Hermosillo, Sonora, 17 de abril de 2026.- Con la visita de la activista Eufrosina Cruz Mendoza, la diputada Gabriela Félix Bojórquez (MC) presentó una iniciativa para tipificar como delito la cohabitación forzada de menores y el matrimonio infantil en Sonora.
Durante una conferencia de prensa, la legisladora explicó que la propuesta busca establecer sanciones claras contra estas prácticas, que actualmente no están plenamente homologadas en el ámbito estatal. La iniciativa forma parte de un esfuerzo por reforzar la protección de niñas y adolescentes.
Eufrosina Cruz, de origen zapoteco y primera mujer indígena en presidir el Congreso de Oaxaca, ha impulsado reformas similares en distintas entidades del país. En 2014, como diputada federal, promovió cambios constitucionales para garantizar el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en sus comunidades.
En conferencia de prensa junto con Michelle Lucero, presidenta de la Fundación Nueva Generación Sonora, expone que esta situación debió haber sido delito siempre, y no haberse escudaado en el argumento de que son “usos y costumbres”. Además, aclara que no solo sucede en las comunidades indígenas rurales, sino también en las periferias de las grandes ciudades.
“¿Qué trae como consecuencia el permitir estas cohabitaciones forzadas o el matrimonio infantil? Pues trae también la consecuencia de la trata, de la industria de la pornografía infantil. Nadie habla de que somos el primer país en pornografía infantil”.
El producto de interno bruto que genera esta actividad, dice Eufrosina, rebasa el generado por el tráfico de armas. Otra consecuencia es el embarazo infantil, “ni siquiera embarazo adolescente”, con todas las complicaciones de salud que suele traer a las niñas.
A nivel federal, desde abril de 2023 el matrimonio infantil y la cohabitación forzada están tipificados como delito en el Código Penal, con penas que van de ocho a 15 años de prisión, además de sanciones económicas. En Sonora, el Código de Familia establece desde 2019 los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio sin excepciones, y en 2024 se eliminaron disposiciones que permitían estas uniones con autorización de los padres.
Sin embargo, dice la activista, no basta que esté prohibido, sino que es necesario que haya una sanción, por eso se busca la homologación de las penas.
“Se debe actuar no solo contra quienes abusan, sino también de los padres que lo consienten, porque bien que agarran la vaca, bien que agarran el terreno, el mezcal. no se justifica esas prácticas por una pretendida ignorancia. No se puede seguir justificando el abuso sexual de las niñas como cultura”.
De acuerdo con datos citados por Michelle Lucero, en Sonora se registraron 5 mil 935 casos de personas de entre 12 y 17 años casadas o en unión libre en 2020, de las cuales el 75 por ciento corresponde a mujeres.
Hasta ahora son 8 entidades las que han hecho los cambios a raíz del impulso de Eufrosina: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, en Coahuila, Michoacán, Baja Norte, y el Estado de México. Se han visitado además otros 5 estados.
La iniciativa se suma a otras propuestas presentadas en el Congreso local y contempla el endurecimiento de penas, particularmente en casos que involucren a población indígena o afromexicana.
El siguiente paso, dice Eufrosina, es homologar el castigo de cohabitación y matrimonio infantil y el delito de trata. “No puede ser que, por ejemplo, que en trata la sanción de los que hacen este delito no más no van más de 5 años. Es una aberración”.
Como parte de su visita, la activista sostuvo además un encuentro con organizaciones y colectivos de la sociedad civil enfocados en la defensa de los derechos de niñas y mujeres.
Redacción e imágenes: Libera Radio.
