El Congreso del Estado de Sonora aprobó, en sesión del Pleno, la minuta de reforma constitucional conocida como Plan B, orientada a la reducción de privilegios y al fortalecimiento de mecanismos de control democrático. La medida contempla ajustes en los presupuestos de los congresos estatales, la disminución del número de regidurías en los ayuntamientos y la reducción de remuneraciones de autoridades electorales, con el propósito de promover un uso más eficiente de los recursos públicos.
La reforma contempla:
• Austeridad y disciplina presupuestaria en municipios, congresos locales y órganos electorales.
• Paridad de género e igualdad sustantiva en la integración de ayuntamientos y legislaturas.
• Eliminación de privilegios para servidoras y servidores públicos, limitando remuneraciones y beneficios.
• Reducción del gasto público, destinando los ahorros a obras de infraestructura en beneficio de la población.
Durante la misma sesión, la diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó una iniciativa para reformar el marco jurídico estatal en materia de austeridad, disciplina financiera y uso eficiente del gasto público, con el objetivo de armonizar la legislación local con lo establecido en la Constitución federal. La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y contempla modificaciones tanto a la Constitución de Sonora como a la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Entre los principales planteamientos se encuentra establecer un límite al presupuesto anual del Congreso del Estado de hasta el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos, así como regular las remuneraciones de las personas servidoras públicas para que no excedan los topes constitucionales, eliminando prestaciones adicionales no previstas en la ley. También se incluyen disposiciones para ajustar los salarios de integrantes del Poder Judicial y de órganos electorales.
La iniciativa propone además reducir el número de regidurías en los ayuntamientos mediante criterios basados en la población, con lo que se pasaría de más de 500 a alrededor de 365 regidores en la entidad. Según la legisladora, estas medidas buscan optimizar la administración pública, disminuir el gasto y fortalecer la eficiencia institucional, manteniendo la representación política y la inclusión de sectores como las comunidades indígenas.
Asimísmo, en la sesion ordinaria se avalaron reformas en distintos ámbitos, entre ellas la armonización de la legislación estatal en materia de extorsión con el marco federal, con el objetivo de reforzar la prevención, investigación y sanción de este delito, así como mejorar la coordinación institucional y la protección a víctimas.
En el ámbito municipal, se aprobó un dictamen que establece el procedimiento a seguir en caso del fallecimiento de integrantes de ayuntamientos, definiendo los mecanismos de sustitución correspondientes. Asimismo, se dio luz verde a una reforma en materia de entrega-recepción para regular este proceso en los distintos poderes y entes públicos, con énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas.
También se aprobó una modificación a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Magdalena para 2026, que permitirá la condonación de hasta el 100 por ciento de recargos en adeudos fiscales, siempre que los contribuyentes liquiden el impuesto predial correspondiente.
Por otra parte, el Congreso emitió un exhorto dirigido a los 72 ayuntamientos del estado para garantizar la autonomía en la designación de titulares de los órganos de control interno. Además, se turnaron a comisiones iniciativas relacionadas con disciplina financiera y la responsabilidad territorial de regidurías, las cuales serán analizadas para su eventual dictaminación.
Antes de concluir la sesión, el Pleno guardó un minuto de silencio en memoria de Gilberto Contreras Cañez, quien falleció tras rescatar a cuatro menores en Puerto Lobos, acto que fue reconocido por legisladores como una muestra de valor y solidaridad.
