Hermosillo, Sonora.- En un pronunciamiento conjunto, la diputada Vicky Espinoza, integrante de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales y Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y la regidora Fany Duarte, denunciaron que el Ayuntamiento de Hermosillo pretendía implementar un esquema de fotomultas carente de certeza jurídica y con un fin meramente recaudatorio, el cual estimaba recaudar hasta 117 millones de pesos del bolsillo de los ciudadanos durante el 2026 (por el total de multas, incluidas las fotomultas).
La diputada Espinoza informó que, tras una revisión exhaustiva de las leyes de ingresos de los municipios, el Congreso del Estado detectó inconstitucionalidades sistemáticas en 49 ayuntamientos, incluido el de Hermosillo. Ante esta situación, el Poder Legislativo ejerció sus facultades para modificar el artículo 165 de la Ley de Ingresos Municipal, estableciendo que las infracciones de tránsito solo podrán ser aplicadas mediante la intervención directa de un agente de tránsito.
De acuerdo con la legisladora, las multas aplicadas exclusivamente a través de dispositivos tecnológicos quedarán sin efecto. Espinoza subrayó que esta medida busca devolver la certeza al ciudadano, quien actualmente desconoce la ubicación de los radares y podría acumular decenas de infracciones sin siquiera ser notificado, enfrentando costos que oscilan entre los 1,200 y 1,700 pesos por cada una.
Un esquema diseñado para el cobro, no para la seguridad
Por su parte, la regidora Fany Duarte expuso que desde julio de 2025 se impulsaron modificaciones al reglamento de tránsito de forma “tramposa”. Detalló que el Ayuntamiento redujo el límite de velocidad a 50 km/h en vialidades principales, tomando el mínimo del máximo permitido por la ley para forzar a los conductores a caer en esquemas sancionatorios.
Duarte cuestionó la narrativa oficial que justifica estas medidas bajo el argumento de la seguridad vial. Señaló que, a pesar de estas restricciones, Hermosillo se mantiene como una de las ciudades con más siniestros y fallecimientos viales en el país. Además, denunció que los radares no fueron instalados en los puntos de mayor accidentalidad detectados por organismos civiles, sino en las entradas de la ciudad y zonas de tránsito fluido.
La regidora reveló cifras alarmantes sobre la proyección financiera del municipio: “El Ayuntamiento pretendía recaudar 117 millones de pesos por concepto de multas en 2026. Estamos hablando de que proyectaban sacar diariamente más de 300,000 pesos de los bolsillos de los hermosillenses”.
Falta de transparencia y violación al debido proceso
Durante la rueda de prensa, se enfatizó que el uso de tecnologías como cámaras, radares y pistolas de velocidad debe garantizar que los equipos estén debidamente calibrados y que no sean alterables. Duarte advirtió que la jurisprudencia actual exige que un oficial de tránsito acreditado intervenga personalmente para respetar el debido proceso y evitar actos de coerción o extorsión.
“No estamos en contra de que se sancione a quien infrinja la ley, estamos en contra de que el Ayuntamiento utilice los problemas de la ciudad para hacer negocios”, afirmó Duarte, quien también recordó que la Ley de Ingresos de 2025 ya había sido votada en contra anteriormente por irregularidades en las actas de cabildo.
Las representantes informaron que el Congreso del Estado mantendrá un análisis permanente sobre la aplicación de multas en la capital sonorense para evitar que se generen nuevos mecanismos de cobro que violen los derechos humanos o excedan las facultades municipales. La diputada Espinoza celebró que el Ayuntamiento haya tenido que cambiar su narrativa ante la presión legislativa, asegurando que el trabajo del Congreso va encaminado a dar claridad e información real a una ciudadanía que mantenía un “miedo colectivo” por este nuevo impuesto disfrazado de prevención.
Redacción: IA, con información de Libera Radio
Imágenes: Libera Radio
