Columna Letra de Cambio

Trece años después: el expediente clínico electrónico que México sigue debiéndose

Cuatro presidentes. Cinco secretarios de Salud. Una promesa que se renueva cada sexenio y no se cumple. El Servicio Universal de Salud tiene ahora la oportunidad de romper ese ciclo. Pero solo si esta vez la voluntad política viene acompañada de lo que siempre ha faltado: infraestructura, estándar técnico único y presupuesto sostenido.

Por: Dr. Alejandro Arellano Guzmán

Hay compromisos que el sistema de salud mexicano ha renovado durante tanto tiempo que ya no suenan a política pública. Suenan a liturgia. El expediente clínico electrónico universal es uno de ellos. En 2013, una reforma constitucional obligó a todo el sector salud del país a utilizar registros clínicos en formato digital. Han pasado trece años. Han gobernado cuatro presidentes. Se han sucedido cinco titulares de la Secretaría de Salud. Y el expediente electrónico sigue siendo, en la mayor parte del sistema público mexicano, una promesa con decreto pero sin clínica.

El 17 de abril de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto del Servicio Universal de Salud. El texto establece que el nuevo sistema unificado operará con expediente clínico electrónico, interoperabilidad entre instituciones y credencialización universal. Es un objetivo correcto. Es, también, el mismo objetivo que han declarado las cuatro administraciones anteriores. La pregunta que esta vez no puede quedar sin respuesta es: ¿qué va a ser diferente ahora?

El verdadero obstáculo no es la tecnología. Es la fragmentación que nadie quiso corregir.

Especialistas de la Fundación Mexicana para la Salud han documentado que México opera simultáneamente con más de 69 formatos distintos de expediente clínico electrónico en instituciones públicas y privadas, y que ninguno de ellos es interoperable. No es una hipérbole: son 69 sistemas que no se comunican entre sí.

El expediente del IMSS no puede ser leído directamente por el ISSSTE. El de IMSS-Bienestar no se conecta con los Servicios Estatales de Salud. El de un hospital privado en Hermosillo no habla con el del Hospital General de Zona en Ciudad Obregón. Cada institución construyó su propio sistema, en su propio idioma digital, sin que nadie estableciera la arquitectura común para que pudieran comunicarse. El resultado es un archipiélago de datos clínicos: la información existe, pero no fluye. El paciente existe en varios sistemas al mismo tiempo y en ninguno de manera completa.

La conectividad agrava el problema de manera sustantiva. En 2023, el Programa de Conectividad en Sitios Públicos identificó más de 30,000 establecimientos de la Secretaría de Salud que carecían de acceso adecuado a internet. Treinta mil unidades médicas. Sin conexión estable, el expediente electrónico no es una herramienta clínica: es una pantalla instalada que nadie puede usar. La ley exigía el registro digital, pero nadie garantizó la infraestructura para operarlo. Esa distancia entre lo que se legisla y lo que se financia es la razón por la que esta historia lleva trece años repitiéndose.

Lo que le pasa a un paciente real cuando el sistema falla.

Una persona de 58 años con diabetes tipo 2, hipertensión arterial y antecedente de infarto agudo al miocardio. Vive en un municipio del sur de Sonora. A lo largo de los años ha sido atendida por el IMSS cuando tenía trabajo formal, por los Servicios de Salud de Sonora cuando no lo tenía, por el ISSSTE en una ocasión en que fue referida por un familiar, y por urgencias de un hospital privado cuando no había otra opción disponible.

Cada una de esas instituciones tiene un registro de esa persona. Ninguno se comunica con los demás. Cuando llega a urgencias con un cuadro agudo, el médico que la recibe no sabe qué medicamentos está tomando. No sabe si tiene alergia documentada a algún antibiótico. No sabe qué estudios le realizaron hace tres semanas en otra institución. Comienza de cero. Solicita laboratorios que quizá ya existen. Prescribe sin historia completa. Toma decisiones clínicas con información incompleta.

Ese médico no está fallando. Está operando en un sistema que le niega la información que necesita para hacer bien su trabajo. La diferencia es importante: no es un problema de competencia profesional. Es un problema de arquitectura institucional. Y ese problema tiene solución técnica conocida. Lo que ha faltado es la decisión política de implementarla.

Lo que el decreto necesita para no repetir la historia: tres condiciones no negociables.

El Servicio Universal de Salud es un paso en la dirección correcta y merece reconocimiento como tal. Pero la historia de esta promesa obliga a leerlo con exigencia informada, no con escepticismo pasivo. El expediente clínico electrónico universal requiere tres condiciones que ningún decreto resuelve por sí solo.

La primera es la conectividad universal en unidades médicas. No hay expediente electrónico funcional en una clínica del sur de Sonora sin internet estable. Eso exige inversión en infraestructura de telecomunicaciones con criterio sanitario, no comercial: priorizar las unidades con mayor carga de pacientes crónicos, mayor distancia del hospital de referencia y menor acceso actual a conectividad.

La segunda es la adopción de un estándar técnico único de interoperabilidad. En el contexto internacional, el estándar HL7 FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resources, es la referencia consolidada para el intercambio de información clínica entre sistemas distintos. México lo conoce. Lo ha discutido en foros académicos y en documentos de política. Lo que no ha hecho es mandatarlo de manera vinculante para todas las instituciones, públicas y privadas. Sin esa decisión, los 69 sistemas seguirán siendo 69 islas. Esa decisión genera resistencias institucionales y conflictos con proveedores tecnológicos que han construido negocios sobre la incompatibilidad. Es exactamente por eso que no se ha tomado. Y es exactamente por eso que es la decisión más importante que el Servicio Universal de Salud podría tomar.

La tercera es un modelo de gobernanza nacional con responsabilidad institucional clara. Alguien tiene que ser responsable de que el expediente electrónico funcione, de que los estándares se cumplan, de que las unidades que no tienen conectividad la obtengan en un plazo definido y verificable. En ausencia de esa responsabilidad centralizada, cada institución seguirá optimizando su propio sistema sin coordinación con las demás. El expediente universal requiere una autoridad técnica nacional con facultades reales, no una comisión interinstitucional de reunión mensual.

La pregunta que el sur de Sonora tiene derecho a hacer.

¿Cuántas de las unidades médicas públicas de Cajeme, Navojoa, Huatabampo o Guaymas tienen hoy un expediente clínico electrónico funcionando de manera consistente en la práctica clínica cotidiana? No como instalación pendiente de capacitación. No como proyecto piloto en proceso. Como herramienta real que el médico de guardia usa para tomar decisiones.

Esa pregunta, respondida con datos verificables y no con avances declarados, es el indicador más honesto del estado real del sistema. Y es la pregunta que la ciudadanía del sur de Sonora, que convive diariamente con la fragmentación del sistema de salud, tiene todo el derecho de exigir que se responda.

La agenda que el decreto de 2026 debería activar.

El decreto de abril de 2026 tiene la oportunidad de ser el punto de inflexión que los anteriores no fueron. Eso requiere tres compromisos concretos y verificables: publicar el estándar técnico obligatorio de interoperabilidad, presentar el plan de conectividad con metas anuales por municipio, y designar la autoridad técnica responsable de la implementación con atribuciones reales. Si eso ocurre, estaremos ante un cambio histórico. Si no ocurre, estaremos ante el sexto decreto que promete lo mismo.

Las letras de cambio se cobran o se protestan. Mientras ese estándar no exista, mientras esa autoridad técnica no tenga nombre y atribuciones, el ciudadano que llega a urgencias esta noche con su historia clínica fragmentada en cuatro instituciones que no se hablan seguirá pagando con su salud una deuda que el sistema contrajo hace trece años. Esa deuda no se salda con decretos. Se salda con clínicas conectadas, con sistemas que se comunican y con pacientes que no tienen que repetir su historia cada vez que cruzan una puerta institucional distinta.

Dr. Alejandro Arellano Guzmán

Médico | Maestro en Gestión de Salud Institucional | Doctorante en Gestión de Salud

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aleandroarellano7@gmail.com