Por: Isabel Dorado Auz
Inicia el año y no se avizora la apertura de un debate que le permita a la Universidad de Sonora contar con una ley que le regrese la autonomía arrebatada por Manlio Fabio Beltrones.
Como recordarán, el grupo Ciencia y Sociedad se reunió con Álvaro Bracamontes, Secretario de Gobierno,el pasado 10 de noviembre, donde se nos dijo que había un documento de trabajo que sería dado a conocer a la Comunidad Universitaria una vez que se le agregara un capítulo faltante. A pesar del tiempo transcurrido, el documento no ha sido trabajado y el acuerdo de reunirnos con el secretario, la dirigencia sindical y nuestro grupo de académicos, no se ha concretado.
Pareciera que no hay ningún apuro por debatir las distintas propuestas que están sobre la mesa. Lo anterior nos hace temer una nueva imposición, ahora durante el gobierno de Alfonso Durazo, para finalmente aprobar la misma Ley Beltrones con un poco de maquillaje. Como Diría el académico Miguel Castellanos, con fina ironía, “La ley 4 no se toca solo se retoca”.
¿Qué vicios se podrían combatir con una ley universitaria? Si recuperamos nuestra autonomía, el autogobierno, entonces será más fácil desplazar al grupo político que se ha enquistado en el poder, “los químicos”, quienes se vieron beneficiados con la imposición de la ley Beltrones; terminaríamos con el cobro de la educación que se imparte en la Universidad de Sonora; se abriría la puerta a miles y miles de estudiantes al desaparecer los exámenes de admisión.
La nueva ley, alejada del neoliberalismo, debe desaparecer a la junta universitaria, y no cambiarle de nombre como se sugiere en el documento de trabajo presentado por el Secretario de Gobierno, para que no sea gente externa la que defina el rumbo de nuestra universidad. También deben desaparecer los privilegios de la burocrática dorada, para que el presupuesto sea destinado a las actividades esenciales del quehacer universitario, la docencia, la investigación, la difusión, entre otras.
Replantear el destino de nuestra universidad significa regresarle a los departamentos la función de la programación de los cursos que deben impartirse cada semestre y quitarle a la dirección de planeación esa facultad que ha venido ejerciendo de facto al imponer una programación anual, para ahorrarse unos centavos, cuando se gastan grandes sumas en mantener a la burocracia dorada.
Un Consejo Universitario, integrado mayoritariamente por docentes y estudiantes, como máxima autoridad es lo que se requiere para que, junto con los Consejos directivos de los departamentos, se pueda potenciar un ejercicio del quehacer universitario donde toda la Comunidad Universitaria se sienta incluida y, con ello, abrir la posibilidad de una mayor trasparencia en la contratación del personal docente y administrativo.
Insistimos, eliminar la estructura burocrática creada por la ley 4 debe ser una prioridad, por eso no entendemos la pretensión del secretario de gobierno de querer maquillar la ley Beltronista.
