La investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado contra responsables de estancias infantiles ahora alcanza también a su representante legal.
El abogado Jorge García Ramírez informó que fue citado por la Fiscalía General de Justicia del Estado para comparecer en calidad de imputado dentro de una carpeta de investigación relacionada con el delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares y/o lo que resulte.
La comparecencia fue programada para el próximo 12 de junio en las instalaciones de la Fiscalía estatal, según consta en un citatorio emitido por la Dirección General de Investigación.
La notificación ocurre mientras continúan las diligencias contra integrantes de la organización Conservando los Valores de las Familias, movimiento que mantiene una huelga de hambre y diversas acciones de protesta para exigir una solución al conflicto relacionado con las estancias infantiles.
Este martes, García Ramírez acudió a la Fiscalía en representación de varias integrantes del movimiento, quienes también enfrentan procedimientos derivados de la misma denuncia.
Durante su comparecencia, el abogado solicitó la nulidad de diversas actuaciones al considerar que existieron irregularidades en las notificaciones realizadas por agentes ministeriales.
Según explicó, algunas de las maestras fueron notificadas fuera de los domicilios señalados para tal efecto y en el campamento instalado frente al Congreso del Estado, donde mantienen sus protestas.
Las personas citadas en esta etapa del procedimiento fueron Carmen Genoveva Villa Córdoba, Blanca Ciria Córdoba y Lizeth Villalobos. Además, otras dos maestras deberán comparecer en los próximos días.
La citación para el abogado Jorge García Ramírez agrega un nuevo elemento al conflicto, ya que además de fungir como representante legal de las responsables de estancias infantiles, también participa en las protestas y en la huelga de hambre que mantienen frente al Congreso del Estado
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado ni el Congreso de Sonora han emitido un posicionamiento público sobre la incorporación del representante legal de las manifestantes a la investigación.
