Para que se resuelva la problemática social y política derivada de la requisa realizada a ex concesionarios del transporte urbano en el municipio de Hermosillo en 2018, el pleno del Congreso del Estado aprobó un exhorto al titular del Poder Ejecutivo de Sonora.
La diputada Claudia Zulema Bours Corral, presidenta de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, presentó la iniciativa que contiene el punto de Acuerdo mediante el cual, la legislatura resuelve exhortar respetuosamente al Gobernador de Sonora, para que, a través de sus atribuciones y facultades, realice acciones a fin de resolver la problemática social derivada de la requisa realizada a ex concesionarios de transporte urbano esta capital.
Los ex-concesionarios del transporte público siguen con su plantón rítmico en Palacio de Gobierno. Reclaman que se les pague los títulos de concesión que les retiró Claudia Pavlovich, cuando requisitó las unidades y concesionó a dos empresas el servicio de transporte por 10 años. El gobernador Alfonso Durazo ha declarado que es posible llegar a un acuerdo, pero no el millón y medio por concesión que originalmente pedían.
En la exposición de motivos del documento, la legisladora mencionó que el transporte público en el estado es una parte muy importante en la sociedad por motivos diversos, como lo son permitir movilidad de las personas, favorecer un pleno desarrollo laboral, comercial, conectividad y el impulso a la actividad económica de las poblaciones y regiones.
Destacó que el transporte público es una alternativa ecológica para aminorar el uso de vehículos motorizados por parte de particulares, de tal manera que la emisión de gases es mucho menor, así también como evitar la saturación de las vialidades de la ciudad por el uso excesivo de automóviles.
“Me preocupan los casos que tenían una sola concesión y que era única fuente de empleo, pero hay quienes tienen muchos títulos, adquiridas o compradas”, ha declarado el gobernador Durazo Montaño.
Por el decreto de 2018, se extinguieron 453 concesiones, de las cuales se liquidaron 98 entre 2019 y 2020. Actualmente hay 335 títulos pertenecientes a 230 concesionarios sin liquidar. Según la Secretaría de Gobierno, hay 159 personas con una sola concesión, 43 personas con dos, 27 personas con 3 y 1 empresa que maneja 29 concesiones. La propuesta del gobierno es otorgar 500 mil pesos por concesión.
“Existen evidencias de inconformidad social mostrada por ex concesionarios, esto a partir de la requisa, quienes en el ejercicio de sus derechos se han manifestado, generando afectaciones a terceros”, externó por su parte la diputada Bours Corral.
Estamos al tanto, indicó, que el actual titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora ha instruido a realizar mesas de diálogo para atender dicha problemática social con las y los ex concesionarios, sin embargo, agregó, “no se ha logrado resolver el conflicto generado por el Decreto publicado en 2018, resultando en afectaciones a ex concesionarios y sus familias”.
Con Información del Congreso del Estado de Sonora.
