la comunidad tiene todo el derecho de decir: “no, que se vayan”.

Erasmo lo tiene muy claro cuando dice: “La tierra se tiene que defender… nuestra lucha es hasta las últimas consecuencias”.

“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.

Por Analy Nuño / A dónde van los desaparecidos

Al cumplirse un mes de los hechos ocurridos en Concordia, las familias mantienen su exigencia de localizar a los trabajadores, mientras acusan a las autoridades, que han dado versiones contradictorias sobre lo sucedido, de no brindarles información sobre los avances de las investigaciones, y a la minera de falta de apoyo

Versiones contradictorias, reclamos de familiares de las víctimas, marchas del sector minero, despliegue de más de mil efectivos de las fuerzas de seguridad, localización de fosas clandestinas y cuatro detenidos de una organización criminal, son el saldo del mes transcurrido desde la desaparición de catorce trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, sin que hasta la fecha las autoridades hayan informado con claridad sobre las causas del hecho, ni sobre la identidad de los autores materiales e intelectuales.

El 23 de enero fueron desaparecidos diez trabajadores mineros del campamento La Clementina, propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp en Pánuco, un poblado serrano del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. Ese mismo día, en una zona cercana de la misma comunidad, y en distintos puntos, otros cuatro mineros empleados de la constructora CICAR —contratada por la empresa— fueron subidos por la fuerza a camionetas cuando se dirigían a las instalaciones de la trasnacional para iniciar su jornada laboral. Originarios de Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Durango, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, hasta la fecha cinco trabajadores han sido localizados sin vida, y el resto permanecen desaparecidos. 

La región donde ocurrieron los hechos es disputada por dos facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza, como parte de la guerra interna que mantienen en el estado desde septiembre de 2024, que ha dejado más de 2,400 víctimas y cerca de 1,500 personas desaparecidas. La zona en la que opera la trasnacional canadiense y otras mineras más pequeñas es conocida como el Cinturón de Plata del oeste mexicano, pues concentra grandes vetas del metal, pero ha sido poco explorada debido al dominio del territorio que ejercen las organizaciones criminales. A Los Chapitos se atribuye el control sobre la extracción ilegal de minerales y la extorsión del sector en el corredor minero de Sinaloa y Sonora.

En enero de 2024, Vizsla Silver Corp inició la exploración de 30,000 hectáreas de tierras ubicadas en Concordia como parte del proyecto Pánuco; según el estudio de factibilidad de la empresa, se construirán dos minas subterráneas, denominadas Copala y Napoleón. Se prevé que produzcan oro y plata, y tengan una capacidad de procesamiento de 3,300 toneladas diarias los tres primeros años, y 4,000 a partir del cuarto año. El proyecto tiene una duración inicial de 9,4 años y un costo de 496.7 millones de dólares. El director en México de la trasnacional es Hernando Rueda, geólogo con más de veinte años de experiencia y actual presidente del Clúster Minero de Sinaloa.

Los mineros que permanecen desaparecidos son Francisco Antonio Esparza Yañez, ingeniero y gerente de Relaciones Comunitarias de 67 años; Saúl Alberto Ochoa Pérez, ingeniero de 39 años; Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, guardias de seguridad, ambos de 40 años, y Miguel Tapia Rayón, encargado de seguridad de 56 años. El grupo también incluye a Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil de 26 años, y otros tres trabajadores de CICAR de los que no ha trascendido el nombre.

En una fosa clandestina de un predio ubicado en la comunidad de El Verde, localizada a menos de una hora de Mazatlán, fueron hallados los cuerpos de los mineros Ignacio Aurelio Salazar Flores, geólogo de 40 años; José Manuel Castañeda Hernández, geólogo de 43 años; José Antonio Jiménez Nevarez, coordinador operativo de seguridad de 34 años; Jesús Antonio De La O Valdez, ingeniero en ecología de 36 años, y José Ángel Hernández Vélez, ingeniero de 37 años.

Familiares de las víctimas, organizaciones acompañantes y excontratistas han denunciado públicamente la falta de información y las omisiones de las autoridades estatales y federales en el caso, así como la falta de garantías para salvaguardar la integridad de los trabajadores por parte de la minera canadiense ante la inseguridad que existe en la región.

Estas son algunas claves para entender qué ha sucedido en torno a la desaparición de los trabajadores mineros a un mes de los hechos.

Inseguridad y negociación con grupos criminales

Pese a que no hay denuncias formales de la trasnacional canadiense sobre hechos de inseguridad previos a la desaparición de los catorce mineros, Vizsla Silver Corp suspendió actividades por lo menos una vez, en 2025, a causa de la inseguridad. 

“Vizsla Silver Corp anuncia que, por precaución, ha pausado temporalmente el trabajo de campo en el proyecto Pánuco debido a las actuales condiciones de seguridad en la zona”, informó la empresa en un comunicado publicado en su página oficial el pasado 4 de abril.

Apenas un mes después, la minera anunció en un nuevo comunicado que, “con las condiciones de seguridad ahora normalizadas en la región”, se reanudaban las labores del proyecto.

Incluso con estos antecedentes, las autoridades federales descartaron tener conocimiento de una situación de inseguridad relacionada con la minera. “En este caso específico, no hemos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguno de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial. No lo teníamos registrado”, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el 10 de febrero durante la conferencia mañanera.

En contraste, extrabajadores y familiares de los mineros desaparecidos denunciaron tener conocimiento e incluso haber sido testigos de balaceras, sobrevuelo de drones, rondines de personas armadas, así como extorsión y acuerdos entre grupos criminales y representantes de la minera desde hace por lo menos un año.

Excontratistas, que por seguridad pidieron anonimato, señalan recurrentes hechos de inseguridad alrededor del proyecto Pánuco, como enfrentamientos entre los cárteles que se disputan el territorio, y la presencia de personas armadas cerca del campamento y de la mina —distantes alrededor de 20 kilómetros—; sin embargo, las quejas y recurrentes manifestaciones de preocupación de los trabajadores fueron minimizadas por la trasnacional.

Aseguran también que, como parte de las presiones de Los Chapitos —grupo criminal que, según García Harfuch, controla esta región de Sinaloa—, en 2025 se obligó a la minera a cambiar el color de los chalecos y cascos de naranja a amarillo, con el fin de poder identificar a los trabajadores mineros y evitar que pudieran ser confundidos con integrantes de cárteles. Además, sostienen que, como parte de la negociación, la trasnacional paga mensualmente una suma de dinero, conocida como “cobro de piso”, para mantener las operaciones del proyecto.

De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), que reúne 130 empresas, el 97 por ciento de los afiliados que respondieron a una encuesta de seguridad patrimonial reportaron haber sido víctimas de algún delito, principalmente robo hormiga, extorsión, robo de material y extracción ilegal. Aunque menos recurrente, también se reportó secuestro.

^{Marcha del 14 de febrero en Hermosillo para exigir la localización de los mineros. (Facebook AIMMGM Sonora)}

Indiferencia de las autoridades

Cinco días después de la desaparición de los mineros, cuando el hecho se convirtió en noticia nacional, fueron enviados a la zona más de mil efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y el Cuerpo de Fuerzas Especiales; la misión incluía tres helicópteros artillados y dos aviones T-C6 Texan, junto con tecnología especializada para rastrear su ubicación.

En los primeros días se dio a conocer el hallazgo de algunas pertenencias de los trabajadores desaparecidos, como chalecos, cascos, gafetes, una computadora y celulares.

El 6 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el hallazgo de una fosa clandestina en un predio de El Verde, de la que se recuperaron al menos diez cuerpos. Tres días después se identificó a cinco de los mineros.

A menos de dos kilómetros de distancia, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa localizó otras cuatro fosas, con una osamenta cada una. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas. 

Tras estos hallazgos, el colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa denunció que, durante meses, advirtieron sobre la existencia de fosas en la zona. “Lo que hoy se anuncia como un hallazgo, pudo haber ocurrido hace mucho tiempo si las autoridades hubieran escuchado”, señalaron en un comunicado. Fueron meses de indiferencia, agregaron: “los familiares señalamos este punto y pedimos la intervención de las autoridades locales y de la Comisión de Búsqueda. Su respuesta fue el deslinde, asegurando que ‘no era de su competencia’”. 

Exigieron también a la FGR que les entregue “toda” la información sobre los hallazgos. “Ya nos fallaron las autoridades locales; no permitiremos que la federación nos oculte la verdad”.

El colectivo Por las Voces sin Justicia, que también ha solicitado a las autoridades que informen sobre el número de fosas localizadas en El Verde y las diligencias realizadas, colocó el 19 de febrero varias  lonas en el perímetro de seguridad del área en que se realizan los trabajos, a la cual no hay acceso. “El Verde NO es solo un punto en el mapa. Es una zona donde se siguen encontrando restos y donde las familias seguimos exigiendo respuestas”, publicaron.

Versiones contradictorias

De acuerdo con la información entregada a los familiares de los mineros desaparecidos en la primera reunión que mantuvieron el 7 de febrero en la Ciudad de México con autoridades federales, la principal línea de investigación de la FGR estaba relacionada con un incremento en el cobro de piso por parte de Los Chapitos. 

Días después, el 10 de febrero, García Harfuch dio a conocer que el Ejército había detenido a cuatro presuntos integrantes de una célula de la organización criminal, que habrían participado en la desaparición de los trabajadores. En ese momento, la versión inicial cambió. 

García Harfuch aseguró que, tras las pesquisas y las primeras declaraciones de los detenidos, quienes no han sido identificados, los mineros habían sido desaparecidos por haber sido confundidos con integrantes de Los Mayitos.

“Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas, presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad [de los mineros], lo que mencionan es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico. Esas son las primeras declaraciones”, dijo García Harfuch.

Esta versión ha sido rechazada por los familiares de las víctimas, pues además de que los ingenieros y el personal técnico contaban con uniformes y credenciales que los identificaban como trabajadores de la minera, al menos diez fueron sacados por la fuerza de sus viviendas, ubicadas dentro del campamento La Clementina.

^{Lonas con imágenes de personas desaparecidas colocadas por el colectivo Por las Voces sin Justicia en El Verde. (FB Por las Voces sin Justicia)}

Falta de información

La falta de información en torno a las indagatorias ha sido un señalamiento recurrente de los familiares de las víctimas, quienes no solo han denunciado el silencio de las autoridades sino de la minera Vizsla Silver Corp.

En los primeros días transcurridos después de la desaparición, ninguna autoridad se acercó a las familias, incluso llegaron a negarse a levantar denuncias por haber ocurrido el delito en un estado distinto al lugar de origen de la víctima.

Fue hasta la primera semana de febrero cuando la FGR atrajo el caso y los familiares se pusieron en contacto con la dependencia para exigir información. Tras reunirse en la Ciudad de México con las autoridades, las familias de los diez mineros desaparecidos en La Clementina fueron trasladadas a Sinaloa al día siguiente para reconocer los cuerpos localizados en la fosa de El Verde. El 10 de febrero fueron citados los familiares de los cuatro trabajadores de CICAR desaparecidos para informarles sobre los avances del caso y comunicarles que el delito no fue integrado a la misma carpeta de investigación de los mineros de Vizsla Silver Corp.

Entre las omisiones de las autoridades destaca el caso del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez, quien realizaba su residencia profesional con la empresa CICAR. Además de que las autoridades de Oaxaca tardaron tres días en levantar la denuncia de desaparición, su caso no está integrado en la carpeta de investigación junto con el resto de los mineros, pues la FGR considera que los cuatro trabajadores de la constructora pudieron ser víctimas colaterales, al haber sido interceptados y desaparecidos en lugares distintos al campamento.

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que la dependencia acompaña a la familia y ha solicitado información del caso a la FGR sin recibir respuesta.

Además, el 12 de febrero, tras confirmarse el hallazgo de los cuerpos de cinco mineros en una fosa clandestina, la trasnacional canadiense informó en un comunicado que estaba tomando medidas para apoyar a las familias. “Vizsla Silver sigue centrada en apoyar a las familias afectadas y mantener una estrecha colaboración con las autoridades competentes mientras continúan los esfuerzos. Vizsla Silver está en contacto directo con las familias afectadas y les proporciona asistencia práctica y financiera, así como acceso a servicios de apoyo”.

Esto fue desmentido por familiares. “Es totalmente falso, es una burla; no se ha acercado nadie con nosotros”, dijo un pariente de uno de los mineros localizados sin vida, que por seguridad pidió anonimato.

Familiares de los mineros que permanecen desaparecidos denunciaron en entrevista con este medio la intención de las autoridades de cerrar el caso tras el hallazgo de los trabajadores asesinados, incluso algunas les han ofrecido “apoyos”, sin necesidad de trámites, para cubrir sus necesidades. Aseguran también desconocer cómo ha sido la colaboración de la trasnacional con las autoridades y los avances en la búsqueda. 

Movilizaciones y reclamos del sector minero

Tras estos hechos, por primera vez en la última década el sector minero salió a las calles. 

Trabajadores, familiares, colegas y universitarios de nueve estados mineros —Zacatecas, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero—, salieron a las calles el 14 de febrero para exigir justicia por sus compañeros asesinados y la localización de quienes permanecen desaparecidos; además, denunciaron la violencia que enfrentan, con retenes falsos en los que son despojados de sus herramientas y constantes extorsiones. Algunas de las consignas que se escucharon fueron: “Los mineros merecemos volver a casa” y “¡Fue extorsión, no confusión!”.

“La minería no puede normalizar la violencia ni la ausencia del Estado de derecho. No puede haber desarrollo, inversión ni sostenibilidad donde el miedo sustituye a la inseguridad y donde el trabajo honesto se paga con incertidumbre”, señaló la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) en su página de Facebook.

^{Manifestación en Chihuahua para exigir justicia por los trabajadores desaparecidos y asesinados.  (Facebook AIMMGM Chihuahua)}

Durante el último mes han sido públicas las denuncias del sector minero. “Este lamentable hecho no es aislado. La inseguridad que enfrentamos diversos sectores en las regiones mineras se ha convertido en un riesgo permanente”, afirmó en un comunicado emitido el 4 de febrero un conjunto de organizaciones del sector. 

Pero en la reunión que sostuvieron el 16 de febrero líderes de la Cámara Minera de México con autoridades para abordar la inseguridad que enfrentan, no denunciaron extorsiones. Solicitaron, según la presidenta Sheinbaum, una mayor comunicación, y una relación más directa con el gabinete federal.

“Hubo una reunión donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país con el Gabinete de Seguridad para poder tener una relación mayor en caso de que vivan alguna situación de extorsión o de este tipo. No lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas. Así fue la reunión; eso no quiere decir que no vaya a ocurrir o que haya ocurrido en algún caso, y en todo caso se tiene que investigar”, dijo la presidenta en la conferencia mañanera.

Llamado internacional

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió el 2 de febrero la Acción Urgente número 2220/2026 por la desaparición del ingeniero oaxaqueño Pablo Osorio Sánchez y de otros diez mineros. 

El caso llegó al comité por solicitud del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas de Oaxaca (Cedhapi), que pidió la intervención del organismo para que el Estado mexicano implemente medidas para localizar a los trabajadores.

“Mientras se encontraba en una llamada con su novia, la comunicación se interrumpió tras escucharse voces masculinas y un vehículo acercándose, cortando la llamada, desde entonces se desconoce su paradero. Por fuentes externas, se tiene conocimiento que tres compañeros de Pablo que laboraban en la empresa CICAR también fueron desaparecidos simultáneamente. Ese mismo día, de manera simultánea, al menos diez trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver también desaparecieron en circunstancias similares, lo que ha generado preocupación nacional e internacional por la posible colusión entre agentes estatales y grupos criminales en la zona”, sostiene el Cedhapi en un comunicado.

La organización señala que, desde hace veinte años, existe presencia del crimen organizado en el municipio de Concordia, y desplazamiento forzado en las comunidades, sin que ningún gobierno, estatal o federal, lo haya combatido. 

El comité de la ONU solicita al Estado mexicano implementar una estrategia integral e inmediata de búsqueda e investigación, con cronograma y plan de acción; explorar todas las hipótesis, incluyendo la posible participación de agentes estatales; realizar entrevistas y análisis de redes telefónicas y sociales de las víctimas; preservar y analizar registros de videovigilancia en la zona, y garantizar la participación y acceso a la información de los familiares, así como la localización con vida de las víctimas, entre otras acciones.

Las autoridades mexicanas debieron informar sobre las medidas adoptadas a más tardar el 16 de febrero, según la solicitud del comité, y mantener la colaboración hasta esclarecer el paradero de las personas desaparecidas. Hasta la fecha no se ha informado si hubo una respuesta del Estado ni si se ha entregado información tanto al organismo como a los familiares del ingeniero y de los trabajadores.

A un mes de la desaparición de los mineros, las familias mantienen su exigencia a las autoridades de que continúe la búsqueda, así como la identificación de los otros cuerpos localizados en las fosas de El Verde.

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos

_{En portada: La mina Buenavista del Cobre SA de CV, propiedad de Grupo México, responsable por el peor desastre ambiental del país ocurrido en 2014. Foto: Cuartoscuro}

Un reciente análisis científico basado en más de 76,000 registros oficiales de la Secretaría de Salud de México revela un vínculo alarmante entre la cercanía a minas de cobre y la existencia de riesgos perinatales graves para mujeres embarazadas y sus bebés. El estudio realizado por la organización CartoCrítica analizó nacimientos durante los años 2017 a 2023 en localidades ubicadas hasta a 25 km de 17 grandes minas de cobre activas en el país.

Los datos del informe “Riesgos perinatales asociados a la minería de cobre en México” son contundentes: La exposición de mujeres embarazadas incrementa hasta 56% el riesgo de parto prematuro extremo y 366% el riesgo de malformaciones del sistema circulatorio de recién nacidos.

El estudio detalla que las afectaciones se deben a que, durante la explotación del cobre, se liberan al ambiente metales pesados que se dispersan en el aire y se infiltran en el subsuelo. Estos compuestos son altamente dañinos, enfatiza la organización, pues entre ellos se encuentran el ácido sulfúrico, que contaminan los cuerpos de agua y dañan la salud de las personas, explicó Carla Flores Lot, integrante de CartoCrítica y autora del análisis.

Durante la presentación del informe, realizada el pasado miércoles (10), Flores resaltó que la exposición a las actividades mineras es también responsable por un incremento de hasta 126% en el riesgo de que se presenten malformaciones osteomusculares en recién nacidos. Con estos hallazgos, la autora destacó la evidencia sobre los riesgos sanitarios asociados a la contaminación por metales pesados liberados por las actividades mineras en México, por lo que urgió a las autoridades para regular la industria y proteger la salud de las poblaciones.

La autora explicó que los yacimientos de cobre son polimetálicos, por lo cual no solo se liberan sustancias tras los procesos de extracción y separación, sino también sueltan minerales asociados que, debido a su baja concentración o escaso mercado terminan como desechos. “Esta situación se traduce en la liberación al medio ambiente de una variedad de sustancias tóxicas, incluyendo plomo, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, ácido sulfúrico, sulfato de cobre, zinc y manganeso, así como severas emisiones de partículas suspendidas”, subrayó Flores Lot.

Tras la publicación del estudio, la autora reafirma que existe suficiente evidencia científica de que la proximidad a minas de cobre y oro está asociada a un aumento del riesgo en enfermedades respiratorias en infancias, tales como asma y rinoconjuntivitis. “Estos problemas se ven exacerbados en zonas áridas donde la falta de lluvias impide que los contaminantes sean eliminados del aire”, sostuvo la investigadora.

¿Transición o profundización extractivista?

Manuel Llano, coautor del estudio, enfatizó que el contexto global de creciente demanda de cobre, impulsado por los discursos en la urgencia para implementar la llamada “transición energética” han intensificado la actividad minera, entre ellas la extracción de cobre, incrementando sus impactos ambientales y sociales. A su vez, en nuestro país la industria recibe la promoción de las autoridades federales mediante el denominado Plan México, el cual busca intensificar la actividad extractiva, agravando con ello los daños a la salud de la población.

Por su parte, mediante boletín, la Colectiva Cambiémosla Ya recordó que, durante su campaña para la presidencia, la entonces candidata Claudia Sheinbaum se comprometió a prohibir la minería a cielo abierto debido a los altos impactos que representa contra el ambiente y las personas. Sin embargo, durante la presentación del estudio, Llano aseveró que es urgente la necesidad de fortalecer la regulación ambiental con respecto al sector minero, así como de hacer efectiva dicha prohibición para priorizar la salud de poblaciones vulnerables.

El coautor del estudio señaló que “la transición energética no puede lograrse a costa del bienestar de las comunidades y menos, promover una minería que solo beneficia a los grandes capitales del país y corporaciones transnacionales”. Llano complementó que las empresas mineras no generan un valor significativo para las finanzas del país, mucho menos si se consideran todas las afectaciones que generan en los territorios.

Según datos de la colectiva, para el año 2023, México ocupaba el décimo lugar a nivel global como productor de cobre, alcanzando una producción anual de aproximadamente 750 mil toneladas, un aporte del 3.4% de la extracción mundial de dicho mineral. Las principales minas de cobre del país se localizan en Sonora, al norte de México, donde sólo un par, las minas de Buenavista del Cobre y La Caridad extraen el 75% de la producción nacional. El resto se produce en minas de Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua.

Con datos al año 2023, las minas de cobre en el país se extienden en aproximadamente 27,460 hectáreas, lo que representa un aumento mayor al 300% con respecto a las cifras registradas en el año 2010 cuando la industria ocupaba 6,616 hectáreas. La Colectiva Cambiémosla Ya sostiene que esta expansión territorial no ha estado acompañada por un incremento proporcional en la producción, lo que indica que la extracción de cobre enfrenta retos para mantener el volumen de producción, derivados de la disminución en la concentración del mineral.

Daños, sin reparación

La presentación del estudio también contó con la intervención de Elda León, defensora del territorio e integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, movimiento social de personas afectadas por el derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados en el cauce del río Sonora, provenientes de la mina Buenavista del Cobre SA de CV, propiedad de Grupo México, ocurrido en 2014.

León confirmó que la minería de cobre ha impactado en la salud de miles de personas en Sonora y a algunos más les ha arrebatado la vida. A más de 11 años del peor desastre ambiental del país, lamentó que, frente al derrame de residuos mineros en los ríos Sonora y Bacanuchi, Grupo México no ha remediado la catástrofe y sigue impune a pesar de las movilizaciones de las comunidades afectadas e, incluso, de sentencias ganadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Elda León, quien también padece enfermedades provocadas por la exposición a los residuos mineros sostuvo que “las siguientes generaciones van a seguir enfermando si no remediamos este desastre y si no se detiene la contaminación y destrucción que causan las mineras”.

En la presentación del estudio, Charlie Punzo, abogado de la organización Fundar e integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, recordó que la Secretaría de Economía registra un retraso de más de dos años en su obligación para expedir los reglamentos de la Ley de Minería, reformada en mayo del 2023 y que incluye la prohibición de la actividad extractiva en áreas naturales protegidas.

Entre otras modificaciones, Punzo detalló que la última reforma al sector estableció la obligación de las mineras para contar con planes de cierre y post cierre de minas, debido a que la industria acostumbra a detener la extracción dejando tajos abiertos y presas de jales sin tratamiento. “Todos esos compuestos tóxicos quedan a la intemperie y causan las afectaciones a la salud y al ambiente que la investigación de CartoCrítica revela”, sostuvo el abogado.

Publicado originalmente en http://Avispa

Con base en datos de 76 mil nacimientos registrados en once estados, el estudio encontró que los bebés nacidos a menos de diez kilómetros de una mina presentan un 56 por ciento más de riesgo de llegar al mundo antes de las 28 semanas de gestación. Este tipo de parto prematuro extremo representa una amenaza grave para la vida, en un contexto donde la prematurez ya tiene una alta prevalencia en México. La Organización Mundial de la Salud advierte que las complicaciones asociadas son la principal causa de muerte en menores de cinco años.

El documento Riesgos perinatales asociados a la minería de cobre en México señala además que los recién nacidos gestados cerca de minas de cobre tienen un 366 por ciento más de probabilidades de presentar malformaciones del sistema circulatorio. En un radio de hasta 20 kilómetros, el riesgo de malformaciones osteomusculares aumenta en un 126 por ciento.

México produce alrededor de 750 mil toneladas anuales de cobre y ocupa el décimo lugar a nivel mundial, con Sonora como principal estado productor. La investigación advierte que la transición energética y el impulso al Plan México aumentarán la demanda de minerales críticos y la intensidad de la actividad minera, por lo que subraya la necesidad de fortalecer la regulación para evitar mayores daños a la salud y al ambiente.

Publicado originalmente en http://Desinformemonos

Texto: Ricardo Balderas / PODER

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – Ocurrió un 25 de mayo de 1961. Todo comenzó con cinco hombres y cinco millones. La transacción sería sencilla y particularmente equitativa. Cinco mil acciones con un valor de mil pesos cada una repartida de la siguiente manera: Jorge Larrea Ortega con 3 mil 200 acciones. Javier Larrea Ortega con otras 3 mil 200. Mario Larrea Ortega con mil 200. Samuel Castrillón Sarabia con 200 acciones. Y, finalmente, Ignacio Garza Barrueta con otras 200. Así nació la empresa México Compañía Constructora, S.A. una firma encargada principalmente de operar en el sector de infraestructura con la que la familia Larrea daría uno de sus primeros pasos antes de consolidar al gigante Grupo México.

Al menos así lo narran expedientes a los que tuvo acceso PODER derivados de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), un archivo que contiene pormenores recabados por la policía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el periodo de la represión que encabezaron, persiguiendo y capturando a sus opositores políticos. Aunque ellos, los Larrea, jamás lo fueron. Según lo explica el ex agente José 01, la intención era la de conocer “los pormenores y contextos” de aquellos quienes pudieran significar una confronta con el poder político o quienes pudieran aliarse a ellos. Eso incluía por supuesto, a los empresarios. Y tiene razón, o por lo menos los documentos eso advierten. En el expediente encontramos reportes de sus reuniones empresariales, y los militares ocultos describían peso a peso, palabra a palabra lo que se decía. Jamás se les narra como el enemigo y así continuó durante décadas.

Veinte años después de lo narrado por la policía secreta, a finales de los años ochenta (1989-1990), el Estado inició la privatización de la empresa Compañía Minera de Cananea^[1], vendiendo cerca del 66 % de su participación mediante subasta, lo que permitió que Grupo México, a través de Industrial Minera México, adquiriera la mina por cerca de 475 millones de dólares —un monto significativamente inferior al valor estimado de mercado ^[2].

De tal modo, en 1990 el consorcio adquirió formalmente las minas de Cananea y de Nacozari, originalmente estatales, consolidando un dominio prácticamente monopólico sobre la minería de cobre en Sonora^[3]. Hacia el año 2000, esas operaciones impulsaron al grupo a producir el 87.5% del cobre nacional, posicionándolo entre los tres principales productores de cobre a nivel mundial^[4]. El apetito del grupo por el control territorial no se limitó a la minería. En 1997, se adjudicó la concesión del Ferrocarril Pacífico Norte, adquiriendo también líneas estratégicas como Chihuahua-Pacífico y Nacozari-Nogales, expandiendo su poder sobre las rutas del país^[5].

En 1999, Grupo México compró ASARCO, una importante productora de cobre y otros metales en Estados Unidos. Desde 2000 hasta la fecha, la empresa ha sido acusada de más de 120 infracciones federales en materia de ambiente, salud y seguridad en sus instalaciones de Arizona y Texas. Las infracciones no son menores: incluyen descargas de contaminantes en el agua y falta de información y monitoreo ambiental.

Lea también: El listado de desastres de Grupo México y Germán Larrea

En 2004, la empresa cruzó otras fronteras al adquirir la participación mayoritaria —54.2 %— de la Southern Peru Copper Corporation de ASARCO, decisión que la convirtió en un actor transnacional consolidado. El ascenso se vio teñido por tragedias que empañaron esa expansión. El 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, arrebató la vida a 65 mineros, cuyos cuerpos nunca fueron rescatados, dejando una herida abierta que aún persiste^[6].

Del río al veneno

Para ese coloso de la minería todo cambió un 6 de agosto de 2014, cuando la mina Buenavista del Cobresufrió el colapso de una presa de lixiviados, provocando la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora. En respuesta, se crearon los Comités de Cuenca Río Sonora,  un movimiento social conformado por personas afectadas por el grave derrame tóxico y en defensa de su territorio. El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ácido y sus consecuencias se convirtió en uno de los rezagos en justicia más importantes de la región. El agua se tiñó de un tono naranja metálico, mientras el olor penetrante del químico se manifestó como una advertencia silente^[7].

Más de 22 mil personas fueron afectadas directamente, y estimaciones independientes elevan la cifra hasta 250 mil personas^[8]. Metales pesados como arsénico y plomo se infiltraron en pozos, huertos y cuerpos, transformando lo cotidiano en amenaza .

El gobierno impuso una multa simbólica a Grupo México y creó el Fideicomiso Río Sonora, dotado con 2 mil millones de pesos aportados por el conglomerado, para remediar los daños. Sin embargo, la mayoría de las plantas potabilizadoras prometidas no se construyeron, los hospitales especializados siguen siendo una aspiración y las obras de saneamiento quedaron inconclusas. El fideicomiso agotó el 60% de sus recursos sin abordar el núcleo del desastre; el resto fue devuelto a la empresa y se cerró este mecanismo de forma unilateral en 2017, a pesar de no haber completado la reparación. Más tarde, en marzo de 2020, la SCJN dejó sin efecto el convenio que había extinguido el fideicomiso, argumentando que su cierre fue unilateral y se realizó sin haber cumplido con los objetivos de remediación ni haber consultado a las comunidades afectadas, lo que violaba su derecho a participar informadamente. No obstante, aquella orden continua en desacato. Más de una década después, el río persiste llevando partículas del veneno en cada temporada de lluvias^[9].

En paralelo, el consorcio mantiene su expansión: sus locomotoras cruzan fronteras, sus minas batieron récords de producción, y sus cifras bursátiles siguen ascendiendo, mientras la confianza de las comunidades se erosiona. Germán Larrea continúa alejado de los reflectores; en los poblados del Río Sonora, en cambio, el silencio se confunde con abandono.

Allí, en medio de huertos arrasados y pozos secos, persiste una certeza amarga: el imperio que una vez brilló con el cobre, hoy carga con la herencia del óxido y el veneno. Y en cada vaso de agua que se sirve, late la sospecha de que el pasado aún no ha dejado de fluir.

Universidad pública y contratos de impunidad

Las catástrofes ambientales cometidas por las diferentes razones sociales del corporativo no fueron un impedimento para recibir contratos. Y, el crecimiento y beneficios para la empresa no dejaron de llegar. Grupo México, gracias a una empresa subsidiaria, logró comprometer a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por más de 10 años para hablar a favor de la minería. El firmante (según las facturas) es el entonces secretario general y actual rector, Leonardo Lomelí Vanegas, quien aparece como responsable  de un acuerdo realizado durante la administración de Enrique Graue Wiechers.

Gracias a documentos a los que tuvo acceso PODER vía Méxicoleaks, pudimos constatar la realización de ese contrato entre la UNAM y la firma Operadora de Minas de Nacozari S.A de C.V., subsidiaria del coloso del Cobre. La UNAM recibió de la empresa la suma de 10 millones de pesos, divididos en seis pagos, por el concepto de realización de un estudio tectónico con el fin de identificar materiales en las inmediaciones de las minas ubicadas al noreste de México y al Sur de Perú.Y según lo reporta el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras la escisión de Mexicana de Cobre, S.A. de C.V., cuando decidió transferir parte de su patrimonio a dos nuevas entidades: Metalúrgica de Cobre, S.A. de C.V. y Operadora de Minas de Nacozari, S.A. de C.V.. La escisión, aprobada por la Asamblea de Accionistas el 16 de abril de 2014 y no implicó la desaparición de Mexicana de Cobre, sino que esta continúa existiendo. Esta operación tiene implicaciones legales, fiscales y contables, y representa una reestructuración interna dentro del grupo empresarial al que pertenece Mexicana de Cobre, probablemente Grupo México, con el fin de especializar o separar sus operaciones industriales y extractivas. 

El acuerdo del que PODER posee copias y que data del 25 de agosto de 2006, además compromete a la universidad a realizar, conjuntamente, actividades de promoción a favor de la minería desde la firma del contrato y hasta el año 2019. Asimismo, a  mantener cláusulas de confidencialidad con todos los participantes, es decir, a realizar los trabajos en total opacidad. A cambio, (como parte de ese mismo acuerdo) la empresa y la universidad conservarían los derechos de propiedad intelectual que estén relacionadas con su participación en dicho estudio.

Como consultor externo de ese mismo convenio, se contrató a Geo Digital Imaging de México, S.A de C.V. para realizar el análisis de los sistemas de información geológica. Esta empresa es propiedad del profesor Héctor Mendívil Quijada, académico de tiempo completo del Instituto de Geología de la UNAM, adscrito a la Estación Regional del Noroeste, y Profesor de Cátedra en el ITESM campus Sonora Norte, según su propio perfil universitario^[10].

Otro caso que implica a la UNAM se revela en otra investigación periodística, donde se hace mención a que en 2015 la universidad, mediante Nacional Financiera (Nafin) como fiduciaria del Fideicomiso Río Sonora, recibió 50 millones de pesos para participar en acciones de diagnóstico ambiental tras el desastre ecológico causado por el derrame minero en el Río Sonora. De ese monto, 14 597 500 pesos fueron asignados al Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (Lancis) del Instituto de Ecología, y 35 402 500 pesos al Instituto de Geología de la UNAM^[11].

Del Lancis, más de la mitad se destinó a “remuneraciones adicionales” (4 052 200 pesos) y “otros servicios comerciales” (4 603 380.21 pesos); el resto cubrió materiales, equipo e instrumental de campo, honorarios y viáticos para los investigadores.

Sin embargo, la UNAM no ha informado sobre el destino o cumplimiento de varios productos pactados en el convenio, como propuestas de delimitación del Sistema Ambiental Regional, bases cartográficas digitales, modelación geoespacial dinámica o plataformas de geovisualización, que debían entregarse en plazos de 9 a 12 meses tras el cierre del fideicomiso (2017). 

A pesar de la magnitud del daño ambiental y social provocado, el entramado de relaciones entre Grupo México, las instituciones académicas y el Estado parece haberse fortalecido con cada desastre. Los contratos firmados con la UNAM, cargados de cláusulas de confidencialidad que habilitan la opacidad, exhiben  una subordinación del conocimiento científico a los intereses corporativos.

Mientras las locomotoras del consorcio siguen recorriendo territorios heridos, y las cotizaciones bursátiles celebran sus logros, las promesas de reparación y justicia se diluyen en la burocracia y el olvido. La historia de Grupo México no solo es la del crecimiento de un imperio económico cimentado en minerales, sino la de un modelo de impunidad sistemática que supo capturar no solo a las instituciones encargadas de fiscalizarlo sino también a las instituciones encargadas de generar evidencia científica. No fue solo el agua la que se contaminó: también lo fueron los contratos, los estudios y la narrativa oficial.

Hoy, el legado de cobre y veneno persiste en el aire seco del norte, en las aguas turbias del río Sonora y en los informes incompletos de las universidades. El daño no ha terminado, y tampoco lo ha hecho la complicidad. Lo que comenzó con cinco millones de pesos y una vigilancia sigilosa, terminó siendo una lección amarga: que en México, incluso los crímenes ambientales más flagrantes pueden ser administrados como simples negocios.

*Este reportaje fue realizado gracias al valiente trabajo de personas alertadoras que compartieron contratos y contextos de los mismos vía MéxicoLeaks. Documentos desclasificados de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y solicitudes de acceso a la información.

^[1]    Buenavista del Cobre la mina que se come a Cananea. Pie de Página.

^[2]    Venta de  Cananea. Pie de Página.

^[3]    Ciudad de Cananea. Wikipedia.

^[4]    Repúblico Mining (2000). Historia de Grupo México.

^[5]    Grupo México historia (2024). Grupo México.

^[6]    Una historia de mineria. Diario Business news.

^[7]    Camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad. PODER.

^[8]    Rebolledo Ruy (2027). Río Sonora sigue contaminando a 6 años del derrame. El financiero.

^[9]    Ídem.

^[10]   UNAM personal. 

^[11]   Camacho Zózimo. Grupo México salpica a la UNAM. Contralínea. 

Publicado originalmente en http://Pie de Página

Este 19 de febrero nuestro ejido cerrará la operación del proyecto minero “Los Filos” porque la gerencia de la mina se ha negado incluso a responder un oficio en donde le solicitamos de manera respetuosa implementar una cláusula para la inspección del ingreso de concesionarios dentro del proyecto de operación minera, tal cual está establecido en el convenio de contraprestaciones sociales, porque es lo acordado para que el ejido establezca ajustes para un adecuado equilibrio del ingreso y acceso al empleo, maquinaria y equipos.

No es la primera vez que la empresa incumple cláusulas de los convenios que firma, ni tampoco pretenda ocultar la falta de respeto hacia nosotros al no responder el contenido de los oficios que le enviamos, cuando de incumplimientos u otros asuntos relacionados con la actividad corresponden; por lo tanto, consideramos importante actualizar el contexto de la situación que se vive en el proyecto “Los Filos” señalando que, si bien es cierto la empresa ha logrado un acuerdo de convenio con las comunidades de Xochipala y Mezcala, en nuestro caso la negociación se encuentra rota y aunque hemos realizado llamados directos al Sr. Greg Smith, presidente y CEO de Equinox Gold, no tenemos diálogo alguno que nos haga suponer la empresa ha determinado continuar con su proyecto o iniciar el cierre definitivo, aunque suponemos que la firma alcanzada con las comunidades vecinas manifiesta su deseo de continuidad, lo cual de ser cierto, de ninguna manera aceptaremos las mismas pretensiones que acordaron con las comunidades referidas, incluyendo la inentendible festividad de autoridades estatales (https://www.facebook.com/share/p/15rztxffex/) porque simple y llanamente para nosotros son irracionales dentro del contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos.

Esperamos que el día de hoy, justo cuando la empresa hace entrega del informe anual y muestre sus pretensiones de futuro del proyecto “Los Filos” entre otros ante su junta directa, sus asociados y sobre todo sus socios, estos abran los ojos y miren con detalle la información que les entregan porque si la empresa les proporciona la misma información que han manejado con nosotros, entonces garantizamos les han entregado información incompleta, sesgada y posiblemente hasta falsa sobre la situación de crisis del proyecto “Los Filos”, porque si les dicen la verdad es probable la empresa deba someterse a un riesgo financiero alto que bien podría manifestarse al momento de realizar una evaluación sobre la rentabilidad de la inversión.

Nuevamente reiteramos que la negociación con nosotros se encuentra suspendida y así seguirá hasta que la empresa envíe gente responsable, respetuosa y capaz de construir, junto con nosotros, un proceso de diálogo en donde la imposición de cláusulas sin contenido y sustento dejen de ser la regla y se nos deje de presionar para que las firmemos siempre con la reiterada amenaza de despidos o del cierre de la operación minera.

Aprovechamos para informar que el Ing. Hugo Vergara quien dice lidera iniciativas de desarrollo sostenible por parte de la empresa, internamente ha estado manifestando una conducta intimidatoria e iracunda en contra de nuestros representantes y otros integrantes del ejido, lo cual solamente corrobora su incapacidad para establecer procesos de diálogo legítimos y se escuda en la asimetría de poder creyendo que le ayudará a resolver este conflicto social que él en particular ha sido su principal gestor.

Cualquier acto de agresión hacia nuestros representantes u otros integrantes del ejido de forma inmediata responsabilizaremos al Ing. Hugo Vergara, por lo tanto, nuevamente hacemos un llamado para que la sociedad se mantenga alerta ante posibles agresiones que dichos actores pretendan en contra nuestra.

Atentamente Ejido de Carrizalillo

Publicado originalmente en http://Chiapas Paralelo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a mediados de enero el Plan México, anunciado como una estrategia de “desarrollo nacional” junto al sector privado, para transformar el país en la décima economía del mundo, que hoy ocupa el lugar número 12. Para eso se ha propuesto un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares en diversos sectores económicos.

El sector minero está dentro de este paquete, industria que será incentivada y que atraerá nuevas inversiones con más proyectos. El anuncio ha sido tomado por el sector como una posibilidad de reactivación de las actividades de mineríaen el país. 

Diversas organizaciones sociales, comunidades y académicos reunidos en la Colectiva ¡CambiémoslaYa! sostienen que la intención de promover proyectos mineros en el país genera “incertidumbre y preocupación”, favoreciendo inversiones de empresas como Grupo México, “cuya negligencia criminal ha causado daños irreversibles al ambiente y a la salud, que permanecen desatendidos e impunes”, señalan.

Si bien las informaciones públicas sobre el plan son escasas – hasta ahora se cuenta solamente con las presentadas en un evento público el 13 de enero por Sheinbaum -, uno de los puntos divulgados por la mandataria prendió el foco rojo entre las organizaciones. El plan especifica que la Secretaría de Economía debe promover una nueva reformar a la Ley Minera – una reforma fue realizada en 2023 – en un plazo de 100 días para permitir la exploración privada (etapa anterior a la explotación minera, en la cual se busca y evalúa el yacimiento de minerales). 

La Colectiva que, durante el proceso de la reforma tuvo un papel activo para exigir un mayor control de la actividad minera, alerta que la iniciativa actual podría “diluir los avances” obtenidos con los cambios legislativos de 2023, cuando se asigno al Servicio Geológico Mexicano (SGM) como responsable por la exploración.

De acuerdo con el profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana y miembro de la Clínica Jurídica para Justicia Ambiental “Berta Cáceres”, Jorge Peláez, la propuesta inicial de la reforma de 2023 garantizaba que la exploración minera estuviera 100% a cargo del SGM, sin ninguna participación de particulares. Por presión de las mineras se aprobó que el órgano puede establecer contratos por medio de licitación con empresas privadas para la exploración. 

Para Peláez, a pesar de no haber sido aprobada la propuesta inicial de la reforma, el texto final representó un avance. “Hoy no está vedada completamente la exploración a los privados. Sin embargo, no pueden ellos mismos, como era antes, solicitar una concesión de exploración. Como quedó [en la ley] no es lo ideal, pero el Estado sigue teniendo control de los recursos”, señala para Avispa Mídia. 

El abogado subraya que si antes el Estado daba una única concesión minera, que incluía el derecho de exploración y explotación, ahora el SGM es responsable por la exploración y concede, o no, por medio de licitación, el derecho a privados a la explotación. 

Uno de los puntos positivos de esta nueva dinámica es que elimina la posibilidad de especulación con las concesiones. “Antes se permitía que una empresa fuera concesionaria por 50 años, exploraba cuándo quería, podía transferir la concesión a quién quisiera y, mientras tanto, cotizaba en la bolsa de valores, aunque nunca desarrollara un proyecto. No explotar no quería decir que no generaba recursos”, explica. 

Además, desapareció la lógica de que todo el territorio mexicano estaría disponible a las empresas mineras. Ahora el SGM define los polos mineros.

Para el abogado, es clave que no haya un regreso en estos términos aprobados en la reforma de 2023. “Lo complicado sería que el control de la exploración vuelva a tener los privados [como anunció Sheinbaum con el Plan México]. Este sería el gran riesgo y tenemos que tener todas las alarmas prendidas”, alerta el profesor de derecho.

Ataques

Los partidos PRI, PAN y PRD abrieron procesos de impugnación a la reforma aprobada en 2023, señala Dolores Rojas, de la organización Heinrich Böll y de la Colectiva ¡CambiémolasYa! Para ella, no puede haber una nueva reforma a la ley si no se aclara primero la petición de impugnación por parte de los partidos. 

Explica que también ha habido una serie de amparos promovidos por empresas mineras. “Sin embargo, una resolución en la Suprema Corte decidió no resolver estos amparos hasta que no se resuelva la impugnación que hay de la ley. Por lo pronto la ley sigue vigente, con estas indefiniciones”, explica Rojas para Avispa Mídia.

Además, todavía no se publica el reglamento de la ley, que debió ser publicado hasta diciembre de 2023. “El hecho de que no está la reglamentación, limita la ejecución y la operatividad de la ley. Eso hace que haya mucho más margen de interpretación a la ley vigente”, explica la integrante de la organización Heinrich Böll. 

Es evidente, señala Rojas, que existe una resistencia a la reglamentación. “De nuestra parte hicimos una propuesta. La Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], en el sexenio pasado, entregó el borrador del reglamento a la consejería jurídica de la presidencia. Hizo lo que le tocaba. Pero faltaba entregar la parte de la Secretaría de Economía. Tuvimos varias reuniones y una comunicación fluida con Economía. De repente ya no nos contestaron y nunca supimos lo que paso con el reglamento”, sostiene.

Señales

Para el profesor de derecho, además de la no reglamentación, existen otras señales que indican que es posible que se esté articulando una nueva reforma a la Ley Minera. 

En comisiones de la Cámara de Diputados hay un dictamen aprobado, en agosto de 2024, que establece la prohibición de la minería a cielo abierto y el fracking. La propuesta fue presentada por el ex presidente Andrés López Obrador en febrero de 2024, como parte de un paquete de 20 proyectos que buscaba modificar el artículo 27 de la Constitución. “Sin embargo, no se ha debatido la iniciativa en sesiones plenarias, lo que sugiere que podría no prosperar”, dice Rojas.

Además, existe una clara articulación especialmente entre la Secretaría de Economía y el sector minero. Por ejemplo, están las declaraciones del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, quien informó a medios locales que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sostenido reuniones preliminares con el clúster (grupo de empresas) minero local. El objetivo sería, dentro del Plan México, desarrollar un “importante proyecto minero” relacionado a la explotación de cobre.

Otro factor apuntado por Peláez es la guerra de los aranceles detonada tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de establecer impuestos altos sobre productos mexicanos. Eso ha generado cierta sinergia entre los distintos sectores económicos mexicanos y el gobierno de ese país.

Una publicación de Ebrard en sus redes sociales resalta una reunión en la que detalla que “el sector privado cierra filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y su defensa del interés nacional frente a cualquier arbitrariedad comercial o de otra índole que debamos encarar en las próximas horas”, escribió en el contexto de la amenaza de Trump.

Para Peláez, “con todos estos problemas de los aranceles y la necesidad de tener a sectores privados e inversionistas contentos, hay el riesgo de que eso [una nueva reforma a la Ley Minera] pueda ser una moneda de cambio”.


Publicado originalmente en http://Avispa

Por Max de Haldevang en colaboración con OCCRP

En enero del año pasado, un activista nahua de 71 años llamado Antonio Díaz abandonó una reunión comunitaria en Aquila, Michoacán, y desapareció con su abogado, Ricardo Lagunes, en la noche. La policía pronto encontró una camioneta Honda blanca, baleada y abandonada en un pequeño pueblo de un estado vecino. Sin embargo, no había señales de los hombres.

A lo lejos se vislumbraba la Sierra Costa, hogar de la vasta y polvorienta extensión de la mina de hierro Las Encinas. Durante varios años, los dos hombres habían estado librando una batalla cuesta arriba contra la mina, que según los lugareños ha devastado la vida silvestre y contaminado el suministro de agua.

Las Encinas está dirigida por Ternium S. A., una empresa siderúrgica multinacional de 6.2 billones de dólares (124,000 millones de pesos) con acciones que cotizan en Nueva York, con sede en Luxemburgo —un país con ventajas fiscales— y clientes como Tesla, General Motors y el gobierno mexicano.

Los lugareños afirman que la mina ofrece más oportunidades de ganar dinero a los cárteles locales, que a menudo cobran tarifas para operar en su territorio y en el pasado han extorsionado a los comuneros que recibieron una parte de las regalías, como parte de las ganancias de la mina.

Quienes se oponen a las minas pueden convertirse en objetivo de los cárteles. En los últimos años, más de media docena de personas que habían desafiado las minas de Ternium fueron secuestradas, asesinadas o desaparecidas. En una comunidad, un activista fue secuestrado y, según los documentos presentados por su abogado, obligado a retirar una demanda contra una mina que Ternium tiene en copropiedad con el gigante siderúrgico ArcelorMittal.

El activista Díaz no consideraba que las empresas mineras estuvieran exentas de culpa. A finales de 2022, escribió al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, implorándole que iniciara una investigación sobre Ternium. Acusó a la empresa de haber contratado grupos armados en el pasado para “agredir y reprimir a los indígenas” y dijo que sus empleados habían amenazado a los opositores de la mina.

Ternium condenó “cualquier tipo de respuesta violenta contra la comunidad” y rechazó cualquier asociación directa o indirecta “con casos violentos… o la desaparición de personas”. Afirmó que Ternium tiene una “profunda preocupación por la desaparición” de Díaz y su abogado, y dijo que ambos se habían involucrado con los funcionarios de la empresa en un espíritu de “apertura, libertad, respeto y aprecio personal”.

ArcelorMittal afirmó que opera “dentro de la ley, adherido a altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y respeto al medio ambiente”. La empresa condenó enérgicamente “la violencia y la actividad criminal en México” y rechazó firmemente cualquier asociación directa o indirecta con los perpetradores de la violencia o responsabilidad por ellos. 

En ocasiones, no estaba claro si Díaz sería capaz de continuar con su campaña. Después de una reunión con representantes de Ternium, inexplicablemente cortó el contacto con los demás activistas de Aquila. Unas semanas después, reapareció para unirse a una asamblea en diciembre, donde alegó que los funcionarios de Ternium habían amenazado con tomar represalias contra sus oponentes. 

Ternium no respondió directamente a la afirmación de Díaz, pero dijo que “cualquier asociación de Ternium con la posible contratación o participación de grupos armados es totalmente infundada y absurda”. 

Entonces, el estado de ánimo tomó un giro sorprendente. Díaz y su abogado, Ricardo Lagunes, se presentaron en la asamblea de enero para informar a los asistentes que se había producido un avance: parecía, dijeron, que un tribunal local pronto permitiría que se llevaran a cabo elecciones para reemplazar a los líderes comunitarios que los activistas creían que estaban aliados con Ternium. La pareja también tenía la esperanza de que el tribunal liberara millones de pesos por la renta de las tierras que Ternium le debía a la comunidad, pero que había puesto en depósito.

En enero de 2023, durante una protesta en la Glorieta de las y los Desaparecidos, fueron repartidos volantes  que exigían la aparición con vida de los defensores. (Ulises Martínez/Obturador MX)

Algunos de los activistas se quedaron después de la reunión, compartiendo unas cervezas y algo para comer con Díaz y Lagunes. “Esa asamblea por las buenas noticias nos dejó con buen sabor de boca”, dijo más tarde uno de los elementos a la policía.

Díaz y Lagunes se dirigieron hacia la casa del abogado en el vecino estado de Colima, pero nunca llegaron y nunca fueron encontrados.

Un miembro de un importante cártel le diría más tarde a la policía que había ayudado a secuestrar a la pareja. La razón, dijo a la policía, fue que los hombres se estaban “poniendo al pedo por las minas”. Fue asesinado antes de poder ser juzgado.

Control del cártel

Ternium comenzó como una empresa italiana llamada Techint, fundada en 1945 por un funcionario que ocupó altos cargos en empresas estatales durante la dictadura fascista de Benito Mussolini.

La empresa se trasladó parcialmente a Argentina en los años siguientes y, con el tiempo, sus operaciones en América Latina —en particular, México— se convirtieron en un elemento central de su negocio. La empresa consiguió millones de dólares en contratos gubernamentales durante el gobierno de López Obrador y, el año pasado, su trabajo en México contribuyó con más de la mitad de sus 18,000 millones de dólares en ventas netas.

Hoy en día, Ternium desempeña un papel crucial en las cadenas de suministro vitales para los fabricantes que trasladan sus operaciones a México para acceder más fácilmente a los mercados estadounidenses. La empresa planea invertir casi 7,000 millones de dólares en México, donde los fabricantes de automóviles estadounidenses están invirtiendo mucho para desarrollar plantas de vehículos eléctricos. El año pasado, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, visitó la fábrica de Ternium en el estado de Nuevo León.

Pero operar en México tiene un lado oscuro. Los grupos criminales se involucraron en el sector minero después de que el expresidente Felipe Calderón lanzó una guerra contra los cárteles en 2006, lo que llevó a los grupos del crimen organizado a diversificarse más allá del tráfico de drogas. Los cárteles robaron y extorsionaron a empresas, iniciaron operaciones mineras ilegales y vendieron mineral de hierro ilícito a empresas legales.

En enero, el director de la asociación industrial de ingenieros de minas, Luis Humberto Vázquez, dijo sin rodeos a los medios locales: “Nos hemos visto obligados a pagar al crimen organizado el cobro de derecho de piso”.

La mayor parte de la zona donde opera Ternium está dominada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, al que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llamado “una de las cinco organizaciones criminales trasnacionales más peligrosas del mundo”. El cártel ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2015, y su líder, Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes, tiene una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza.

La DEA ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. (Captura de pantalla)

El cártel puede controlar comunidades y empresas al ser “más ostentosamente violento que cualquier otro”, escribió Vanda Felbab-Brown, experta en seguridad de Brookings Institution, en un artículo de opinión de 2022.

“El descaro, la brutalidad y la expansión agresiva son su estrategia característica”, escribió. Más allá de su negocio principal, el narcotráfico, el cártel actúa “como un experto fiscal y, a veces, como un licenciatario de franquicias” de empresas legales en sus territorios.

El control del cártel significa que, para las empresas que trabajan en áreas rurales, es “un escenario binario en el que pagas o te vas”, dijo Falko Ernst, analista senior de México y experto en crimen organizado del International Crisis Group, en una entrevista. Los pagos al crimen organizado son vistos como “solo un costo adicional de realizar negocios en el terreno”.

El secuestro de Antonio Díaz 

Antonio Díaz, miembro del pueblo indígena nahua, nació en Aquila en la profunda pobreza de la década de 1950 en México.

A los siete años dormía en un catre al aire libre en una granja, donde trabajaba desde las cuatro de la mañana para pagar su sustento antes de irse a la escuela. Más tarde ganó una beca para estudiar en la escuela secundaria más cercana, a unos 80 kilómetros de distancia, a la que caminaba cada dos semanas.

Se graduó como maestro y luego ascendió hasta convertirse en administrador de un distrito escolar cerca de Morelia, la capital del estado, a siete horas en auto desde Aquila. Pero continuó visitando su ciudad natal para apoyar los esfuerzos de la comunidad para luchar contra la expansión de la mina Las Encinas.

Antonio Díaz solicitó en 2022 al entonces presidente López Obrador que iniciara una investigación sobre Ternium. (Cortesía de la familia)

El daño ecológico que los lugareños atribuyen a la mina es visible en un arroyo que corre por el valle debajo de la ciudad, que según los activistas alguna vez fue un río caudaloso donde la gente pescaba y se bañaba. Ahora rara vez hay suficiente agua para muchos cultivos y los residentes creen que el suministro ha sido contaminado por desechos tóxicos.

Ternium afirmó que cumple con todas las “leyes y condiciones ambientales”.

La violencia de los cárteles ha amenazado la zona durante más de una década. Tan solo en la segunda mitad del año pasado, dos cadáveres mutilados fueron arrojados cerca de Aquila en incidentes separados: uno desmembrado y otro con señales de tortura. (Ninguno tenía conexión alguna con la mina de Ternium).

Los llamados “halcones” rondan la plaza central de la ciudad. Pocos lugareños se atreven a salir de casa después del anochecer. “[Estamos] como encarcelados”, dijo un residente.

En 2019, Díaz comenzó a trabajar con Ricardo Lagunes, un abogado tres décadas menor que él, para modificar la elección de alguien a quien consideraban un aliado de Ternium como líder de la comunidad nahua local.

Lagunes, que anteriormente había representado a miembros de las autodefensas de Aquila como su abogado defensor, ayudó a los activistas a ganar un fallo para revocar esa elección en 2021. Pero las autoridades no celebraron una nueva votación.

Frustrados por el estancamiento, los activistas comunitarios protestaron frente al Tribunal Unitario Agrario en Colima en enero de 2022. Posteriormente alguien colgó una corona funeraria en su puerta, lo que los activistas interpretaron como una amenaza (de los líderes locales, los narcos o ambos).

El ambiente febril persistió hasta el siguiente enero, cuando Díaz y Lagunes asistieron a su última reunión comunitaria.

En el camino a casa, los hombres fueron emboscados por un grupo de unos diez hombres armados y “halcones”, según el testimonio dado a la policía.

Uno de los halcones, Javier Puntos, dijo a la policía bajo juramento que los hombres tenían fotos de los dos activistas y de la camioneta Honda blanca en la que viajaban. Los jefes locales del Cártel Jalisco Nueva Generación habían dicho que “nos chingaban a nosotros” si los dos hombres escapaban, dijo Puntos.

Cuando el coche se acercó, los pistoleros dispararon algunos tiros, sacaron a los dos hombres del vehículo y se los llevaron, declaró.

“Ya después supe que los levantaron porque se andaban poniendo al pedo por las minas”, dijo Puntos, aunque no está claro si proporcionó pruebas de alguna participación de Ternium. (Parte del testimonio de Puntos fue reportado por primera vez en el medio A dónde van los desaparecidos).

Un par de días después del secuestro, circuló en las redes sociales un video de un hombre que los fiscales identificaron como Díaz, que vestía una camiseta verde, con los brazos aparentemente atados a la espalda y el rostro casi oculto.

Puntos dijo que después de que las autoridades comenzaron a investigar, el cártel le ocultó a él y a los otros halcones el paradero de los hombres. Hay “los que ocultan cuerpos”, dijo a la policía. “Ya después de que los matan a veces los entierran en cementerios, o los quemas o cocinan o los ocultan en los ranchos que tienen”.

Por razones poco claras, las autoridades liberaron a Puntos después de su entrevista con la policía. Fue encontrado muerto poco después. (Los funcionarios de la Fiscalía General de la República no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la liberación de Puntos).

Ricardo Lagunes viajaba con Díaz cuando fueron emboscados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. (Cortesía de la familia)

“Impunidad casi absoluta”

Según Naciones Unidas, los cárteles y sus facilitadores gozan de “impunidad casi absoluta” en México. Unas 100,000 personas han desaparecido en el país desde 2007, pero hasta 2021, solo entre el dos y el seis por ciento de los casos habían dado lugar a procesos judiciales.

En este contexto, la desaparición de Díaz y Lagunes recibió un grado inusual de atención internacional, en parte gracias a los recursos y conexiones de sus familias.

Después de que Naciones Unidas pidiera al gobierno de México que investigara, dos hombres fueron acusados ​​por su desaparición la primavera pasada: José Cortés Ramos, el exlíder de Aquila cuya administración impulsó una expansión de la mina Las Encinas, y un joven que fue atrapado tratando de empeñar el teléfono de Díaz.

Cortés Ramos se declaró inocente en una audiencia previa al juicio, pero el caso ha estado paralizado desde entonces por objeciones procesales de sus abogados. 

Los mensajes enviados al número de Cortés Ramos no recibieron respuesta. Su primo reconoció haber recibido las preguntas de los periodistas, pero no envió respuestas por escrito.

En septiembre del año pasado, la comunidad de Aquila finalmente pudo celebrar las elecciones por las que Díaz y Lagunes habían estado luchando. Un miembro de la comunidad que había trabajado para Ternium durante años ganó la votación.

Ternium no hizo comentarios directos sobre la elección, pero dijo que se relaciona “con las comunidades que rodean nuestras operaciones, trabajando para abordar sus preocupaciones de manera transparente y constructiva”, y que tiene “una buena relación de trabajo” con la comunidad de Aquila.

Mientras tanto, las familias de los dos hombres siguen buscando cerrar el capítulo.

El propio Díaz había estado dispuesto durante mucho tiempo a sacrificarlo todo por su comunidad nahua. “El orgullo más grande que siento es estar siempre al lado de mis compañeros, hermanos de raza, los indígenas”, dijo en un breve video compartido por su hijo. “Ofrendaré todo mi esfuerzo, mi trabajo y mi vida por defender nuestra raza”.

No solo Aquila

Aquila no fue la única comunidad que enfrentó amenazas y violencia mientras hacía campaña contra una mina de Ternium.

En 2014, la gente de la comunidad de Ayotitlán, en Jalisco, ganó un fallo judicial que determinó que la concesión minera a la mina de hierro Peña Colorada, de propiedad conjunta de Ternium y ArcelorMittal, violaba sus derechos y dañaba la tierra. Pero el fallo nunca se hizo cumplir.

(Ternium y ArcelorMittal negaron haber causado daños ambientales y dijeron que cumplen con todas las leyes y regulaciones ambientales).

En los años siguientes, varios activistas fueron secuestrados, llevados ante jefes de cárteles locales y amenazados, según los documentos presentados por los abogados de la comunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Varias personas que firmaron la demanda retiraron sus firmas en los años siguientes. Para 2020, solo quedaba un demandante. Ese año, también fue secuestrado por narcos que querían que retirara la demanda, según los documentos legales de la comunidad. Al día siguiente, acudió a un juzgado y firmó los papeles para poner fin al caso, de acuerdo con los documentos.

Según los documentos presentados por los lugareños ante una comisión internacional de derechos humanos, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación comenzaron a operar una mina ilegal dentro de la concesión de la empresa. Las imágenes satelitales muestran que la vegetación desapareció del sitio a partir de 2020 y los caminos hechos por los vehículos en el polvo de color bermellón que quedó atrás.

Otros opositores a la mina han tenido destinos violentos. Santos Isaac Chávez, un abogado de 42 años que se postuló para líder comunitario en 2021 con una plataforma contra la minería, fue encontrado muerto días antes de las elecciones, su cuerpo presentaba signos de tortura. Su automóvil había sido empujado por un acantilado, según el grupo de defensa Global Witness.

El año pasado, otro activista destacado, Higinio Trinidad de la Cruz, fue asesinado meses después de decir en una entrevista con OCCRP que no daría marcha atrás en su lucha por proteger la tierra que consideraba la herencia de sus hijos.

ArcelorMittal afirmó que los acuerdos entre la mina y la comunidad local “siempre han sido mutuamente beneficiosos” y lícitos. Ternium rechazó cualquier asociación directa o indirecta entre la mina Peña Colorada y la violencia contra la comunidad local.

Analy Nuño colaboró en este reportaje.

**Foto de portada: El profesor y líder de la comunidad de Aquila Antonio Díaz Valencia, y el abogado Ricardo Lagunes Gasca, desaparecieron en Tecomán el 15 de enero de 2023. (Cortesía de las familias)

Publicado originalmente en http://A donde van los desaparecidos

^{En portada: Desde la izquierda, Javier Milei, Luis Lacalle Pou, Ursula von der Leyen, Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña en la cumbre de Mercosur en Montevideo el viernes 6 de diciembre del 2024. Foto: Santiago Mazzarovich}

Líderes de la Unión Europea (UE) y del Mercado Común del Sur (Mercosur) – formado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina – anunciaron en diciembre pasado durante la 65ª Cúpula de Jefes de Estado del Mercosur, en Montevideo, la conclusión de las negociaciones del acuerdo comercial entre las dos regiones, después de 25 años de negociaciones. 

En 2019, durante el gobierno del brasileño ultraderechista Jair Bolsonaro, hubo un primer cierre de las negociaciones, pero con la llegada al poder de Luiz Inácio Lula de Silva, en 2023, las negociaciones fueron reabiertas, por solicitud del nuevo gobierno brasileño. 

En líneas generales, el acuerdo concluido mantiene aspectos fundamentales que caracterizaron el texto base de 1999, señala el asesor de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip), Adhemar Minero, que ha acompañado el proceso desde su inicio, hace más de dos décadas. “Los países de América Latina seden sus riquezas minerales y agrícolas y reciben productos manufacturados de los europeos. Entonces la esencia del acuerdo es esta. La estructura es una estructura neocolonial”, sostiene el asesor para Avispa Mídia.

Además de esta lógica desigual que prevaleció en el cierre de las negociaciones, la investigadora del Transnational Institute (TNI), Luciana Ghiotto, apunta que fueron añadidos nuevos elementos para atender urgencias europeas como por ejemplo la política de transición energética impulsada por la Unión Europea, intensificada después de la pandemia. 

En este sentido, el acuerdo garantiza la exportación de varios minerales críticos para la transición de la matriz tecnológica de la Unión Europea como níquel, cobre, aluminio y acero y flexibiliza la aplicación de impuestos a las exportaciones de estos minerales. “Si Brasil adoptara un impuesto a la exportación de estos productos, la tasa aplicable a la UE debería ser inferior a la aplicable a otros destinos, y tampoco debería superar el 25%”, sostiene el texto del acuerdo. Hoy el gobierno puede tributar exportaciones sin restricciones.

Brasil se perfila como uno de los principales productores de minerales críticos, tan es así que, su gobierno “anunció recientemente el lanzamiento del Fondo de Inversión en Minerales Estratégicos, que pretende recaudar más de 200 millones de dólares para promover nuevas empresas de minerales esenciales para la transición energética, la descarbonización y la producción sostenible de alimentos”, destaca el informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), llamado Perspectivas de la tecnología energética 2024.

Garantizar el acceso a los minerales críticos es esencial para el dominio del mercado de productos industrializados relacionados a las energías consideradas renovables y la producción de las baterías de iones de litio que se utilizan en los ordenadores portátiles, los teléfonos inteligentes y las tabletas, en los vehículos híbridos y eléctricos. Este mercado está siendo disputado principalmente entre Unión Europea, Estados Unidos y China.

De acuerdo con proyecciones de la AIE, para sostener la transición energética, en 2050 la demanda por el litio, por ejemplo, podría aumentar más de un 1500%, así como la demanda por níquel, cobalto y cobre.

La importancia de los minerales para Europa quedó evidente en el énfasis dado al sector en el corto discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,durante rueda de prensa que anunció el acuerdo. “El acuerdo facilitará la inversión europea en industrias estratégicas en todos los países del Mercosur, como es la minería sostenible, productos forestales sostenibles solo para mencionar algunos”, dijo.

En un informe, el Parlamento Europeo admite la vulnerabilidad europea por la “elevada dependencia” de materias primas estratégicas procedentes de países con los que la UE no está estratégicamente alineada, lo que representa alrededor de la mitad de estas importaciones. China, por ejemplo, suministra el 100% de los elementos de tierras raras y el 97 % del magnesio. 

Los países europeos remarcan su preocupación en cuanto a la expansión de China. El país “está reforzando su dominio mundial en el ámbito de las tecnologías estratégicas y emergentes, aumentando continuamente su presencia en los mercados internacionales, aumentando continuamente su presencia en América Latina (y África)”, contextualiza el documento.

De manera que, diversificar las importaciones europeas de materias primas estratégicas es “clave para dominar la transición limpia de la economía europea, mitigar los riesgos de la cadena de suministro”, sostiene el informe.

La diversificación de las importaciones de materias primas estratégicas también es uno de los objetivos clave de la Ley de Materias Primas Críticas de la UE, que entró en vigor en mayo de 2024. “Para 2030, no más del 65% del consumo anual de la UE de cada materia prima estratégica en cualquier fase pertinente de su transformación debe proceder de un único país”, dice el informe.

América Latina, en particular América del Sur, es principalmente rica en litio y cobre. Además, la región cuenta también con las mayores reservas de niobio, grafito natural, fluorita y elementos de tierras raras. 

De acuerdo con un estudio de la Comisión Europea sobre minerales críticos, Brasil es, con más del 90%, el mayor proveedor mundial de niobio, un metal utilizado principalmente para la resistencia, flexibilidad y flexibilidad y ligereza. Además del litio, producido por Argentina, y teniendo Brasil reservas potenciales en el llamado Valle del Litio.

A esto se suma que Brasil también apuntala en la exportación de otros metales. “Brasil es sólo un ejemplo potencial de socio estratégico para la Unión Europea en la cadena de valor del hierro y el acero”, advierte el informe de la AIE. 

La región es considerada por la UE como estrategia. Su diplomacia ha trabajado en América Latina para establecer acuerdos en relación a los minerales estratégicos y el establecido entre el Mercosur y la UE es uno de ellos. 

“Dado que Argentina y Brasil, en particular, son importantes productores de materias primas críticas, el acuerdo contribuirá a garantizar un suministro de eficiente, fiable y seguroy sostenible para la transición ecológica mundial, reduciendo o eliminando impuestos a la exportación y eliminando las restricciones y los monopolios a la exportación”, considera el informe del Parlamento Europeo.

Transición vía mercado

Uno de los pilares de la disputa por la economía mundial, en el marco de la transición energética propuesta por los países del norte, es el sector automovilístico. Entre las ventas totales de tecnologías a base de energías limpias destaca la producción de vehículos con motores eléctricos y sus baterías. El 65% del mercado global de tecnologías limpias está cubierto por la venta de coches eléctricos y baterías que vienen demandado de forma acelerada más minerales críticos, como reveló un reportaje de Avispa Mídia.

Así que Europa trató de garantizar su mercado en los países del Mercosur. El acuerdo prevé la eliminación progresiva de los aranceles en un período de 18 años para los carros eléctricos e híbridos europeos. En el caso de los vehículos a hidrógeno, la eliminación se dará progresivamente en un plazo de 25 años. 

Además, se agrega la mano de obra barata en la región, motivo por el cual Brasil, así como México, se posiciona para establecer nuevas ensambladoras de automoviles europeos, estadounidenses, japonenes y chinos, puntualiza el informe de la AIE.

Más allá del discurso de sostenibilidad

Otro punto que vincula el acuerdo al Green Deal europeo, es decir el plan de descarbonización de las economías europeas, es el capítulo y anexos dedicados de Comercio y Desarrollo Sostenible, que establece criterios de “sostenibilidad”, como la restricción de las importaciones de productos del Mercosur cultivados en tierras deforestadas. 

Los países que son parte del acuerdo también deben seguir el Acuerdo de París, adoptado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, “con los países desarrollados asumiendo el liderazgo”, dice el acuerdo.

Además, la Unión Europea apoyará con 1,800 millones de euros la “transición ecológica y digital” en los países del Mercosur, como parte de la Global Gateway.

Durante el proceso de negociación Xiana Mendez, entonces secretaria de Estado de Comercio de España, sostuvo que el objetivo de la Unión Europea es “ayudar otros países a ser tan sostenibles cuanto nosotros”. 

Pero lo que el acuerdo pone sobre la mesa va más allá del discurso ambientalmente responsable y la importación y exportación de productos. Está en juego la posibilidad de integración de cadenas de valor industriales “descarbonizadas”, lo que serviría a los objetivos europeos de ser la primera región del mundo climáticamente neutra hasta 2050. 

Analistas con corte liberal defienden que el acuerdo puede representar una oportunidad estratégica para esta integración.

Por ejemplo, Uruguay y Paraguay poseen matrices eléctricas consideradas prácticamente 100% verdes, mientras Brasil posee 85%, niveles muy superiores a los de la Unión Europa, que es de 39%. Para el profesor de economía y ex vice-presidente del sector privado del CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), Jorge Arbache, “con esta matriz, la región es altamente atractiva para el powershoring, la estrategia empresarial de localización geográfica de la producción asociada a la disponibilidad de energía verde, segura, barata y abundante”, dijo en un artículo publicado en la página web del banco. 

Destaca, por ejemplo, el posible impacto para la “descarbonización” de Europa, al acceder a “acero verde” producido con energía considerada limpia por países del Mercosur. “Con este conjunto único de atributos, el Mercosur puede producir bienes con mucho menos emisiones que Europa y con un time-to-market y estructura de costos sin comparación”, sostiene.

Además, enumera el especialista otros atractivos del Mercosur interesantes a la UE: los países del Mercosur tienen potencial de producción de hidrógeno verde a precios muy competitivos, es líder global en tecnologías, modelos de negocios y producción de biocombustibles, poseen agua dulce en abundancia, y muchos biomas y bosques con potencial para la bioeconomía, tierras fértiles disponibles, mucha biomasa e incomparable potencial para expandir el mercado de carbono.

Para Arbache, el Mercosur se presenta al mundo como una fuente de soluciones para la descarbonización.

Próximos pasos

La firma del acuerdo aún no se da. Los textos deben pasar por una revisión jurídica por parte de los países miembros y deben ser traducidos a los idiomas oficiales de cada país. 

El acuerdo también debe pasar por un proceso interno de aprobación, en el caso de Brasil involucra la aprobación del texto por el Congreso Nacional. 

De acuerdo con Adhemar Minero, diversos países europeos manifestaron restricciones al acuerdo, como es el caso de Francia. “Puede ser que todavía se reabran estas pláticas de negociación, a partir de la oposición de algunos países de la Unión Europea”, evalúa.  

Parte del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,durante el anunció del acuerdo, fue direccionado a los sectores económicos europeos que haciendo oposición al acuerdo. “Es una ganancia para Europa. 60 mil empresas están exportando al Mercosur, 30 mil son pequeñas y mediana empresas se benefician de aranceles reducidos, procesos aduaneros mas sencillos, y también acceso preferencial a materias primas fundamentales. Este acuerdo lleva a que las empresas europeas ahorren 4 mil millones de euros, a la vez que expanden nuestros mercados”, argumentó.

El acuerdo es compuesto por 20 capítulos, además de anexos, y trata de temas como Comercio de Bienes, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa, Comercial y Salvaguardias Bilaterales, Facilitación del Comercio, Comercio de Servicios, Compras Gubernamentales, Propiedad Intelectual,  Política de Competencia, Empresas del Estado, Comercio y Desarrollo Sostenible, Transparencia y Solución de Controversias


Publicado originalmente en Avispa Midia