Hermosillo, Sonora, 22 de Marzo d 2026.- Existen versiones encontradas con respecto al estatus del proyecto de la presa Puerta del Sol, ubicada en el municipio de Ures. Mientras Ariel Monge Martínez, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), sostiene que el proceso avanza, el Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida ha emitido un desmentido.
La organización civil señala que no se trata de simples ajustes administrativos, sino de omisiones legales graves y una falta de sustento técnico que invalidan la viabilidad inmediata de la obra. De acuerdo con las declaraciones de Monge Martínez, la administración estatal se encuentra complementando estudios requeridos tanto por la Secretaría de Hacienda como por la dependencia federal Semarnat.
El funcionario aseguró, en una declaración a periodistas a mitad de la semana, que el rechazo del trámite inicial no representa una negativa definitiva, sino una oportunidad para resolver observaciones ambientales antes de reingresar el expediente oficial ante la federación.
Por su parte, el Movimiento en Defensa del Agua argumenta que la autoridad estatal ha actuado con opacidad, ignorando plazos legales que ya han vencido para la entrega de información clave. Según el colectivo, la Semarnat estableció un periodo improrrogable de 60 días hábiles, a partir de enero, para que la CEA entregara la información faltante de la Manifestación de Impacto.
Al no cumplirse este plazo en tiempo y forma, el movimiento sostiene que el proyecto carece de sustento legal, contradiciendo la versión de Monge Martínez. Los activistas denuncian además que la CEA confunde a la opinión pública al mezclar información de distintos trámites para ocultar el estatus real de la obra hidráulica.
Específicamente, señalan que el requisito del título de propiedad no pertenece a la evaluación ambiental, sino al trámite de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales de la zona. Dicho trámite ya fue desechado por la autoridad federal debido al incumplimiento de observaciones previas, lo que demuestra que el problema no es administrativo, sino una deficiencia técnica.
La organización civil enfatiza que la normativa ambiental mexicana es clara al exigir que cualquier proyecto de esta magnitud sea presentado de forma completa y justificada desde su origen técnico. Critican la postura de la comisión estatal de intentar resolver deficiencias sobre la marcha, lo cual consideran una práctica omisa y ambigua que pone en riesgo los recursos naturales.
Para los defensores del agua, los documentos oficiales confirman que hoy no existe un proyecto técnicamente viable, y que la autoridad ambiental deberá resolver el expediente con información incompleta. En cuanto a la problemática de la contaminación, la desconfianza ciudadana se ha incrementado ante las propuestas paliativas de la CEA, como el uso de desinfectantes básicos temporales.
El Movimiento en Defensa del Agua subraya que han solicitado información detallada de manera constante, Sin embargo, manifiestan haber encontrando una barrera de opacidad recurrente por parte del actual gobierno del estado.
El conflicto evidencia una brecha profunda entre la narrativa gubernamental y la realidad técnica documentada por los colectivos. El futuro de la presa permanece en la incertidumbre, supeditado a que la CEA logre subsanar errores que, para los expertos civiles, resultan ser de un carácter totalmente insalvable.
La discusión se mantiene firme en el terreno de lo legal, mientras los pobladores y ejidatarios de la región permanecen en alerta, exigiendo transparencia total sobre un proceso que impactará directamente en su acceso al vital líquido y su seguridad.
