De la denuncia de un atentado hasta el momento del asesinato de Alejandro Martínez Noguez, el fracaso de los mecanismos de protección de periodistas y personas defensoras hace urgente su revisión
POR VERÓNICA ESPINOZA / POP LAB
León Guanajuato- Alejandro Alfredo Martínez Noguez fue conocido con ese nombre hace algunos años, cuando así firmaba sus notas en varios medios locales por los que pasó en su largo camino de reportero.
Dejó de ser Alejandro para convertirse en El hijo del Llanero solititito”, una especie de justiciero, polémico incluso al interior del gremio, pero tremendamente popular y seguido por miles de personas, sobre todo en las transmisiones en vivo que a través de su propia página hacía de los muchos sucesos delictivos, denuncias ciudadanas y la violencia que por años ha marcado a Celaya y a la región Laja-Bajío.
El domingo 4 de agosto, Martínez Noguez fue asesinado. Su nombre verdadero y su popular apelativo son anotados en la larga lista de reporteros asesinados en México y los 3 que por ahora se sabe que han sido asesinados en un contexto de amenazas y acoso a medios en Guanajuato en los años recientes.
Pero además, es por lo menos el octavo reportero asesinado con todo y que estaba incorporado al Mecanismo federal de protección de personas defensoras y periodistas.
Hay que decir que estos mecanismos funcionan con una coordinación y una comunicación entre el nivel federal y estatal, y que formalmente hay unidades de enlace en los municipios. En realidad, las culpas se pueden echar con toda facilidad de unos a otros, por las enormes fallas, omisiones y carencias que siguen presentando todos.
“La violencia contra los periodistas en México sigue sin tener parangón. El asesinato del periodista Alejandro Martínez Noguez -ejecutado a pesar de estar bajo protección del Estado y después de sufrir un atentado hace poco más de dos años- es el último episodio de esta sangrienta tendencia… Numerosos factores explican esta realidad, pero la incapacidad del Estado para acabar con la impunidad de estos crímenes es determinante”, fue el pronunciamiento de Artur Romeo, director de la oficina de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ante este homicidio.
Apenas un esbozo de la situación.
Alejandro había sido también atendido por el Consejo estatal de protección de personas defensoras y periodistas -que encabeza el secretario de gobierno del estado, Jesús Oviedo Herrera a finales del 2022, luego de que denunció haber sido víctima de un intento de asesinato por un hombre que llegó armado a su domicilio, pero que no pudo dispararle por una aparente falla de la pistola.
Ese momento marcó un cambio drástico en la actividad del Llanero que masivamente se seguía en sus redes sociales. Porque de ser un comunicador que llegaba con prontitud a cubrir hechos delictivos de la región Laja-Bajío de manera diaria y transmitía a su estilo los reportes, dejó de lado ese tipo de coberturas y optó por acudir a otro tipo de eventos e incidentes, como accidentes viales, eventos de autoridades o políticos y similares.
Es decir, bajó su perfil público, se impuso la autocensura…o la censura originada por lo que consideró una advertencia.
Para enero del 2023, el Llanero fue incorporado al Mecanismo federal. Los pormenores de las medidas de protección que se determinó brindarle son desconocidos en lo público, porque la confidencialidad es necesaria como garantía para la persona acogida por el Mecanismo. La situación de las y los periodistas en el país, los riesgos, lo ameritan y así lo establecen las leyes que se han creado para brindar esta protección, leyes impulsadas por los propios periodistas y las personas defensoras de derechos humanos.
Actualmente, estas leyes prevén el funcionamiento de unidades de reacción rápida, de evaluación de riesgos y de prevención, seguimiento y análisis de los casos incorporados a la protección. En el caso del Consejo estatal de protección de Guanajuato, hay que decir que hay poco personal y no han sido implementadas todas las áreas, a casi seis años de haberse instalado.
Así, las leyes enmarcan la creación de mecanismos y protocolos de protección que no acaban de cuajar, que no acaban de funcionar, que no han servido para prevenir, que han fallado en preservar la vida de algunos de los periodistas y defensores a los que han incorporado, como es el caso de Alejandro. Que fracasaron.
Han fallado en parte por falta de voluntad, pero también de presupuestos, o de infraestructura, o de personal profesional o debidamente capacitado no solamente para implementar las políticas de prevención, sino para aplicar medidas de protección y para dar el debido y puntual seguimiento a esas medidas, revisarlas con apego a la realidad y al contexto y a la situación del periodista o de la persona defensora y de su entorno. Como parece que ocurrió en el caso de Alejandro, según los datos y hechos que hasta ahora se conocen.
Porque el domingo 4 de agosto, Alejandro el Llanero viajaba en el trayecto de Villagrán a Celaya en una patrulla de la Policía vial de Celaya, acompañado por dos elementos de esa corporación que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno municipal, cuando el vehículo fue interceptado por hombres armados que dispararon a los ocupantes y a él lo mataron.
Porque, por lo poco que se sabe, ese resguardo lo tenía presuntamente en un acuerdo personal con el gobierno municipal, pues confiaba en estas autoridades, y lo “acompañaban” sólo para algunas actividades.
Es posible que efectivamente el Llanero creyera o confiara en este acompañamiento de agentes municipales. Pero lo que resulta inconcebible y absurdo es que las autoridades responsables de protegerlo por estar incorporado al Mecanismo federal (y estar al tanto el protocolo estatal) y el propio gobierno municipal lo asumieran, o no se enteraran, o pasaran sin ver.
Porque desde hace tiempo, en Celaya hay una verdadera cacería contra policías y agentes de vialidad municipales.
El estado ha ocupado por lo menos desde 2018 los primeros lugares en asesinatos de agentes policiacos, particularmente municipales. Y especialmente, de Celaya.
Este 2024, la situación se tornó crítica. Guanajuato encabeza de nuevo esta cuenta funesta.
Según el centro de datos de Poplab “Oficial caído”, al 10 de julio de este año se registraron 36 homicidios de agentes, 20 de ellos de Celaya, la mayoría mientras desempeñaba su labor.
Hasta ahora, el año con el mayor número de víctimas es 2020, con 83 elementos asesinados en el estado, de acuerdo con el centro de datos.
Los hechos concretos muestran una persecución en contra de policías, lo mismo de los conocidos como “fedepales” (ex policías federales que fueron incorporados como preventivos pero en un grupo de élite en una administración anterior de Celaya) que contra policías ordinarios o de carrera municipal. Mujeres y hombres han sido por igual atacados, heridos, asesinados. Oficinas, delegaciones de Seguridad Ciudadana en la ciudad y en comunidades rurales también han sido rafagueadas.
En Celaya, los ataques han alcanzado a los policías viales o de tránsito, que suelen laborar sin estar armados, por la naturaleza de sus funciones.
En este contexto el Llanero fue asesinado y los agentes de vialidad que lo acompañaban fueron heridos.
Por eso al día de hoy es todavía difícil discernir contra qué ocupantes de la patrulla iba dirigido ese ataque.
Por supuesto, la exigencia es que la investigación de la Fiscalía general del estado lo deje claro y también identifique, capture y lleve a juicio a los responsables.
Por supuesto, la exigencia es que la Fiscalía no deje fuera ninguna hipótesis o línea de investigación, que no desestime las amenazas previas en contra del Llanero y que asuma el protocolo de investigación de delitos contra periodistas, hasta saber la verdad.
Por supuesto, el gobierno municipal que está por dejar el alcalde Javier Mendoza Márquez (que se pretendió reelegir) lo primero que asumió fue que el ataque iba dirigido en contra de Alejandro. ¿Para qué sumar otro número a la lista de atentados en contra de sus corporaciones?
Las organizaciones nacionales e internacionales que promueven y defienden el ejercicio periodístico y la libertad de expresión como Artículo 19, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro de Protección de Periodistas o Reporteros Sin Fronteras han condenado este asesinato, ocurrido a pocas semanas de que se conoció que los restos del reportero celayense Víctor Manuel Jiménez, desaparecido desde el 2020 cuando iba a la cobertura de un evento deportivo, fueron identificados tras ser recuperados de un pozo. Un asesinato del que nada se sabe y sobre el cual la Fiscalía general del estado calla ominosamente.
Por supuesto, el Mecanismo federal y el Consejo estatal de protección deben afinar su coordinación y su comunicación. Pero también revisar su actuación en este caso y no lanzarse la bolita, sino poner una lupa más grande para ver la información y la comunicación con las personas a las que protegen, reforzar protocolos y análisis de riesgo que elaboran. Y fortalecer aquellas áreas en las que -se sabe- están rebasados por falta de personal o presupuestos. O de voluntad.
Mientras tanto, así lo refiere el director de la oficina de Reporteros Sin Fronteras en América Latina:
“La libertad de prensa en México seguirá desgastándose hasta que los periodistas estén a salvo”.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pop Lab. Aquí puedes consultar su publicación.
