Yoel A., ciudadano de origen rumano e integrante de la secta religiosa Lev Tahor, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas, relacionado con matrimonios forzados de niñas y adolescentes, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la autoridad federal, el imputado formaba parte de una estructura criminal que operaba en comunidades pequeñas, de donde presuntamente extraía a menores de edad para obligarlas a contraer matrimonio con adultos pertenecientes al grupo religioso.
El juez de la causa dictó prisión preventiva oficiosa, al considerar la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga.
La FGR detalló que el caso tiene antecedentes fuera de México, ya que Yoel A. fue detenido en Guatemala y posteriormente extraditado, luego de perder un proceso judicial que durante meses lo mantuvo fuera del alcance de las autoridades mexicanas.
La captura se enmarca en una investigación más amplia sobre las operaciones de Lev Tahor, una secta de corte ultraortodoxo que durante décadas ha sido señalada en distintos países por presuntos delitos como abuso infantil, secuestro, negligencia y explotación sexual. Según las investigaciones, el grupo ha recurrido de manera sistemática al desplazamiento entre países para evadir la acción de la justicia.
El rastro de Lev Tahor
Lev Tahor fue fundada en 1988 en Jerusalén por Shlomo Helbrans y ha tenido presencia en países como Israel, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Colombia y México, donde ha dejado antecedentes de denuncias y rescates de menores.
En territorio mexicano, el grupo se estableció principalmente en Chiapas, donde operó mediante campamentos temporales y comunidades cerradas. En 2017, el fundador del movimiento murió durante un ritual religioso en esa entidad; sin embargo, la organización continuó activa bajo nuevos liderazgos.
Con la vinculación a proceso de Yoel A., el caso entra ahora en la etapa de juicio. Para las víctimas, el proceso implica la restitución de derechos y la protección frente a posibles represalias; para las autoridades, el desafío será desarticular por completo una red señalada por utilizar la religión como mecanismo de control y sometimiento.
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