Exguerrilleros, estudiantes y colectivos de memoria se reunieron en el barrio de San Andrés para recordar la fundación de la organización guerrillera surgida en 1973 y reflexionar sobre la Guerra Sucia, las luchas sociales y la vigencia de las demandas populares.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo Fotografías: Shiebi Aguilar / @ShiebiAl

Guadalajara, Jalisco, 14 de marzo 2026.- En la plaza del barrio de San Andrés, en Guadalajara, exguerrilleros, estudiantes, organizaciones y colectivos de memoria se reunieron para conmemorar el 53 aniversario de la fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), una de las organizaciones guerrilleras que confrontó al régimen mexicano durante las décadas de 1960 y 1970.

El acto político-cultural se desarrolló como un espacio de memoria histórica y reflexión colectiva sobre la llamada Guerra Sucia en México. Durante la jornada se realizaron pronunciamientos, conversatorios y la participación del trovador Lupillo Zepeda y el grupo de rap Vientos del Pueblo.

En el encuentro, Antonio Orozco Michel dio lectura a un pronunciamiento en el que se recordó el proceso político e ideológico que desembocó en la conformación de la Liga Comunista 23 de Septiembre en marzo de 1973, precisamente en la ciudad de Guadalajara.

El mensaje fue abierto con una cita atribuida a Ignacio Arturo Salas Obregón, conocido como “Oseas”, uno de los principales dirigentes de la organización:

“No importa si el precio que tenemos que pagar es alto, no es momento de lamentaciones. La experiencia que adquiriremos pagará con creces las dolorosas e indignantes pérdidas. Han caído muchos camaradas en el camino, seguramente caerán más. La lucha contra el capital no puede ser fácil ni dulzona. Pero el proletariado no tiene nada que perder, más que sus cadenas; tiene en cambio un mundo que ganar”.

Durante su intervención, Orozco Michel señaló que la creación de la LC23S fue el resultado de un proceso político que se había gestado años atrás, marcado por debates ideológicos dentro de la izquierda mexicana y por la radicalización de distintos sectores sociales tras la represión del movimiento estudiantil de 1968.

Según el pronunciamiento, la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas evidenció el carácter represivo del Estado mexicano frente a las demandas de estudiantes, trabajadores y sectores populares. Para distintos grupos de la izquierda revolucionaria, ese momento histórico marcó un punto de inflexión que llevó a replantear las estrategias de lucha política en el país.

En ese contexto, la figura de Raúl Ramos Zavala fue mencionada como uno de los referentes teóricos y políticos que impulsaron la idea de construir una organización revolucionaria con alcance nacional. Tras su muerte, otros militantes como Ignacio Salas Obregón y Diego Lucero impulsaron la propuesta de unificar a diversos grupos político-militares que operaban en el país.

La fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre en marzo de 1973 representó, de acuerdo con el pronunciamiento, un intento de superar la dispersión organizativa del movimiento armado y construir una estructura política que articulara la lucha revolucionaria en distintas regiones de México.

La LC23S surgió de la articulación de diversas organizaciones guerrilleras que operaban en diferentes estados del país. Entre ellas se encontraban Los Procesos, Los Lacandones, el Movimiento Estudiantil Profesional, Los Enfermos, el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), Los Guajiros, Los Macías y el Movimiento de Acción Revolucionaria 23 de Septiembre.

La organización tomó su nombre del asalto al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, ocurrido el 23 de septiembre de 1965, considerado uno de los antecedentes más importantes de la lucha guerrillera contemporánea en México.

Durante la década de 1970, la Liga Comunista 23 de Septiembre desarrolló acciones de organización política, propaganda y operaciones guerrilleras en distintas regiones del país, al tiempo que editaba el periódico clandestino Madera, que funcionaba como órgano político de la organización.

El pronunciamiento leído durante la conmemoración también recordó que la organización fue objeto de una intensa ofensiva represiva por parte del Estado mexicano.

Diversos operativos militares y policiacos fueron desplegados para desarticular a la organización, incluyendo la participación de cuerpos contrainsurgentes como la llamada Brigada Especial —conocida como Brigada Blanca—, que operó durante los años setenta en el marco de la estrategia contrainsurgente del Estado.

Durante ese periodo, numerosos militantes fueron detenidos, torturados, ejecutados o desaparecidos, en lo que hoy es reconocido como parte de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia en México.

A pesar de la represión, la organización mantuvo su actividad durante varios años, particularmente en la elaboración y distribución del periódico Madera, que alcanzó decenas de números durante su circulación clandestina.

En el pronunciamiento también se planteó que muchas de las problemáticas denunciadas por la organización en la década de 1970 continúan presentes en la actualidad.

Entre ellas se mencionaron la desigualdad social, la precarización del trabajo, la concentración de la riqueza y los conflictos socioambientales derivados de la explotación de recursos naturales. Asimismo, se hizo referencia al contexto de violencia que atraviesa el país, marcado por miles de desapariciones y la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos.

El mensaje también incluyó referencias al contexto internacional actual. En el pronunciamiento se advirtió sobre lo que los participantes describieron como un escenario global marcado por la disputa por recursos naturales y el avance de conflictos geopolíticos. En ese sentido, se señaló que “la situación internacional evoluciona negativamente ante la ambición desmedida del imperialismo de apropiarse de los recursos naturales y energéticos de los demás pueblos”.

En el documento también se mencionaron diversos conflictos contemporáneos, entre ellos el “genocidio cometido contra el pueblo de Gaza”, las “amenazas contra Cuba”, las tensiones con Venezuela y la reciente agresión contra Irán, situaciones que —se afirmó— colocan al mundo “al borde de una guerra con armas nucleares y en riesgo absoluto de destrucción de las condiciones para la vida en el planeta”.

La conmemoración en el barrio de San Andrés se inscribe dentro de una serie de iniciativas impulsadas por colectivos, organizaciones sociales y sobrevivientes de la represión estatal que buscan recuperar la memoria histórica de las luchas sociales en México.

Guadalajara fue uno de los territorios donde operaron diversas organizaciones político-militares durante los años setenta, y también uno de los escenarios de la estrategia contrainsurgente del Estado mexicano.

Por su parte, la Fiscalía General de la República tras meses de silencio informó que tiene un avance del 64.4% en el procesamiento de evidencias localizadas en el rancho, pero insiste en su idea de que sólo fue un centro de entrenamiento, no un sitio de exterminio.

Por Darwin Franco / @DarwinFranco

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 11/2026 a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por vulnerar derechos humanos en la investigación realizada en el inmueble conocido como “Rancho Izaguirre”.

El 18 de marzo de 2025, este organismo nacional atrajo la investigación por presuntas violaciones a derechos humanos. En seguimiento, personal de la CNDH acudió al lugar los días 19 y 20 de marzo de 2025 para realizar diligencias de observación y reconocimiento. El sitio se encontraba asegurado por la Fiscalía estatal, instancia que tuvo a su cargo el levantamiento y aseguramiento de indicios, evidencias, objetos, instrumentos y productos que podrían estar vinculados con hechos delictivos.

A partir del análisis de las evidencias contenidas en el expediente de queja, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia, atribuibles a personas servidoras públicas de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

La Comisión señaló que la investigación se originó a partir de los hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional puso a disposición de la Fiscalía local a 10 personas detenidas, acordonó el inmueble y solicitó su aseguramiento. En el sitio se reportó la presencia de siete vehículos automotores, armas de fuego, diversos objetos de interés criminalístico, indicios de naturaleza balística y un elemento óseo.

Posteriormente, el 3 de octubre de 2024 se instruyó a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizar una búsqueda y exploración exhaustiva del inmueble para localizar posibles sitios de inhumación vinculados con personas desaparecidas. Como resultado, se localizó un lote óseo y diversos objetos que no fueron asegurados, clasificados, inventariados ni registrados en el dictamen correspondiente. Asimismo, algunas evidencias localizadas dentro del inmueble no fueron mencionadas ni sometidas a procesamiento pericial.

La CNDH determinó que el personal de la Fiscalía estatal y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no llevó a cabo de manera integral el procesamiento técnico de todos los indicios localizados, particularmente en su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado, lo que afectó la preservación del lugar de los hechos y la eficacia de la investigación.

El organismo también señaló que, pese a existir un documento de Mando y Conducción fechado el 18 de septiembre de 2024 en el que se instruía realizar registros de inspección, aseguramiento y cadena de custodia en caso de encontrar indicios, en el expediente no se localizaron constancias que acreditaran el aseguramiento de varias prendas ni la elaboración de los registros correspondientes.

Respecto al hallazgo de los siete vehículos automotores en el inmueble, tampoco se localizaron dictámenes periciales que acreditaran que éstos hubieran sido sometidos a un procesamiento técnico integral. Además, tres de ellos fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024, lo que, de acuerdo con la CNDH, evidencia que la Fiscalía de Jalisco incumplió su obligación de asegurar el inmueble, el cual estaba relacionado con los hechos delictivos investigados.

El 4 de febrero de 2025, una persona servidora pública de la Fiscalía estatal recibió informes de personal de la Policía Investigadora que, al acudir nuevamente al sitio conocido como “Rancho Izaguirre”, observó que el inmueble se encontraba indebidamente asegurado y que, al ingresar, se detectaron posibles evidencias e indicios sin que se advirtiera la continuidad de actos de investigación para esclarecer los hallazgos.

La CNDH informó que también documentó que el 19 de marzo de 2025 se emitió el dictamen de genética sobre muestras biológicas encontradas en el inmueble. Sin embargo, dichas muestras habían sido recabadas y entregadas para su estudio desde el 20 de septiembre de 2024, por lo que su comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas y su resguardo para futuras confrontas se realizó hasta marzo de 2025, lo que el organismo consideró un retraso injustificado.

Asimismo, el 20 de marzo de 2025 se permitió el ingreso de personas al inmueble pese a que el lugar se encontraba en proceso de intervención pericial. Aunque el acceso se pretendió realizar de forma controlada, el número de participantes provocó la pérdida de control del área y la alteración del sitio y de los indicios que potencialmente podían encontrarse ahí.

La Comisión también advirtió que los elementos probatorios recabados en el lugar se encuentran publicados en la página oficial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mediante un archivo electrónico que clasifica y describe 1,842 indicios con su registro fotográfico. Sin embargo, respecto de estas evidencias tampoco se aseguró debidamente la cadena de custodia.

Ante estos hechos, la CNDH concluyó que las omisiones detectadas evidencian deficiencias sistemáticas que vulneraron los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia.

Por ello, el organismo solicitó a las personas titulares de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizar, en un plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos.

También recomendó elaborar o actualizar protocolos de actuación para la correcta preservación y aseguramiento de los lugares de intervención y sus hallazgos, así como para el procesamiento técnico-científico de indicios, el manejo de la cadena de custodia y la generación de dictámenes periciales confiables.

Además, la Fiscalía de Jalisco deberá colaborar en el procedimiento administrativo que la CNDH inicie ante su Contraloría Interna contra las personas servidoras públicas señaladas en la recomendación e implementar un ciclo de formación especializado en derechos humanos y conducción de investigaciones.

Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tendrá que colaborar en el seguimiento de las carpetas de investigación en trámite, participar en el procedimiento administrativo correspondiente e implementar capacitación especializada en procesamiento técnico de indicios, manejo de la cadena de custodia y elaboración de productos periciales confiables.

En la recomendación, pese a que la Fiscalía General de la República atrajo el caso desde marzo de 2025 y, a la fecha, no ha ofrecido información puntual sobre los trabajos periciales y de investigación que ha realizado, la CNDH no hace ningún señalamiento ni un descarte de responsabilidades, esto a pesar de que familias buscadoras, en el marco del proyecto periodístico Las Prendas Hablan, han denunciado que esta dependencia federal les ha negado el acceso a la identificación de las prendas.

Por su parte, el Colectivo Guerreros Buscadores reaccionó a esta recomendación señalando que ésta confirma lo que habían denunciado desde que ingresaron al Rancho Izaguirre en marzo de 2025:

“Esta recomendación confirma algo que las familias hemos denunciado desde el inicio: existieron graves omisiones por parte de las autoridades encargadas de la investigación, particularmente en el resguardo del lugar, en el procesamiento de los indicios y en la preservación de la evidencia. Estas fallas vulneraron el derecho de las víctimas y de sus familias a la verdad y a la justicia”.

Al tiempo que exigieron a las autoridades no ocultar la verdad sobre lo que pasó:

“Lo ocurrido en el Rancho Izaguirre no fue únicamente una serie de irregularidades administrativas en una investigación. Fue un lugar donde hubo muerte, donde hubo asesinatos y donde se encontraron restos humanos calcinados. Esa realidad debe ser reconocida con toda claridad. Las familias no buscamos confrontación, buscamos verdad. Y la verdad completa implica reconocer la gravedad de lo ocurrido, esclarecer los hechos y garantizar que haya responsabilidades reales para quienes permitieron que estas omisiones sucedieran”.

FGR reporta un avance del 64.4% en el procesamiento de evidencias localizadas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, en un comunicado de prensa, una seria de avances en la investigación y en las acciones de búsqueda relacionadas con los hechos ocurridos en el predio conocido como Rancho Izaguirre. De acuerdo con la institución, las indagatorias han determinado que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento donde se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y simulaciones tácticas, además de que presuntamente se reclutaba de forma forzada a personas, a quienes se les despojaba de sus pertenencias, entre ellas prendas de vestir, para obligarlas a portar otro tipo de vestimenta.

Con esta acotación no sólo descartó las denuncias de familias buscadoras que habían denunciado de que el lugar fue también un sitio de exterminio, sino también obvio dar información sobre las prendas mismas y el posible paradero de las personas que hasta ese lugar fueron llevadas.

La FGR además precisó que se ha realizado un trabajo que permitió localizar diversos indicios, entre ellos dos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos y prendas de vestir.

Estos indicios se encuentran en análisis en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, especializado en análisis científico y aplicación de protocolos periciales, así como en el sector regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco. De acuerdo con la institución, el procesamiento integral del lugar presenta un avance del 64.44 por ciento.

Respecto a los fragmentos de restos óseos localizados, la Fiscalía informó que se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino. Sin embargo, al realizar la confronta con perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas no se ha obtenido hasta ahora un resultado concluyente que permita su identificación, por lo que las confrontas continúan conforme se integran nuevos perfiles.

La FGR subrayó que las acciones de búsqueda e investigación no están supeditadas a los resultados de los análisis forenses, pues de forma paralela, desarrollan diligencias ministeriales, análisis y procesamiento de información, seguimiento a líneas de investigación y ejecución de actos orientados al esclarecimiento de los hechos como parte de una estrategia integral.

Como resultado de estas acciones, la Fiscalía reportó la detención de 47 personas y señaló que existen órdenes de aprehensión vigentes que continúan siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos.

Las diligencias, añadió la institución, continúan desarrollándose a través de la Agencia de Investigación Criminal en acompañamiento del agente del Ministerio Público de la Federación.

La Fiscalía indicó que el trabajo de investigación en campo, el análisis pericial forense y el procesamiento de información se realizan de manera coordinada con los tres niveles de gobierno.

Asimismo, informó que se han establecido canales de comunicación activos con víctimas, representantes legales, colectivos de búsqueda y organizaciones de la sociedad civil para informar de manera periódica los avances en el procesamiento del lugar; sin embargo, en la última reunión con familiares de personas desaparecidas, realizada el 13 de febrero, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciaron que “los avances” no son tales, pues les mostraron lo mismo que les habían comunicado a finales de marzo de 2025.

En el trabajo especial Las Prendas Hablan, además, se corroboró que la FGR -pese a que señala cercanía con las familias- no ha dado información suficiente a las familias, incluso, se ha negado a darles acceso al expediente del caso y ha reducido al mínimo la coadyuvancia en las investigaciones.

Conoce el proyecto colaborativo #LasPrendasHablan:

Publicado originalmente en: https://www.zonadocs.mx/2026/03/05/cndh-senala-omisiones-en-investigacion-del-rancho-izaguirre/

Organizaciones sociales de la Costa-Istmo exigen alto a la mercantilización de tierras y la persecución de defensores territoriales, señalando complicidad de autoridades.

Por Redacción / @Somoselmedio 

El “Foro por la Defensa del Territorio y Derechos Agrarios de Comunidades y Campesinos de la Costa Oaxaqueña”, realizado el pasado 7 de junio de 2025 en Playa Salchi, San Pedro Pochutla, denunciaron el “despojo” de tierras y la privatización de playas en la región Costa-Istmo. Catorce organizaciones sociales informaron sobre el avance de la industria turística e inmobiliaria, respaldada, según afirman, por una red de intereses empresariales, políticos y criminales que opera con la complicidad de autoridades agrarias, municipales, estatales y federales.

Bajo el lema “¡Nuestras tierras y nuestras playas no se venden, se cuidan, se defienden y se liberan!”, el foro señaló que este proceso, enmarcado en políticas neoliberales desde la década de 1980, busca convertir la propiedad social (comunal y ejidal) en propiedad privada, facilitando la inversión y reproducción del capital. Programas como el PROCEDE, FANAR y RRAJA son señalados como instrumentos legales que han posibilitado la privatización de ejidos y comunidades.

Las comunidades asistentes denunciaron casos específicos de despojo y persecución. Entre ellos, el intento de despojar de sus tierras al campesino indígena Miguel Sánchez Hernández en Salchi, Cuatunalco, a manos de individuos identificados como integrantes del “Cártel del Despojo y el Cártel del Saneamiento Financiero”, quienes presuntamente actuaron con violencia y amenazas. Se exige la investigación de Alejandro Avilés Álvarez, Orlando Acevedo, Alfonso Esparza y Jesús Reyes (alias “Chucho Reyes”) en este caso, así como medidas de protección para Miguel Sánchez Hernández y su familia. Asimismo, se clamó por justicia para Abraham Hernández González, asesinado hace siete años mientras defendía las tierras de Playa Salchi, con un llamado a acelerar las investigaciones.

El foro también denunció la persecución judicial contra defensores de territorios playeros como Ernesto Chávez Ramos, Oralia Ramírez, Hortensia Chávez y Noé López Rojas, en Playa San Agustín y El Coyote, Santa María Huatulco. Atribuyen esta criminalización a un empresario inmobiliario en complicidad con jueces y la fiscalía regional. De igual forma, se exige el cese de la persecución judicial y mediática contra 21 integrantes de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul en San Pedro Huamelula, quienes denuncian ser víctimas de despojo por parte de otros actores que buscan confundir a la opinión pública.

Las organizaciones participantes exigieron el alto a la privatización de playas, el cierre de accesos públicos y la destrucción de ecosistemas por megaproyectos inmobiliarios. Demandaron una investigación y castigo para funcionarios, empresarios y notarios involucrados en la venta ilegal de tierras y playas, y se pronunciaron por la verdad y justicia para las víctimas de esta lucha.

Además de las demandas territoriales, el foro expresó su solidaridad con la CNTE en su lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, con la comunidad indígena de San Lucas Atoyaquillo, Santiago Ixtayutla, y con el pueblo palestino ante el genocidio.

Finalmente, se hizo un llamado a todas las comunidades y organizaciones a unirse a esta lucha, reiterando que “La defensa de la tierra no es delito: es un derecho y un deber”. También se extendió una invitación al Encuentro Nacional contra la Gentrificación a realizarse en julio de 2025 en Oaxaca, convocado por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio.

Publicado originalmente en: https://www.zonadocs.mx/2025/06/10/comunidades-oaxaquenas-denuncian-cartel-del-despojo-y-privatizacion-de-playas/

Hace 3 meses el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco nos narró los horrores del rancho

Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

Los gobiernos de MC (y todos) nos deben tanto. Nos deben todo.

Ya estamos hartas/os. Ya basta.

Hoy con nuestros cuerpos reanimamos nuestro antimonumento.

El antimonumento 5J es nuestro. Y de todas las manos que ayudaron a colocarlo.

El antimonumento 5J es nuestro. Y va a volver a la Plaza Imelda Virgen.

Es una promesa. Nosotras/os sí tenemos palabra.

Estamos hartas/os de gobiernos que violan la ley.

Queremos justicia.

Queremos hombres y mujeres de palabra en el poder.

Queremos que dejen las excusas.

Queremos que escuchen el dolor.

El dolor de las familias que buscan es nuestro.

¡Es nuestro!

Gobernador Pablo Lemus: ¡Haga su trabajo!

Presidenta, Claudia Sheinbaum: ¡Haga su trabajo!

No queremos saber de quién es la culpa.

Queremos que todes regresen a casa.

Porque vivos se los llevaron:

¡Vivos los queremos!

Porque vivas se las llevaron:

¡Vivas las queremos!

Foto: Mario Marlo.

Publicado originalmente en: https://www.zonadocs.mx/2025/06/05/queremos-que-escuchen-el-dolor-pronunciamiento-a-cinco-anos-de-la-represion-del-5-de-junio/

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Representantes de los pueblos ribereños del Lago de Chapala ofrecieron este martes una conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno para denunciar la falta de consulta sobre el proyecto de un segundo acueducto que pretende extraer más agua del lago hacia la ciudad de Guadalajara. Las y los asistentes, afirmaron que se enteraron por medios de comunicación de la existencia de una licitación en curso, lo que calificaron como una traición y una violación a sus derechos como pueblos originarios y guardianes del lago.

“Nos enteramos por los medios, ni siquiera sabíamos que existía este proyecto”, declaró Alicia Córdoba, representante de la Sociedad de Amigos del Lago.

“La justificación que dieron para construir un nuevo acueducto ni siquiera nos fue comunicada, y cuando comenzamos a investigar, confirmamos que sí hay una licitación activa. Nosotros le llamamos el tercer acueducto porque ya existen el canal Atequizca-Las Pintas y el actual acueducto. Esto es un nuevo intento de despojo”.

Los pueblos ribereños manifestaron sentirse profundamente ofendidos por la forma en que se ha manejado el tema. “Nos están aplastando”, enfatizó Córdoba.

“El lago es nuestro, lo cuidamos y vivimos de él. No pueden venir a decirnos que nos vamos a beneficiar con mano de obra, eso es una burla. No hay empleos para los ribereños, solo más daño a nuestro territorio”.

Durante la conferencia se denunció que, mientras el gobierno niega públicamente la existencia de un nuevo acueducto, en medios oficiales y declaraciones del alcalde de Chapala habla únicamente de una supuesta “rehabilitación” del sistema actual. “Si quieren transparencia, que nos hablen con la verdad. Exigimos ser tomados en cuenta”, reclamó la activista.

Por su parte, Vicente Paredes Perales, originario de Mezcala, aseguró que la lucha de las comunidades es por la vida misma. “El agua es vida. Con ella pescamos, cultivamos, nos alimentamos. Aunque el lago está contaminado, seguimos consumiendo sus productos. Y aun así, lo defendemos”, declaró.

Paredes denunció que el Lago de Chapala es uno de los más contaminados del país, con presencia de más de ocho metales pesados, pesticidas e insecticidas que ya han provocado enfermedades graves como cáncer y padecimientos renales entre los habitantes. “Y aún con este nivel de contaminación, las autoridades siguen extrayendo agua para enviarla a Guadalajara. Eso no es agua, es enfermedad”.

El representante hizo un llamado urgente a la ciudadanía tapatía: “Invito a los habitantes de Guadalajara a levantar la voz con nosotros. No al acueducto, no más saqueo de agua. Lo que necesitamos es un proyecto serio para sanear el lago, no extraer más agua de un ecosistema que está muriendo”.

Los pueblos ribereños reiteraron que no se oponen al acceso al agua para la ciudad de Guadalajara, pero sí exigen que se respeten sus derechos, se consulten las decisiones que afectan su territorio y se implementen alternativas sustentables. “El agua debe llegar, pero no así, no contaminada, no a costa de nuestras vidas”, concluyó Córdoba.

Por su parte la Dra. Alicia Torres, investigadora de la Universidad de Guadalajara, ofreció un posicionamiento sobre la importancia ambiental, social y cultural del lago, al tiempo que cuestionó los megaproyectos hídricos promovidos por el gobierno estatal.

“¿Qué es el lago? ¿Para qué sirve? Es un vaso regulador hídrico y climático que forma parte del sistema Lerma-Chapala-Santiago. Regula el ciclo del agua, mitiga inundaciones y mantiene caudales ecológicos. Su masa influye directamente en las temperaturas y humedad de la región, generando un microclima favorable para la agricultura. Es hábitat de especies como el charal, muchas de ellas en riesgo por la degradación ambiental”, afirmó.

Desde 2009, el lago de Chapala está reconocido como sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional. Según la Dra. Torres, esto convierte a Chapala en un nodo clave del corredor biológico del occidente-centro del país y en proveedor de servicios ecosistémicos esenciales.

“El lago también es un indicador de salud ambiental. Si el lago está enfermo, su entorno también. Y nosotros, que habitamos ese entorno, estamos enfermos. Lo vemos en Mezcala, y en las enfermedades vinculadas al río Santiago desde Ocotlán hasta El Salto”, denunció la académica.

La Dra. Torres también criticó la falta de transparencia y de enfoque integral en los proyectos hidráulicos que buscan extraer más agua de Chapala para abastecer al Área Metropolitana de Guadalajara, sin considerar los impactos ambientales ni las condiciones de deterioro de las redes de distribución.

“No se trata de traer más agua a una olla rota. ¿De qué sirve gastar millones si vamos a desperdiciar el 50% en fugas? No hay un proyecto integral ni sustentable. Estamos trayendo agua contaminada y enferma para consumo humano. Es criminal, como lo ha señalado la OMS”, sentenció.

La académica advirtió sobre la reducción del volumen del lago no sólo por la extracción del recurso, sino por la presión inmobiliaria, la sedimentación y el crecimiento poblacional descontrolado en la ribera.

“Estamos vendiendo el paisaje al tiempo que lo devastamos. Y las plantas de tratamiento no están preparadas para los contaminantes que llegan. Se ha documentado la presencia de metales pesados, heces fecales y E. coli en el agua que llega a Guadalajara. Nos están vulnerando nuestro derecho humano al agua limpia y a la salud”.

En su intervención, hizo un llamado a una nueva cultura del agua y a reconocer el carácter común y vital del lago.

“El agua no es infinita, el lago no es un tinaco del que se puede sacar agua cuando queramos. Es un ecosistema vivo. Si no se considera a quienes habitan en la ribera, se incurre en violación a los derechos humanos. Este no debe ser un proyecto técnico desde el escritorio, sino uno donde participen todas las voces, con una visión de justicia y sustentabilidad”.

Finalmente, hizo un llamado urgente a la sociedad jalisciense para que se movilice y comprenda que la crisis del lago y del río Santiago no son problemas lejanos.

“Les pregunto a mis alumnos si les afecta Chapala o el río Santiago y dicen que no. Les respondo que el problema está tan cerca como la llave de su casa. Cuando la abres, ahí está el problema. Si no exigimos un cambio ahora, lo que llegará por la llave no será vida, será enfermedad”.

María González, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), hizo un llamado urgente al Gobierno del Estado de Jalisco a frenar la opacidad en torno a esta obra y abrir un proceso real de diálogo y participación.

“Estamos dando acompañamiento a este frente de pueblos afectados de la Ribera de Chapala, preocupados por dos megaproyectos: el que se menciona en esta conferencia, el nuevo acueducto, y también otro, el acueducto de la presa Solís, que sería para llevar agua al estado de Guanajuato”, explicó González. Subrayó que ambos proyectos deben ser revisados a profundidad por el impacto ambiental y social que podrían generar.

Uno de los principales focos de alerta, señaló, es el aumento exorbitante en el costo del proyecto. “El gobierno estatal lo estimó en 6,500 millones de pesos, pero las empresas que han presentado propuestas lo han duplicado e incluso triplicado. La más baja plantea 13,500 millones, y la más alta, 19,600 millones de pesos”. Para la directora del IMDEC, este sobrecosto representa un “dato alarmante” y evidencia que el proyecto podría estar mal planteado desde su origen o hecho “al vapor”, sin una evaluación técnica rigurosa.

María González también denunció la falta de transparencia por parte de las autoridades. A través de una solicitud de información, obtuvieron una respuesta oficial en la que se afirma que el acueducto actual, en operación desde 1992, sigue funcionando con normalidad. “Se determina que se encuentra en condiciones de operación, a reserva de fallas naturales o antrópicas, lo cual contradice el argumento del gobierno sobre la urgencia de sustituirlo por uno nuevo”, comentó.

Para María González, esta contradicción entre el discurso oficial y la información técnica obtenida por transparencia demuestra la necesidad de abrir el debate. “Estamos en un momento importante, con pocos meses del nuevo gobierno estatal, y el agua y los problemas ambientales deben ser tan prioritarios como la violencia o la inseguridad. Son las dos problemáticas más relevantes en Jalisco.”

Ante ello, reiteró el llamado al Gobierno de Jalisco a establecer un diálogo por el agua, que convoque a comunidades, organizaciones, especialistas, universidades y todos los actores involucrados. “Este proyecto no se ha socializado, lo que genera especulación e incertidumbre en los pueblos, muchas veces fundamentada en la experiencia previa con otros megaproyectos y en una política del agua que ha sido fallida en el estado”, añadió.

Entre las demandas centrales presentadas en la conferencia se encuentra la realización de una inspección de campo en los puntos críticos del sistema actual. Este sábado, organizaciones, especialistas y representantes de las comunidades llevarán a cabo un primer recorrido, aunque insisten en que es el Estado quien debe presentar diagnósticos y estudios técnicos que sustenten la necesidad de un nuevo acueducto.

“Más allá del proyecto, lo que se necesita es un verdadero plan de restauración integral del Lago de Chapala”, enfatizó González. Recordó que el lago es parte de la Cuenca Lerma-Santiago, por lo que el Gobierno Federal también debe involucrarse y cumplir con su compromiso de restaurar esta cuenca. En esa línea, exhortó al Congreso del Estado a no aprobar presupuestos destinados al nuevo acueducto mientras no se garantice una política del agua basada en soluciones regenerativas y con enfoque en la naturaleza.

Publicado originalmente en: https://www.zonadocs.mx/2025/05/22/el-lago-no-es-un-tinaco-pueblos-riberenos-denuncian-que-no-les-consultaron-sobre-nuevo-acueducto-en-chapala/

20 marzo, 2025

La apertura de las puertas del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, para que familias buscadoras y medios de comunicación pudieran ver el trabajo realizado por la Fiscalía General de la República -instancia que ahora tiene el caso- resultó ser una burla, no sólo porque las buscadoras creen que se “maquilló este sitio de exterminio”, sino porque ninguna autoridad (estatal y federal) fue capaz de pararse frente a ellas para darles alguna explicación de lo que ahí están supuestamente investigando.

Las puertas no se abrieron para la verdad, sino para alimentar una narrativa oficial que intenta decirnos que ahí, en Teuchitlán, las cosas no fueron graves. 

Texto y fotos por Darwin Franco / @DarwinFranco 

“Nos trajeron a la locación de una película de terror que ya pasó. Aquí no hay nada, ni las autoridades”, expresó Celia Cervantes del colectivo Familias Unidas por Nayarit, ella viajó con sus compañeras hasta el sitio de exterminio localizado en Teuchitlán, Jalisco, para poder descartar o confirmar que aquí haya estado su esposo, Santiago Eloir Pérez Reyes -quien fue desaparecido el 22 de junio de 2017 en Tepic-, pero no pudo hacer nada porque lo único que encontró en este lugar, ahora bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República, sólo fue indolencia y la enésima confirmación de que las personas desaparecidas y sus familias: les valen madre al Estado. 

“Esto fue un teatro” se le escucha decir a Liliana Meza del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco: “Para que nos citan aquí, para que nos dicen que nos van a explicar lo que están haciendo si aquí no hay nadie trabajando… aquí no hay nada, ni un fiscal”. Liliana busca a su hijo Carlos Maximiliano Romero Meza desde el 22 de octubre de 2020.

Vicky Meza de Madres Buscadoras de Jalisco, colectivo que llegó al rancho Izaguirre por vez primera en diciembre de 2024, siente que está en otro lugar:

“aquí ya no hay nada… se llevaron todo. Fue un engaño, pensamos que veníamos aquí para buscar como estamos acostumbradas: con pico y pala, pero aquí no hay nada… es una burla”.

Cuando la FGR atrae un caso, las instancias locales suelen trasladar toda duda (y queja) a la autoridad federal. Eso podría ser lo que pase con toda información del rancho Izaguirre, pues toda pesquisa será ahora realizada por la FGR, la cual acusó negligencias terribles en el proceder ministerial y pericial de la Fiscalía de Jalisco, instancia que tuvo seis meses el caso, pero no fue ni siquiera capaz -señaló Gertz Manero- de integrar bien la carpeta de investigación.

Por ello, para ahora sí saber todo que no hicieron o hicieron mal las autoridades de Jalisco, la FGR invitó, primero, a medios de comunicación a entrar al rancho Izaguirre para ver lo que es “una investigación en serio”. Después la Fiscalía de Jalisco, institución que puso los camiones para el traslado, amplió la invitación a familias buscadoras y organizaciones de derechos humanos. La decepción fue grande.

De varios municipios de Jalisco, pero también de estados vecinos como Nayarit, Colima, Guanajuato y Michoacán, las familias buscadoras arribaron el 20 de marzo al rancho Izaguirre, esto con el objetivo de manifestar todas sus dudas, pero esto no pasó, pues no hubo peritos trabajando a quienes preguntarles cómo están haciendo los levantamientos o qué es lo que han encontrado en los hornos crematorios que las autoridades jaliscienses con malicia llamaron “puntos de combustión”, tampoco se paró en Teuchitlán algún ministerio público federal para darles información de la ropa o pertenencias que ahí fueron localizadas y del proceso que deben de seguir cuando tienen sospecha o, inclusive la certeza, de que una de las 493 prendas es de su ser querido.

Un día antes, el 19 de marzo, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero -en rueda de prensa- aseguró que “Teuchitlán jamás sería otro Ayotzinapa”, pero lo que fue posible observar cuando las madres acudieron, al sitio de exterminio y entrenamiento del crimen organizado, hace pensar que sí lo será, al menos, en lo que se refiere al trato indolente y poco transparente con el que la FGR suele tratar a las familias buscadoras.

Esto lo sabe muy bien Carmen Sepúlveda Gómez, integrante del colectivo Red Desaparecidos en Colima y madre de Carlos Donaldo Campos Sepúlveda -quien fue desaparecido el 20 de agosto de 2018 en Villa de Álvarez, Colima-, pues en su estado la FGR las ha decepcionado en múltiples ocasiones:

“lamentablemente la FGR así trabaja, el año pasado en Colima trabajaron un predio por más de dos meses, pero no nos dejaron entrar para ver los trabajos y hasta ahorita es tiempo en que no sabemos cuántos cuerpos se llevaron, qué hicieron con ellos o qué va a pasar, nadie sabe nada”.

La apertura de las puertas del rancho Izaguirre fue tan indolente que las familias, a las que se les quería dejar entrar en grupos pequeños, tuvieron que romper el cerco de seguridad y correr para entrar todas juntas con la esperanza de ver algo, un indicio, algo… pero adentro sólo había el montaje de un trabajo “en proceso” con el que se busca maquillar el horror y construir la narrativa de que el lugar sólo era un sitio de entrenamiento, pero jamás de exterminio.

***

Del trabajo de la fiscalía federal sólo hay cintas amarillas que delimitan espacios; por ejemplo, los dormitorios en los que se hallaron 493 prendas y 200 pares de zapatos; el patio en el que tanto Madres Buscadoras y Guerreros Buscadores localizaron hornos crematorios, los cuales ahora sólo son perfectos recuadros en el piso delimitados con cintas con dos claros mensajes: Crime Scene Do Not Cross y Prohibido el paso.

De los hoyos en los que madres y padres buscadores sacaban fragmentos óseos y algunas placas quirúrgicas, no hay nada. Esos hoyos en los que se buscó erradicar toda vida y evidencia, de la noche a la mañana, pasaron a ser terrenos finamente aplanados para que el ojo no tuviera duda de que ahí no hay nada. 

En la parte más abierta del terreno se apreciaban múltiples banderillas amarillas, verdes y rojas, mismas que indican posibles sitios de indagación. Banderillas que, por cierto, fueron enterradas en una tierra grisácea que al tacto parece ser la ceniza que extrajeron las madres buscadoras, el 5 de marzo de 2025. Aunque el fiscal general, haya asegurado que eso está por verse.

Como no hubo personal forense, las familias buscadoras no pudieron ver si existen en el sitio más restos óseos, tampoco pudieron observar los restos localizados por las y los integrantes de Guerreros Buscadores, pues insisto: ahí no había personal ni de la Fiscalía General ni de Fiscalía de Jalisco que diera información alguna.

El único personal presente tenía la tarea de resguardar la seguridad tanto de las personas como del sitio, así como de intentar “controlar ” el tiempo de las y los periodistas dentro del rancho, algo que no se logró, pues el intento de darles solo 20 minutos se esfumó. 

De esa misma manera se fue el entusiasmo con el que llegó al lugar María del Carmen Rangel, quien busca a su hija Nayeli Anahí González Rangel -quien fue desaparecida el 6 de febrero de 2021 en Tlajomulco de Zúñiga-, para quien el rancho Izaguirre parece más un museo de lo que fue que un sitio de exterminio.

“aquí parece que no ocurrió nada, que no pasó nada… pues más que un sitio de exterminio parece sólo un rancho abandonado donde había muchas cosas y ya no las hay, pero es muy feo y da mucho dolor estar aquí”.

Esa misma sensación sintieron las familias buscadoras que se trasladaron desde Guanajuato: “Para nosotras es una falta de respeto que se nos trate así, nosotras veníamos a ver alguna galería o las prendas, pero no esperábamos encontrarnos con una escena totalmente limpia para los medios… para que llegara el fiscal a decir que aquí no pasó nada… todo este recorrido ha sido una falta de respeto, un espectáculo”, así se expresó Karla Martínez del Colectivo Hasta Encontrarte, ella busca a su hermano Juan Valentín Martínez Jiménez, quien fue desaparecido el 18 de febrero de 2020 en Irapuato, Guanajuato, por hombres armados del mismo grupo que tenía el control del rancho Izaguirre. 

***

Caminar por el lugar bajo las condiciones en las que ahora está da una extraña sensación, pues poco o nada se parece a lo que se mostró en los videos “en vivo” que el colectivo Guerreros Buscadores subió a su perfil de Facebook. Y no porque uno, luego de 15 días de trabajo, quisiera ver la misma escena que tanto se dijo parecía al sistema de campos de concentración de Auschwitz, sino porque se notaba el empeño para generar una perfecta sintonía en el cómo se ve ahora el rancho Izaguirre con lo que señaló el fiscal Gertz Manero.

Pero borrar la huella de la violencia no es posible cuando este intento se construye con el mismo “vale madrismo” con el que se preservó el lugar tras su hallazgo, con la misma ausencia e indolencia de la autoridad (estatal y federal) que trató “la ida a Teuchitlán más como un paseo que como un ejercicio de rendición de cuentas”. 

Se abrieron las puertas del rancho Izaguirre sí, pero no para la verdad. Y eso lo entendieron rápidamente las familias buscadoras, pues su dolor ya no está para “teatros o montajes”, y mucho menos para “burlas y faltas de respeto”.

“Lo queríamos era llegar y ponernos a trabajar, como siempre hacemos, pero no, nadie vino, a nadie le importó decirnos qué están haciendo”, expresó con enfado Vicki Ponce de Madres Buscadoras de Jalisco, y cómo no sentir eso cuando el primer caso icónico de las administraciones de Claudia Sheinbaum y de Pablo Lemus (gobernador de Jalisco) se trata con tal desprecio que ni tiempo ni personal hubo para dar alguna explicación.

Publicado originalmente en: https://www.zonadocs.mx/2025/03/20/indolencia-y-desprecio-en-rancho-izaguirre/

Las políticas migratorias entre México y Estados Unidos han provocado violaciones a los derechos humanos de miles de personas migrantes, quienes han sido  expulsadas y obligadas a retornar a sus países en condiciones inhumanas, así lo ha expuesto el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). 

Estas políticas, implementadas a través de los Títulos 42 y 8, así como la flagrante “prohibición del asilo”, han permitido expulsiones rápidas sin garantizar el acceso al derecho a la protección internacional.

La cooperación de México ha sido esencial; su falta de transparencia en las cifras de expulsiones y retornos por parte de ambos gobiernos ha dificultado entender la magnitud del problema. El IMUMI, ha informado que ni Estados Unidos ni México han publicado datos completos sobre las personas expulsadas.

Por Farah Medina / @_dtfarahm_

Fotografía de portada Duilio Rodríguez / @duiliorodriguez

La expulsión y retorno de personas migrantes producto de las políticas migratorias estadounidenses en los últimos años, ha resultado en violaciones de derechos humanos y, frecuentemente, en el incumplimiento del derecho nacional e internacional a la protección humanitaria. Además, las políticas migratorias y las instituciones de México, junto con los esfuerzos de Estados Unidos para evitar el paso de personas por la frontera, han demostrado la falta de preparación y sensibilidad hacia los contextos que obligan a las personas a migrar, así como de las responsabilidades que tienen los Estados para protegerles. 

El informe presentado por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)  titulado “Deportación y retorno de personas no mexicanas de Estados Unidos a México” hace un llamado a las autoridades para implementar mejorar políticas migratorias. 

Durante y después de la pandemia, los Títulos 42 y 8, así como la medida de “prohibición de asilo” facilitaron expulsiones rápidas sin considerar solicitudes de asilo, exacerbando los problemas que enfrentan las personas migrantes. Esto ha llevado a casos de violencia, tortura, deportación y retiro injustificado de documentos, impidiendo a las personas el acceso al derecho a solicitar información de cualquier tipo con respecto a qué procedimiento legal seguir en cualquiera de los dos países. 

Aunque estas políticas son creadas e impulsadas desde el gobierno estadounidense, estas no serían funcionales sin la participación activa de México. En donde su papel, es el de recibir a personas de distintas nacionalidades para ofrecer: asilo, asesoría o protección, sin embargo, esto dista de la realidad que expone el  IMUMI en su informe. 

Comenzando por la falta de transparencia en cuanto a las cifras presentadas por ambos gobiernos. Las agencias de migración estadounidense se niegan a proporcionar datos actualizados por medio de solicitudes de información, con algunas cifras apuntando a 21 mil 000 personas expulsadas, mientras que, Seguridad Nacional informa de 17 mil 000. En México, las cifras son distintas, según el Instituto Nacional de Migración (INM), las cifras alcanzan las 19 mil 561 personas no mexicanas expulsadas de Estados Unidos. 

Con respecto a esto, el IMUMI aclara lo siguiente: “se desconoce el número exacto de personas no mexicanas devueltas a México desde el fin del Título 42, ya que, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México han publicado estadísticas completas sobre el número o las características de las personas expulsada bajo esta política”. 

El Título 42 fue una medida implementada por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19, cuando el presidente en turno era Donald Trump; se impuso como una decisión  necesaria para “prevenir la propagación de enfermedades”, sin embargo  fue usada para la expulsión de personas migrantes en la frontera con México bajo la excusa de representar un riesgo para la salud. Además evitaba el acceso al proceso correspondiente para la solicitud de asilo. 

De la misma forma, la medida de prohibición de asilo “limita el acceso a solicitar asilo, según la forma de entrada”. Esta contempla también, el retorno a México de aquellas personas que no sean elegibles para solicitar la condición. Dicha “elegibilidad” se basa en evaluar si la persona “ha establecido una “posibilidad razonable” de persecución o tortura en el “país de origen o en el país de deportación”. Sin embargo, esta medida se dejó a consideración de las personas agentes migratorias; en muchos casos, esta “posibilidad” únicamente contemplaba el miedo de persecución o tortura en el país de deportación, no en el de origen, ocasionando que las personas con temor en su país de origen llegaran a ser devueltas. 

Bajo el Título 42, México recibió a personas migrantes de Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití y Cuba. Bajo el Título 8, México recibe a quienes acceden al “retorno voluntario” en lugar de someterse a “ procedimientos de deportación acelerados sin que las personas pasen por los procedimientos judiciales de inmigración”, lo que resulta perjudicial para quienes son expulsadas bajo este procedimiento, impidiéndole por al menos 5 años el acceso a Estados Unidos, además de ser enviadas a sus países de origen.  

Además, México no realizó ningún compromiso  de proporcionar documentos migratorios a quienes se les expulsó bajo el Título 42 desde Estados Unidos, lo que dejó sin protección a miles de personas frente al Instituto Nacional de Migración (INM).

El INM tiene la responsabilidad de brindar asesoría y acompañamiento a las personas en situación de movilidad o con necesidades de protección internacional, pero en cambio busca la manera de reubicar a las personas migrantes fuera de las fronteras sin su autorización, enviándolas a estados como Veracruz, Tabasco o Chiapas, en donde les abandonan por la noche sin ningún tipo de información o recursos, negándoles, incluso, la existencia de algún proceso migratorio para solicitar asilo o dejándolos sin acceder al proceso.

En el año 2023, el INM “trasladó aproximadamente a 47 mil 260 personas, de las cuales 25% fueron mujeres, 4% niñez y 71% hombres.” En abril de este año trasladó aproximadamente a “12 mil 099 personas, de las cuales 27% fueron mujeres, 10% niñez y 63% hombres”.

Ambos países, hasta el momento, únicamente han tomado medidas de contención y evasión, pero no de protección. Sus políticas migratorias distan de ser medidas para la protección de las personas migrantes, además su implementación ha carecido, como expresa el IMUMI en su informe, de transparencia “en los últimos cuatro años, Estados Unidos ha expulsado, devuelto o deportado a México a un número cada vez mayor de personas no mexicanas. Estas expulsiones se han llevado a cabo sin transparencia; ninguno de los dos países ha publicado un acuerdo formal que explique cuándo o cómo se están realizando estas devoluciones“.

Aquí puedes descargar el informe: https://imumi.org/attachments/2024/Deportacion_y_retorno_de_personas_no_mexicanas_de_EUA_a_Mexico.pdf 

Publicado originalmente en: https://www.zonadocs.mx/2024/07/04/sin-la-participacion-de-mexico-politicas-migratorias-de-expulsion-y-deportacion-serian-imposibles-imumi/

Por Rafael Alfaro Izarraraz / @AlfaroIzarra

El derecho, sus normas y los encargados de aplicarlas, tienen una larga historia que se remonta al imperial Código Romano y napoleónico, de la historia y la cultura occidentales, cuyo espíritu y prácticas se trasladaron a México a partir de la conquista. Con el tiempo, esos códigos imperiales, fueron la base cultural que dio origen a la división de poderes como ahora lo conocemos y a la existencia de cuerpos de especialistas (los abogados) quienes se colocaron históricamente como los portadores, especialistas, de su aplicación. Pero eso no fue todo, también el espíritu que reinó en esos códigos derivó en los sistemas de castigo corporal y el disciplinamiento, como son las cárceles y las escuelas.

Parece que nuestra historia es muy distinta a occidente y lo es, hasta cierto punto, pero de igual manera, la influencia de la cultura occidental en nuestra nación ha sido imborrable. La existencia de códigos que regulan la aplicación de la justicia, la aparición de poderes como parte de la estructura de poderes instaurada en México, así como de los sistemas educativos y de disciplinamiento corporal como son las cárceles, son parte de esa historia. Y a pesar de que ahorita la discusión en México sobre la reforma al Poder Judicial implica a la estructura de ese poder, lo cierto que existen dos derivados que son los que se intenta también atacar con la reforma, aunque nos e diga: la cárcel y mejorar la educación en la parte jurídica.

Códigos, surgimiento de poderes, instancias de aplicación de la “injusticia” y cárceles, así como escuelas, son parte de una historia que se introdujo a México con la conquista, durante la colonia y que la creación de México como Estado independiente mantuvo casi intacta, a pesar de los intereses sociales y de justicia que le impregnaron los gestores de la Independencia mexicana, Hidalgo y Morelos. La razón fue que, aunque se logró la Independencia como nación, la cultura occidental de cómo se aplica la justicia quedó intacta porque al final de cuentas españoles y criollos, lograron capitalizar la independencia. Hidalgo, Morelos y el mismo Vicente Guerrero, que sobrevivió un tiepo en las montañas, fueron fusilados, y la conducción de la independencia quedó en manos de criollos y sus intereses.

La división de poderes de la Constitución de 1924, de corte liberal, estableció las bases de la división de poderes en México, creando el Poder Judicial, que ahora conocemos y precursor de la aplicación de las actuales injusticias, salvo honrosas excepciones. Aunque impregnada del sentido social que le quisieron dar liberales como Vicente Guerrero, preocupado por la educación, el empleo y el progreso, la aplicación de la justicia en los hechos, en la vida real, quedó en manos de quienes se erigieron en los dueños de la tierra, las minas, los obrajes, las familias pudientes y los poderes locales. La herencia cultural de vasallaje sobre los grupos indígenas, arrieros, afrodescendientes, mujeres, empleados de casas y haciendas, continuó siendo una historia en donde justicia y dinero eran uno mismo. Para los sin dinero quedó la cárcel, como norma de las injustas relaciones sociales.

De acuerdo con algunos autores de la historia de México, y esto parece increíble, de no creer, no obstante, la Independencia, de la que participaron los pobres de los pobres de México, la justicia fue todavía más cruel con ellos, pues lo que vino para ellos con la creación del Estado mexicano fue peor que las condiciones que vivieron durante la colonia. Y uno de esos tristes momentos, se vivió durante la época de la Reforma. De los liberales juaristas (Juárez fue presidente del PJ), las comunidades indígenas no tienen un buen recuerdo. Las tierras de los pueblos fueron incorporadas al mercado bajo la creencia de que, al igual que las tierras de la Iglesia, era indispensable para el progreso fomentar la propiedad particular. Las comunidades y los indígenas, eran consideradas como un estorbo.

El presidente López Obrador, ha tenido la sensibilidad de intentar reparar el daño causado a pueblos como los yaquis. Los pueblos precolombinos del norte de México, fueron verdaderamente lastimados por los poderes postindependientistas y, por ello, algunos grupos vieron con buenos ojos la expansión estadounidense. Fue en esta etapa en la que se consolidaron las cárceles y el desplazamiento de comunidades indígenas completas hacia el sur del país. Desplazados de sus tierras, su cultura, sus familias, los yaquis y otras comunidades, fueron casi exterminadas por un tipo de justicia cuyo espíritu parece que no se ha debilitado en nuestros días, en donde se protege a los poseedores de grandes fortunas. Ahí está el ejemplo del magnate del grupo financiero Azteca y de la modernas tiendas de raya como son el grupo Elektra.

La reforma al Poder Judicial (PJ) es un suceso, de verdad, inédito en la historia universal relacionado con los encargados de la aplicación de la justicia, como es el hecho de que los jueces sean electos de manera directa a través del voto popular, tal y como ocurre con los integrantes del poder ejecutivo y legislativo. En la parte geográfica más cercana a nosotros, que es Latinoamérica, no ha existido ninguna experiencia similar a la que se plantea en México. Bueno, ni siquiera las revoluciones pacíficas recientes: Venezuela, Bolivia y Ecuador. Chávez, en Venezuela, reformó la Constitución, pero la manera en que se eligen a los jueces en ningún momento llegó a los niveles como la reforma mexicana. 

Lo importante de la reforma es que la elección de los integrantes del PJ, pero más allá de la elección de jueces, es que la justicia cambie en México. Qué de aquí en adelante se empiece a hacer historia en términos de que el pueblo además de elegir a los jueces, éstos dejen de estar al servicio de las élites económicas como ha ocurrido hasta ahora. Que las cárceles dejen de ser el lugar en donde miles de pobres “viven” ahí sin que sus juicios se concluyan adecuadamente porque no poseen dinero para contratar un abogado. Que la gente humilde vea en los sistemas de aplicación de justicia un lugar al que pueden acudir con la confianza de que el dinero dejó de ser el “dios” de los jueces y magistrados.

Que, en las escuelas, lejos de ser un lugar de disciplinamiento cultural de los jóvenes para que sirvan a los magnates del dinero, ahora se preparan para servir a los pobres. Es de verdad un suplicio encontrar abogados honestos y que no se vendan en los juicios y traicionen a las personas que originalmente se comprometieron a defender. Que los despachos de abogados dejen de ser un “goteo” de dinero a favor de los abogados que traen a las personas a vuelta tras vuelta con el fin de mantenerlos sujetos a las necesidades económicas de los despachos y sus abogados. Que los juicios se resuelvan en función de la justicia y no de quien tiene un mayor poder económico.

De acuerdo al origen latín de la palabra mandato, ésta viene de mandatum que significa “orden”. Las definiciones que existen establecen dos sujetos que actúan en la lógica del significado del vocablo mandato: mandatario y mandante. En este caso, una persona, “mandatario”, se obliga a prestar o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra (mandante). Traducido al lenguaje político, en este caso traducido a México, de acuerdo a los comicios del pasado dos de julio, el papel de mandante le corresponde al pueblo mexicano, en tanto que el mandatario (la persona) le tocaría a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.

El mandante, el pueblo mexicano, mandató a la doctora Claudia para que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial, porque ese poder no está al servicio del pueblo sino de las élites corruptas mexicanas, incluido el crimen organizado. El mandato de que el también llamado Plan C se instrumente durante su gestión, fue respaldado por 36 millones de votos. Por lo que el aparato gubernamental se debe poner al servicio de esa tarea mandatada por el pueblo. Este último le ha conferido al gobierno de la primera mujer presidenta de México la facultad de que en adelante la justicia se ponga al servicio del pueblo.

Justicia pronta y expedita, para el pueblo mexicano.

Publicado originalmente en: https://www.zonadocs.mx/2024/06/18/reforma-judicial-carceles-y-escuelas/

Por Ana Paula Carbonell / @AnaPauCarbonel1

Durante seis días o más de 150 horas, las mujeres que integran las colectivas Madre Yo sí te creo y del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV) evidenciaron que en el estado esta violencia contra las mujeres y las infancias se reproduce impunemente sin sanción. Con pancartas y letreros mostraron cómo llevaban 580, 1200, 970 días sin ver a sus hijos e hijas, luego de que sus agresores se los arrebataran. 

A mi hijo me lo quitaron y se lo llevaron a Nayarit. Pero cuando en Nayarit se votó a favor de la Ley Vicaria, mi agresor se regresó al niño aquí a Jalisco, donde aún no existe la ley. La necesitamos para recuperar a nuestros hijos de nuestros agresores, comentó una de las madres, en espera de que iniciara la sesión.

Nos dirigimos a ustedes con profunda indignación ante el desprecio e indiferencia hacia nosotras como ciudadanas. Ustedes han sido omisos e indolentes. ¿Qué clase de legisladores tenemos en Jalisco? ¿Cuando las puertas del Congreso que se supone debe estar protegiendo nuestro derechos, nos ha abandonado?

A pesar de que la diputada Marcela Padilla, Presidenta de la Junta Directiva del Congreso anunció que este miércoles 5 de junio a las 4:00 p.m. llevaría finalmente el dictamen al pleno, la discusión comenzó hasta las 6:00 p.m. Las madres junto con los medios de comunicación estuvieron esperando noticias desde afuera.

Determinadas a hacer extensivo su reclamo, continuaron coreando canciones, gritando consignas y haciendo sonar cazuelas. “La lucha de las madres no morirá”, “Denuncié a mi agresor y me quitó a mis hijos” y “Jueces vendidos, hijos perdidos” eran algunas de las frases que se podían escuchar de las madres y abuelas. A pesar de las altas temperaturas y los policías que no se movían de la entrada del Congreso, siguieron.

Alrededor de las 5:30 de la tarde, con casi hora y media de retraso de la hora anunciada por el Congreso, la sesión extraordinaria comenzó. Y aunque pidieron varias veces por escrito que les permitieran entrar a  la sala del pleno, se los impidieron. Esto tampoco las detuvo. 

Ana Paula Sandoval, Directora General de la organización Civilidad para Transformar A.C., utilizó su teléfono y el megáfono para proyectar el sonido de la transmisión en vivo de la sesión, de forma que todas pudieran escuchar la discusión. 

No fue hasta alrededor de las 6:00 p.m. que comenzó la discusión de la iniciativa de Ley Vicaria. Todas se sentaron en la banqueta y en la calle frente a las puertas del edificio legislativo para escuchar en silencio. Mientras tanto, las diputadas de las bancadas parlamentarias de los partidos Movimiento Ciudadano, Morena, Hagamos y del Partido Acción Nacional argumentaban sus decisiones. 

La diputada Dolores López Jara fue abucheada cuando pasó a la tribuna a dar su opinión; ella fue la encargada de presentar la iniciativa de ley en febrero de 2022, sin embargo, las madres han sentido que les abandonó y engañó a lo largo de estos dos últimos años.  

“Hay un grupo a favor y hay un grupo en contra de la Ley Vicaria” señaló en su intervención la diputada López Jara. “Estamos a favor de las mujeres que están allá afuera, nosotras sí nos sentamos con las víctimas” aseguró.

Mara Robles, del partido Hagamos, junto con Mirelle Montes y Claudia Murguia del PAN, expresaron su preocupación ante las modificaciones presentadas al dictamen de Ley Vicaria, enfatizando en la necesidad de que fuera aproba respetando su componente de género. 

Claro que hay buenos padres, claro que hay malas madres, pero no es posible que no se reconozca que el patriarcado y la cultura en la que vivimos demuestra una necesidad de proteger a la mujer ante este tipo de violencias. Nosotros hacemos leyes, que son generales y abstractas. La Ley Vicaria tendría que reflejar la realidad, donde la mujer es más vulnerable. No hay peor crímen que el que le quiten a su hijo a una madre, comentó Robles.

La discusión dentro del Congreso de Jalisco duró dos horas, para que finalmente aprobaran un dictamen de ley por unanimidad que contempla la “Violencia por interpósita persona”, un agravante de la violencia intrafamiliar, en lugar de tipificar y nombrar la violencia vicaria como delito en razón de género dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Jalisco, así como del Código Penal y el Código Civil estatales.  

Publicado originalmente en: https://www.zonadocs.mx/2024/06/06/madres-levantan-campamento-despues-de-150-horas-en-huelga-de-hambre-el-congreso-de-jalisco-decide-no-legislar-la-violencia-vicaria/

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Durante el foro Wirikuta: 13 años en defensa del territorio sagrado, autoridades tradicionales y civiles reafirmaron su compromiso, destacando logros legales y resistencia frente a la presión de la industria minera.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Después de 13 años de constante batalla, el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta (CRW), una coalición compuesta por autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades Wixaritari de Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Sebastián Teponahuaxtlán, Tuxpan de Bolaños en Jalisco, y Bancos de San Hipólito, continúan exigiendo al Estado Mexicano cancelar las 78 concesiones mineras que ponen en riesgo la tierra sagrada de Wirikuta y sus 140 mil hectáreas, que se extienden por los municipios de Real de Catorce, Charcas, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en el estado de San Luis Potosí.

Lo anterior fue declarado durante el foro Wirikuta: 13 años en defensa del territorio sagrado realizado en la Casa Clavijero, este jueves 18 de abril, donde las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades Wixaritari de Jalisco y Durango reafirmaron su compromiso con la defensa de Wirikuta y otros territorios sagrados, denunciando cualquier intento de imponer megaproyectos mineros u otras actividades que pongan en riesgo su patrimonio cultural y ambiental.

Durante el evento, el CRW destacó los logros obtenidos hasta la fecha, subrayando la fuerza brindada por sus deidades y la unidad de las comunidades. También resaltaron el impacto del Peritaje Tradicional presentado en un amparo en febrero de 2012, que condujo a la suspensión total de la actividad minera pendiente de sentencia.

Santos De la Cruz Carrillo, Coordinador de la Mesa Jurídica del Consejo Regional Wixárika, detalló que desde el 18 de julio de 2011, cuando se interpuso una demanda de amparo indirecto, hasta la ampliación de la misma el 29 de agosto de 2013, el Consejo Regional Wixárika ha enfrentado a las empresas mineras Minera Real Bonanza S.A. de C.V. y Minera Real de Catorce S.A de C.V., subsidiarias de First Majestic Silver Corp., en un esfuerzo por proteger sus derechos de consulta, territorio e identidad cultural. Las concesiones otorgadas para el proyecto de explotación de plata denominado “Real De Catorce/La Luz” están en el centro de esta disputa.

A pesar de los avances en el proceso legal, que están próximos a llegar a una etapa de sentencia, las presiones por parte de las empresas mineras y otros grupos de interés continúan. Por un lado, las autoridades denunciaron que se ha desplegado una campaña de desinformación entre las y los habitantes del territorio sagrado, promovida por grupos pro minería. Por otro lado, núcleos ejidales del municipio de Catorce, San Luis Potosí, han presentado demandas de amparo en contra del reconocimiento del territorio sagrado conocido como Wirikuta como Área Natural Protegida y Reserva de la Biosfera.

Santos De la Cruz resaltó que este caso no solo tiene implicaciones legales, sino que también representa un punto de inflexión en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. 

“El Consejo Regional Wixárika logró establecer precedentes históricos en la protección de su territorio sagrado y la suspensión de actividades mineras en áreas reconocidas formalmente. Sin embargo, la batalla aún no ha concluido y la determinación de la autoridad constitucional en la etapa de sentencia será crucial para el futuro del pueblo wixárika y la preservación de su legado cultural y ambiental.”

La sentencia que se avecina es crucial para el futuro de Wirikuta y de las comunidades wixárikas, y el Consejo Regional Wixárika espera que se haga justicia para garantizar la preservación de su patrimonio sagrado y el respeto a sus derechos fundamentales.

El CRW recordó que el pasado 9 de agosto de 2023, en conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas, se firmó un decreto histórico destinado a proteger y salvaguardar los lugares sagrados y territorios del pueblo Wixárika. Esta medida tenía como objetivo principal contrarrestar las constantes agresiones e invasiones sufridas por ellos y sus comunidades. Sin embargo, el CRW detalló que recientemente se les ha informado que dicho decreto ha sido impugnado, lo que sugiere la suspensión de sus efectos.

El mencionado decreto, firmado por el Ejecutivo federal, reconoce, protege, preserva y salvaguarda los lugares y sitios sagrados, así como las rutas de peregrinación de los pueblos indígenas Wixárika, Náayeri, O’dam o Au’dam y Mexikán. Esta acción gubernamental busca garantizar el derecho de estos pueblos a utilizar sus tierras para llevar a cabo rituales y ceremonias tradicionales, al tiempo que se pone fin a las agresiones e invasiones perpetradas por agentes externos.

La lucha del pueblo Wixárica

En entrevista para ZonaDocs, Pablo Carrillo Valenzuela, Gobernador Tradicional del pueblo Wixárica, explicó que sus lugares sagrados se encuentran en los 5 puntos cardinales: al sur se encuentra Xapa Wiyeme, lugar donde el primer hombre pisó la tierra en la Isla de los Alacranes, Chápala, Jalisco, el alma de la creación danza en la brisa del lago. Al poniente, en Haramara, la diosa del mar en la Isla del Rey, San Blas, Nayarit. Al norte, en Hauxa Manaka, la canoa del primer hombre reposa en Cerro Gordo, Durango, testigo del nacimiento de un mundo nuevo. En el centro, en Tekata, el abuelo fuego que irradia su calor en Santa Catarina Cuexcomatitlán, Mezquitic, Jalisco, nutriendo el espíritu de la comunidad. Y al oriente, en Wirikuta, donde el sol vio la luz por primera vez, yace Tamatsi Kauyumarie, el Venado Azul, guardián de la sabiduría ancestral de los Wixárikas, en Real de Catorce, San Luis Potosí.

Para las y los Wixárikas, Wirikuta es considerada cuna del sol y morada de deidades, sin embargo, su cultura se ve amenazada por la sombra de la explotación minera. En 2009, la industria minera amenazó este territorio sagrado, obteniendo 78 concesiones mineras, aproximadamente el 70% del Área Natural Protegida que abarca 140,000 hectáreas.

Ante esta afrenta, el pueblo Wixárika alzó su voz en defensa de Wirikuta, a través de la Unión de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, A.C., y el nacimiento del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta en abril de 2010.

En la actualidad, la actividad minera en el territorio sagrado se halla suspendida debido a un amparo interpuesto por El Consejo Regional Wixárika. A pesar de esta medida, la lucha por la protección de Wirikuta persiste, pues las empresas mineras continúan sus esfuerzos por destruir tanto el territorio sagrado como la herencia cultural de la región. Empleando tácticas de división y desinformación, estas empresas mantienen su intento constante de socavar los valores ancestrales y la conexión espiritual de la comunidad Wixárika con su tierra sagrada.

Publicado en https://www.zonadocs.mx/2024/04/18/wirikuta-no-se-vende-se-ama-y-se-defiende-13-anos-en-defensa-del-territorio-sagrado-de-los-wixarikas/

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