Por Giselle Velasco Matías / @arlette_giselle

El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO) denunció el avance sistemático de proyectos turísticos e inmobiliarios que buscan apropiarse de territorios comunales y playas en la Costa de Oaxaca. A través de un boletín de presa, emitido el 10 de marzo del presente año, el FORO alertó sobre la situación compleja que persiste en las diferentes regiones del estado, donde predominan conflictos territoriales, disputas por la tierra, el agua y los bienes naturales, así como violencia e imposición de megaproyectos, a los cuales se le suma un clima de hostigamiento y criminalización contra las personas que defienden el territorio.

En el comunicado, el FORO pronunció una serie de exigencias puntuales, entre ellas, la solución inmediata al tema del despojo de tierras que enfrenta Miguel Sánchez Hernández en playa Salchi en la Costa oaxaqueña, a quien, en los últimos años, “el Cártel del Despojo” ha intentado arrebatarle 10 hectáreas de terreno. Asimismo, se solicitó justicia para las familias de Playa El Coyote en Santa María Huatulco, quienes resisten contra el despojo de sus tierras a manos de Israel Carreño Morales, vinculado a proceso por el delito de despojo (Causa Penal 103/2025) y quien, según argumentan las organizaciones, encabeza dicho cártel.

Además, se solicitó poner alto a la persecución legal contra Hortencia Chávez Ramos, Oralia Ramírez Chávez, Ernesto Chávez y Noé López Rojas, defensores de Playa El Coyote. De igual forma, el FORO exigió un freno a la judicialización y amenazas contra los integrantes de la Legítima Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, principalmente contra Saúl Robles Aragón y Román Sosa Miñon.

En el boletín, el FORO rechazó la privatización de playas y se pronunció contra el proyecto residencial Punta Faro en El Coyul, impulsado por, según afirman, la apócrifa Sociedad Oax S.C. y la fraudulenta organización llamada Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (UNECACI).

Frente a tal situación, se exhortó a las comunidades costeras, y del territorio oaxaqueño en general, a seguir manteniendo procesos organizativos y de defensa del territorio. Así mismo, en el comunicado, se invitó a reforzar el vínculo entre la lucha del campo y la ciudad, poniendo énfasis en el derecho al trabajo, el territorio y a una vida digna.
“Nos movilizaremos para enfrentar estas políticas y proyectos que avanzan con la omisión y en muchos casos la complicidad del Estado frente a los intereses económicos que buscan apropiarse de nuestros territorios”, agregan en el comunicado las organizaciones que integran el FORO.

Aunado a lo anterior, se suman otras demandas relacionadas con el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano y el alto a las altas tarifas de la energía eléctrica, cortes del servicio y hostigamientos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la región del Istmo, al tráfico de especies endémicas y nativas, a la gentrificación y turistificación de los territorios, así como al desplazamiento y despojo a raíz del Mundial 2026.

El FORO es una articulación de organizaciones políticas, indígenas, campesinas y populares, entre ellas el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), el Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca (CODEPO), el Frente Indígena Zapoteco (FIZ), el Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (COCISS), el Frente Popular 14 de Junio y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), las cuales se definen bajo un carácter anticapitalista, antielectoral y antipatriarcal con una perspectiva de izquierda democrática y revolucionaria.

En 2025, la organización Mongabay documentó que el boom inmobiliario que trajo la construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, que conecta la capital del estado con la región Costa de Oaxaca generó pérdida de hábitat en playas y zonas aledañas, donde el avance de la mancha urbana ha llegado a deforestar al menos 92 hectáreas de mangle en la zona.

Publicado originalmente en: https://www.somoselmedio.com/despojo-territorial-oaxaca-costa-megaproyectos/

Por Mario Marlo / @Mariomarlo Fotografías Shiebi Aguilar / @ShiebiAl

Guadalajara, Jalisco, 17 de octubre 2025.- Frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Jalisco, redes nacionales y estatales en defensa del agua advirtieron que la iniciativa presentada el 8 de octubre en el Congreso de la Unión —para expedir una Ley General de Aguas y, a la par, reformar la vigente Ley de Aguas Nacionales (LAN)— no cambia el paradigma mercantil del agua en México. Por el contrario, señalaron, mantiene la privatización, el acaparamiento y la exclusión social bajo la apariencia de nuevos mecanismos de participación.

La conferencia fue convocada por la Coalición Mexicana de Organizaciones por el Derecho Humano al Agua, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, así como por la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAS). Participaron el Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala y colectivos urbanos que defienden manantiales y microcuencas en Jardines de la Paz, San Rafael, Arcos de Guadalupe, Huentitán y Tonalá, entre otros.

Las organizaciones subrayaron que la Constitución mandata una sola Ley General de Aguas que garantice de forma integral los derechos al agua y al saneamiento. La propuesta del Ejecutivo —explicaron— conserva la LAN (aprobada en 1992, en el auge neoliberal) y agrega una nueva ley general, lo que abriría un “doble carril” normativo con efectos de confusión jurídica para comunidades y usuarios. “El agua es una sola; la ley también debe ser una”, remarcaron.

Según el análisis presentado, el proyecto mantiene los Consejos de Cuenca sin corregir su sesgo a favor de grandes concesionarios, y conserva el Consejo Consultivo del Agua, dominado por intereses empresariales de sectores como minero, energético, inmobiliario, embotellador y constructor. En Jalisco —añadieron— existe incluso un capítulo estatal del Consejo Consultivo integrado por grandes acaparadores de aguas superficiales y subterráneas. Para los colectivos, sostener esos órganos reproduce una “participación” cerrada que excluye a comunidades indígenas, campesinas y ciudadanía.

La iniciativa, afirmaron, no rompe con el modelo de privatización de los organismos operadores, que ya ha mostrado resultados “desastrosos” en plazas como Quintana Roo, Puebla, Saltillo y Veracruz. En Jalisco, alertaron sobre el riesgo de un salto en la privatización del SIAPA si se consolida financiamiento externo bajo esquemas que abren paso a la gestión privada del servicio.

Además, denunciaron que el proyecto apenas menciona una vez el “derecho humano al agua” y plantea cumplirlo en seis etapas a lo largo de 60 años, una ruta que calificaron de inadmisible frente a la crisis hídrica y de saneamiento que vive el país. “No es aceptable relegar a medio siglo el cumplimiento efectivo del derecho”, señalaron.

Aunque la propuesta “reconoce” a los sistemas comunitarios y a los pueblos originarios, las redes sostienen que ese reconocimiento es nominal: no se les garantizan volúmenes ni se corrigen tarifas —que hoy pagan a nivel industrial— y, peor aún, se les clasifica como paraestatales vinculados a los ayuntamientos, lo que les arrebataría autonomía. Recordaron que en México existen alrededor de 28 mil sistemas comunitarios y que en Jalisco hay cientos; citaron el caso del sistema de El Refugio (Tala), que ya analiza los riesgos y demanda reconocimiento jurídico pleno.

Otro foco rojo es la figura de “reasignación” de derechos, que —advirtieron— formaliza el mercado del agua y deja en manos de Conagua la autorización de compraventas y transferencias, a pesar de los históricos señalamientos de opacidad y corrupción. A esto se suma el “fondo de reservas” que, en la práctica, sustituye a los bancos de agua para conectar compradores y potenciales vendedores, especialmente ejidos y comunidades. Y mientras hoy se puede extinguir una concesión por no uso a los dos años, la propuesta extendería ese plazo hasta seis, favoreciendo a grandes usuarios que acumulan títulos por décadas.

Jalisco: Chapala, acueductos, inmobiliarias y agua sucia

Desde la Ribera de Chapala, el Frente de Pueblos vinculó los riesgos de la iniciativa con los megaproyectos del Acueducto Presa Solís y el Acueducto Chapala–Guadalajara. Con un horizonte oficial de “derecho al agua” a 60 años, preguntaron qué quedará del mayor lago de México —y uno de los más grandes de América Latina— frente a contaminación y sequía. En el Área Metropolitana de Guadalajara denunciaron un boom inmobiliario que garantiza agua a complejos de alto costo mientras colonias populares reciben “agua chocolatosa” o de plano no les llega.

Colectivos de Jardines de la Paz y San Rafael criticaron además el desperdicio de manantiales que terminan al drenaje, y acusaron a Conagua de omitir inspecciones efectivas a industrias que descargan residuos en el Río Santiago. “En lugar de simulaciones de limpieza, exigimos verificación real, plantas de tratamiento y sanciones”, reclamaron.

Las redes articuladas en Jalisco fijaron tres exigencias centrales: abrogar la Ley de Aguas Nacionales; abrir un Parlamento Abierto efectivo para discutir todas las iniciativas, incluida la Ley Ciudadana “Agua para Todos”; y aprobar una sola Ley General de Aguas con carácter ciudadano que revierta acaparamiento, contaminación, privatización y mercantilización.

Anunciaron que impulsarán foros con legisladores federales y estatales, y que se suman a la campaña nacional “Una sola agua, una sola ley”. También adelantaron presencia en los espacios de Parlamento Abierto en la Ciudad de México para sostener, con argumentos técnicos y testimonios comunitarios, que el país necesita “buen gobierno del agua”: gestión pública con participación vinculante, prioridad al derecho humano en asignaciones y concesiones, control estricto de descargas y transparencia en títulos, volúmenes y padrones.

Para Jalisco —concluyeron—, eso significa proteger Chapala, sus manantiales y cuencas urbanas, frenar el sobreconcesionamiento y reorientar la política hídrica del estado hacia el interés público. “El agua no es mercancía. Es un derecho que debemos garantizar hoy, no en 60 años”.

Publicado originalmente en: https://www.somoselmedio.com/ley-general-de-aguas-organizaciones-alertan-por-riesgos-de-acaparamiento-y-simulacion-de-participacion/

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Fotografías Kaus Sirenio Pioquinto / Tatyi Savi

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2025.- En la antesala del 11º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres, acompañados por normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), realizaron un mitin frente al Campo Militar No. 1. La asamblea informó el orden del acto: “la intervención de dos compañeros padres, un representante jurídico, la representación de Ayotzinapa y los organismos de la FECSM… Al final, el himno ‘Venceremos’ y consignas”, se anunció al abrir el evento.

“Son 11 años de desgaste, de dolor, de angustia… lucharemos hasta encontrar a los 43 estudiantes”,señalaron desde el templete, insistiendo en la exigencia de que las instituciones federales y estatales entreguen toda la información del caso y se procese a los responsables “intelectuales y materiales” de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El padre Epifanio Álvarez tomó la palabra: “A 11 años… nos da mucha rabia que una institución que debería cuidar a la ciudadanía no lo haga. Tienen que entregar los 800 folios que faltan. Si no temen nada, ¿por qué no los entregan?… Aquí seguiremos de pie. Porque vivos se los llevaron”.

Después habló don Emiliano, quien situó la exigencia en la línea de investigación sobre Fuerzas Armadas: “El Ejército tenía infiltración en la Normal y monitoreó a los estudiantes. En el C4 de Iguala quedaron bajo su control las horas críticas… No daremos un paso atrás hasta que entreguen todo lo relacionado con el caso”.

Desde la representación de Ayotzinapa, Isidoro subrayó: “La mayor sombra ha sido este muro vestido de verde olivo que no hemos podido atravesar… Hay información en los archivos del Ejército. No es capricho venir aquí”.

Un integrante del comité estudiantil de la Normal recordó que teléfonos de estudiantes emitieron señal vinculada al Campo Militar No. 1 y llamó a la sociedad a empatizar: “Si tuvieran un familiar desaparecido, ¿qué harían?… Somos los de abajo y vamos por los de arriba”.

Distintos organismos de la FECSM reiteraron respaldo a las familias: “¿Por qué no entregan 800 folios? Porque saben que son culpables”, señalaron, y denunciaron que tres sexenios no han dado solución: “Ayotzinapa no olvida”.

Con el puño izquierdo en alto se entonó “Venceremos”, y la conducción pidió a los contingentes dirigirse a sus autobuses para continuar con el plan de movilización rumbo al 26 de septiembre.

Las familias anunciaron que mantendrán las acciones en la Ciudad de México y reiteraron su exigencia de acceso a la documentación militar: “Seguiremos señalando al Ejército por ocultar información. Porque vivos se los llevaron”.

Publicado originalmente en: https://www.somoselmedio.com/mitin-frente-al-campo-militar-no-1-reclaman-entrega-de-800-folios-del-caso-ayotzinapa/

Aunque buscaron dialogar con la Rectora General, Karla Planter, ésta mandó a hablar con las y los estudiantes al Secretario General, César Antonio Barba Delgadillo, quien tras escucharles informó que las elecciones no serían suspendidas y que los pliegos petitorios entregados serían revisados; sin embargo, a pesar de que les prometieron que se respetaría la toma indefinida de las instalaciones de Rectoría General, horas más tarde, fueron desalojados con violencia.

Cobertura por Leslie Zepeda / @lesszep con colaboración de Darwin Franco / @DarwinFranco / @ZonaDocs

“Nos encontramos hoy como estudiantes organizados de manera autónoma, por parte de varios centros universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG), realizando una toma de instalaciones en la Rectoría General de la UdeG”, así inició el comunicado que fue elaborado por diversos colectivos autónomos e independientes de la Universidad de Guadalajara, quienes este 10 de septiembre protestaron en Rectoría General con el objetivo de entregar a las autoridades universitarias diversos pliegos petitorios, así como exigir la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, a celebrarse el 25 de septiembre, hasta que no fueran atendidas sus demandas.

Este grupo de estudiantes provenientes de los Centros Universitarios de Ciencias Biológicas y Agropecuarios (CUCBA), Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA), Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y Ciencias de la Salud (CUCS), en la protesta, no sólo manifestaron su rechazo a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) -órgano institucional de representación estudiantil- sino que denunciaron que esta instancia ha sido sistemáticamente omisa, pues no escucha ni resuelve las necesidades de la comunidad estudiantil de la UdeG.

“Hemos conseguido establecer una mesa de diálogo con el Secretario General de la universidad, el maestro César Antonio Barba Delgadillo, y nuestro objetivo es que reciba los pliegos petitorios redactados por las distintas asambleas estudiantiles autónomas de la red universitaria, que incluyen a CUCBA, A CUCEI, a CUCS y a CUCSH.

No obstante, el resultado de esa mesa de diálogo con el Secretario General, César Antonio Barba Delgadillo, no fue lo que esperaban, pues éste les anunció que sería imposibles suspender las elecciones del Consejo General Universitario –máximo órgano de gobierno de la UdeG-, aunque les prometió dos cosas: revisar sus pliegos petitorios y respetar la toma indefinida de las instalaciones de la Rectoría General hasta que sus demandas fueran atendidas por la Rectora General, Karla Planter.

Sin embargo, la segunda promesa se desvaneció cuando trabajadores de la UdeG, alrededor de las 10 de la noche, desalojaron de manera violenta a las y los estudiantes que se encontraban dentro de la Rectoría General, tal y como se observa en estos videos difundidos por Movimiento Estudiantil CUCEI, Asamblea Estudiantil CUCS y la Unión de Juventud Revolucionario de México (UJRM):

Tras estos hechos, la Universidad de Guadalajara no emitió comunicado alguno, incluso, en sus redes sociales no hubo mención alguna a la protesta estudiantil. Silencio que se extendió a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), quien tampoco dijo palabra alguna.

Este último video enviado a ZonaDocs registra el momento en que un trabajador universitario da un puñetazo a uno de los estudiantes.

Alrededor de las 11 de la noche, los diversos colectivos estudiantiles emitieron este comunicado en el que denuncia la represión:

 Las demandas de las y los estudiantes autónomos

A través de diversos pliegos petitorios los colectivos estudiantiles de CUCBA, CUCS, CUCSH y CUCEA exigen soluciones inmediatas a la problemáticas de cupos en la inscripción de materias, a la falta de un transporte universitario, seguimiento a quejas contra personal docente en casos de acoso sexual y un alto a las acciones de vigilancia de las asambleas y actividades estudiantiles que se hacen de grupos que no son partidarios de la FEU.

En algunos casos, como el del estudiantado del CUCEI, también exigen:

• Reestructuración de horarios para eliminar empalmes y sobrecargas académicas.
• Ampliación de la planta docente y redistribución equitativa de los cupos.
• Eliminación de la baja automática por retraso en el pago de cuotas.
• Aumento de métodos de titulación en Licenciatura en Matemáticas añadiendo la titulación por publicación de artículo científico para quienes se dirigen a la investigación.
• Reapertura inmediata del Cubil de Física

Para quienes estudian en el CUCBA, centro universitario ubicado en la periferia de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sus principales demandas son:

• Ampliación de la cobertura y frecuencia de rutas de transporte público que conectan con el CUCBA, especialmente en horarios matutinos y vespertinos, ya que actualmente la saturación y la insuficiencia de rutas provoca que las y los estudiantes lleguen tarde a sus actividades académicas o que en algunos caso no puedan asistir.
• Garantizar de manera inmediata y permanente, el acceso a servicios de atención médica y psicológica especializada para las víctimas de violencia de género, acoso y hostigamiento
• Establecer un mecanismo eficiente y transparente para recibir, documentar y dar seguimiento inmediato a todas las denuncias por acoso y violencia de género. Este proceso debe garantizar la protección de las víctimas, la confidencialidad de los casos y la celeridad en la resolución de los mismos.
• Aplicación de sanciones ejemplares y proporcionales a los responsables de actos de acoso y violencia de género, de acuerdo con lo establecido en los protocolos universitarios.
• Resolver la falta de infraestructura adecuada, materiales y equipos en los laboratorios ha limitado severamente nuestra capacidad para desarrollar las habilidades necesarias para nuestro futuro profesional.
• Rehabilitación y reactivación inmediata de la planta piloto, esencial para la formación práctica en la Licenciatura de Ciencias de los Alimentos.
• Mantenimiento regular y restauración de laboratorios que actualmente están fuera de servicio o siendo utilizados como aulas, garantizando su uso exclusivo para actividades prácticas.
• Mantenimiento urgente de las instalaciones deportivas, incluyendo canchas, baños y vestidores, para garantizar condiciones adecuadas de uso.
• Establecimiento un programa integral y permanente para el control y erradicación de la fauna nociva (como roedores, insectos u otras especies peligrosas) en las instalaciones del centro. Este programa debe incluir medidas de saneamiento, desinfección y monitoreo constante para garantizar un ambiente seguro y saludable.
• Resolver la falta de infraestructura peatonal adecuada en CUCBA y alrededores obliga a estudiantes, docentes y trabajadores a transitar por la vía vehicular, exponiéndose a riesgos y dificultando el desplazamiento de personas con movilidad reducida.
• Implementación de programas de sensibilización y capacitación en salud mental dirigidos a docentes y personal administrativo. Estos programas deben estar diseñados para fomentar un entorno educativo respetuoso, comprensivo y libre de estigmas, donde las y los estudiantes se sientan apoyados en sus necesidades emocionales y psicológicas.

Para las estudiantes del CUCSH, las demandas que requieren sean atendidas son:

• Reconocimiento de espacios estudiantiles como entornos de resistencia y diálogo intercultural.
•  Respeto a expresiones artísticas, políticas y culturales.
• No intervención de la FEU en la autonomía estudiantil.
• Fin de represalias contra la organización estudiantil.
• Baño neutro por edificio
• Mantenimiento urgente de aulas, bancas del E, baños y áreas comunes.
• Agua potable gratuita.
•  Solución a la descarga de aguas residuales en la cañada del huerto y centro biocultural.
• Cambiadores para bebés en los baños para estudiantes ejerciendo maternidad/paternidad
• Áreas de recreación y deporte (gimnasio al aire libre)
•  Comedor universitario subsidiado y nutritivo (ante encarecimiento de alimentos).
• Atención médica, psicológica y nutricional gratuita.
• Distribución gratuita de toallas sanitarias.
• Transporte universitario digno y suficiente.
•  Mejora de condiciones laborales del personal de seguridad (sombra, áreas dignas).
• Aumento de cupos en materias comunes y especializantes.
• Contratación estable de personal docente (actualmente con alta rotación yprecariedad).
• Evaluación docente con participación estudiantil.
•  Inclusión de lenguas indígenas en la oferta educativa.
• Protocolos eficaces contra acoso, hostigamiento y violencia.
• Espacio de tolerancia para consumo de cannabis

Finalmente, estudiantes del CUCS en su pliego petitorio exigen a las autoridades universitarias:

• Comedor universitario gratuito o subsidiado por la universidad; en caso del subsidio que éste garantice un precio bajo para todos los estudiantes.
• Eliminación de la cuota semestral, garantizando el derecho a una educación gratuita. En su defecto acceso a condonaciones sin tener que pasar por un procesos revictimizante y burocrático.
• Transporte Universitario con rutas accesibles para los estudiantes.
• Ampliar las modalidades de titulación y eliminar la obligatoriedad de tesis para graduarse.
• Becas para estudiantes que estudian y trabajan, que realizan prácticas profesionales o servicio social.
• Ruptura de relaciones con cualquier relación con entidades vinculadas a Israel, incluyendo convenios y acuerdos de cooperación académica, cultural y de investigación.
• Reforma a la ley orgánica de Universidades de Guadalajara que permita una estructura democrática de representación, (Una estructura diferente al Consejo General Universitario)
• Investigar los casos de violencia, física, sexual y de género. Al igual que de intimidación y abusos realizados por miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios.
• Respeto al derecho a la libre protesta de los estudiantes, el derecho a huelga y a paro; garantizando la seguridad de los estudiantes organizados.
• Dar seguimiento a los pliegos petitorios, oficios, cartas y demandas que el estudiantado solicite a las autoridades universitarias.
• Movilización inmediata de recursos económicos, logísticos y humanos de la Universidad para apoyar de manera directa a los colectivos de búsqueda y a las familias de las víctimas, facilitando instalaciones, transporte, equipos de comunicación y todo lo necesario para las labores de localización.
• Garantizar espacios físicos y virtuales permanentes dentro de todos los centros universitarios y dependencias para la visibilización de lxs compañerxs desaparecidxs (vallas, murales, stands informativos), asegurando que sus rostros y nombres nunca sean olvidados por la comunidad universitaria.

Publicado originalmente en: https://www.somoselmedio.com/estudiantes-de-la-udeg-son-reprimidos-tras-realizar-toma-pacifica-de-instalaciones-de-rectoria-general/

En este entorno, sostener un medio libre e independiente significa no solo desafiar al poder político y económico, sino también enfrentarse a una lógica digital que invisibiliza lo profundo, penaliza la crítica y privilegia la distracción.

La investigadora María Consuelo Lemus Pool lo resume con claridad en su estudio Procesos, prácticas y actores de comunicación alternativa digital en el contexto mexicano (2018), donde documenta seis experiencias de medios alternativos, entre ellos Somoselmedio, Radio Zapote, Rompeviento y Las Abejas de Acteal. A pesar de sus diferencias, todos comparten una convicción ética y un profundo compromiso con su realidad. Son proyectos que nacen del trabajo colectivo y de una apuesta por la autonomía, impulsados por la urgencia de disputar el sentido común, abrir espacios para las voces históricamente silenciadas y aportar, desde la palabra y la acción, a la transformación social. Su fortaleza no está en los grandes recursos, sino en la coherencia entre lo que hacen, lo que dicen y lo que defienden.

Lemus propone entender estos medios no como simples canales de difusión, sino como espacios de organización y acción colectiva, donde se redefine la participación, la horizontalidad y el mensaje contrahegemónico. Lo alternativo no está en el formato, sino en la práctica; no en la forma, sino en el fondo. “Sin discurso alternativo no hay medio alternativo”, recuerda Lemus citando a Máximo Simpson. Y ese discurso nace del contacto directo con los pueblos, con las víctimas, con quienes han sido sistemáticamente silenciados.

Pero construir y sostener un medio independiente en el México neoliberal implica también enfrentar limitaciones materiales profundas: escaso financiamiento, nulas garantías de seguridad, falta de institucionalidad pública que respalde estas iniciativas, y un sistema legal que castiga más a quien informa que a quien violenta. A pesar de ello, hay quienes siguen levantando micrófonos, cámaras y sitios web como trincheras de sentido.

Desde su origen, los medios alternativos nacieron para subvertir las reglas del juego. Lemus los clasifica en tres niveles: desestructurados (como Hij@s de la Tierra), estables (como Somos el Medio) y consolidados (como Rompeviento o Radio Zapote), según sus niveles de organización y sostenibilidad. Pero todos tienen algo en común: operan desde el compromiso, desde una ética que se asume incluso cuando no hay paga, reconocimiento o likes.

En lo personal, como fundador de SomoselMedio, puedo dar fe de lo difícil que es mantener vivo un medio sin los respaldos de la publicidad oficial ni de los grandes capitales. Durante años, este proyecto ha sido sostenido por jóvenes estudiantes, freelancers, comunicadores, periodistas y activistas, convencidos de que el periodismo debe tener sentido social, que debe incomodar al poder y que es posible narrar otras historias con dignidad.

Los medios libres no solo informan, también organizan. Tejen redes con movimientos sociales, generan comunidad, acompañan luchas territoriales, cubren protestas ignoradas por los grandes consorcios, traducen la indignación colectiva en lenguaje periodístico y proponen nuevas formas de entender lo público. No buscan competir con las televisoras, sino desbordarlas. No imitan el modelo hegemónico: lo desarticulan.

En un momento donde el algoritmo dicta qué ver y el clic define qué vale la pena, los medios independientes resisten desde el acompañamiento, el análisis y la empatía. Lo hacen con responsabilidad, con compromiso y con una mirada crítica que incomoda al poder. Su principal fortaleza está en su vínculo con la gente, en la confianza ganada a pulso, en la credibilidad que se construye cara a cara, marcha a marcha.

Hoy, más que nunca, necesitamos medios que escapen del espectáculo, que privilegien el contexto, que abran espacio a la complejidad. Medios que no teman al conflicto ni a la memoria.

Defender el periodismo independiente es defender una forma de democracia más amplia, más participativa, más justa. Y por eso, esta columna es también un reconocimiento a quienes, desde distintos rincones del país, siguen escribiendo, grabando, fotografiando e investigando desde la trinchera de lo independiente. Porque si hay esperanza, está en sus relatos.

En SomoselMedio creemos en un periodismo que informa, acompaña y transforma. Pero sostener este esfuerzo colectivo requiere también del apoyo de quienes creen en la importancia de contar las historias que otros callan. Si te mueve lo que hacemos y quieres ser parte de esta red de resistencia informativa, te invitamos a sumarte a nuestro proyecto a través de Patreon.

Publicado originalmente en: https://www.somoselmedio.com/periodismo-independiente-narrar-para-resistir/

12 de noviembre de 2024, Oaxaca, México.-  Tras cinco días de intensas jornadas de trabajo, diálogo y reflexión, más de 250 personas de los cinco continentes se reunieron en el Encuentro Global por el Clima y la Vida – ANTICOP 2024 donde denunciaron las crecientes amenazas a los pueblos y territorios del Sur Global, la crisis climática y la falta de acción de los organismos internacionales y gobiernos. El encuentro se caracterizó por ser un espacio autónomo y descentralizado para tejer alianzas y articular luchas colectivas en defensa de la tierra, el agua y la vida.

A través de un pronunciamiento, el ANTICOP 2024, resaltó que, a través de la unidad en la diversidad, los pueblos presentes reflejan una historia común de resistencia frente al despojo y la explotación. Aunque existen diferencias culturales, los participantes coincidieron en que los desafíos, sufrimientos y devastaciones generados por el extractivismo y los megaproyectos son compartidos y, por ello, urgen una respuesta conjunta y solidaria.

Una de las denuncias centrales fue el impacto que la ultraderecha, en particular el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que podría tener en la justicia climática y los derechos humanos de las personas racializadas y migrantes. En el contexto actual de un resurgimiento de políticas nacionalistas, xenófobas y coloniales, los pueblos del Sur Global explicaron que se encuentran, una vez más, en la línea de fuego, expuestos a desplazamientos, violencia estructural y despojo de sus territorios.

Otro de los temas que abordaron durante el encuentro fue la crisis hídrica y la necesidad de repensar el ciclo del agua. Los pueblos del Encuentro reiteraron que el agua es un derecho fundamental y no una mercancía. Propusieron soluciones comunitarias como la gestión autónoma del agua, la captación de lluvia y la instalación de sistemas de filtración, en un intento por asegurar su derecho al agua y proteger este bien común frente a los intereses privados.

El pronunciamiento final también hizo un llamado a la educación ambiental intercultural, buscando sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar y defender la naturaleza. Esta educación, plantearon, debe nutrirse de conocimientos científicos y saberes ancestrales. Además, los asistentes acordaron la creación de una red global, una “AntiCOP”, que permitirá coordinar acciones a nivel mundial, visibilizar las luchas locales y fortalecer la resistencia en defensa de los derechos de los pueblos y la justicia climática.

Para hacer frente a los desastres climáticos, ANTICOP 2024 propuso la creación de un fondo autónomo, libre de intermediarios, que responda de manera directa a las necesidades de las comunidades afectadas por eventos extremos. Además, anunciaron movilizaciones hacia la COP30 en Belén, Brasil, en 2025, con caravanas de protesta que visibilicen la crisis climática y los efectos devastadores de los megaproyectos en los territorios del Sur Global.

Ante el aumento de agresiones contra defensores ambientales, ANTICOP 2024 exigió la creación de espacios seguros y mecanismos de apoyo legal y psicológico para los activistas. Asimismo, propusieron la creación de un catálogo de buenas prácticas que difunda estrategias y acciones efectivas en la defensa de los territorios, resaltando el compromiso colectivo en la construcción de una red de apoyo global.

Finalmente, el encuentro concluyó con una firme convicción de que solo la unidad y la organización permitirán hacer frente a las múltiples crisis. Los pueblos del Sur Global enfatizaron la urgencia de construir un nuevo orden económico, anulando las deudas impuestas y recuperando los bienes saqueados, para lograr autonomía económica y alimentaria en sus comunidades.

Publicado originalmente en: https://www.somoselmedio.com/anticop-2024-un-llamado-global-desde-oaxaca-en-defensa-de-la-tierra-el-agua-y-la-justicia-climatica/

Organizaciones, colectivos, académicos y defensores de derechos humanos emitieron un llamado urgente a las autoridades de Yucatán para detener el proceso judicial contra Wilberth Nahuat Puc, subcomisario del pueblo maya de Santa María Chí y reconocido defensor ambiental.

La convocatoria se realizó luego de que Nahuat Puc fuera citado a comparecer el 7 de noviembre en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial de Mérida, en el contexto de un proceso penal que enfrenta por los supuestos delitos de despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad.

Nahuat Puc ha liderado la resistencia de la comunidad de Santa María Chí contra la granja porcícola “Santa María”, de la empresa Pecuaria Peninsular, propiedad de Oswaldo y Francisco José Loret de Mola. La instalación, ubicada a escasos 15 metros de las viviendas, alberga aproximadamente 49,000 cerdos y opera en la subzona de tránsito del Anillo de Cenotes, una región de importancia ecológica en el estado. Diversos ecosistemas y cuerpos de agua, incluidos los cenotes Xpuchil y el Altillo, se encuentran en las cercanías, y según las denuncias, han sido gravemente afectados por la actividad porcícola.

Los habitantes de Santa María Chí, representados por sus tutores y con el apoyo de Nahuat Puc como autoridad comunitaria, presentaron demandas de amparo contra la granja y autoridades ambientales como SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA. Estas acciones legales destacan violaciones al derecho a la salud, al agua y al medio ambiente sano, debido a que la granja funcionó durante 30 años sin consulta previa y sin manifestación de impacto ambiental, incumpliendo con las disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Yucatán, que considera incompatible la actividad porcícola en esta región.

La denuncia penal contra Nahuat Puc, impulsada por la apoderada legal de la granja, Beatriz Arely Uitzil Álvarez, se basa en un evento ocurrido el 14 de mayo de 2023, cuando la comunidad impidió de manera pacífica el ingreso y salida del personal de la granja en protesta por las afectaciones ambientales. La Fiscalía General del Estado de Yucatán consignó la carpeta de investigación P1-P1/22/2024 en su contra, lo que activó el proceso que hoy amenaza su libertad y continúa generando inquietud en la comunidad.

Este caso no es aislado. En 2023, habitantes de Sitilpech, en Izamal, también enfrentaron represión por su oposición a un megaproyecto porcícola que afectaba su entorno. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), México es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales; en 2023, se registraron 123 agresiones contra activistas ambientales, 20 de las cuales resultaron en muertes.

Ante lo que consideran un acto de criminalización que favorece intereses empresariales sobre el bienestar comunitario, las organizaciones firmantes del comunicado exigieron al gobernador de Yucatán, al Fiscal General del Estado y a la jueza Silvia Elena Torres Cobá que se desestime la vinculación a proceso de Nahuat Puc y se cierre toda investigación relacionada con su labor de defensa de derechos humanos.

Además, exhortaron a las Comisiones de Derechos Humanos estatal y nacional a investigar la criminalización de Nahuat Puc y emitir medidas cautelares para proteger su libertad e integridad física. Por último, demandaron al gobierno estatal y federal cesar la promoción de megaproyectos en territorios mayas, ya que, afirman, vulneran la autodeterminación de las comunidades indígenas, afectan su territorio y fracturan su tejido social.

La audiencia de imputación contra Wilberth Nahuat Puc se celebrará en el Centro de Justicia Oral de Mérida, donde se definirá el curso del proceso judicial. Las comunidades indígenas y sus aliados informaron que estarán atentos, en defensa de su derecho a proteger su tierra y su salud ante las amenazas de proyectos que consideran perjudiciales.

Publicado originalmente en: https://www.somoselmedio.com/exigen-detener-la-criminalizacion-de-wilberth-nahuat-puc-lider-maya-y-defensor-ambiental-en-yucatan/

Por Denisse Ureña/ @denisseure_

Ciudad de México, 06 de septiembre del 2024.- Después de una larga espera y represión por parte de golpeadores en Xochimilco, así como de las autoridades del Ministerio Público en Tlalpan, activistas que luchaban contra la criminalización de Hortensia Telesforo fueron finalmente liberados alrededor de las 23:00 horas del 05 de septiembre. Continúan las exigencias de justicia y la eliminación cargos hacia la defensora del territorio.

A partir de la tarde de este jueves pasado, manifestantes en favor de la defensora Telésforo, fueron gravemente agredidos por golpeadores en la alcaldía Xochimilco, mientras se pronunciaban en contra de la carpeta de investigación hacia la compañera, por la recuperación del espacio Casa del Pueblo Tlamachtiloyan.

Durante los sucesos de la alcaldía, se detuvieron arbitrariamente a varios activistas, dentro de los que se encontraron Anselma Margarito Francisco (Comunidad Otomí), Jorge Manuel Cancino García (Conciencia y libertad UNAM), Uriel García Rojas (Conciencia y libertad UNAM). Roberto Rodríguez Contreras (Coordinación Metropolitana) y Penélope Estefanía Galicia Argumedo (radio Zapote).

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De acuerdo con el comunicado del Congreso Nacional Indígena, en las instalaciones de la fiscalía de la alcaldía de Tlalpan, miembros de la comunidad Otomí y organizaciones “fueron cercados y reprimidos con violencia, mediante el uso de gases lacrimógenos y golpes, fueron cercados por policías, hasta que se liberó a los detenidos.”

Asimismo, por medio de las redes sociales de Diego García Bautista, se viralizó una transmisión en donde los compañeros luego de su liberación emitieron mensajes que narraron lo sucedido desde su vivencia.

Mencionaron que la libertad lograda de sus compañeros fue a base de una represión brutal, por 30 golpeadores en la explanada de la Alcaldía Xochimilco y 500 granaderos reportados por la Coordinación de Pueblos de Xochimilco.

Se responsabilizó a la alcaldesa sustituta Juana Onésima Delgado, José Carlos Acosta Ruiz diputado federal de Morena y Francisco Pastrana Basurto, titular responsable del área jurídica y de gobierno, como culpables directos de la persecución ante el sometimiento y fabricación de delitos en contra de los activistas.

Se enunció una clara violación a los derechos humanos y condenaron la fragante violación a la libertad de tránsito, la flagrante violación a la libertad de reunión de organización, añadiendo que la salida de las compañeras y compañeros se debió a la lucha y la resistencia de los asistentes.

“Creo que, en lo personal, nunca pensé que fueran a llegar alrededor de 50 o 60 golpeadores que salieron al mercado de Xochimilco y llegaron con palos con navajas, incluso hubo detonación de arma de fuego. Los mismos policías que nos llevaban en la camioneta, se asombraron diciendo que había armas de fuego como culpándonos.”

Anselma Margarito, miembro de la comunidad otomí, también comentó parte de las agresiones que vivió dentro de las instalaciones del Ministerio Público, donde expresó el abuso recibido de dos servidoras públicas.

“A mí sí me sí me quisieron ahorcar, la policía que se llama Karina y Frías, ellas dos, una me soltó una cachetada cuando yo quise decirle a los compañeros que se calmaran y me dijo ¿tú qué? … y me dijo que yo tuve la culpa de que le puse el pie a ella y que se cayó y que ahora yo iba a ver allá adentro, a ver cómo me iba, porque ellos me iban a pegar.”

La maestra y defensora Hortensia Telésforo, también describió a la movilización como “reveladora y tremendamente triste”.

A su vez, informó que seis compañeros de Atlapulco fueron heridos y antes de ser atendidos y medicados, levantaron su denuncia.

“algunos tuvieron que saturarlos, hay un compañero que tiene problemas en la quijada, otro está en oftalmología. Estamos haciendo la revisión de cada uno de los compañeros han estado reportándose algunos a cuentagotas, porque unos no hicieron la denuncia porque se fueron directamente a atenderse.”

Mientras tanto, externo el apoyo obtenido y el agradecimiento por una lucha en conjunto, así como la preocupación por los activistas lesionados durante la represión.

“me da una pena enorme el que hallaban tenido que sufrir muchos de nosotros, hemos estado sufriendo en esa alcaldía, no es la primera vez, estas son los grandes problemas que tenemos para ir construyendo la autonomía en los pueblos. No les interesamos porque somos pueblitos porque al final de cuentas ellos piensan que somos de menor rango, de menor de menor valía.”

Por su parte, a través de la transmisión realizada por Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, se dió a conocer la continúa exigencia la liberación de cargos hacia la maestra Telésforo y se hizo un recuento de los hechos a causa del comunicado lanzado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de cuestionar lo declarado por las autoridades.

“En los vídeos se ve que son personas encapuchadas vestidas todas de negro que llegan directamente a golpear a los vecinos y habitantes de los pueblos de Xochimilco, algunos compañeros los tiraron y ya estando en el suelo, 45 personas de este grupo de choque los empiezan a patear en el piso.”

Se narró que, ante la detención de las 5 personas durante la manifestación en la Alcaldía de Xochimilco y en medio de la confusión general, no se percataron de la ausencia de sus compañeros.

Ante la incertidumbre, se dirigieron a la Fiscalía de Xochimilco, para solicitar información sobre los detenidos, quienes fueron considerados como “levantados” o “desaparecidos” en ese momento. Sin embargo, la Fiscalía expresó que no podía proporcionar detalles sobre el paradero de los involucrados.

“La Fiscalía nos comentó que a quienes fueron a manifestarse, no podían dar información de dónde estaban. Fueron tres horas aproximadamente en los que no supimos nada de los compañeros y de las compañeras, fue un acto muy grave porque fue una acción conjunta entre los golpeadores, ante el grupo de choque y los policías…posteriormente, nos enteramos de que ya estaban en la Joya y en Tlalpan, los habían trasladado hasta allá.”

Finalmente, el Frente por la Defensa de Pueblos y Barrios del Anáhuac, emitió un comunicado donde se expresó un régimen de terror para los habitantes del pueblo, ya que la última acción realizada por la Alcaldía, “ha consistido en criminalizar a la maestra Hortensia Telésforo por dar su tiempo para que funcione una casa de cultura del pueblo de San Gregorio Atlapulco. Sin recibir nada a cambio, participa con el pueblo para dar talleres, foros, clases, asesorías, de forma gratuita.”

Comentaron que lo suscitado la tarde y noche del jueves 05 de septiembre, no fue un caso aislado que evidencie la complicidad estructural a plena luz del día.

Por ello, se le señalo a Claudia Sheinbaum la falta de acción como jefa de Gobierno. Mientras que, se agregó a los responsables a la próxima jefa de Gobierno, Clara Brugada “por empoderar a los represores de los pueblos y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por su comunicado victimizante.”

Se les exigió hacerse responsables de lo cometido y realizar acciones correspondientes para destituir a los represores del pueblo de Xochimilco y Ciudad de México, así como el retiro de la denuncia penal contra Hortensia Telésforo.

Expusieron a su vez, a través de redes sociales, que el gobierno federal reconoció el inmueble de la casa de cultura Tlamachtlinollan como no perteneciente del patrimonio de las autoridades gubernamentales, afirmado en un documento oficial emitido.

Reiteraron la lucha incansable por la justicia, como la recuperación del territorio y derechos humanos hacia los pobladores de Xochimilco y demás pueblos, barrios, colonias originarias.

Publicado en: https://www.somoselmedio.com/liberacion-activistas-de-telesforo-xochimilco/

¡Que vibra el rock! Es un documental dirigido por Omar Salinas “Cuatzi” y Martin Anguiano que aborda los conciertos masivos que se realizaron principalmente en Ciudad Universitaria de la UNAM en la ciudad de México en los años 90s.

El documental retrata los conciertos emblemáticos de bandas como San Sabina, Botellita de Jerez, Café Tacvba, La Maldita Vecindad entre muchas otras.

Tomado de: https://www.somoselmedio.com/que-vibra-el-rock-cronicas-de-los-masivos-de-c-u/

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