En la plaza Zaragoza del municipio de Ures la tarde del lunes 8 de septiembre se reunieron cientos de pobladores de las comunidades de los Río Sonora y San Miguel (hasta mil, según los organizadores), convocados por ejidatarios, ganaderos, agricultores de la región, así como el @Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora.
Mujeres y hombres de varias comunidades llegaron a entablar un diálogo con representantes de las autoridades estatales. En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno, se encontró con manifestantes en contra de las presas. En ese encuentro, propuso tener un acercamiento “el domingo o el lunes, a las 5 de la tarde”.
Con base en esa oferta, la ciudadanía organizada le envió una carta invitándolo a reunirse a platicar con el pueblo el día lunes, en la plaza pública y con micrófono abierto.
El secretario no llegó a la cita, por lo que la asamblea se llevó a cabo con varios oradores, en micrófono abierto como se había planteado.
Los comentarios y los mensajes fueron en su gran mayoría en rechazo a la construcción de presas y acueductos incluidos en el Plan Hídrico Nacional, obras enlistadas entre los Proyectos Estratégicos de Conagua como “Sistema de Presas para Hermosillo”.
A continuación les compartimos la reseña que nos envía la lic, María Dolores Sánchez Acosta, Defensora de Derechos Humanos vinculados al Territorio y al Medio Ambiente:
“En la reunión comunitaria celebrada este lunes 8 de septiembre de 2025, en la plaza pública de Ures, Sonora, a la cual fue convocado expresamente el secretario de gobierno, este no se presentó, incumpliendo el compromiso asumido previamente de sostener un diálogo abierto con las comunidades ribereñas, que exigen transparencia y rechazan las reuniones “en lo oscurito”, que niegan el derecho ciudadano a la información y a la participación pública en la toma de decisiones.
A pesar de la ausencia oficial, más de mil pobladores de diversas comunidades ribereñas, junto con ejidatarios, especialistas, defensores de derechos humanos, activistas, y ambientalistas, nos reunimos para deliberar colectivamente. Al concluir, la asamblea decidió cerrar el diálogo con las autoridades y, al unísono, se proclamó el ¡NO A LAS PRESAS!, como expresión de dignidad, resistencia y solidaridad con los pueblos ribereños que han sido los guardianes del territorio y los ríos por generaciones.
Rechazamos enérgicamente la construcción de las tres presas y dos acueductos proyectados en el plan hídrico.
Exhortamos a los tres órdenes de gobierno, a que dejen de prometer planes de desarrollo que significan despojo y que antes de pretender imponer las tres presas y dos acueductos que no producen agua y que destruyen los ríos y los ecosistemas que dependen de ellos, primero asuman su deber Constitucional y moral de garantizar la remediación de los daños ocasionados por la contaminación en el Río Sonora, porque hasta el día de hoy aún no existe un plan serio de reparación integral, la atención a la salud de los afectados, ni responsables sancionados.
Porque hablar de desarrollo, mientras siguen impunes los daños del derrame tóxico del 2014, es una burla para las comunidades ribereñas que llevan 11 años esperando Justicia.
Nuestra oposición está respaldada por fundamentos técnicos y jurídicos claros. El Informe de la Comisión Mundial de Presas y la experiencia nacional demuestran que estas obras provocan impactos socioambientales irreversibles: pérdida de caudales ecológicos, destrucción de ríos, afectación de la vegetación ribereña, abatimiento de acuíferos, desertificación acelerada y desplazamiento forzado de comunidades.
En Sonora, las presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez son ejemplo de daños irreversibles que redujeron drásticamente la producción agrícola y afectaron de manera permanente los ecosistemas ribereños.
A esto se suma que la Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 22, establece una prelación en el uso del agua: primero el consumo humano, después la agricultura, luego la industria y finalmente los usos recreativos. Los proyectos de presas y acueductos que hoy se pretenden imponer contravienen esta prelación, pues responden más a intereses inmobiliarios y especulativos que a un manejo integral de la cuenca. El verdadero objetivo es urbanizar el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez y detonar un crecimiento urbano insustentable que agravará aún más la crisis hídrica.
El problema de Hermosillo no es la falta de fuentes de agua, sino la ineficiencia en su conducción, más del 55% del líquido se pierde en fugas y mala administración. Atender esta situación garantiza el abasto de agua por al menos 30 años, sin necesidad de recurrir a proyectos social y ambientalmente devastadores.
En este sentido, la oposición comunitaria se funda en la exigencia legítima de respeto a la dignidad humana, a la justicia socioambiental y al derecho de las futuras generaciones a un medio ambiente sano.
Atentamente:
Lic. María Dolores Sánchez Acosta
Integrante de la Comisión Jurídica del Movimiento en Defensa del Agua, del Territorio y la Vida.”
