Arman la estructura para la carpa de afuera, porque llegará mucha gente y cómo llueve últimamente en la Ciudad de México. Aunque hoy no llovió en el centro de la ciudad, por lo menos no llovió lluvia. Llovieron poemas, abrazos, palabras, lágrimas, pero no, no llovió hoy la lluvia. Hoy nos inundamos de otra cosa.

46 rostros

La idea surgió de una de muchas reuniones amistosas entre Blanche, María y Alfredo. Hace apenas tres semanas, Alfredo les contó que había estado haciendo unas pruebas de grabado con los rostros de los normalistas de Ayotzinapa y de ahí salió la idea de hacer una exposición: un grabado de cada uno de sus rostros acompañado por un texto. Alfredo puso manos a la obra y María y Blanche comenzaron la curaduría y las invitaciones para sumar voces al proyecto. Convocaron a periodistas, escritores, poetas, actrices, maestras, defensores de derechos humanos y seguro se me escapa algún oficio o profesión. Buscaron también una diversidad de voces, desde plumas consagradas como Elena Poniatowska, José Reveles, Hermann Bellinghausen o Marcela Turati, hasta personas mucho más jóvenes y voces provenientes de otros espacios y trayectorias. A cada uno de los convocados le tocó un muchacho.

El proyecto surge de varias manos, pero detrás de la idea están María Cortina, Blanche Petrich y Alfredo López Casanova. María es periodista, escritora y gestora cultural; se formó en la ENAH, comenzó su trayectoria periodística en Proceso y cubrió procesos políticos y conflictos en Centroamérica. Blanche, desde los años setenta, ha cubierto conflictos armados, movimientos sociales y derechos humanos, especialmente en Centroamérica, además de Irak, Europa del Este, Sudamérica y la frontera norte de México. En 2016 recibió el Premio Nacional de Periodismo. Ambas tienen una trayectoria sorprendente pero, sobre todo, me han enseñado que el trabajo periodístico y el compromiso por las causas que más importan no están exentos de ternura y amistad. Su amistad es una de las fuerzas más imponentes de la naturaleza.

A Alfredo, Blanche lo llama con cariño “el multiusos de todas las buenas causas”. Es escultor y artista plástico y ha realizado trabajos como la estatua de Gilberto Bosques en Casa Refugio y la de Chavela Vargas en Garibaldi, entre muchas otras, pero buena parte de su trabajo ha estado ligado a las luchas sociales. Con su colectivo Huellas de la Memoria fundó La Resistencia, un espacio que está por cumplir cinco años y donde se reúnen familiares y comunidades en resistencia. Alfredo ha sabido crear imágenes, artefactos y objetos de memoria tangibles, resistentes a la disolución por parte del tiempo. Objetos necios de la memoria, podríamos decir.

Ya existía el proyecto “Ilustraciones por Ayotzinapa”, en el que participaron distintos artistas, entre ellos Alfredo, pero esta vez hizo él mismo los 46 grabados. Me explica que buscó “las claves del retrato en el gesto de la mirada como hilo conductor gráfico”. Trabajó las fotografías en alto contraste y utilizó matrices de madera y trovicel para el grabado.. Mientras Alfredo convertía las fotografías en grabados, cada uno escribía el texto del muchacho que le había tocado y después lo grababa también en audio, dando como resultado un gran proyecto multimedia. En algún momento pensaron que no llegarían al 25 de septiembre: eran 46 textos y 46 grabados en apenas tres semanas. Pero lo lograron. Hay quien entregó dos líneas potentes y poéticas, como María Baranda; hay quien se extendió y utilizó un formato más bien de crónica, como Pablo Ferri. Todos terminamos acercándonos íntimamente al muchacho que nos había tocado: recorrimos su rostro con nuestras palabras, buscamos su historia familiar, su comida favorita, pequeñas y grandes cosas de su vida. Blanche los llamaba una y otra vez “nuestros muchachos”.

El nombre “Para emboscar el olvido” proviene de un capítulo de Memoria intacta, el libro testimonial de María Cortina sobre la guerra y la violencia política en El Salvador, construido a partir de su experiencia como corresponsal en El País. La idea central del proyecto, repetirá María varias veces a lo largo de la noche, es “poner a las víctimas en el centro”.

La impresión estuvo a cargo de Francisco Omar Pacheco; el diseño, de Cinthia Bernal; el montaje, de David Salvaje; y el diseño de cápsulas, de Jonathan Torres, Elizabeth Sauno y Jair Cabrera.

La exposición

Unos momentos antes de la inauguración, Alfredo hace pruebas de audio —con su cubrebocas puesto porque trae tos, pero ninguna gripa lo para— y se acomodan varias sillas dentro y fuera del local.

Al principio las sillas están vacías. Cuesta sentarse en ellas. Pareciera que están esperando a que los muchachos lleguen a ocuparlas.

La gente va llegando y va encontrándose con los rostros. Te sumerges en un mar, en un oleaje de miradas. Observas un retrato. Bajas la vista y lees el texto. Vuelves a subir y te encuentras otra vez con la mirada. La de Emiliano, la de Abel, la de Julio César… y te sumerges en sus ojos.

A pesar de ser un espacio pequeño, el recorrido es largo. No porque sea pesado, sino porque cada rostro obliga a detenerse. Los grabados logran darle un movimiento distinto a las imágenes escolares que tantas veces hemos visto de esos jóvenes. En el fondo del retrato aparecen detalles de sus vidas, como unos balones detrás de Antonio Santana Maestro, a quien tanto le gustaba el fútbol. También ocurre que los trazos del grabado les aumentan la edad. Se abren surcos donde no los había, arrugas que no aparecen en sus fotografías. Sin inteligencia artificial podemos ver sus rostros doce años después. Para hacer los grabados, Alfredo tuvo que encontrarse con cada uno de esos rasgos: el brillo preciso de los ojos, el gesto exacto de las bocas.

Ese mismo 25 de septiembre, la exposición se inauguró también en Barcelona, París, Roma y Guadalajara, ciudades donde tiene presencia el colectivo Huellas de la Memoria. En La Resistencia permanecerá montada durante quince días, pero la idea es que después pueda moverse “a donde necesite”, dice Alfredo.

Van llegando reconocidos periodistas y personas de los medios, tanto quienes han estado muy cerca de aquella noche en Iguala como quienes comparten el duelo colectivo sin haberse sumergido de lleno en la historia. Todos se abrazan con alegría, con gusto de verse. México en su extrañeza. Estas formas tiene de reunirnos nuestro doloroso país.

A las 19:00 en punto comienza la inauguración. Primero Alfredo, Blanche y María dan unas palabras. Por un momento, las luces rojas y azules de una patrulla se filtran por entre la gente. Por instinto muchos volteamos hacia la calle, asustados. Fiuf. La patrulla pasa, no se detiene.

Blanche recuerda aquella frase del expresidente Enrique Peña Nieto —durante cuyo gobierno desaparecieron los normalistas— llamando a “superar” aquel momento de dolor, y señala que los gobiernos que vinieron después, incluido el actual, han seguido el mismo camino. Pues no. Ni la revictimización, ni la desensibilización, ni el olvido han conseguido borrarles. Aquí están.

La lectura

El bullicio del Centro también se cuela al evento. “Escándalo”, de Raphael, suena a todo volumen en el restaurante de enfrente. Pero ni eso logra disminuir la potencia de las voces.

Abre la lectura Pepe Reveles, quien entre su amplia trayectoria escribió Échale la culpa a la heroína: de Iguala a Chicago, una investigación que sigue la ruta de la heroína de Guerrero a Estados Unidos y la plantea como una de las claves posibles para entender lo ocurrido en Iguala. Él fue de los pocos que eligió a su muchacho: Jhosivani Guerrero de la Cruz. De Jhosi, como le decían sus amigos, se identificó en 2021 un fragmento óseo hallado en la Barranca de la Carnicería. El hallazgo contradecía puntos centrales de la mal llamada “verdad histórica”. El fragmento que permitió identificarlo había sido encontrado a unos 800 metros del basurero de Cocula y no presentaba alteración térmica, en contraste con la versión de la PGR de que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero.

Le siguió la filósofa Silvana Rabinovich, quien escribió a Bernardo Flores Alcaraz, y Marta Durán, quien escribió sobre la sonrisa de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Marta contó que años atrás había acompañado a un equipo de televisión alemana hasta la casa de Christian en Tixtla. Mientras filmaban con un dron, la imagen les mostró que estaban rodeados por integrantes de Guerreros Unidos. Por un momento, contó, pudo asomarse a la dimensión del riesgo que rodea a las familias en Guerrero.

Después llegó Adriana Catarino Sánchez, quien venía corriendo desde Tixtla. Adriana conoció a los jóvenes normalistas cuando impartía la clase de “Historia de la represión en Guerrero”. Con la voz firme y una sensibilidad innegable, se preguntó si, en medio de aquella noche, alguno de ellos se habría acordado de sus clases, o de ella. Venía de estar con Inés Gallardo Martínez, madre de Daniel Solís Gallardo, uno de los tres normalistas asesinados en Iguala. El texto que Adriana leyó sobre Daniel había nacido de las anécdotas que Inés le contó de su hijo.

Les siguieron otras voces. Mariana Mora, antropóloga del CIESAS y una de las autoras del informe de impactos psicosociales del caso Ayotzinapa; Pedro Faro, defensor de derechos humanos en el Frayba, en Chiapas, nos muestra aquí su faceta de poeta con “Arde la memoria”, escrito para Carlos Iván Ramírez Villarreal; y Enrique Gallegos, quien con “El balón suspendido”, escrito para Martín Getsemany Sánchez García, nos recuerda que la poesía también puede ser un puñetazo contra el olvido.

Se presentaron también Beatriz Zalce y Julieta Giménez Cacho. Entre quienes no pudieron asistir pero también participaron están la defensora de derechos humanos Griselda Triana, Carlos Beristain, la actriz Luisa Huertas, las y los periodistas Marcela Turati, John Gibler, Gloria Muñoz, Elena Poniatowska, Hermann Bellinghausen, entre muchos otros.

A los jóvenes normalistas se les habla en presente. No para negar la ausencia, sino para no dejar que la noche de Iguala sea lo único que se diga de ellos. Aparecen sus nombres, sus familias, sus bromas, la comida que les gusta. No se trata de devolverles una dignidad que nunca perdieron, sino de nombrarla. Muchos de los textos tienen algo de cuento de cuna. Los muchachos ya no son niños, pero tampoco dejan de serlo del todo. Se les habla con cariño y ternura, uno por uno, por su nombre y mirando sus rostros.

Los familiares en el centro

A las 20:40 llegan a La Resistencia seis familiares de los normalistas de Ayotzinapa. Hasta entonces hemos hablado de los muchachos, hemos leído sobre ellos, hemos recorrido sus rostros. Cuando entran sus familiares es evidente que la noche es suya.

La primera en hablar es Delfina de la Cruz Felipe, madre de Adán Abraján de la Cruz. Viene cansada del viaje, pero su voz no tiembla y habla con una firmeza que atraviesa el lugar: “Nosotros aquí estamos. No vamos a dejar la lucha”. No hay resignación en sus palabras. Hay cansancio, sí, pero también una convicción que doce años no han conseguido desgastar.

Después toma el micrófono Jorge Ortega Valerio, hermano de Mauricio Ortega Valerio. “Nosotros como hermanos los estamos esperando”, dice. Los hermanos también esperan, también buscan. Esperan a quienes crecieron a su lado, con quienes compartieron la casa, los pleitos, la infancia. En las palabras de Jorge aparece con toda su fuerza ese lugar del hermano, que tantas veces queda fuera del relato.

Melitón Ortega, tío de Mauricio, cuenta que durante el Mundial de este año viajaba con Delfina rumbo a la Ciudad de México para manifestarse cuando, según relata, les retuvieron durante más de cuatro horas en una caseta. La justificación fue “por seguridad nacional”. Doce años después, la exigencia sigue siendo la misma y todavía hay que pelear incluso por llegar a pronunciarla.

Los familiares agradecen la exposición porque saben también cómo trabaja el olvido. Conforme pasa el tiempo, dicen, se habla menos de sus hijos; septiembre vuelve a traer sus nombres y después el ruido baja otra vez. Los grabados, en cambio, permanecen. Se les entregan impresiones de los grabados y se propone llevar la exposición a Ayotzinapa. Los rostros que durante la tarde estuvieron colgados de las paredes regresan con sus familias.

Antes de irse llaman a la marcha del 26 de septiembre, a las cuatro de la tarde. La despedida no tiene nada de despedida. Entre la gente vuelve una consigna conocida: “¡No están solos!”.

43 + 3

En México hay números que dejaron de ser sólo números. 45 es Acteal; 49, la Guardería ABC; 72, San Fernando. El +43, colocado en Paseo de la Reforma en 2015, fue el primer antimonumento de México. Son cifras que llevamos grabadas en el pecho porque permiten dimensionar la enormidad de las tragedias, pero también corren el riesgo de hacer lo contrario; reducir a un número el halo de nombres, familias, historias y dolores.

“Este país está roto, no sólo herido”, afirma María Cortina.

Por eso importa el pase de lista. Por eso uno debe tardar en recorrer la exposición y detenerse frente a cada rostro. Y por eso el proyecto no se llama solamente 43, sino 43 + 3. El 43 nombra a los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. El +3 está ahí para que tampoco se borre a los tres normalistas asesinados durante los ataques de Iguala: Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes. Son 46 rostros. Son 46 nombres.

Por eso también pesa la frase que Silvana Rabinovich lee durante la noche: “el amor es más fuerte que la muerte”. La muerte también está en esta historia, y tiene nombres. La desaparición tiene otros. Frente a ambas, y frente al olvido, los familiares llevan doce años sosteniendo una amor rebelde y una esperanza disciplinada.

Blanche termina así sus palabras de inauguración: “Les estamos diciendo, desde estos grabados que nos miran a los ojos y nos dicen ‘no te vayas a dormir sin pensar en mí’, que juntos estamos emboscando al olvido”.

Hoy no llovió la lluvia en el Centro de la Ciudad de México. Nos inundamos de memoria, con todo lo que la memoria trae: dolor, rabia, ternura y esperanza. Memoria rebelde y compartida. Memoria implacable que no descansa.

Para Emiliano Alen Gaspar de la Cruz.

Publicado originalmente en Desinformémonos

En particular, el tomo III, Autonomía zapatista frente a la tormenta, editado por Xóchitl Leyva Solano, Lola Cubells, Jorge Alonso y Axel Köhler, y publicado este año en España por la Asociación Cultural Traficante de Sueños, desarrolla una temática crucial para comprender el zapatismo, y que refiere a los procesos autonómicos que se inician en los intensos debates sostenidos en las negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal, en las que los zapatistas abren la participación de múltiples sectores de la sociedad civil y una significativa representación de pueblos indígenas, en lo que para muchos fue lo más cercano a un congreso constituyente. 

En palabras de los editores, el libro muestra “tres grandes ríos que permiten navegar hacia el mar de la autonomía zapatista. El primero analiza el tiempo-espacio y la historia del zapatismo. En el segundo se abordan y analizan las diferentes aristas de la autonomía zapatista. Sus formas autónomas de gobierno de facto y sin permiso, sus agroecologías emancipatorias, el sistema de las artes y la comunicación zapatista frente al proyecto de la Cuarta Transformación y la Tormenta. Los tres ríos ponen al centro la palabra y la obra zapatista”. 

En efecto, la obra en comento cuenta con una presentación de los editores y nueve capítulos en sus 310 páginas, en las que se aborda, por Carlos y Jorge Alonso, un somero acercamiento al zapatismo. “Delirios zapatistas”, por Jorge Regalado Santillán. “El nosotros zapatista y el tiempo como flor y rebeldía”, por Sergio Tischler Visquerra. “La autonomía zapatista, un faro en la lucha por la vida”, por Jerome Baschet. “Agroecología (s) emancipatoria (s) para un mundo donde florezcan muchas autonomías”, por Valentín Val y Peter M. Rosset. “Cartas náuticas para un mar tormentoso”, por el colectivo Radio Zapatista. “Arte y política”, por Francisco de Parres Gómez. “Los Tercios Compas. Comunicación audiovisual autónoma zapatista”, por Axel Köhler. “Legado de los pueblos y las comunidades zapatistas a la lucha por la tierra y la vida frente a la Tormenta”, por René Olvera Salinas y Alonso Gutiérrez Navarro. 

La colección en su conjunto surge como un homenaje al zapatismo, a su legado desde el pensamiento crítico y los conocimientos situados, encarnados y sentipensados del entorno de apoyo y solidaridad con este movimiento, como una reflexión para la acción urgente, tomando muy en cuenta la interpelación con la que cierra el libro sobre la autonomía, esta pregunta inquietante que lanza el zapatismo: ¿Y tú qué?, que interroga a cada quién, según su modo, calendario y geografía, para organizarse y actuar para “heredar vida”, vida digna, justa y plena a quienes vienen detrás. 

Coincidentemente en estos días, el colega Waldo Lao Fuentes Sánchez, un reconocido referente continental en el estudio de las autonomías y los derechos colectivos de los pueblos originarios, me hizo llegar su última obra Autonomías indígenas en América Latina. Una breve aproximación histórica (Colección Abya Yala, editorial El Colectivo-La Fogata, invierno 2025), en la que define la autonomía como “un mecanismo que utilizan los pueblos indígenas para defender su cultura, reorganizar sus territorios, autogobernarse y construir resistencias frente al avance del capitalismo. La base de la autonomía es el territorio –donde se ejerce la construcción de la dinámica comunitaria– con creatividad, afectos, disciplina y sostenibilidad de los sujetos que la ejercen, por lo tanto, cada autonomía es única y diferente”. Esta obra incluye una oportuna y detallada cronología de eventos, declaraciones, convenios, levantamientos, marchas y reformas legales y constitucionales de 1953 a 1994, relacionadas con los movimientos autonómicos. 

Autonomía zapatista frente a la tormenta es una obra necesaria para contar con una perspectiva integral que las experiencias autogestionarias mantienen, dentro de las cuales la de los mayas zapatistas resulta emblemática, una autonomía que, como señala Leyva, “nos ha interpelado y nos ha organizado como un modo de vida y lucha que comprende todos los ámbitos de la vida personal, colectiva y organizativa del movimiento zapatista”.

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Para más información o para descargar los libros, visita la página de Al Faro Zapatista.

Fuente: Radiozapatista.org
 Leer en el sitio de origen…

La impunidad sobre el asesinato de Samir Flores persiste, como lo demuestra el más reciente aplazamiento de la audiencia del pasado 17 de septiembre de 2025, solicitado por la Fiscalía para localizar a testigos clave. El caso fue reprogramado para el 10 de noviembre del mismo año, manteniendo vivo el reclamo de justicia.

2013:
1.- https://www.youtube.com/watch?v=H1qyRERcmBc
2.- https://www.educaoaxaca.org/comprueban-actos-de-tortura-contra-el-defensor-jaime-dominguez-opositor-del-proyecto-integral-morelos/

2014:
1.- https://redtdt.org.mx/archivos/9261

9 feb 2019:
1.-https://www.ladobe.com.mx/2019/02/asi-fue-la-consulta-ciudadana-sobre-el-gasoducto-morelos-en-puebla/

19 feb 2019:
1.-https://www.youtube.com/watch?v=BMuLcU0VEak

20 feb 2019:
1.-https://www.proceso.com.mx/nacional/2019/2/20/asesinan-lider-opositor-la-termoelectrica-de-huexca-220553.html

actores señalados:
1.-https://drive.google.com/file/d/1mbjI6P6OqVdkI-f3FDLbEaRxoZ1q4R7s/view

La historia de Samir Flores Soberanes está intrínsecamente ligada a la defensa de la vida del pueblo de Amilcingo, Morelos y su lucha en oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM) una iniciativa federal que comprendía la construcción de una termoeléctrica de 620 MW en Huexca, un gasoducto de 160 kilómetros que atravesaría más de 60 comunidades en los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla y un acueducto para abastecimiento de agua a la termoeléctrica.

​​Detrás del PIM se encuentra una red de intereses corporativos transnacionales que incluye a la empresa estadounidense Macquarie Infrastructure Partners que compró el gasoducto a las españolas Elecnor y Enagás en 2022, la francesa Saint Gobain, Schaeffler México, Volkswagen, Audi y la Asociación de Empresianos del Parque Industrial Ciudad Textil, estas corporaciones han presionado activamente para la operación del gasoducto a pesar de los riesgos documentados.

Las comunidades de la región Iztapopo de origen náhuatl, se opusieron firmemente al proyecto argumentando graves riesgos ambientales y sociales: la termoeléctrica al consumir grandes volúmenes de agua, agravará la escasez ya que afecta a la zona y contaminaría el aire; el gasoducto al pasar por zonas de alta actividad volcánica y cerca de poblaciones, representaba un peligro de explosión inminente; y finalmente el acueducto afectaría los mantos acuíferos locales y el Río Cuautla, completando una serie de impactos interconectados que motivaron la resistencia comunitaria. Esta resistencia se consolidó con la creación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), constituido formalmente en Huexca, Morelos, en 2012. El Frente, integrado por comunidades indígenas y campesinas, coordina la defensa del territorio mediante asambleas, acciones legales, protestas públicas y el ejercicio de la comunicación comunitaria. A pesar de la resistencia el proyecto recibió luz verde del gobierno federal, que convocó a una «consulta» en febrero de 2019, criticada por las comunidades por estar viciada y no ser libre ni informada.  

Fuentes: LADO B 

Así fue la consulta ciudadana sobre el gasoducto Morelos, en Puebla

La oposición se intensificó porque el gasoducto atraviesa rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, ignorando las advertencias del Cenapred y el Instituto de Geofísica de la UNAM sobre el riesgo catastrófico que esto representa para aproximadamente 800,000 personas en caso de erupción.

Este año se cumplen 13 años de imposiciones para hacer funcionar el Proyecto Integral Morelos (PIM) y 6 años de lo que las comunidades denominan «la sangrienta traición» del gobierno federal. El 10 de febrero de 2019, Samir junto a representantes de decenas de pueblos afectados enfrentaron al presidente López Obrador en Huexca, gritando consignas como «¡agua sí, termo no!» y exigiendo que cumpliera su palabra de campaña de cancelar el proyecto. La respuesta presidencial fue descalificar a los manifestantes tachándolos de «conservadores», en lo que el FPDTA-MPT considera que fue una sentencia de muerte para Samir, asesinado 10 días después.

¿Quién fue Samir Flores Soberanes?

Samir Flores Soberanes (Amilcingo, Temoac, Morelos; 2 de agosto de 1982 – 20 de febrero de 2019) fue un campesino, comunicador comunitario y defensor de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, fundador de la emisora Radio Comunitaria Amilcingo, utilizó este medio para informar y organizar a su comunidad sobre los riesgos del PIM.

Como líder visible de la resistencia, Samir no solo era un opositor vocal del megaproyecto, sino también un ferviente promotor de la autonomía de los pueblos y la defensa del territorio. Su trabajo se enmarca en el ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión, a la información y a defender los derechos humanos, reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos.

Desde Radio Amilcingo, Samir informaba a la zona Oriente de Morelos y parte de Puebla sobre las consecuencias del PIM. Su compromiso con la autonomía comunitaria se extendía a la construcción de proyectos educativos, de salud comunitaria y la defensa de los usos y costumbres, incluyendo su última iniciativa inconclusa: una escuela preparatoria para la comunidad de Amilcingo.

El Asesinato y la Impunidad Persistente

La madrugada del 20 de febrero de 2019, dos días antes de la realización de la consulta sobre el PIM, Samir Flores fue asesinado a tiros frente a su domicilio en Amilcingo por sujetos que llegaron en un vehículo. El crimen fue ampliamente denunciado como un asesinato político destinado a silenciar la oposición más crítica y amedrentar a la comunidad en vísperas de la votación.

A pesar de las promesas de justicia, el caso continúa plagado de impunidad. Han pasado más de seis años y los avances son mínimos. El proceso judicial contra Javier ‘N’, presunto autor material del asesinato de Samir Flores, ha registrado al menos 15 diferimientos de audiencias. Incluso el pasado 17 de septiembre de 2025, la audiencia programada resultó en un nuevo aplazamiento, luego de que la Fiscalía solicitara más tiempo para ubicar a testigos clave del caso que no han sido localizados. Tras esta solicitud, se obtuvo una reprogramación para el próximo 10 de noviembre de este mismo año.

Tras seis años de impunidad, la lucha por justicia para Samir Flores Soberanes ha trascendido las fronteras de México, transformándose en un emblemático caso de la criminalización global contra defensores ambientales. La internacionalización de esta causa se manifestó mediante la instalación de monumentos en honor al «Defensor del Agua» en diversas ciudades de México, Francia e Italia, convirtiéndose en una potente herramienta de visibilización y presión internacional.

El Frente de Pueblos ha denunciado una red de poder que conecta a los autores intelectuales y materiales del asesinato. Según sus investigaciones, el entonces superdelegado federal Hugo Erik Flores (abogado de los asesinos de Acteal y líder del PES) operó la ejecución, mientras que el exgobernador Cuauhtémoc Blanco habría pactado con el Cártel Jalisco Nueva Generación «a cambio de pacificar», ordenando al grupo criminal de «Los Aparicio» la ejecución de Samir, esta red delincuencial evidenciaría la existencia de un narcoestado que opera a favor de intereses capitalistas internacionales beneficiados por el PIM.

El diagrama de relaciones del narcogobierno —incluido al final de este documento— ilustra gráficamente los vínculos entre actores políticos, corporativos y criminales señalados en el asesinato de Samir Flores. Este mapeo, desarrollado por el Frente de Pueblos (2025), muestra cómo se articulan las conexiones entre el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, el ex subdelegado federal Hugo Érick Flores, el cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal «Los Aparicio» y las empresas trasnacionales beneficiarias del PIM, configurando una estructura de impunidad y violencia.

Fuente: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos-Puebla-Tlaxcala

La violencia contra el FPDTA-MPT incluye 26 defensores judicializados, 3 detenciones ilegales, el cierre violento de dos medios comunitarios y casos documentados de tortura, además del asesinato de Samir Flores, por lo que esta represión se enmarca en la imposición del PIM mediante fuerza pública estatal y federal, incluyendo el uso del ejército mexicano para resguardar maquinaria de construcción.

Patrón de Violencia: La misma estrategia de silenciamiento se repite

La sombra de la violencia que se cierne sobre los defensores de la tierra y el agua en Morelos se alargó nuevamente en septiembre de 2025. Carolina, una mujer integrante de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO), fue asesinada a tiros en la comunidad de El Hospital, Cuautla. Este crimen ocurre en un contexto de impunidad estructural, evidenciado por la reciente y tardía recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre el caso de tortura de Jaime Domínguez, ocurrido en 2013, y que solo fue reconocido formalmente doce años después.

Este crimen contra Carolina resuena como un eco siniestro de otros asesinatos. Francisco Vazquez, integrante del Consejo de Vigilancia en ASURCO, fue asesinado en su campo por dos sujetos a bordo de motocicletas el 10 de febrero del 2022, a su vez ambos homicidios recuerdan el del defensor nahua Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero de 2019. Los tres casos permanecen en la más absoluta impunidad.

Un sistema que protege a los agresores

La lucha por la justicia para los defensores criminalizados y asesinados se topa con un muro institucional. La CEDH de Morelos emitió finalmente una recomendación en 2024 por la tortura y detención ilegal de Jaime Domínguez, un opositor al PIM detenido en 2013. Este reconocimiento llegó después de más de una década, tras dos intentos fallidos porque el Estado alegó no tener personal especializado para aplicar el Protocolo de Estambul. Esta demora es un ejemplo claro de la negación sistemática de justicia que enfrentan las víctimas.

Este patrón se repite en los asesinatos: misma causa (pertenecer a ASURCO y oponerse al Proyecto Integral Morelos), mismo método de agresión (ataques con motocicletas) y misma impunidad. Aunque las autoridades estatales suelen encasillar estos hechos como «violencia delictiva genérica», para las comunidades representan una estrategia coordinada que combina el terror paramilitar con la negligencia estatal para eliminar la oposición social.

Frente a este contexto, las comunidades exigen: la investigación y castigo a los autores intelectuales de los asesinatos de Carolina, Francisco Vázquez y Samir Flores, y la cancelación definitiva del Proyecto Integral Morelos.

La respuesta desde las comunidades sigue siendo la organización, la memoria digna y la resistencia que convierte la muerte en semilla de lucha, en un camino donde la solidaridad internacional contrasta con la impunidad local.

Derechos Humanos Violados

El caso de Samir Flores constituye una grave violación múltiple de derechos humanos reconocidos internacionalmente, en primer lugar se vulnera su derecho fundamental a la vida, establecido en el Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al ser víctima de una ejecución extrajudicial directamente relacionada con su labor como defensor ambiental.

Adicionalmente se ha configurado una sistemática negación de su derecho a la justicia (Artículo 8 de la Declaración Universal), manifestada a través de las continuas dilaciones procesales y la falta de una investigación efectiva que permitiera esclarecer completamente los hechos y sancionar a todos los responsables. El crimen también representó una violación al derecho a la libertad de expresión (Artículo 19 de la Declaración Universal) al silenciarse violentamente su voz crítica y su trabajo como comunicador comunitario que informaba sobre los impactos del proyecto en su comunidad.

Asimismo, se transgredió el derecho a defender derechos humanos, reconocido en la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, mediante la criminalización de su protesta social y su legítima oposición al megaproyecto.

Finalmente el contexto en el que ocurrieron estos hechos evidencia la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT, al imponerse el Proyecto Integral Morelos sin el consentimiento de las comunidades afectadas, lo que creó el ambiente de conflictividad que dió paso a estos lamentables acontecimientos.

La violencia, ilegalidad, colonialismo, racismo y arbitrariedad con que se ha impuesto el Proyecto Integral Morelos ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde en los próximos meses los pueblos del volcán y el Estado Mexicano presentarán argumentos sobre la problemática instalación del PIM en zona de riesgo eruptivo y sin consentimiento de los pueblos.

Conclusión

El caso de Samir Flores Soberanes trasciende el asesinato de un defensor ambiental para convertirse en el símbolo de una lucha civilizatoria entre dos modelos de mundo antagónicos. Por un lado, se encuentra la visión extractivista representada por el Proyecto Integral Morelos respaldada por un entramado de intereses transnacionales sobre los combustibles fósiles, autoridades coludidas y grupos criminales, que ven en la tierra y el agua meras mercancías para su explotación. Por el otro, la cosmovisión de los pueblos náhuatl, que entienden el territorio como un ser vivo, sagrado e inseparable de su existencia cultural y material.

Es en este conflicto donde la figura de Samir ha sido asumida como un símbolo de la lucha de los pueblos originarios por la defensa de su territorio por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Asimismo, el FPDTA-MPT ha construido una red de solidaridad transnacional con organizaciones como Front Line Defenders y Peace Brigades International, que brindan acompañamiento crucial en incidencia, seguridad y visibilización internacional.

La implacable impunidad durante seis años no es falla del sistema, sino su funcionamiento esencial: implementación de necropolítica, un mecanismo diseñado para proteger a los autores intelectuales que operan desde las altas esferas del poder político y económico. La red que conecta a Macquarie Infrastructure Partners, funcionarios como Cuauhtémoc Blanco y Hugo Érick Flores, y grupos criminales como «Los Aparicio» y el CJNG, revela la verdadera naturaleza del crimen: un asesinato narco-político donde el capital global utiliza al crimen organizado como brazo armado para eliminar la resistencia al despojo.

El asesinato de Carolina, integrante de la misma organización, confirma que se trata de una estrategia sistemática de terror destinada a aniquilar la resistencia comunitaria. Sin embargo, lejos de lograr su objetivo, la violencia ha internacionalizado la lucha, convirtiendo a Samir Flores en un símbolo global de la defensa de la vida frente al capital energético depredador.

La paradoja final es que las balas que intentaron silenciar a Samir multiplicaron su voz: hoy resuena en las universidades europeas, en los memoriales internacionales, en las radios comunitarias y en las demandas ante la CIDH. Su legado evidencia que la verdadera justicia no llegará desde los tribunales corruptos sino desde la organización comunitaria que convierte el duelo en semilla de rebeldía.

La lucha continúa porque, como aprendieron los pueblos del volcán, defender el agua no es un delito sino el acto más profundo de amor por la vida. Y mientras el gasoducto permanezca como una amenaza latente y los asesinos siguen libres, la palabra de Samir seguirá vibrando: «piensan que son dueños de nuestras vidas, de nuestras aguas, de nuestros montes, de nuestros árboles y es ahí donde nosotros, con nuestra posición, no vamos a desistir, no vamos a renunciar a nuestros pueblos, porque aquí nacimos y si es posible, en su defensa, aquí moriremos”. 

Fuentes de Información:

• https://fmcholollan.org.mx/2019/02/asesinan-a-samir-flores-opositor-de-termoelectrica-en-morelos/
• https://www.jornada.com.mx/notas/2023/07/04/estados/difieren-audiencia-del-presunto-involucrado-en-el-asesinato-de-samir-flores/
• https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/03/15/estados/aplazan-juicio-oral-de-javier-n-presunto-asesino-de-samir-flores
• https://oem.com.mx/elsoldecuautla/seguridad/mujer-muere-tras-ataque-armado-en-la-comunidad-el-hospital-25717046
• https://www.congresonacionalindigena.org/2025/02/20/pronunciamiento-a-6-anos-del-asesinato-de-samir-flores-soberanes-impunidad-e-imposicion-reinan-en-el-narcoestado-mexicano/

Cholollan Radio

Palabras del Subcomandante Insurgente Moisés
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Tercios Compas

A finales de marzo del 2024, fueron quemadas más de 25 viviendas, además del sistema de distribución de agua potable, postes de luz, agaves, y el bosque de las familias de Cerro Metate, uno de los pueblos del municipio de San Juan Mixtepec, ubicado al Sur de México, en Oaxaca. 

Abraham, un antiguo residente de Cerro Metate, narra entre suspiros, mientras muestra lo que quedó de lo que fue a su hogar:

Quemaron mi casa el que hice con mucho trabajo, lo construí con el dinero que conseguí en Estados Unidos, cuando regresé hice esta casita donde me pasé después, pero me tuve que salir porque a diario estaban disparando y así no se puede vivir, ahora quemaron todo. Cuando todo se calme, ¿dónde voy a vivir?

De la casa que había construido Abraham cuando fue durante seis años a trabajar en Estados Unidos, solo ceniza queda, unos utensilios de barro y una puerta de metal que se sostiene con vista hacía lo que alguna vez fueron los hogares de una decena de familias.

Se escucha el canto del viento que viene del bosque. Es un día soleado, unas 35 personas se fueron hacer tequio que implicó tumbar árboles muertos por el fuego para hacer una brecha y así restablecer la energía eléctrica. Aunque Cerro Metate se ha vuelto un pueblo fantasma, cuando hay tequios, se turnan para asistir, mientras otro grupo vigila para que no les alcancen las balas en cualquier momento. El tequio es un trabajo comunitario que implica la participación de todo el pueblo sin ser remunerado.

Ese día, mientras mantenían las labores, a lo lejos, se escuchaban las ráfagas de armas de fuego como si fuera una zona de guerra. A unos seis kilómetros de ahí se encuentra el límite de tierras que pelea Santo Domingo Yosoñama del municipio de San Juan Ñumí, quienes han reclamado mil 700 hectáreas de tierra que se encuentran acreditados a favor de San Juan Mixtepec en el expediente 246/1996 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46.

José Sánchez, desplazado de Cerro Metate y resguardado en otra comunidad ubicada a unos cinco kilómetros, donde se refugian otras familias que al igual que él huyeron, dice:

Estamos cansados de esto, todos los días es así, hay días con más disparos y otros menos. Han sido 14 años de vivir en la incertidumbre, con miedo que nos vengan a balear, como lo han hecho. 

A finales del 2023 al nivel nacional se sumaban más de 380 mil personas en situación de desplazamiento forzado, de acuerdo a las estimaciones de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Según esta Comisión, tanto Chiapas como Oaxaca presentan el mayor número de personas indígenas desplazadas en el país, tanto en términos de episodios como en cantidad de personas.

Daniel Márquez, oficial de desplazamiento interno de la CMDPDH, señala en entrevista:

La mayoría de las formas de violencia están asociadas con armas de fuego. Entonces, hay esa proliferación de actores que tienen armas de una u otra forma. Con esto, hacen que haya un potencial riesgo de desplazamiento, a conflictos de larga data. En Oaxaca tienen mucha incidencia.

Hombre entre los escombros de Cerro Metate, México. Foto de Juana García, utilizada con su permiso.

14 años de desplazamiento 

Desde el 2010, se ha documentado en distintos medios, además de las evidencias de las propios pobladores, la quema de más de 50 vehículos, más de 30 casas, casi 100 hectáreas bosque y el asesinato de al menos 28 personas en el municipio de San Juan Mixtepec. Con ello, la suma de decenas de familias que han sido desplazadas de manera paulatina durante 14 años. Unos se fueron a vivir a la cabecera municipal de San Juan Mixtepec, otros a Tlaxiaco, Santiago Juxtlahuaca, Huajuapan de León, en la ciudad de Oaxaca e incluso a Estados Unidos.

Hace 14 años, antes de la violencia y que el desplazamiento les alcanzará, tanto ellos como los vecinos de Yosoñama mantenían un lazo de respeto. Sin embargo, narran que desde que llegó Antorcha Campesina (una organización política) la violencia se agudizó y los pobladores de Yosoñama comenzaron a invadir de manera más ágil las tierras de Mixtepec.

A diferencia de otras comunidades desplazadas en esta zona de Oaxaca, Cerro Metate y Rancho Lucero están siendo desplazados paulatinamente durante más de una década. Se organizan tequios y guardias. La guardia es cuando las personas de las comunidades de Cerro Metate, Cuajilotes, Pueblos Nuevo y Río Azucena van vigilar en la zona de conflicto para avisar si hay personas armadas.

Las personas que acompañan a Abraham en un tequio entonan:

Tenemos la esperanza de regresar algún día a Cerro Metate. Pueden corrernos, quemar nuestros cerros, pero no pueden borrar nuestras memorias y registros, porque acá nacimos, acá crecimos y de acá somos.

El desplazamiento forzado también ha afectado a otras comunidades vecinas como Rancho Lucero, Cuajilotes, Pueblo Viejo y Río Azucena. Por ejemplo S. Suárez de Cuajilotes (quien omitió su nombre para evitar represalia), decidió irse con su familia a vivir al pueblo de su esposa, aunque regresa a dar servicio en los tequios y en las guardias. Suárez cuenta:

Nosotros somos los que estamos acá viendo cómo le hacemos para sobrevivir, cómo nos turnamos para hacer guardia, cómo sobrevivimos cada día. Antes salíamos a trabajar a Estados Unidos para mantener a nuestras familias, porque nunca nos llegan los programas de apoyo, pero ahora tampoco podemos salir porque estamos al pendiente de lo que pueda sucederles a nuestras familias.

A él le mataron a su padre en febrero de 2013, y dice que desde entonces la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no le ha informado sobre los avances de la investigación, si es que existe. En esta lucha de defender el territorio, ha dejado huérfanos a niñeces, mujeres viudas, padres y madres sin hijos.

En entrevista, las autoridades de San Juan Mixtepec han dicho que es un conflicto de todo el municipio. Sin embargo, son cinco las comunidades que llevan 14 años, haciendo frente a las balas, un conflicto que no ha parado, por lo contrario se ha recrudecido dejando un pueblo fantasma como Cerro Metate y Rancho Lucero.

Desde 2011 a José Sánchez le prestaron una casa en Río Azucena, con la idea de regresar pronto a Cerro Metate, pero ya han pasado 13 años y sigue fuera de su hogar, en marzo también le quemaron su casa. En 2011 huyó de las balas, y añade con la voz quebrantada:

Estamos cansados, todos los días se escuchan disparos, todos los días nos turnamos para cuidar nuestro territorio, nuestro hogar y bosques, para que no se acerquen a adueñarse de las tierras. Nada es igual que antes.

Foto de una casa abandonada en Cerro Metate, México. Foto de Juana García, utilizada con su permiso.

Las familias desplazadas suplican que pare la violencia en esta zona de San Juan Mixtepec, que la justicia les alcance, para que puedan regresar a sus casas, a Cerro Metate a trabajar sus tierras.

Desde que comenzó el conflicto, ni las familias de Cerro Metate, ni las otras han recibido algún apoyo humanitario de parte de los gobiernos por la violencia que atraviesan, por el contrario, cerraron las escuelas en Pueblo Viejo donde acudían los niños.

Publicado originalmente en Global Voices

^{Fotografía de portada: Santiago Navarro F}

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la comunidad indígena de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michoacán, se encuentra en el epicentro de una crucial batalla legal y social que podría determinar el futuro de sus tierras comunales. Este momento es decisivo, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito resolverá el amparo directo 463/2023 interpuesto por la comunidad.

La disputa legal que enfrenta la comunidad nahua de Ostula se centra en un litigio agrario histórico de más de dos décadas. En 2009, la comunidad recuperó más de 1,000 hectáreas de tierras que habían sido ocupadas por los llamados “pequeños propietarios y presuntos jefes del crimen organizado”, así lo han denunciado los comunitarios en un comunicado.

El recurso de amparo directo 463/2023 busca revertir la sentencia del juicio 78/2004, que había otorgado las tierras a pequeños propietarios de La Placita, un grupo que, según las autoridades comunales, tiene vínculos con el crimen organizado. El Tribunal había confirmado esta sentencia, ignorando los documentos probatorios que respaldan la propiedad comunal de Ostula.

Amicus Curiae

Justo en este día que el Tribunal tendrá que decidir sobre el destino de estas tierras comunales, la defensa legal presentará informes y opiniones técnicos de más de 56 expertos en antropología, historia y arqueología mediante el recurso conocido como Amicus Curiae. Estos expertos son reconocidos a nivel nacional e internacional y su participación busca aportar una perspectiva objetiva sobre la validez de las reclamaciones de la comunidad.

Simultáneamente, los habitantes de Ostula han activado diversas acciones de protesta en las calles y en las redes sociales con las etiquetas #Ostula y #ostularesiste. Una comisión viajó a la Ciudad de México para manifestarse frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, mientras que, en Morelia, Michoacán, realizaron una conferencia de prensa frente a las instalaciones del Poder Judicial Federal.

Estas acciones forman parte de una serie de protestas que incluyen bloqueos en la carretera costera número 200, una vía clave para el transporte de mineral extraído por la empresa Ternium en la región.

Día de los pueblos indígenas

En un comunicado emitido por la comunidad y el Congreso Nacional Indígena (CNI), se enfatizó que, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “no tenemos nada que festejar; tenemos un solo clamor: justicia para Ostula, justicia para los pueblos originarios”. La declaración resalta la urgente necesidad de justicia agraria y el respeto por los derechos ancestrales, que han sido vulnerados a lo largo de décadas.

Este comunicado lanzado desde la Plataforma del CNI, también, hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional, subrayando que el despojo de sus tierras “no solo representa un ataque a su comunidad, sino una amenaza a su supervivencia como pueblo originario”. 

Resaltan que, como Pueblos Indígenas, por generaciones, han custodiado a la Madre Tierra, incluso, “la vida del planeta en la parte que nos tocó nacer y vivir”.

Pero la lucha por la defensa de las tierras que hoy defienden, en las cuales existe una amplia biodiversidad, ha costado el asesinato de 40 comuneros y 6 más que han sido desaparecidos. Por si fuera poco “hemos resistido a la guerra que hace el Cártel Jalisco Nueva Generación en nuestra contra y hoy, además, estamos a la expectativa de la última palabra del Estado Mexicano ante la exigencia de justicia agraria para nuestra comunidad”, puntualizan en el comunicado.

La comunidad se encuentra en estado de alerta y ha tomado medidas drásticas para asegurar que su voz sea escuchada en esta crucial fase del proceso judicial.

En este momento crucial, los indígenas nahuas de Santa María Ostula buscan que el Estado Mexicano cumpla con sus compromisos de justicia y respeto a los derechos de los pueblos originarios. La última decisión la tiene el Segundo Tribunal Colegiado y esto, será determinante para el futuro de las tierras y la autonomía de esta comunidad ancestral o para respaldar a gente vinculada con el crimen organizado.

De última hora

Al cierre de este reportaje, el abogado de la comunidad de Ostula, Carlos Gonzáles, sostuvo que “el Magistrado Carlos Dario (Presidente del Tribunal), encargado del proyecto de sentencia, comentó que a finales de este mes (de agosto) se tenga un proyecto que se turnará a otros dos magistrados para que lo estudien y a principios de septiembre” se tenga una resolución.


Fuente: Avispa Midia

Por Raúl F. Pérez Lira

“Últimamente ha habido mucho cambio, como cambio climático. La verdad los tiempos ya no son como antes, antes era diferente y ahora se ha estado cambiando. Ya el bosque ya no tiene tanta fuerza como antes tenía”, dijo Jesús Vega, “porque nosotros pues tampoco hacemos lo que antes hacíamos. Lo mismo pasa con el bosque”.

Jesús Vega vive en el ejido de Cuiteco, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Junto a Arturo Medina, de la comunidad de Tewerichi, Domingo González, de la comunidad de bosques de San Elías Repechique, el antropólogo Juan Jaime Loera y el ingeniero forestal Antonio Turuseachi, compartió su experiencia en el foro “Afectaciones a los bienes naturales de las comunidades indígenas”, organizado por la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) en la ciudad de Chihuahua como parte de una serie de foros mensuales llamados “Diálogos de resistencia”.

Durante casi dos horas, los ponentes hablaron acerca de los daños ambientales que han sufrido en sus comunidades, tanto por el cambio climático, la tala y otros problemas, así como de las soluciones que creen más adecuadas para combatirlos, frente a lo que a veces las personas externas piensan que es lo mejor para ayudar.

En el caso de Cuiteco, por ejemplo, hace 20 años la comunidad indígena creó la Reserva Campesina de Cuiteco con el fin de preservar el bosque del ejido de la tala y proteger su fauna. Pero aunque exista esta reserva, el bosque sigue enfrentando amenazas como los incendios forestales o la posibilidad de que la reserva se abra al negocio de la madera.

“De repente pues también tenemos este rumor” continuó Jesús, cuando se le preguntó específicamente sobre este esfuerzo de la comunidad de Cuiteco. “Hasta ahorita no han entrado los compradores de madera, entonces pues sí tenemos miedo que nos pase eso porque de repente llegan los compradores y se puede acabar.”

Además de los grandes pinos, Jesús dijo que en la reserva viven animales silvestres como guajolotes, venados, ardillas, coyotes e incluso han visto osos que son atraídos por las manzanas de las huertas de los habitantes cercanos.

En el caso de Tewerichi, Arturo contó varios problemas que han afectado el medio ambiente en su comunidad: la tala acabó con los viejos bosques, la sequía no permite que crezcan los alimentos en sus parcelas y la gente tiene que salir a trabajar a las ciudades y los campos agrícolas distantes, donde encuentran otros problemas como enfermedades y el abuso de sustancias.

“La mera verdad estamos tristes porque no quiere llover y pues no levantamos cosechas”, dijo Arturo. “Ya llevamos más de 27 años de que dejamos de talar el bosque. Ahorita lo que queremos es cuidar para que pueda llamar el agua”.

En 2011 se quemó parte del ejido de Tewerichi y lo que hicieron fue cuidar el área para que la flora se recuperara por sí misma. La reforestación se debe de dar naturalmente, dijo, porque a cada tipo de pino o encino le gusta un tipo de tierra distinto y hacerlo de manera artificial no tendría el mismo resultado.

“Ya todo tiene vegetación. El chiste es cuidarla, porque si lo reforestamos se pone muy chiple y se seca. Eso necesita crecer naturalmente, nomás cuidarla y no cortarla”, continuó Arturo.

Sin embargo, a veces los programas de ayuda de parte de las autoridades se hacen sin conocimiento de la región o sin tomar en cuenta a las comunidades. Los ponentes hablaron de las reforestaciones que no han tenido éxito por haberse realizado con especies que no eran locales o de obras que han sido mal implementadas y que resultan contraproducentes.

Un trabajo que es más beneficioso para la tierra, mencionó Arturo, son las trincheras que construyen para retener el suelo y evitar que la erosión se lleve los nutrientes. Además, este tipo de actividades también representan una fuente de empleo temporal para la comunidad cuando cuando existe algún apoyo económico para realizarlo.

“Eso nos haría fuertes a nosotros y tener esos trabajos y cuidar quién nos apoye, porque sabemos que hay otros programas federales, pero como que no ayudan mucho”, explicó Arturo. “A lo mejor eso sería más ligado a la comunidad o que la misma gente diga cómo quieren el trabajo, a veces no nos ayudan mucho. Sería un beneficio para todos, no nomás a nosotros los que vivimos en la sierra”.

En la comunidad de Repechique, en el ejido de Bocoyna, Domingo González dijo que necesitan herramientas para combatir los incendios y apoyos para poder permanecer en sus comunidades y sostener a sus familias, así como “para no dejar el bosque solo, para estar cuidándolo, para que no se vaya a prender”. Ahí también han tenido problemas con la sequía, lo que ha impedido tener buenas cosechas.

“Hemos tenido fallas de agua, se han secado los aguajes. Ya no es igual, por lo mismo”, dijo Domingo, “un pino que es el más gordo ese es el que más nos traía el agua y ahora ya se acabaron. Quedaron sólo mas que puros pequeños y eso es que nos estamos quedando sin agua”.

Por su parte, el ingeniero Antonio Turuseachi, quien trabaja como técnico de campo en CONTEC, presentó algunos datos sobre los afectaciones a los bosques de la Sierra Tarahumara y algunas propuestas para contrarrestarlas desde su trabajo de acompañamiento a las comunidades.

Por ejemplo, según datos de la Comisión Nacional Forestal, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024 se presentaron 412 incendios en el estado de Chihuahua, las cuales afectaron 311.84 hectáreas de arbolado adulto y un total de 74 mil 723 hectáreas. En cuanto a deforestación, Antonio se basó en una investigación hecha por Siné Comunarr, la cual estima que entre 2001 y 2023 se perdieron 32 mil 500 hectáreas de cobertura arbórea en el estado, sobre todo en la Sierra Tarahumara.

“Las comunidades y los pueblos originarios en general dependemos de los bienes naturales para el buen vivir para realizar nuestras actividades económicas, culturales, espirituales, así mismo como la agricultura, ganadería, educación, salud, entre otras”, leyó Turuseachi ante el foro. La educación, dijo, también se da en el bosque, no necesariamente en la escuela.

Por eso, la presencia del crimen organizado en las comunidades y la sierra, la deforestación, los programas asistenciales mal enfocados, los megaproyectos, el cambio climático, entre otros problemas, afectan el medio ambiente pero también su estilo de vida, pero también afectan a quienes viven de las cuencas del río Conchos y el río Fuerte, que obtienen su agua de la Sierra Tarahumara.

“El cambio climático es algo complejo que no nada más es en la sierra, no nada más es en el estado, es en todo el mundo. Entonces, para poder entender, yo creo que es cuidar así como dicen los compañeros. No hay otra forma de solucionar”, dijo Antonio.

Para finalizar el foro, el antropólogo Juan Jaime Loera recapituló algunos de los puntos expuestos por la mesa y realizó una serie de reflexiones. Por ejemplo, enfatizó en el derecho a las comunidades indígenas a la consulta con base a las leyes internacionales, pero también en el derecho a decir que no en dichas consultas.

“El derecho a la consulta debe de garantizar el derecho a disentir, no solamente el ser consultados para de todas maneras hacer los megaproyectos y cualquier intervención, sino que las comunidades tienen ese derecho de decir ‘no queremos esto’ o lo queremos de esta otra manera, no como se estaba planteando originalmente”, dijo.


Publicado originalmente en raichali.com

De esa visita atestiguamos la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, medios independientes, movimientos de base, comunidades y colectivos de búsqueda de las entidades del Norte de la República que día a día trabajan para transformar de manera integral los impactos de la violencia estructural, misma que se agudiza con el agravio institucional de la impunidad y la dilación para atender los procesos de justicia, verdad, reparación del daño y medidas de no repetición. Abrazamos sus actos que fortalecen la memoria colectiva y hacemos un llamado a los gobiernos estatales y federal a respetar el espacio cívico en el que se construyen sitios de memoria, anti monumentos, murales y espacios organizativos de la sociedad civil que mantienen viva la dignidad en este país.

En la frontera norte la violencia estructural e institucional tiene huellas visibles de impunidad, algunos ejemplos en Ciudad Juárez son: el crimen estado por el incendio de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM); el Memorial Permanente para Personas Desaparecidas, que se ubica en el Parque Borunda; el Memorial del Campo Algodonero; la Cruz de Clavos en el Puente Internacional Santa Fe y el muro fronterizo en el Paso. en Coahuila: el Árbol de la Esperanza en Torreón y Saltillo que recuerda a los cientos de personas desaparecidas. Sitios de memoria también los encontramos en distintas comunidades de la Sierra Tarahumara en donde encontramos bosques talados, incendiados, comunidades desplazadas y un clima de violencia que cerca a pueblos campesinos y originarios que denuncian el despojo gradual de su territorio.

Las organizaciones de la Red TDT de la Región Norte tienen presencia en los estados de Chihuahua y Coahuila, entidades en donde la violencia institucional como la crisis forense en materia de desaparición forzada, obstrucción a la justicia en las fiscalías y carencia de cadenas de custodia se acentúa con otras violencias que se reflejan en el racismo, colonialismo, despojo, imposición de proyectos económicos, migración forzada, desplazamiento forzado, tortura, empobrecimiento, desaparición forzada, privación arbitraria de la libertad, ejecución extrajudicial, ataques a personas defensoras, tráfico de drogas, reclutamiento forzado, tráfico ilícito de personas, tala ilegal en la sierra, incendios descontrolados, despojo territorial, imposición de minería, feminicidio, crímenes de odio y múltiples violencias en un contexto de creciente criminalidad.

La región norte de México se ha caracterizado por décadas debido a las crisis de seguridad, desaparición forzada, movilidad humana, despojo territorial y feminicidios, sin embargo, no podemos normalizar la violencia e invisibilizar la emergencia, en este contexto de adversidad, desde la Red TDT reconocemos la labor de las organizaciones, colectividades y familias que van construyendo con las nuevas generaciones caminos de esperanza, verdad y justicia para este país.

Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

“Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) http://redtdt

^{En portada: Comunidades indígenas han realizado protestas por la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Veracruz.}

Defensoras y defensores de la naturaleza y del territorio del Istmo de Tehuantepec han sufrido al menos 226 agresiones en los últimos tres años en el marco del megaproyecto Corredor Interoceánico, llevado a cabo por la administración de Andrés Manuel López Obrador, en los estados de Oaxaca y Veracruz. La documentación fue realizada por 23 organizaciones sociales de Derechos Humanos reunidas en una misión civil de observación.

Dentro del periodo de documentación, entre mayo del 2021 a mayo de 2024, se registraron 72 ataques en los que se cometieron las 226 agresiones, entre ellas intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, criminalización, daños a propiedad, difamación, detención arbitraria, estigmatización, desplazamiento forzado, homicidio, desalojo forzoso, uso indebido de la fuerza, allanamiento, despojo, robo y desaparición.

“Está la criminalización, la amenaza de ser encarcelado, de quizá llegar a desaparecernos o asesinarnos. Eso siempre ha estado presente en nosotros. […] el estar esperando qué va a pasar, qué nos van a hacer”, relata un defensor indígena binnizá con identidad resguardada, de San Blas Atempa, Oaxaca.

Las víctimas son mayoritariamente integrantes de algún pueblo o comunidad indígena. Las organizaciones registraron que 66 de los 72 ataques documentados fueron perpetrados contra los pueblos indígenas Mixe (Ayuuk) y Zapoteco (Binnizá).

Carlos Beas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), organización que hace parte de la misión, sostuvo en una conferencia de prensa realizada en la mañana del jueves (27) que hubo un incremento de las agresiones en el último año y medio. 

Para él hay dos elementos que coinciden con este aumento. “Por un lado, está la transferencia del mando sobre el Corredor Interoceánico de elementos civiles [hasta septiembre de 2023 estuvo a cargo Rafael Marín Mollinedo] para la [Secretaría de] Marina”, sostiene. 

Según Beas, el cambio de mando ha dado lugar a una serie de problemas. Un ejemplo, cita, es que “muchas comunidades que permitieron los trabajos relacionados al corredor a cambio de algunos programas de desarrollo o de vivienda, el gobierno, y en particular la Secretaría de Marina [Semar], no ha querido reconocer estos acuerdos”. 

Por otro lado, junto con el ingreso de la Marina como la responsable del desarrollo de las obras del corredor, en diciembre de 2022 tomó posesión Salomón Jara (del partido Morena) como gobernador del estado de Oaxaca. “El número de agresiones más fuertes se da a partir de enero de 2023 y adquiere mucha fuerza principalmente a partir de enero 2024”, sostiene.

Luz Coral Hernández, integrante de Territorios Diversos para la Vida, otra de las organizaciones que hacen parte de la misión, advirtió durante la conferencia de prensa que los datos presentados por las organizaciones son en realidad una referencia en el marco de la magnitud de violencia a la que se enfrenta las personas y comunidades defensoras en la región. “Es solamente un piso mínimo de las verdaderas cifras de las agresiones que se perpetran contra las personas y comunidades”, dice.

Los agentes

Los responsables por ejecutar las violaciones de derechos humanos son en su mayoría agentes pertenecientes al Estado, quienes participan en el 66% de las agresiones. Siguen agentes privados, 30%. No se identificó 4% de ellos. “En 26 de los 72 ataques hubo participación de uno o varios elementos de las fuerzas de seguridad pública de tinte militar”, señala Coral Hernández.

Las organizaciones destacan agresiones por parte de órganos de gobierno responsables por la protección de los núcleos agrarios, como son el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. 

Además, agresiones por parte de autoridades encargadas de la investigación de las agresiones y procuración de justicia tanto del orden federal como local -Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Poder Judicial Federal y Poder Judicial del Estado de Oaxaca-.

La justicia

Hoy existen 12 carpetas de investigación abiertas, tanto en orden federal como estatal, relacionadas con 55 personas defensoras del territorio. Se han registrado, además, 20 detenciones de defensores; mientras, 19 fueron liberados.

“Nos preocupa mucho el uso del sistema de justicia para obstaculizar la labor de defensores de los derechos humanos. Esta es una tendencia que se mantiene de manera recurrente y sistemática”, alerta Nataniel Hernández, de la Red TDT. 

Mujeres e infancias

En al menos 28 ataques documentados, los impactos de la violencia trascendieron a infancias, esposas, madres y padres de las personas defensoras víctimas en el momento específico del evento.

Se identificó violencia de género en contra de mujeres defensoras mixes. “Mediante agresiones físicas y de intimidación, al ser atacadas por presuntos elementos de la Semar, cuestionando también sobre su labor de defensa en el marco de estereotipos de género respecto de labores de cuidado y hogar”, dice el informa de las organizaciones. 

Lo que se está viviendo en el Istmo de Tehuantepec, aseguran las organizaciones, es un proceso acelerado e impuesto, con un clima de intimidación y securitización militar generalizado, con despojos de tierras y territorios, con la imposición de formas de vida, así como el saqueo de elementos naturales; “todo eso ha significado para comunidades y organizaciones istmeñas una realidad inaceptable”. 

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Pobladores de Tila durante el ingreso de elementos del ejército tras días de enfrentamientos en el ejido.}

En el municipio ch’ol de Tila, al norte de Chiapas, pobladores viven días sumidos en la violencia criminal, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de familias hacia comunidades como Petalcingo y Yajalón, cerca de la frontera con Tabasco.

Familias ejidatarias, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denuncian que, entre los días 4 y 7 de junio del 2024, un grupo armado autodenominado “Karma” ingresó al poblado detonando armas de alto calibre. Mediante pronunciamiento titulado “El terror de los grupos delincuenciales del mal gobierno”, difundido el pasado martes (11), ejidatarios de Tila aseguran que “no pudieron mantener la paz ya y la gente respondió” al ataque criminal.

Para entender la violencia actual, necesitamos recorrer el pasado y las diferentes luchas de los ejidatarios de Tila, quienes, en su reivindicación por el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos, han sufrido represión por décadas. 

Despojo

Ejidatarios de Tila resaltan que la violencia actual tiene sus orígenes en marzo de 1966, cuando el Cuerpo Consultivo Agrario, perteneciente a la Secretaría de la Reforma Agraria, intentó modificar el plano y decreto presidencial de julio de 1934, el cual otorgó a la población ch’ol su derecho sobre la tierra estableciendo legalmente al ejido Tila. 

El objetivo era imponer un fundo legal -figura agraria jurídica que permitiría el control de 130 hectáreas de tierras por el municipio de Tila, quitandole su característica de propiedad social – para la instalación y operación del ayuntamiento, pues antes operaba en la comunidad de Petalcingo, en el mismo municipio, a poco más de 10 kilómetros de distancia.

Ante ello, ejidatarios organizados emprendieron diferentes luchas pacíficas para lograr la restitución de las 130 hectáreas que, según ellos, el ayuntamiento ocupó y cedió a particulares ilegalmente en su territorio. 

En estos años, destacan las movilizaciones y batallas legales, como la que desde el año 1982 mantienen los ejidatarios. En ese año, promovieron el amparo 259/1982 para denunciar el despojo de su territorio y reivindicar la propiedad social del ejido, demanda que hasta diciembre del año 2008 obtuvo una sentencia favorable por parte del juzgado primero del distrito del Estado de Chiapas, el cual resolvió amparar y proteger el ejido de Tila, ordenando con ello la restitución de las tierras.

La abogada Aracely Olivos, quien acompaña el caso, detalla que durante los 26 años, desde que se presentó la demanda de amparo hasta la sentencia, el municipio de Tila otorgó ilegalmente propiedades, como si se trataran de propiedad privada, a muchas personas, tanto avecindadas como ajenas al ejido.

Esta situación, contextualiza la litigante, generó tensión entre los pobladores pues el ayuntamiento argumentó su imposibilidad para cumplir con la restitución de tierras debido a la presencia de estas propiedades privadas. Ante ello, los ejidatarios recurrieron a un incidente de inejecución de sentencia -recurso utilizado cuando la autoridad responsable no cumple con la resolución- dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual se mantuvo sin resolución hasta el año 2018.

En este periodo se presentaron peritajes antropológicos, sociológicos y jurídicos; inclusive el sociológo mexicano, Rodolfo Stavenhagen, quien fungiera como relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, presentó un amicus curiae (presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica) que desarrolla la historia y la dimensión antropológica del ejido y el pueblo ch’ol. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también proporcionó otro amicus curiae para abordar el derecho de los pueblos indígenas, proponiendo su incorporación en la resolución.

Al final, relata Olivos, la SCJN decidió regresar el caso al juzgado primero de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, pues argumentó que no es posible determinar si existe imposiblidad jurídica o material para dar cumplimiento a la restitución de tierras que resolvió el amparo de una década antes.

Acorde a la abogada, la SCJN aseguró desconocer cuantas propiedades están inscritas en el Registro Público de la Propiedad Federal, lo que le permitiría saber a cuántas personas se afectarían con la restitución de tierras a los ejidatarios, esto a pesar de que, señala la litigante, los más afectados son los habitantes del ejido, “pues ahí estamos hablando del derecho al territorio como una forma de darles continuidad histórica a los pueblos originarios”.

En medio de las batallas legales, otro punto a destacar es el hecho de que, desde noviembre de 2018, un grupo de pobladores, aliados al ayuntamiento, usurparon, mediante la falsificación de firmas y de actas de asamblea, los órganos de representación ejidal.

Mediante esta acción, el grupo que se conoce como “los legales” consiguieron la representación de miembros afínes para ocupar la Presidencia del Comisariado y el Consejo de Vigilancia del municipio.

La abogada Olivos relata que, una vez concretados éstas inscripciones ante el Registro Agrario Nacional (RAN), “los legales” se presentaron ante el juzgado en la capital chiapaneca para solicitar la personalidad jurídica que les permite acceder al expediente que desde 2018 se encuentra en su poder tras la resolución de la SCJN.

Por esta situación, el equipo legal que acompaña al ejido Tila no tiene acceso a los archivos judiciales. “Hemos insistido ante el juzgado, que ha sido muy negligente, en decirles que se trata de un ejido indígena y que por tanto debe tomar en cuenta su derecho de libre determinación y su jurisdicción sobre el territorio, lo que implica que su derecho es igual de válido que un registro administrativo ante el RAN”, reclama la abogada, quien señala que esta situación no permite que el caso avance en los tribunales.

En este contexto, ejidatarios de Tila han denunciado en múltiples ocasiones la usurpación actual de Eduardo Gutiérrez Martínez, como presidente del comisariado ejidal, a quien responsabilizan de la inestabilidad y violencia en el ejido ch’ol.

Paramilitares y crimen

Tras décadas de omisiones y sentencias incumplidas, fue el 16 de diciembre del 2015 cuando la Asamblea Ejidal expulsó al ayuntamiento del territorio indígena, ejerciendo su derecho al autogobierno y a la autonomía ejidal, en el marco de su derecho a la libre determinación como pueblo originario. 

En ese momento, los ejidatarios expulsaron a la pareja compuesta por Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y su esposa, Sandra Luz Cruz Espinosa, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quienes ocupaban, alternadamente, la presidencia municipal. Es debido a la expulsión de los caciques, que los ejidatarios han sido objeto de agresiones y violencia por parte de quienes defienden la operación del ayuntamiento en tierras del ejido de Tila.

Gutiérrez y Cruz son señalados por mantener nexos con el grupo paramilitar conocido como “Paz y justicia”, financiado y entrenado por el ejército mexicano en el contexto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año 1994. 

Como documenta Dante Saucedo, pese a que entre los años 2000 al 2010 fueron detenidos varios integrantes del grupo armado, estos mantienen vínculos con el grupo que actualmente genera la violencia contra los ejidatarios en Tila. Resalta el caso de Juan José Díaz Solórzano, ex presidente municipal, detenido en 2010 en posesión de 3.5 millones de pesos destinados a apoyar la campaña de Sandra Luz Cruz Espinosa para ocupar el ayuntamiento. Actualmente, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez se mantiene como alcalde de Tila, pero opera desde El Limar, a 30 kilómetros del ejido ch’ol.

En su pronunciamiento del martes (11), los ejidatarios destacan su lucha pacífica frente al contexto reciente de dolor y terror que se vive en el ejido. En el documento enfatizan que, desde 2008 y pese a las agresiones, han mantenido la calma, pero después de denunciar insistentemente la incursión del crimen organizado en el ejido, “ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol”.

La incursión violenta del grupo criminal en junio es la mas reciente de una serie de agresiones contra los ejidatarios, algunos quienes han desempeñado cargos ejidales para la defensa de la autonomía indígena y donde destaca Carmen López Lugo (integrante del comisariado ejidal, entre los años 2018 y 2021) y quien fuera asesinado en enero del 2024.

Desde finales del año 2023, ejidatarios de Tila denunciaron las acciones del grupo criminal “Karma”, el cual sostienen opera en complicidad con el ayuntamiento y es responsable por los asesinatos del ex comisariado ejidal, así como de Domingo Lugo Ramírez, éste último ocurrido en marzo del 2024. Miembros del CNI, sus familias aseguran que fueron amenazados y después ejecutados con toda impunidad.

“Estos últimos años hemos denunciado toda la impunidad del ayuntamiento, pero como son apoyados por el gobierno, pudieron seguir provocando el problema tan grande que se ocasionó al dia de hoy. Lo pueden ver en todas las denuncias que hemos realizado pero que el mal gobierno nunca hizo caso de parar a sus grupos porque querían ocasionar una desgracia como la que ya provocaron para buscar el pretexto de regresar al territorio ejidal”, acusan los ejidatarios.

Violencia en incremento, omisión de autoridades

Acorde a registros de los ejidatarios de Tila, entre los meses de mayo y junio del 2023 se suscitaron diversas acciones que daban cuenta de la incursión de grupos criminales en la región. Es en esa época que, por primera vez, avistaron hombres encapuchados portando armas de uso exclusivo del ejército, tales como rifles AR-15, mientras se desplazaban en camionetas por el ejido ch’ol.

El 13 de octubre de ese año fueron asesinados dos jóvenes, hijos de ejidatarios de entre 17 y 19 años, cuyos homicidios, aseguran los ejidatarios, fueron perpetrados por personas vinculadas a grupos paramilitares, ahora convertidos en delincuencia organizada. Mediante comunicado, los ejidatarios responsabilizaron a funcionarios municipales como el contador Rodrigo Martínez Parcero, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación y al grupo Karma, señalado como uno de los responsables por iniciar las agresiones del pasado 4 de junio.

Destaca también las agresiones durante la madrugada del 11 de noviembre del 2023, cuando el grupo armado intentó prender fuego a la casa del primer comisariado Ejidal. El mismo día también intentaron quemar la casa del ex comisariado y durante la noche dispararon contra la casa de un profesor, miembro activo del ejido. 

Tras la sucesión de las agresiones es que los hombres armados colgaron una manta en la que se identifican como “Grupo Karma” y mediante la cual amenazaban a todas las personas que han tenido cargos ejidales, en el contexto de la autonomía, para abandonar el ejido.

A partir de ese momento, relata la abogada Olivos, para los ejidatarios quedó claro que no solo es un contexto de entrada del crimen organizado, “que se combina con las tensiones internas, sino que el grupo criminal va en contra de los líderes ejidales”. Esto quedo comprobado con el asesinato de las autoridades ejidales durante los primeros meses del 2024, pese a que desde noviembre del 2023 la Fuerzas Armadas acordaron realizar patrullajes para garantizar la seguridad de los ejidatarios.

Según los ejidatarios, el grupo Karma busca adquirir el control territorial en el ejido Tila para asegurar las extorsiones y el cobro de piso, así como actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas en un territorio de relevancia en la zona norte que conecta con Tabasco y el Golfo de México.

Mediante su pronunciamiento, los ejidatarios de Tila denuncian también la cobertura mediática desplegada en medios masivos durante los recientes sucesos violentos. Esto debido a que consideran que se habla de “los autónomos” equiparándolos como criminales, a pesar de que “la autonomía es un derecho que hemos ejercido con apego al marco constitucional y en vista de la incertidumbre jurídica en que nos ha mantenido el Poder Judicial Federal”, sostienen.

Desplazamiento

Mientras tanto, un pronunciamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), fechado el viernes 7 de junio, asegura que el actual escenario de violencia tiene antecedentes, “que fueron denunciados públicamente, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno hayan tomado las medidas necesarias para evitar su escalamiento”.

Por su parte, medios nacionales reportan que, durante asamblea efectuada el martes (11), las familias desplazadas que se encuentran en Yajalón, aseguran que no hay condiciones de seguridad para retornar a sus hogares.

De acuerdo a diferentes reportes se contabilizan más de 5 mil personas desplazadas por la violencia en el ejido Tila. Mientras el edil de Yajalón asegura que 1,800 personas se refugian en dicho municipio, otras 4 mil permanecen en el ejido Petalcingo, del mismo municipio de Tila.

Fuente: Avispa Midia

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