La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió que el concepto de seguridad nacional está siendo utilizado de forma creciente por gobiernos para perseguir, encarcelar, vigilar, censurar y forzar al exilio a periodistas, bajo argumentos que desvirtúan su propósito original de proteger al Estado.

Anne Bocandé, directora editorial de la organización, advirtió que cada proceso judicial abusivo, detención arbitraria o legislación utilizada contra la prensa debilita no solo la libertad de informar, sino también el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público.

En el informe “Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo”, presentado en línea con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, RSF sostiene que el uso de la seguridad nacional para restringir el trabajo periodístico se replica en distintas regiones del mundo.

De acuerdo con el informe, en América Latina, argumentos de seguridad nacional suelen vincularse con la doctrina del “enemigo interno” y adopta diversas formas, entre ellas acusaciones de terrorismo, traición o propaganda, vigilancia ilegal, restricciones al acceso a la información y presiones contra periodistas que investigan corrupción, fuerzas de seguridad, crimen organizado, conflictos ambientales o grupos armados.

RSF identifica esta tendencia en países como Nicaragua, Brasil, Colombia, México y Chile.

Asimismo, alertó sobre la expansión internacional de modelos represivos, como las leyes de “agentes extranjeros” inspiradas en Rusia y los sistemas de control digital desarrollados por China, que posteriormente son replicados en otros países.

Entre los casos de periodistas procesados bajo argumentos vinculados con la seguridad nacional, entre 2020 y 2026, figuran la ejecución del periodista saudí Turki al-Jasser, el encarcelamiento de la periodista filipina Frenchie Mae Cumpio y de la periodista china Zhang Zhan.

En tanto, el medio independiente Crimean Solidarity fue incluido en la lista rusa de “agentes extranjeros”; y en Estados Unidos el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió citatorios contra periodistas de The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal en una investigación sobre filtraciones.

Ademas, en China se reportó la ampliación de la legislación antiterrorista y el encarcelamiento del editor hongkonés Jimmy Lai.

De acuerdo con el informe de RSF, se observan también precedentes preocupantes en países democráticos, donde aumentan las investigaciones judiciales, la vigilancia y el uso de leyes de espionaje contra periodistas.

Entre los casos mencionados figura el de la periodista francesa Ariane Lavrilleux, investigada tras revelar una operación de inteligencia entre Francia y Egipto; las reformas a la Ley de Seguridad Nacional del Reino Unido; la condena del periodista finlandés Juha Mäntylä; el escándalo del software espía Predator en Grecia; y los procesos iniciados contra Julian Assange bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos.

Según la organización, esta tendencia coincide con un deterioro del indicador legal de la libertad de prensa en más del 60% de los países entre 2025 y 2026, de acuerdo con su clasificación mundial.

Herramienta de censura

Ante este escenario, RSF recomendó evitar que la seguridad nacional continúe utilizándose como herramienta de censura.

Asimismo, sugirió definir con precisión qué constituye una amenaza a la seguridad nacional; reconocer la excepción de interés público en procesos relacionados con información clasificada; impedir el uso indebido de leyes antiterroristas contra periodistas; y fortalecer la protección de las fuentes.

También recomendó someter la vigilancia a autorización judicial; garantizar el debido proceso; crear recursos efectivos contra procesos abusivos; proteger el ejercicio periodístico durante conflictos y estados de emergencia; evitar la utilización de mecanismos internacionales para perseguir periodistas en el exilio; y establecer un sistema internacional de seguimiento de la represión transnacional.

“Estas garantías son indispensables para asegurar que cualquier restricción al periodismo siga siendo excepcional, necesaria y proporcional, evitando que la seguridad nacional continúe utilizándose como argumento para limitar el derecho de la sociedad a estar informada”, expuso RSF.

Publicado originalmente en: https://alianzademediosmx.org/

Por: Diana Manzo

Oaxaca, Oax.- En el marco del Día de la Libertad de Expresión, integrantes del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores de Oaxaca exigieron la aparición con vida de la comunicadora veracruzana, Roxana Guzmán, a 5 días de que un grupo de civiles armados ingresaran a su domicilio, y la raptara.

Las y los periodistas y comunicadores de Oaxaca se reunieron en el monumento a Juárez, del parque el Llano, de la capital de Oaxaca, en donde realizaron un pronunciamiento para reconocer a las mujeres comunicadoras por el ejercicio del oficio a pesar de las desigualdades.

El periodista y conductor de noticias, Humberto Cruz expresó que como organización nacional se suman a la indignación y condenan enérgicamente el secuestro y desaparición de la periodista veracruzana.

“Este hecho constituye una agresión a una integrante del gremio, por lo que exigimos justicia, y demandamos el esclarecimiento de los hechos. Qué se frene la oleada de atentados de violencia, sin libertad de expresión no hay democracia”, afirmó.

El comunicador demandó, que en Oaxaca no quieren a más periodistas desaparecidos, ni comunicadoras agredidas, mucho menos, obligados a ejercer un periodismo con miedo, desigualdad ni impunidad.

“Ser periodista en Oaxaca representa un verdadero desafío, con muchas vulnerabilidades, es por eso, que se reconoce la labor de todas y todos, quienes, a pesar de todo, salen a la calle, para mantener informada a la sociedad, que merece información de calidad y con total libertad”, recalcó.

Al tomar la palabra, la periodista Nere González resaltó la labor que ejercen a pesar de los múltiples esfuerzos, y en medio de una brecha salarial, informalidad y falta de acceso.

También dijo que muchas ejercen el periodismo completando una doble o triple labor, que es el de jefas de familia, cuidadoras y periodistas.

Y es qué, de acuerdo con el INEGI, la brecha de género sigue siendo significativa, pues apenas el 28 por ciento de las mujeres son las que sostienen la agenda informativa.

Publicado originalmente en https://www.istmopress.com.mx/

Por Gabriel Labrador*

Ciudad de México, marzo de 2026.

La lancha se deslizaba lenta sobre el agua verdeazulada. Era febrero, época del año en que el viento se suelta en El Salvador. El cielo estaba despejado en el Lago de Coatepeque y Carolina Amaya, periodista ambiental, 43 años, remaba rumbo a un área protegida, una orilla con aguas termales al pie del cerro Afate. Junto a ella iba la dueña de la pequeña embarcación, Lissette Martínez, una vendedora de frutas de 32 años que todos los días viajaba al cerro para atender turistas en busca de agua caliente, mágica.

Carolina iba hacia aquel rincón del lago atraída por algo que había escuchado. Rumores decían que el bosque estaba disminuido, que las especies nativas estaban desapareciendo por la construcción de cabañas del proyecto Coatepeque Lake Villas. Carolina tenía más de dos años publicando reportajes sobre la depredación en ese cerro y Lissette, que trabajaba ahí, había visto los efectos de la destrucción. Había notado, por ejemplo, la lenta desaparición de las vetas de agua caliente, auténtico tesoro del lugar. También el rechazo a que ella siguiera vendiendo frutas y golosinas a turistas. La empresa constructora colocó rótulos que decían “Propiedad privada, prohibido el paso”, “Zona recuperada. Libre de ventas”. 

A los cinco minutos de haber embarcado, Carolina y Lisette escucharon ruidos y a la distancia divisaron puntos pequeños moviéndose en el cerro, como un hormiguero lejano. Al acercarse entendieron: había trabajadores caminando de un lado a otro y en la ladera yacían, desperdigadas, rocas de todos los tamaños. Cuando atracaron notaron que las aguas termales se habían enfriado y las vetas estaban tapadas por las piedras que cayeron por el uso de explosivos.

Nada de eso debía estar ocurriendo. Desde 2019 el cerro tenía protección ambiental, leyes que en teoría bloqueaban cualquier intento de tala. Pero aquella mañana del año 2022 Carolina confirmó que la zona estaba siendo destruida.

A partir de entonces trabajó durante un año. Investigó la responsabilidad de la empresa depredadora, detalló la inoperancia del Ministerio de Medio Ambiente y explicó el vínculo entre la familia del presidente Nayib Bukele y aquellas cabañas en lugar paradisíaco con aguas termales. Cuando publicó su reportaje, una llamada lo cambió todo.

“Supe que ya no iba a tener mucho tiempo en El Salvador. Para mí, como defensora ambiental, era evidente que eso se nos venía encima”, cuenta Carolina cuatro años después de aquel viaje en lancha. Habla desde Ciudad de México, donde ahora reside, porque en El Salvador la vida de periodista –dice– se le terminó.

El cerro de las heridas

Cuando en 2019 el proyecto de Coatepeque Lake Villas comenzó a construirse, Carolina quiso denunciarlo. Llegó a conocer bien el cerro. Cada vez que atracaba, miraba a través del agua tibia los cangrejos de agua dulce (pseudothelphusa magna) que solo ahí se producen. Cuando levantaba la vista, veía el nutrido bosque de 47 especies de las que una —el Nogal (juglans olanchana)— está en peligro de extinción y otras 10 están amenazadas.

En febrero de 2020, tras meses de entrevistas e indagaciones, publicó el primer reportaje para la revista independiente GatoEncerrado: “Los depredadores de la última joya del Lago de Coatepeque”. Ahí contó que meses antes el Gobierno había blindado el cerro Afate al declararlo “zona de máxima protección” pero la construcción había obtenido un permiso ambiental irregular y estaba violando las leyes que prohíben construir en los primeros 15 metros de la ribera de los lagos.

Tras la publicación,  las autoridades de la Alcaldía de Santa Ana suspendieron los trabajos de construcción. Pero fue un impacto de poca duración porque al cabo de un año la construcción se reanudó. Carolina no soltó el tema. En los siguientes tres años publicó cuatro reportajes más en GatoEncerrado y La Mala Yerba, su propio medio especializado en cobertura ambiental que fundó en 2022.

Pero nada frenaba al proyecto inmobiliario, que parecía blindado. Lo que Carolina vio aquella mañana de febrero de 2022 era eso: la empresa Desarrollos Agua Caliente, Sociedad Anónima de Capital Variable construyendo con impunidad las quintas de lujo Coatepeque Lake Villas. La comercialización del proyecto estaba a cargo de la empresa Corsesa y era promovido, entre otras personas, por la ejecutiva de ventas Arena Perezalonso, suegra del presidente Nayib Bukele. Consistía en 39 quintas con piscinas termales –con agua sustraída de la orilla del lago– y un edificio de 12 apartamentos en el centro del cerro. El costo de cada quinta variaba entre 533,000 y 860,000 dólares.

Carolina y otros dos periodistas siguieron investigando: revisaron una veintena de resoluciones del Juzgado Ambiental de Santa Ana, consultaron documentos de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, revisaron permisos y licencias del Ministerio de Medio Ambiente. Entrevistaron a media docena de pescadores y vendedores locales, también abogados especializados en administración pública. Buscaron a los representantes de la empresa y a funcionarios del gobierno, pero ninguno de ellos contestó.

El 23 de febrero de 2023, la investigación más completa estaba lista. Saldría en La Mala Yerba con el título “Así ignoró Medio Ambiente la construcción ilegal en el cerro Afate”. Carolina presionó la tecla de publicar, habló con una compañera, y enseguida recibió en su celular un mensaje que lo cambiaría todo.

—Me cayó un mensaje de la pareja de mi papá diciéndome que se lo acaban de llevar.

Fue cuestión de minutos. Apenas dos o tres minutos desde que la investigación estuvo disponible en el portal hasta que le avisaron que su padre, Benjamín Amaya, un agricultor de 63 años, había sido detenido por la Policía Nacional Civil. Lo acusaban de ser un pandillero de la Mara Salvatrucha.

En los últimos años, Benjamín Amaya había defendido su derecho de propiedad sobre unas tierras que el Estado le entregó como parte de un programa de beneficios para excombatientes de las Fuerzas Armadas. Para Carolina la situación estaba clara: apresaban a su padre como represalia por su reportaje. Era un golpe para ella.

—Lo que sufrí fue una despersonalización, psicológicamente así se llama. Yo seguí en forma automática trabajando. Esa tarde ya solo despaché a la compañera que estaba allí conmigo y después me fui, con calma, pero yo todo el tiempo me veía desde fuera, veía mis manos…

Carolina es bajita, de ojos achinados y da la impresión de que siempre está sonriendo. Habla con calma y le gusta acompañar sus reflexiones con ejemplos de cosas que ha investigado. Tiene 20 años de ser periodista, 15 de ellos dedicados a la cobertura medioambiental.

La captura de su papá fue denunciada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) como una agresión contra ella por su labor periodística. Ese año, según la Asociación, las agresiones contra periodistas aumentaron un 66 % comparado con 2022 y la mitad de ellas fueron cometidas por policías, soldados y otros actores estatales, incluyendo al presidente Bukele y altos funcionarios. Las agresiones más recurrentes fueron declaraciones estigmatizantes pero también hubo amenazas verbales, golpes y privaciones de libertad.

En el país la libertad de prensa se había deteriorado mucho, Según la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras, desde 2018, El Salvador retrocedió 44 puestos en la lista de 180 países y para 2023 ya estaba en el puesto 115.

Como muchos periodistas salvadoreños, Carolina había sufrido amenazas y vigilancia física por su trabajo. Por eso había elaborado mapas de riesgos para su medio y para ella misma, pero la situación se complicó más aún desde marzo de 2022, cuando el gobierno de Bukele aprobó su “régimen de excepción” que canceló derechos constitucionales y habilitó la captura de cualquier persona sin orden de detención. Una política en teoría aprobada para contener un repunte de homicidios y combatir a pandillas, que por su discrecionalidad operativa despertó alertas a nivel mundial.

En los primeros días de vigencia de “el régimen” —como se llama popularmente al estado de sitio— detuvieron a miles de pandilleros pero también a miles de personas inocentes muchas de las cuales, aún sin vínculos con delincuentes, siguen en cárceles sin juicio ni condena. Según el gobierno, 90,000 han sido detenidos desde marzo de 2022 y diciembre de 2025 y entre ellos admitió que al menos 8,000 capturas “por error”. Para organizaciones no gubernamentales y activistas la cifra es mayor y devela la constante violación del debido proceso y a los derechos humanos. Así lo han denunciado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros.

—De lo que yo estaba segura es que mi papá no es pandillero. –, dice Carolina segura de que lo detuvieron para amedrentarla a ella por su labor periodística.

Benjamín Amaya fue liberado 10 meses después y quedó absuelto de todos los cargos en marzo de 2025.

Carolina dice que lo que le ocurrió a su familia no es excepcional. En El Salvador, 21 defensores de territorio o sus parientes —según reportes de prensa y organizaciones no gubernamentales— también fueron detenidos bajo argumento de que eran pandilleros, desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022 hasta diciembre de 2025. De ellos, 18 ya salieron de la cárcel, como el papá de Carolina.

El cerro Afate ha significado muchas heridas para ella. En 2020, cuando publicó su primer reportaje sobre el lugar, alguien inició una campaña para  desprestigiarla. Después ella fundó su medio, La Mala Yerba, y publicó otros tres reportajes sobre la depredación del área. La persecución en su contra creció. Hubo personas extrañas y pandilleros afuera de su casa, drones volando encima. Al mismo tiempo, sus fuentes en las investigaciones comenzaban a ser citadas por la fiscalía y, con miedo, ya no querían darle entrevistas. En la redacción dejaron de firmar algunos textos. Carolina estaba exhausta.

—Supe que ya no iba a tener mucho tiempo en El Salvador. Era muy evidente que eso se nos venía encima. Ya habían acoso en todo el territorio a todas las personas que defendían el medio ambiente, y no era solo yo. Era Vidalina, eran los de Santa Marta, eran los del Foro del Agua, eran los de La Unión, eran los periodistas de Radio Bálsamo, la Comunidad La Labor… Todo apuntaba que las personas que defendemos la naturaleza los estábamos incomodando.

Por esos días fue seleccionada para Galicia Abriga, un programa de descanso para mujeres periodistas en España. Se fue en mayo de 2024 pero poco pudo descansar de sus preocupaciones: en Europa recibió una notificación judicial, la empresa Desarrollos Agua Caliente S.A. de C.V. –que opera en el Cerro Afate– la había demandado para forzarla a rectificar las publicaciones. Empezó una batalla jurídica que incluyó una audiencia.

En otro continente, a miles de kilómetros, durante una charla sobre seguridad para periodistas Carolina escuchó la lista de amenazas y agresiones típicas, cayó en cuenta de que ya las había vivido todas.

—En todo el taller pasé llorando, llorando y en el primer receso mi cuerpo ya no pudo más. Fui a vomitar.

Ese día, Carolina tomó la decisión de exiliarse. Volvió a El Salvador con miedo a ser detenida, recogió sus cosas y en menos de una semana montó el avión con rumbo a México. Era agosto de 2024.

El junco en Ciudad de México

“Sharkgirl” es el nombre que Carolina eligió hace años para sus redes sociales. Significa niña tiburón. Lo eligió porque ama a esos animales, que considera “una especie súper clave, incomprendida y sobre-explotada”. En 2008, un video-reportaje suyo logró que El Salvador prohibiera la pesca de tiburones jóvenes y otras especies.

Siempre le gustó la agricultura pero eligió estudiar periodismo, en la jesuita Universidad Centroamericana en San Salvador, a inicios de los años 2000. Hizo prácticas en una radio, luego fotografía en El Diario de Hoy pero lo dejó porque le resultaba un espacio incómodo, machista. Luego regresó al mismo periódico, fue camarógrafa en el área multimedia.

Carolina fundó una sección medioambiental en el periódico. Lo hacía en su tiempo libre, después de cumplir las asignaciones del día.

—Mi mamá me decía que me iba a llevar mi cama al periódico porque solo ahí pasaba, era mi pasión.

Han pasado más de 15 años desde entonces. Hoy, una mañana de diciembre de 2025, Carolina se está mudando de apartamento en la Ciudad de México. Está contenta. Vivirá sola después de un tiempo de compartir espacio con amigos.

Un enorme árbol se levanta junto al edificio; su copa conecta con la pequeña terraza y llena el ambiente de una atmósfera fresca. Dice que este departamento evoca su antiguo hogar en El Salvador.

Hoy espera que le entreguen una máquina lavadora. Para mientras, instala cortinas, pone a correr el broiler y arma las sillas que ocupará para la entrevista.

—La primera semana creo que es la peor —dice de su exilio–. Cuando llegás a ese nuevo lugar en donde vos te decís ¿y ahora qué voy a hacer?

—¿Qué recordás de esos días?

—Que no te sentís en ningún lugar. Yo iba a El Salvador y no me sentía en mi casa; venía acá y no me sentía en mi casa. En ese desplazamiento había perdido la noción de cuál era mi casa.

Se enfocó en lo básico: aceptar su nueva realidad, o al menos intentarlo. Entendió que sería un proceso largo aliento, como sus investigaciones periodísticas.

—Ahora tengo un departamento, se parece mucho a mi casa, entonces he comenzado a reconstruir todo lo que ya tenía allá pero desde una perspectiva con esperanza, ya no con aquella mierda que traía que era solo odio, odio, y que me quería morir.

—¿Cuándo dirías que comenzó tu exilio?

—Después de lo de mi papá supe que ya no iba a tener mucho tiempo en El Salvador.

—¿Cuántas fuentes tuyas han sido acosadas u hostigadas?

—Todas.

La Mala Yerba, el medio que Carolina sigue publicando desde México, lleva la cuenta de las agresiones en contra de ambientalistas, que sólo en 2025 registró 56 ataques.  Incluye su causa judicial de la que tras unos meses salió bien librada.

El conteo se llama El Juncal, en honor al ecosistema donde se reproducen los juncos, unas plantas acuáticas resistentes a climas extremos, de largas raíces que se extienden por la tierra y perduran muchos años.

Voces contra el infierno

A 1,650 kilómetros, la distancia que hay entre Ciudad de México y San Salvador, Carolina sigue conectada con otros ambientalistas de allá. Un ejemplo, la noche del 12 de mayo de 2025. Estaba pendiente de una protesta pacífica en la capital salvadoreña cuando vio imágenes de represión policial y la captura del pastor protestante José Angel Pérez. Amenazaban también con capturar al abogado Alejandro Henríquez.

Carolina escribió de inmediato al abogado por WhatsApp y él le respondió “Hola, Carito, estoy bien, estoy escondido pero estoy bien”. A la mañana siguiente fue detenido por la policía en su oficina. Tanto a él como al pastor Pérez les fabricaron delitos, “desórdenes públicos” y “resistencia agresiva”, cuando los videos de aquella noche mostraban lo contrario. Estuvieron presos por seis meses hasta que aceptaron a regañadientes una negociación con la fiscalía según la cual serían castigados con reglas de conducta. Sus abogados explicaron que en un país sin garantías judiciales esa era la única vía para recuperar la libertad.

Los arrestos del abogado y el pastor marcaron un parteaguas porque se impuso, en la práctica, la autocensura de las organizaciones de la sociedad civil. Bukele esa noche impulsó la Ley de Agentes Extranjeros que obliga a toda organización civil a pagar el 30 % de impuesto por cada transferencia desde el exterior. Asfixió así el financiamiento a organizaciones no gubernamentales, a toda voz disidente.

Entidades como ECOS, donde militaba el abogado Alejandro, anunció en octubre de 2025 que cerraba operaciones para “salvaguardar la integridad física” de su equipo. Otras organizaciones como el Movimiento Político Rebelión Verde de El Salvador (Reverdes) redujeron la frecuencia de actividades al mínimo y algunos de sus integrantes también salieron al exilio.

En 2025 y 2026, al menos seis organizaciones y dos medios informativos cerraron o salieron del país debido a la ley: la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Cristosal, la Fundación Heinrich Böll, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Comunidades de Fe en Acción (COFOA), los medios GatoEncerrado y  FocosTV. Decenas de organizaciones siguen expectantes porque su futuro depende de si el gobierno cataloga a sus actividades como “políticas”.

El movimiento ambientalista salvadoreño vive su peor tiempo. Eso asegura Yanira Cortez, quien fue titular de medio ambiente en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por 15 años.

—Yo esta situación no la había visto anteriormente. Por supuesto que recuerdo los siete ambientalistas asesinados por la defensa del territorio en los años 2000, pero las distintas dimensiones que vemos en los últimos días no se habían visto antes. Y el silencio… La situación actual nos ha llevado a que tengamos, y me incluyo, miedo de señalar porque se nos puede acusar de que vamos en contra de las políticas del Estado.

El director de una organización ambiental, quien pidió anonimato por seguridad, ha sido extorsionado por el gobierno. Le dijeron que solo si renunciaba como presidente, esa entidad sería exonerada de los nuevos impuestos-censura.

Y así van callando voces. No se trata sólo de libertad de expresión, también de la devastación que podría evitarse, de las catástrofes naturales que podrían prevenirse. “Estamos a las puertas del infierno”, dice Cortez. Porque el 90.4% del territorio salvadoreño es vulnerable a desastres, y 9 de cada 100 salvadoreños viven en situación de vulnerabilidad ante eventos climáticos. Porque es el país con menor disponibilidad hídrica y el segundo país más deforestado en Latinoamérica después de Haití. 

El abogado Alejandro salió en libertad en diciembre de 2025 pero desde entonces no ha vuelto a aparecer en público ni a pronunciarse. Además, no han dejado de incrementarse las detenciones arbitrarias ni el acoso policial en casas de periodistas, ambientalistas y defensores, e incluso de sus familiares. El país se tornó invivible.

Como Carolina, muchos tuvieron que irse. Entre mayo y agosto de 2025, casi 50 periodistas se exiliaron de El Salvador, más unos 30 ambientalistas y defensores de derechos humanos. Carolina sigue dirigiendo “La Mala”, como llama cariñosamente a su medio que publica desde otro país. Retomó las investigaciones, los hilos de sus temas, y dice que profundizará en ellos.

—Ahora ya siento que puedo construir un futuro no solo para mí sino que para el periódico.

El sol de la tarde se cuela por el árbol en la terraza del departamento. Carolina ya ha comenzado a decorarlo. Hace unos días se metió a un taller de bordado —algo que no había hecho antes— y dice que colgará en las paredes los lienzos que haga. El bordado que trabaja en estos días es un proyecto personal, es sobre lo que no alcanzó a meter en la maleta. Es un lienzo circular, del tamaño de un zapato. En el centro, con hilo negro, ya se distingue la silueta de Negro, uno de sus cuatro gatos que se quedaron en El Salvador.

—Mis gatos son importantes para mí, no los he podido traer, así que me acompañarán de alguna manera.

Negro falleció el 26 de diciembre pasado. Mota, a finales de 2024. Le sobreviven dos gatos, Irene y Cuchurrumí, a quien llama “Cuchu”. Hace poco, sostuvo una videollamada con ellos con la ayuda de Ana, su mamá. A través de la pantalla, Carolina les habló, ellos la buscaban, y Ana los acarició. Fue su manera de estar cerca. En el lienzo, Negro está sentado sobre las patas traseras, como si esperara, expectante. Se ven sus orejas triangulares, sus bigotes, y la divertida cola que se extiende a un lado. Los ojos están hechos con un nudo francés de hilo verde fluorescente.

—Negro era el más joven y hermoso. Hubo un virus letal en San Salvador.

Alrededor de Negro, se ven flores y plantas de tamaños variados y formas diversas, como el bosque del cerro Afate. En el cielo, iluminando todo, se ve una estrella brillante que aún está con lápiz.

***

* Esta investigación fue realizada en el marco de un proyecto financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de la UNESCO, ejecutado por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica. Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican ninguna opinión por parte de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Los autores son responsables de la elección y presentación de los hechos contenidos en la publicación y de las opiniones expresadas en esta, que no son necesariamente las de la UNESCO y no comprometen a la Organización.

Publicado originalmente en http://La Verdad Juarez

El legislador explicó que la propuesta surge ante el incremento de amenazas, hostigamientos e intimidaciones contra integrantes del gremio periodístico, tanto en la entidad como a nivel nacional, situaciones que —dijo— generan un clima de miedo y autocensura que afecta no solo a comunicadores, sino también al derecho de la sociedad a estar informada.

Arenívar Martínez señaló que, aunque actualmente existe el delito de amenazas, este no contempla todas las formas de presión que pueden ejercerse contra periodistas, como la intimidación psicológica, el hostigamiento sistemático, la vigilancia, los allanamientos, el daño a bienes o el abuso de poder.

La iniciativa propone crear un nuevo título en el Código Penal denominado “Delitos contra la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información”. En él se establecería una pena de seis meses a tres años de prisión, además de multa económica, para quien intimide o amedrente a una persona con el fin de impedir el ejercicio periodístico.

El proyecto también contempla agravantes cuando el amedrentamiento provenga de servidores públicos, incluyendo sanciones como destitución e inhabilitación. Asimismo, plantea protección al secreto profesional y aumento de penas si las agresiones se extienden a familiares de periodistas.

La iniciativa fue turnada para su análisis en comisiones, donde continuará el proceso legislativo correspondiente.

Fruto de años de exigencia y acompañamiento de periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil, este 12 de septiembre se inauguró en Culiacán la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, Protección a Personas Defensoras y Periodistas, dando cumplimiento a una deuda de tres años en la aplicación de la ley estatal en la materia.

Por Iniciativa Sinaloa
CULIACÁN, Sinaloa, a 12 de septiembre de 2025.— Tras una lucha ciudadana encabezada por periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil, este viernes se inauguró la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa, una institución que busca dar respuesta a la creciente violencia contra estos gremios y que representa un paso significativo en la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos en la entidad.

La creación de esta Vicefiscalía responde al Decreto 158, publicado el pasado 16 de junio en el Periódico Oficial del Estado, que ordena su instalación para dar cumplimiento a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, vigente desde el 27 de mayo de 2022, legislación que dio origen al instituto de protección, pero que en el caso de la Vicefiscalía se mantenía como una agenda pendiente.

Foto. El acto oficial de apertura de la Vicefiscalía Especializada contó con la presencia de autoridades civiles y militares, así como de la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Durante el acto oficial, la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, destacó que esta apertura es resultado de un trabajo conjunto entre sociedad civil, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, así como del Congreso local.

“Lo que hoy se apertura se hace con el compromiso de mantenerlo vigente y perfeccionarlo día a día para consolidar un Estado donde informar no sea un riesgo y donde defender derechos no implique poner la vida en riesgo”, expresó Sánchez Kondo en el evento, que contó con la presencia de autoridades estatales, militares y del gobernador Rubén Rocha Moya.

Una conquista ciudadana

Foto. Decenas de personas, entre periodistas, activistas y funcionarios públicos asistieron a la inauguración de las nuevas instalaciones de la Vicefiscalía especializada.

La instalación de esta Vicefiscalía es fruto de la movilización de diversos sectores sociales. Desde 2022, Iniciativa Sinaloa A.C., junto con la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y periodistas independientes, conformaron un grupo de seguimiento a la implementación de la ley, documentando rezagos y exigiendo avances.

En palabras de Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa:

“Estamos ante un hecho histórico y un logro ciudadano. Esta conquista surgió hace tres años como respuesta a la exigencia del gremio de periodistas y activistas frente al clima de inseguridad y agresiones que impedía el libre ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos”.

León Fontes recordó que este movimiento inició mucho antes, en 2017, tras el lamentable asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas en Culiacán. Desde entonces comenzaron los foros y encuentros ciudadanos en busca de mecanismos de protección más efectivos. Ese esfuerzo derivó en la aprobación de la ley en la pasada Legislatura y hoy avanza con la inauguración de esta Vicefiscalía. 

En este contexto, también se conformó la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa, encargada de dar seguimiento y vigilancia ciudadana a la implementación de la ley.

Retos pendientes

Entre agosto de 2022 y agosto de 2025, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa documentó 206 agresiones: la mitad contra periodistas y la otra mitad contra defensoras y defensores. Entre ellas se encuentran amenazas, hostigamiento, ataques armados a medios de comunicación, bloqueos informativos y obstrucción de la defensa de derechos humanos.

Las organizaciones advierten que la violencia se ha recrudecido en el último año debido a las pugnas criminales, lo que refuerza la urgencia de una respuesta institucional sólida y efectiva.

La nueva Vicefiscalía estará integrada por unidades de investigación, atención a quejas y medidas cautelares, vinculación comunitaria, capacitación y profesionalización, con el objetivo de atender de manera especializada los delitos contra la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.Con ello, Sinaloa da un paso adelante en garantizar el derecho a informar y a defender los derechos ciudadanos. No obstante, la Red de Seguimiento reiteró su compromiso de continuar participando activamente y de vigilar el cumplimiento de la ley, así como la mejora constante de esta Vicefiscalía.


Publicado originalmente en Iniciativa Sinaloa

Marcos normativos están siendo utilizados como herramientas de censura en México, alerta la organización Artículo 19 en la presentación de su más reciente informe Las Leyes como Mecanismo de Censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México, publicado este martes (26). La organización exige a las autoridades frenar el hostigamiento hacia la prensa “mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas”.

Entre enero y julio de este año, un total de 39 periodistas (28 hombres, 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. De acuerdo con la organización, las cifras muestran un incremento en el acoso judicial, conformando además un patrón que en promedio equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo a cada cuatro días. 

Desde el 2016, Artículo 19 ha alertado sobre esta práctica, sin embargo, lejos de haber un alto, los 51 casos de acoso judicial documentados en lo que va de este año han sobrepasado las cifras de años anteriores donde, desde el 2015, el año con mayor número de víctimas había sido el 2021, con 40 casos.

Los casos de este 2025 se han presentado en 17 estados de México, lo que representa un 53% de las entidades federativas y manifiesta una práctica expansiva por todo el país. Veracruz con 10 casos, Ciudad de México con 9 y Jalisco con 6 son los tres estados que encabezan la lista, seguidos de Campeche, Oaxaca y Puebla, con tres casos cada uno. 

Análisis del acoso judicial

A diferencia de otras formas de violencia por ejercer el periodismo, el acoso judicial representa una estrategia de desgaste, de recursos económicos, legales y humanos, especialmente cuando las víctimas son sentenciadas a multas millonarias. La organización independiente explica que los principales móviles de los procesos judiciales o ministeriales contra periodistas son “revertir discursos incómodos, eliminar información publicada y mandar un mensaje colectivo sobre ‘temas prohibidos’, que personas con poder económico o político no quieren que se toquen”.

Este patrón de acoso judicial, en materia de derecho, son reconocidos como “litigios estratégicos contra la participación pública” y buscan enviar un mensaje colectivo para la prensa y quienes se dedican a la defensa de derechos humanos. 

Las vías legales ministeriales y judiciales implementadas para acosar a quienes ejercen su libertad de expresión son: vía electoral, vía penal, administrativa y civil. En los 51 casos de este año, 26 han sido por vía electoral (50.98%), 14 por vía penal (27.45%), y 11 civiles (21.57%).

El acoso judicial en México está en manos de personas con alta capacidad económica y poder político, alerta la organización, pues concentran los recursos suficientes para ganar los casos y, sobre todo, pueden darse el lujo de iniciar varios procesos simultáneamente por diferentes vías legales y en distintas cortes, con la finalidad de agotar los recursos de los defensores.

Violencia política en razón de género, nueva forma de censura

De los 51 procesos documentados este año, 25 fueron por Violencia Política en Razón de Género (VPEG), demostrando que “uno de cada dos procesos de acoso judicial contra la prensa en el país se iniciaron abusando de la normativa de VPEG”, afirma el reporte de la organización.

El marco normativo que tipifica y aborda la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en México, entró en vigor el 14 de abril de 2020, tras la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Aunque representa un avance en la garantía de protección a las mujeres en el ámbito político y electoral, las cifras demuestran cómo esta herramienta se ha corrompido en la medida que carece de una perspectiva de derechos humanos y de libertad de expresión, generando un uso “abusivo contra periodistas y medios de comunicación de manera desproporcionada”, de acuerdo con Artículo 19.

El abuso de la VPEG ha llegado al límite de censurar a mujeres periodistas, 5 en lo que va del año, por criticar “corrupción, falta de transparencia y hasta por resaltar presuntos vínculos con grupos de delincuencia organizada o con los militares”.

Frente a ese abuso en la aplicación de la VPEG, hay una violencia real emitida contra mujeres periodistas que no está siendo atendida. La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en su informe “Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador”, ha documentado que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hubo 1,189 casos de agresiones contra mujeres periodistas mientras ejercían su trabajo informativo, 641 casos más que los registrados durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto.

Al igual que el acoso judicial, las agresiones contra mujeres periodistas tienen el objetivo de bloquear la información publicada, amenazar, intimidar y desacreditar o estigmatizar el trabajo de las corresponsales. En los casos de mayor gravedad -aunque en menor medida- esta violencia ha alcanzado el feminicidio y el exilio.

De acuerdo con la CIMAC, el bloqueo informativo es la principal causa de agresión y el 46% de su total ha sido ejercido por personas en cargos públicos, desmintiendo la narrativa oficial de este gobierno quien se define como ‘el más transparente de la historia’.

En el sexenio de Peña Nieto hubo 122 casos de agresión ejercidos por personas funcionarias estatales, quienes encabezan la lista de tipos de personas agresoras. En el periodo de AMLO, esta misma categoría ocupa el primer lugar con 219 casos registrados.

Las conferencias de prensa matutinas -conocidas como mañaneras- popularizadas por AMLO, fueron un escenario perfecto para el desprestigio de la labor periodística en México, debido a que el ex mandatario se rehusaba a aceptar críticas y cuestionamientos de la prensa calificándoles de ‘vendidos’, ‘chayoteros’, ‘conservadores’, ‘opositores’ entre otros términos despectivos tan sólo por cuestionar su gobernatura. CIMAC explica que al tratarse de una máxima figura de poder (el presidente) cometiendo una agresión, contribuye a normalizar la violencia. 

Muertes

Del año 2000 a la fecha, 174 comunicadores han sido asesinados en México. Artículo 19 ha documentado que 162 son hombres y 12 mujeres. Durante la gobernatura de AMLO fueron 47 las víctimas, una menos que en el sexenio de Felipe Calderón. En la gestión de Claudia Sheinbaum 7 periodistas han sido asesinados. Cifras que evidencian la peligrosidad de no atender todo tipo de agresión contra quienes ejercen la comunicación.

En el informe presentado, la organización llama en primer lugar a “particulares y personas con proyección pública, personas funcionarias públicas y aspirantes a cargos de elección popular” a apegarse a otros medios legales no agresivos y de censura como el derecho a réplica que se enmarca en el artículo 6to constitucional.

A los poderes ejecutivos estatales y federales llama a ser tolerantes frente a discursos críticos y a emplear correctamente la normativa de la VPEG. Y en términos generales llama al Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales locales, al Congreso de la Unión y sus congresos locales, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a ejercer su labor de forma transparente, garantizando con efectividad el derecho a la libre expresión en México.


Fuente: Avispa Midia

En este entorno, sostener un medio libre e independiente significa no solo desafiar al poder político y económico, sino también enfrentarse a una lógica digital que invisibiliza lo profundo, penaliza la crítica y privilegia la distracción.

La investigadora María Consuelo Lemus Pool lo resume con claridad en su estudio Procesos, prácticas y actores de comunicación alternativa digital en el contexto mexicano (2018), donde documenta seis experiencias de medios alternativos, entre ellos Somoselmedio, Radio Zapote, Rompeviento y Las Abejas de Acteal. A pesar de sus diferencias, todos comparten una convicción ética y un profundo compromiso con su realidad. Son proyectos que nacen del trabajo colectivo y de una apuesta por la autonomía, impulsados por la urgencia de disputar el sentido común, abrir espacios para las voces históricamente silenciadas y aportar, desde la palabra y la acción, a la transformación social. Su fortaleza no está en los grandes recursos, sino en la coherencia entre lo que hacen, lo que dicen y lo que defienden.

Lemus propone entender estos medios no como simples canales de difusión, sino como espacios de organización y acción colectiva, donde se redefine la participación, la horizontalidad y el mensaje contrahegemónico. Lo alternativo no está en el formato, sino en la práctica; no en la forma, sino en el fondo. “Sin discurso alternativo no hay medio alternativo”, recuerda Lemus citando a Máximo Simpson. Y ese discurso nace del contacto directo con los pueblos, con las víctimas, con quienes han sido sistemáticamente silenciados.

Pero construir y sostener un medio independiente en el México neoliberal implica también enfrentar limitaciones materiales profundas: escaso financiamiento, nulas garantías de seguridad, falta de institucionalidad pública que respalde estas iniciativas, y un sistema legal que castiga más a quien informa que a quien violenta. A pesar de ello, hay quienes siguen levantando micrófonos, cámaras y sitios web como trincheras de sentido.

Desde su origen, los medios alternativos nacieron para subvertir las reglas del juego. Lemus los clasifica en tres niveles: desestructurados (como Hij@s de la Tierra), estables (como Somos el Medio) y consolidados (como Rompeviento o Radio Zapote), según sus niveles de organización y sostenibilidad. Pero todos tienen algo en común: operan desde el compromiso, desde una ética que se asume incluso cuando no hay paga, reconocimiento o likes.

En lo personal, como fundador de SomoselMedio, puedo dar fe de lo difícil que es mantener vivo un medio sin los respaldos de la publicidad oficial ni de los grandes capitales. Durante años, este proyecto ha sido sostenido por jóvenes estudiantes, freelancers, comunicadores, periodistas y activistas, convencidos de que el periodismo debe tener sentido social, que debe incomodar al poder y que es posible narrar otras historias con dignidad.

Los medios libres no solo informan, también organizan. Tejen redes con movimientos sociales, generan comunidad, acompañan luchas territoriales, cubren protestas ignoradas por los grandes consorcios, traducen la indignación colectiva en lenguaje periodístico y proponen nuevas formas de entender lo público. No buscan competir con las televisoras, sino desbordarlas. No imitan el modelo hegemónico: lo desarticulan.

En un momento donde el algoritmo dicta qué ver y el clic define qué vale la pena, los medios independientes resisten desde el acompañamiento, el análisis y la empatía. Lo hacen con responsabilidad, con compromiso y con una mirada crítica que incomoda al poder. Su principal fortaleza está en su vínculo con la gente, en la confianza ganada a pulso, en la credibilidad que se construye cara a cara, marcha a marcha.

Hoy, más que nunca, necesitamos medios que escapen del espectáculo, que privilegien el contexto, que abran espacio a la complejidad. Medios que no teman al conflicto ni a la memoria.

Defender el periodismo independiente es defender una forma de democracia más amplia, más participativa, más justa. Y por eso, esta columna es también un reconocimiento a quienes, desde distintos rincones del país, siguen escribiendo, grabando, fotografiando e investigando desde la trinchera de lo independiente. Porque si hay esperanza, está en sus relatos.

En SomoselMedio creemos en un periodismo que informa, acompaña y transforma. Pero sostener este esfuerzo colectivo requiere también del apoyo de quienes creen en la importancia de contar las historias que otros callan. Si te mueve lo que hacemos y quieres ser parte de esta red de resistencia informativa, te invitamos a sumarte a nuestro proyecto a través de Patreon.

Publicado originalmente en: https://www.somoselmedio.com/periodismo-independiente-narrar-para-resistir/

“En este momento no creo en nada. Nuestros chalecos de prensa nos están convirtiendo en objetivos y se estás convirtiendo en una sentencia de muerte para nosotros”, declaró recientemente Christina Assi, una reportera de guerra libanesa que perdió un miembro en acto de servicio, a Noticias ONU.

El 13 de octubre de 2023, Assi, que trabajaba como reportera gráfica para la Agencia France Presse (AFP), perdió la pierna derecha después de que dos ataques aéreos israelíes hicieran blanco en la ladera expuesta donde ella y otros colegas observaban el conflicto en curso entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hezbolá.

Este año, la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, ha estado marcada por el dolor, ya que casi 300 periodistas han muerto en los últimos conflictos.

Christina Assi es una de las pocas supervivientes, y nunca imaginó que sería objeto de un atentado simplemente por hacer su trabajo.

El día del atentado

Relató los angustiosos acontecimientos de aquel día, una de sus primeras misiones importantes, que rápidamente se convirtió en la experiencia más traumática de su vida.

“Empezaba a anochecer, estábamos a punto de irnos y, de repente, de la nada, nos atacaron”, relató.

“La primera vez que estuve en el suelo, no entendía muy bien lo que estaba pasando y gritaba pidiendo ayuda. Mi colega Dylan se apresuró a ayudarme y me hizo un torniquete. Pero 40 o 47 segundos después, nos volvieron a atacar”.

Tras el segundo ataque, Assi se encontró sola junto a un coche en llamas. Sangrando y gravemente herida, no tuvo más remedio que arrastrarse para salvar la vida.

“Mi chaleco de prensa pesaba demasiado y el cinturón de la cámara me asfixiaba”, recuerda. En ese momento empezó a perder la fe en las leyes y convenciones internacionales.

“Los periodistas nos quedamos solos”.

“Nuestros chalecos de prensa nos están convirtiendo en objetivos: se está convirtiendo en una sentencia de muerte para nosotros”.

El silencio de la comunidad internacional

Para Assi, la respuesta de la comunidad internacional al atentado, incluidas las condenas y las peticiones de investigación de la ONU, ha sido totalmente ineficaz.

“Creo que necesitamos algo más que palabras. Necesitamos acciones concretas y que ocurra algo que conduzca a la justicia de un modo u otro. Si no es ahora, será después”, afirmó.

Condenó enérgicamente la impunidad con la que continúan las agresiones a periodistas. “Nuestros casos están siendo desestimados como daños colaterales cuando, de hecho, no lo son. Son crímenes de guerra, y debe haber una investigación real”.

Los periodistas olvidados de Gaza

Assi también hizo hincapié en que la misma impunidad se aplica a los periodistas palestinos de Gaza, que han estado documentando la guerra desde el primer día.

“Han sido silenciados, atacados de todas las formas posibles. Está en todas las redes sociales y en las noticias, y sin embargo no se ha hecho nada. No se ha tomado ninguna medida para proteger a estos periodistas”, afirmó.

Señaló que la falta de presencia internacional no ha frenado la violencia. “Incluso con las escasas imágenes que hemos recibido, está claro lo horrible que es todo. Pero el mundo no ha reaccionado como debería. Nadie ha intentado siquiera detenerlo”.

Llevar la antorcha

Casi un año después de perder la pierna, Assi portó la antorcha olímpica en la ciudad francesa de Vincennes, antes de los Juegos de París de julio de 2024.

Fue más que un gesto simbólico, fue una gran oportunidad para rendir homenaje a su colega, el periodista de Reuters Issam Abdallah, que murió en el mismo atentado.

“Fue una gran oportunidad para honrar a todos los periodistas caídos y para que el mundo, la comunidad internacional, los europeos y todos aquellos que no sabían lo que nos había pasado, lo supieran”, declaró. 


http://Noticias ONU

^{En portada: Familiares y colegas de los periodistas palestinos Sari Mansour y Hasona Saliem, que fueron asesinados mientras trabajaban, lloraban durante la ceremonia fúnebre en Deir al-Balah, Gaza, el 19 de noviembre del 2023. Foto: Ali Jadallah}

Entre 2006 y 2024, más de 1,700 periodistas han sido asesinados en todo el mundo y alrededor del 85% de los casos no llegaron a los tribunales, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lanzado el pasado 2 de noviembre, fecha Internacional elegida para la campaña Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

De acuerdo con el informe, llamado Periodistas en primera línea de crisis y emergencias, los asesinatos de los comunicadores han aumentado en un 38% solo entre 2022 y 2023, incrementando hasta 162 periodistas asesinados en este periodo. “Cada 4 días matan a periodistas por buscar la verdad”, señala este documento.

Lo más resaltante de estas cifras es que la UNESCO tiene un registro de 61 periodistas asesinados en países no afectados por conflictos armados, en este caso en países de América Latina y el Caribe, seguido con 31 casos en los Estados Árabes y con 31 por países asiáticos y del pacífico. Europa también figura con 15 decesos.

Entre las personas que perecieron por informar en este periodo bianual figuran 14 periodistas mujeres, lo que representa el 9% del total de los casos. La falta de justicia se impone, según este documento, ya que “la impunidad en estos casos se mantiene alta, con un 85% de los asesinatos sin resolver, y el tiempo promedio para la resolución de casos es de aproximadamente 4 años, lo que indica que la justicia es frecuentemente denegada”. 

De acuerdo con el informe, el territorio mexicano sigue siendo uno de los países más peligrosos para quien ejerce la profesión de informar, sumando 26 periodistas caídos entre 2022 y 2023. 

El Estado de Palestina, actualmente en conflicto armado con Israel, registra el mismo número de casos que México, con 26 asesinatos en el ejercicio de su profesión en el mismo periodo. 

Palestina

Son al menos “130 periodistas palestinos asesinados en manos de las fuerzas israelíes” en los últimos 380 días según informes de la ONU hasta este mes de noviembre. La situación en Gaza ha sido descrita por esta instancia como “inédita” y “nunca antes vista en ningún conflicto de los tiempos modernos”.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que, en la actualidad, en Gaza se ha producido el mayor número de asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” y pidió a los gobiernos que “adopten medidas urgentes para proteger a los periodistas, investigar los crímenes contra ellos y procesar a los autores”.

Voceros de la ONU han puntualizado que en Gaza la información se ha visto gravemente restringida. Se ha asesinado a periodistas, se ha destruido redacciones, se ha bloqueado a la prensa extranjera y se ha cortado las comunicaciones. “Las fuerzas israelíes, como potencia ocupante, han desmantelado sistemáticamente la infraestructura de los medios de comunicación palestinos, silenciando voces mediante restricciones, amenazas, asesinatos selectivos y censura”, resume Cheikh Niang, presidente del Comité de la ONU sobre los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino.

A pesar de ello, los periodistas en Gaza siguen informando sobre la crisis humanitaria que está sufriendo la población civil y principalmente los niños. 

En contraste, el jefe de la Sección de Oriente Medio y Norte de África de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha declarado que, “según el derecho internacional humanitario, el ocupante, Israel, tiene la obligación de proteger a los civiles, incluidos los periodistas”, pero, señala que acontece lo contrario, “estamos oyendo a políticos y dirigentes de muy alto nivel decir que está bien matar a civiles para conseguir objetivos militares, lo que constituye una violación de la proporcionalidad, de los principios y también de la necesidad militar”. 


Fuente: Avispa Midia

Por Mely Arellano

En marzo pasado un reportero, a quien llamaremos N., envió a su medio una nota donde contaba que Eduardo Castillo López, entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del estado y militante de Morena, había sido denunciado ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la denuncia se le acusaba de actos anticipados de campaña, pues habían detectado la aparición de bardas promocionales en la región de Izúcar de Matamoros, donde había sido nombrado candidato a diputado federal. Así lo consignó N. en su nota.

Al poco rato la nota se publicó en el portal donde trabaja. Luego desapareció. “Supe –cuenta N. en una charla para este trabajo en la que se acordó la reserva de su nombre–, que la nota se bajó a petición de Paola Aguirre”, entonces jefa de prensa en el Congreso local y empleada de Castillo López.

No era la primera vez que le pasaba.

Uno de los personajes más populares del proceso electoral 2023-2024 en Puebla fue la censura. A solicitud de áreas de prensa de candidatos y candidatas, de funcionarios estatales, del órgano legislativo, del gobierno del estado y hasta del organismo electoral se bajaron notas publicadas en medios digitales y publicaciones en redes sociales.

Para esta investigación, Lado B realizó un monitoreo de prácticas de censura a través de redes sociales, documentó denuncias de censura vía entrevistas directas y a través de internet, mediante un instrumento (Formulario de Google) que permitía mantener el anonimato. También se conversó con una decena de directivos de medios, que solicitaron la reserva del nombre.

Otro de los casos que documentamos fue el de una persona periodista que cubrió una rueda de prensa donde el equipo de campaña de Alejandro Armenta criticaba la poca atención que su contrincante del PAN, y ex presidente municipal de la capital, Eduardo Rivera, dio a la violencia de género. Mandó videos del evento que el medio publicó en redes sociales, pero después eliminó; mandó también la nota correspondiente, nunca la publicaron.

No hubo explicaciones, tampoco las pidió.

“Nos enfrentamos a la disyuntiva –dijo otro de los colegas entrevistados– de ejercer la libertad de expresión o tener un ingreso”.

Vigilancia extrema en redes sociales

–¿Qué hacemos con esto? –le preguntó personal del área de comunicación del gobierno del estado a un periodista, al tiempo que le enseñaba un listado de sus publicaciones en X, antes Twitter, señaladas por puntos con los colores del semáforo en donde predominaba el rojo.

–¿Qué hacemos con qué? –respondió el periodista.

Varios de los directivos de medios consultados coincidieron en que había un seguimiento de las publicaciones en redes sociales de periodistas, y se calificaba según su nivel de crítica o neutralidad hacia el gobierno en turno.

“Había un interés específico –cuenta otro de los consultados– por controlar las redes. El control de las publicaciones en espacios informativos ya lo tenían con la reproducción de boletines y bajando lo que les pudiera causar ruido, o que pudiera mostrar un escenario complicado, especialmente en temas de seguridad vinculados a ejecuciones, de cara al proceso electoral”.

Las redes, dice, fueron el escenario a controlar. La discusión en el círculo rojo fue una de las preocupaciones durante la campaña, e incluso desde antes, cuando un nuevo equipo de comunicación política llegó con el gobernador Sergio Salomón, tras la muerte de Luis Miguel Barbosa.

“Sí me han llamado para pedirme que baje publicaciones en redes”. Varias de las personas consultadas coincidieron en que hubo mucha atención y preocupación, “un endurecimiento de la vigilancia”, dijo otro de los entrevistados, sobre lo que se publicaba en X, Facebook e Instagram, principalmente.

Se trata de una tendencia generalizada, pues de acuerdo con el artículo de Gisel Salazar, investigadora del departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Santa Fe, “la comunicación política y gubernamental ha extendido su presencia en el ámbito digital, transformando cada elección en una ‘caja de sorpresas’ debido a la innovación tecnológica, la aparición de nuevos actores y prácticas, y el impacto en el comportamiento electoral y en la emisión del voto”.

En su artículo “Votar en tiempos de desinformación: nuevos patrones informativos y comportamiento electoral”, Salazar plantea que las nuevas dinámicas de comunicación política “cuestionan tan profundamente los principios clásicos de la comunicación política y del procesamiento de información, que incluso Habermas sostiene que la esfera pública ya no puede entenderse en términos tradicionales. El debate sobre cuestiones políticas se ha fragmentado”.

Por su parte, Martha Tudón, oficial del programa de derechos digitales de la organización Artículo 19, agrega que en el ecosistema mediático no solo son las autoridades de gobierno o electorales quienes ejercer presión para eliminar contenidos incómodos, hay otro actor que se le mira poco: las agencias de comunicación.

“No necesariamente tiene que ser una autoridad la que esté impulsado que se eliminen contenidos de internet, pueden ser otros actores que son contratados para limpiar la imagen de una persona candidata, y para ello usar como estrategia el reportar el contenido como protegido por copyright”.

Las medidas cautelares, un tipo de censura

Esta elección tuvo otro actor político que intervino en el flujo informativo, eliminando, con razón y sin ella, contenidos periodísticos: el Instituto Electoral del Estado (IEE).

En respuesta a una solicitud de información, el IEE reconoció haber dictado medidas cautelares en cinco casos en donde medios de comunicación de Puebla fueron denunciados o involucrados en alguna denuncia.

El IEE sólo proporcionó los número de expediente, pero no los datos puntuales sobre qué medios o periodistas fueron señalados y en qué consistieron las medidas cautelares, con el argumento de que los casos aún seguían abiertos.

Los expedientes son:

• SE/ORD/PAN/036/2023
• SE/PES/LETV/122/2024
• SE/PES/OF/555/2024
• SE/PES/OF/556/2024
• SE/PES/BSG/300/2024

Sin embargo, de acuerdo con las actas de la sesión –disponibles en la página del IEE– en la que la Comisión de Quejas y Denuncias discutió el primero de los expedientes, las medidas cautelares ordenaban la eliminación de publicaciones.

En entrevista para esta investigación, el consejero electoral Arturo Baltazar Trujano, presidente de la comisión citada, explicó que la medida cautelar dictada es una decisión temporal que puede ser o no confirmada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla.  

Ilustración: Conejo Muerto | Jengibre Audio Visual

“Como un elemento temporal le pedimos al medio de comunicación que baje su nota, y el medio podría publicar que baja el contenido en cumplimiento de una medida cautelar dictada por el órgano electoral, para expresar que está en contra de esa situación”, dijo Baltazar.

Para la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), “actualmente la remoción de contenidos instalada en las políticas y prácticas de las redes sociales preponderantes es aplicada a la ligera”, además no es una “práctica transparente, clara, abierta y accesible para las personas usuarias, lo cual deriva en censura”.

De acuerdo con el informe Censura electoral. La remoción de contenidos en redes sociales y las elecciones en México(2023), de la R3D, las autoridades electorales solicitan remociones de contenido de manera irresponsable, sin garantizar el acceso a las información y la libertad de expresión de las personas.

En el análisis de la organización, esto se debe a que “el modelo regulatorio de la libertad de expresión en contextos electorales fue concebido para los medios masivos tradicionales de comunicación. Por ello resulta anacrónica su aplicación en un modelo de plataformas y redes sociales cuya naturaleza escapa al enfoque de los medios tradicionales”.

Baltazar Trujano confirmó que, en efecto, en el pasado proceso electoral las denuncias que recibieron fueron sobre todo contra medios digitales.

Por otra parte, Baltazar explicó que uno de los argumentos más recurrentes para tratar de bajar contenido de medios es la Violencia Política en Razón de Género (VPRG) contra las mujeres, aunque han detectado que “es una estrategia de actores políticos y abogados electorales interponer estas quejas”.

En coincidencia, la R3D señala en su informe que cuando se trate de VPRG en el ámbito digital, la remoción de contenidos es “una medida especialmente lesiva que puede ser mal utilizada por actores con poder político para encubrir hechos de corrupción, ocultar información de interés público y, en última instancia, manipular el debate público de acuerdo con sus intereses personales, económicos y políticos”.

Además, la medida “no resuelve por sí misma los problemas de fondo que causan la violencia digital”, señala el documento. 

Aquí vale la pena agregar que entre los testimonios recogidos por Lado B para este trabajo, detectamos un recelo generalizado para abordar temas de violencia política en razón de género, por el temor de una posible denuncia o un linchamiento social, lo que está generando autocensura.

Fiscalización y censura

En julio pasado, Pedro Alonso Benítez, fundador y director del medio Proyecto Cinco, que cubre el área de San Martín Texmelucan, recibió una notificación donde la Junta Distrital Ejecutiva del IEE le requería información sobre las entrevistas realizadas al entonces candidato a presidente municipal de Texmelucan por Morena, Juan Manuel Alonso Ramírez.

El requerimiento se enmarcaba en la denuncia del candidato opositor Abraham Irving Salazar Pérez, contra Alonso Ramírez, por la presunta omisión de reportar gastos de campaña, pues aseguraba que el morenista había pagado 10 mil pesos por entrevista.

En consecuencia, el IEE le pidió al periodista informar los costos de dichas entrevistas, para lo cual le dio un plazo de 48 horas, que de no cumplir lo haría sujeto a una multa por 500 días de salario mínimo.

Pedro Alonso demostró al IEE que se trató de entrevistas con fines informativos y no propagandísticos, que en campaña ofreció exactamente el mismo espacio a los candidatos de todos los partidos, incluido el quejoso, con el único objetivo de informar a la sociedad sobre sus propuestas de gobierno y ampliar el debate, garantizando el derecho a la información, en el marco de la ley electoral. 

El asunto terminó ahí, pero para el colega es alarmante que un simple señalamiento sin pruebas, como fue el del candidato opositor, haya sido suficiente para que la autoridad electoral diera por hecho la responsabilidad del medio, y le exigiera probar su inocencia. 

“Esto afecta la libertad de expresión, pues llegaremos a la autocensura” ante la posibilidad de sanciones por parte de la autoridad electoral, dice el periodista y agrega: “si no hubiera tenido las pruebas necesarias para mostrar que había imparcialidad,  que habíamos hecho periodismo y no cobramos por las entrevistas, prácticamente la sanción hubiera sido para el medio”.

Pedro Alonso pidió al IEE que multara al denunciante por falsedad en sus declaraciones, pero hasta este momento eso no ha ocurrido. 

Sobre el tema, la especialista en derechos digitales de Artículo 19 dijo: “si lo que quieren saber es si alguien le pagó a un periodista, por qué no van con el partido político o con el candidato, hay muchísimas maneras de hacer las cosas que no implican un asedio al trabajo periodístico. Hay muchas veces ignorancia sobre a quiénes hay que estar vigilando, no es a los medios de comunicación y periodistas, hay que estar vigilando a los partidos políticos, hay que estar vigilando a las personas que están contendiendo por el poder”. 

Censura velada

El 27 de marzo la periodista Berenice Martínez escribió en su cuenta de Twitter: “Aquellos que discriminan a ciertos integrantes de la prensa, no olviden que los cargos públicos son temporales y que la vida da muchas vueltas. #JustSaying.”

La publicación de la periodista se produjo tras enterarse de una rueda de prensa con el equipo de vocería de la campaña del morenista, hoy gobernador electo, Alejandro Armenta a la que ella no fue invitada. No fue la única dice, pero se reserva los nombres de los demás colegas.

El 7 de junio, la reportera Liz Cervantes también publicó en su cuenta de Twitter que en las ruedas de prensa del entonces candidato del PAN a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, se limitaba el número de preguntas, las solicitaban por adelantado e incluso decidían quién sí podía preguntar y quién no. Como sucedía cuando gobernó la capital poblana.

Martha Tudón explica que la censura y la remoción de contenidos es una de las acciones que atentan contra el derecho de información de las personas que menos se denuncia.

Ilustración: Conejo Muerto | Jengibre Audio Visual

“Cuando se documenta agresiones –explica– generalmente el reporte es porque ya hubo algún tipo de incidente grave, por ejemplo algún tipo de campaña de acoso en redes, algún ataque DDoS a su página de internet, “pero como podrás imaginarte por todas las agresiones que hay en México pues hay una cifra negra impresionante”.

En el gremio hay una normalización sobre este tipo de prácticas de censura, que en ocasiones se aplican de manera velada, obligando a reporteras y reporteros a “adivinar” los intereses, las filias y fobias de los medios.  

“Cuando me contrataron me dijeron ‘acá no hay intocables’, pero sí los había –dice otro de los testimonios recogidos por Lado B–, poco a poco comenzaron a aparecer. Después de dos o tres veces que no me publicaron la nota, decidí dejar de escribir sobre ellos o sobre cosas que les podrían incomodar, no tenía caso, no me las iban a publicar”.

Pero a veces la censura sí es una orden directa. Varios directivos de medios confirmaron que durante el proceso electoral hubo reuniones con el equipo de comunicación del gobierno del estado, para plantearles que el convenio comercial con la administración de Sergio Salomón incluía “la protección” al candidato de Morena al gobierno municipal, José Chedraui Budib. Que el personaje era “intocable” pues era el candidato del mandatario y que había que protegerlo. Es decir, que los medios podían o no cubrir su campaña y publicar notas de ella, pero no podían criticarlo (golpearlo en el argot) y publicar notas negativas.

Zonas de silencio

A mediados de marzo de este año se hizo oficial lo que circulaba como rumor en algunos círculos políticos: Antonio Valente Martínez Fuentes, alias Toñín, había conseguido, una vez más, una candidatura para uno de sus familiares, en este caso su hija. Una publicación de Guadalupe Martínez en su perfil de FB, posando con su registro como candidata abanderada por el partido local Pacto Social de Integración, lo confirmaba.

La hija de alguien que ha sido señalado de manera insistente, incluso por autoridades de seguridad, como la propia Secretaría de la Defensa Nacional o la Fiscalía General del Estado, como líder del robo de combustible en el municipio de Quecholac y su zona de influencia en los municipios del Triángulo Rojo era nota para la prensa poblana, y los medios comenzaron a publicar la información. Algunos medios con más tiento que otros.

Tras la primera oleada de notas sobre el hecho, Martínez Fuentes anunció en una transmisión de FB, su red de comunicación favorita, que habría denuncias contra medios. La Jornada de Oriente recogió sus palabras: “Mi hija está limpia y nada que ver con toda la bola de corruptos que existen; están violando su presunción de inocencia, sus derechos y se van a denunciar; ya no vivimos los tiempos del Barbosismo” (…) “Haremos responsables a los medios y a los que están detrás, a quien resulte responsable; yo creo que mi hija tiene que poner las denuncias correspondientes”, amagó.

Reporteros que cubrieron la campaña contaron que en los breves encuentros que tuvo con la prensa hubo intimidación por parte de los acompañantes de la candidata. Poco a poco el tema de la candidatura y posterior triunfo de la hija de quien las autoridades presumen se dedica al robo de combustible dejó de aparecer en la prensa.

Prensa y poder

“Se lo digo con toda honestidad y toda franqueza (presidente) que tuve un acercamiento con uno de los integrantes del equipo de comunicación de Alejandro Armenta –gobernador electo–, y en corto, off the record, él me dijo que conocía a los directores de los medios donde colaboraba, y que si él me quería afectar lo podía hacer, pero que no había hecho, dicho nada, ni acusado con nadie, sin embargo, de la nada hace unos días me despidieron de dos espacios donde trabajaba.”

El 28 de junio de este año, Jaime López –reportero poblano que se ha caracterizado por su línea crítica–, logró sentarse en la segunda fila del encuentro diario que el ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador instauró como política de comunicación en su sexenio: “la mañanera”. 

Ahí, además de la denuncia pública de su caso, planteó la necesidad de cambiar la relación entre la prensa y el poder, por una relación que no esté definida por aquellas famosas palabras del ex presidente José López Portillo sobre su relación comercial con la revista Proceso: “no te pago para que me pegues”.

Jaime le preguntó al ex presidente: “Cuál sería el llamado (a gobernadores) para que realmente se respete al periodismo que no se ajusta a los convenios (publicitarios), y ojalá se entienda que los convenios (no son para) hablar bien de los gobernantes en turno”.

AMLO le contestó como acostumbraba: “Sí, pero aquí nosotros no hacemos eso. Y por eso son los ataques, porque en el gobierno anterior nada más facturados eran como 20 mil millones de pesos al año. Y eso se terminó”. 

La de Jaime fue una voz que la audiencia de los medios donde trabajaba perdió.

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Publicado originalmente en LadoBe