REDACCIÓN.
Hermosillo, Sonora, 09 de Julio de 2026.- El Congreso del Estado de Sonora aseguró que ha cumplido con las resoluciones judiciales derivadas del amparo promovido por Conservando los Valores de la Familia A.C. (COVAFAM) y sostuvo que el conflicto con las propietarias de estancias infantiles se prolongó debido a que el pliego de peticiones fue ampliándose durante las mesas de negociación, mientras la organización rechazó esa versión y afirmó que las autoridades nunca mostraron disposición para construir acuerdos.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra López Noriega, acompañada por coordinadores parlamentarios de Morena, PT, PVEM, PES y Nueva Alianza Sonora, explicó que la sentencia emitida en octubre de 2025 ordenó modificar el presupuesto de 2023 para incorporar dos millones de pesos a favor de la asociación, situación que calificó como jurídicamente imposible al tratarse de un ejercicio ya concluido.
La legisladora indicó que, tras diversos requerimientos judiciales, el Congreso aprobó etiquetar ese recurso dentro del Presupuesto de Egresos de 2027 y posteriormente eliminó las restricciones inicialmente incluidas en el acuerdo, conforme a una nueva resolución del juez. Afirmó que el juzgador consideró válidas las gestiones realizadas por el Poder Legislativo, aunque el cumplimiento total de la sentencia quedará sujeto a la entrega efectiva del recurso.
Durante la conferencia, López Noriega sostuvo que las manifestantes iniciaron con un pliego de nueve peticiones, pero posteriormente incorporaron nuevas demandas. Aseguró que en una de las mesas de trabajo solicitaron aumentar de dos a cuatro millones de pesos el apoyo para retirarse de la protesta y plantearon que el presupuesto creciera de forma progresiva en años posteriores.
Las diputadas también señalaron que varias de las solicitudes excedían las facultades del Congreso, entre ellas modificaciones a tarifas de agua y otros temas administrativos, además de reiterar que no es posible emitir una legislación especial que exima a determinadas estancias del cumplimiento de la Ley 5 de Junio, al considerar que dicha norma establece condiciones mínimas de seguridad para la atención de niñas y niños.
La coordinadora de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, afirmó que Sonora ya armonizó su legislación secundaria con la Ley General de Educación y sostuvo que la reforma constitucional federal no obliga a modificar las constituciones locales en materia de educación inicial. Añadió que avanzar hacia la universalización del servicio requeriría recursos estimados en alrededor de 11 mil millones de pesos, por lo que cualquier cambio tendría que realizarse de manera gradual.
Asimismo, legisladores señalaron que el movimiento terminó concentrándose principalmente en demandas económicas y cuestionaron que durante las mesas de trabajo no se abordaran temas como programas educativos, regularización de estancias o incorporación al sistema educativo. También afirmaron que Protección Civil encontró inconsistencias en algunos domicilios proporcionados por las manifestantes y aseguraron que el recurso presupuestado para 2027 únicamente podrá entregarse si las beneficiarias cumplen los requisitos legales correspondientes.
En respuesta, Valeria López López, responsable de comunicación social de COVAFAM, rechazó que la organización haya obstaculizado las negociaciones. Señaló que las mesas de trabajo sí existieron, pero aseguró que las reuniones iniciaban con descalificaciones hacia las propuestas de las manifestantes, lo que, afirmó, impedía un diálogo en condiciones de igualdad.
Sobre el señalamiento de que solicitaron cuatro millones de pesos para concluir la protesta, sostuvo que esa versión es incorrecta. Explicó que desde el inicio plantearon un esquema de incremento progresivo del presupuesto para los siguientes años, pero negó que hubieran fijado cantidades específicas como condición para retirarse del Congreso.
Respecto a los dos millones de pesos reconocidos en la sentencia, consideró que las autoridades han sostenido desde 2023 el mismo argumento sobre la imposibilidad administrativa para entregarlos y afirmó que el conflicto persiste precisamente porque el recurso sigue sin materializarse.
También rechazó que COVAFAM pretenda quedar exenta de los requisitos de Protección Civil. Señaló que la organización busca cumplir con las disposiciones de seguridad y que el apoyo económico solicitado permitiría financiar puertas de emergencia, sistemas contra incendios, programas internos de protección civil y otras adecuaciones, por lo que incluso estarían dispuestas a recibir esos apoyos en especie y no necesariamente mediante la entrega directa de recursos.
Antes de la conferecia de prensa de las y los diputados, hubo por fuera del Congreso una concentración en apoyo a las demandas del grupo, evento convocado en redes por la influencer Lupita Villalobos. Este mismo día, al pundo del medio dia, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del Pleno del Legislativo en su propio recinto, que estuvo cerrado desde el 21 de abril pasado.
Aunque el plantón fue retirado del recinto legislativo, el conflicto no ha concluido. Las integrantes de COVAFAM mantienen su protesta desde un campamento instalado sobre la banqueta del Poder Judicial, junto con el abogado Jorge García que continúa en huelga de hambre. Mientras tanto, el acceso al Congreso permanece delimitado por un perímetro de seguridad y bajo resguardo de elementos de la Policía Estatal.
