Hombres detenidos y torturados tras el atentado con coche bomba de 2010 en Ciudad Juárez denunciaron omisiones de la FGR y la CEAV en la investigación y reparación del daño; afirman que sólo uno de los responsables ha sido sentenciado, pese a la presunta participación de al menos ocho policías federales y de otros funcionarios, incluidos médicos legistas y ministerios públicos
Por Miguel Silerio / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez.— En la fotografía de su detención, Rogelio y Noé aparecen de pie, con las manos y los pies esposados y unidos por una cadena. Ambos miran al frente, con la cara marcada por el cansancio y la confusión. Detrás de ellos y de otros tres hombres está un grupo de policías con armas largas y el rostro cubierto, algunos sobre vehículos oficiales, y al fondo se ven la bandera de México y el emblema de la entonces Policía Federal.
La imagen corresponde a la presentación pública de cinco hombres en agosto de 2010, entre ellos Rogelio Amaya y Noé Fuentes Chavira, señalados como los presuntos responsables del coche bomba que explotó en Ciudad Juárez el 15 de julio de ese año y que dejó a cuatro personas muertas.
Con el paso del tiempo, la fotografía, que los sobrevivientes y sus defensores legales buscan retirar de la circulación pública, se convirtió en evidencia de la fabricación de culpables durante la llamada guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón.
Este jueves, a casi 16 años de ese hecho, Rogelio y Noé volvieron a colocarse frente a cámaras y micrófonos, pero ahora para exigir justicia y denunciar omisiones de autoridades federales en la investigación y sanción de los funcionarios que les torturaron, retuvieron ilegalmente y exhibieron públicamente como responsables del atentado. Hasta ahora, sólo uno de los implicados, Adán Serafín Cárdenas Cruz, ha sido sentenciado a cinco años de prisión.
En las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), asociación que los ha acompañado desde su detención y que logró su liberación en marzo de 2014 (casi cuatro años después de su detención), los sobrevivientes señalaron que la condena contra un solo exagente es insuficiente, pues hay elementos para acreditar la participación de al menos ocho policías federales, además de otros funcionarios que habrían contribuido al encubrimiento.
“No estamos conformes con la sentencia que determinó este juez; es un poco triste que un juez determine casi el mismo tiempo que nosotros estuvimos (privados de la libertad) injustamente, pero ya ahí se vendrá otra lucha”, dijo Rogelio.
Indicaron que hasta el momento hay cuatro personas detenidas por el caso: el sentenciado Adán Serafín Cárdenas Cruz; Federico López Pérez, arrestado en Tamaulipas junto con otros doce policías federales por secuestro y extorsión; Luis Alberto González Gutiérrez, ex director de Seguridad Pública de La Huacana, Michoacán, detenido el año pasado aunque contaba con orden de aprehensión desde 2021; y Víctor Aquileo Lozano Vera.
Señalaron que están pendientes las capturas de Manuel Granero Rugerio y Manuel Calleja Marín.
Carla Palacios Flores, directora general del CDHPN, explicó que fue hasta el pasado 13 de mayo cuando Rogelio y Noé supieron, a través de una nota periodística, que uno de los responsables había sido condenado.
“Ante ello, resulta inadmisible que la CEAV Federal ignorara la existencia de dicha resolución y que, hasta la fecha, no haya informado a las víctimas si se presentó o no un recurso de apelación en contra de la determinación”, señaló.
La organización añadió que la pena de cinco años impuesta a Cárdenas Cruz podría cumplirse en agosto de este año, debido a que fue detenido en 2021.
También cuestionaron la actuación del juez federal Luis Eduardo Rivas Martínez, encargado del caso, al señalar que recientemente fue mencionado en medios locales por presuntos actos de corrupción relacionados con otro proceso judicial.
El CDHPN acusó además al Ministerio Público Federal de omitir la tipificación del delito de desaparición forzada, pese a que, afirmaron, existen elementos suficientes para acreditarlo, pues los sobrevivientes fueron privados de la libertad sin orden de aprehensión, permanecieron incomunicados durante varias horas y sus familiares desconocieron su paradero mientras presentaban reportes de ausencia.
Además, señalaron que los hechos ocurrieron en instalaciones y vehículos oficiales, durante horarios laborales y con protección institucional.
Los sobrevivientes también denunciaron que no existe una estrategia para investigar a mandos superiores, ministerios públicos, médicos legistas y otros funcionarios presuntamente involucrados en los actos de tortura y en su encubrimiento.
“Lo que los sobrevivientes buscan es el reconocimiento de su inocencia y que haya una disculpa pública (…) también buscan la eliminación de todos los registros de la detención, porque siguen siendo una forma de criminalización. Cualquier persona con acceso a internet puede ver cuáles fueron los motivos de su detención, las circunstancias”, explicó Palacios Flores.
Añadió que los sobrevivientes no sólo buscan castigo para los responsables directos, sino el reconocimiento de la responsabilidad institucional de la entonces Policía Federal y de todo el aparato estatal que encubrió los hechos.
Señalaron además que, aunque las víctimas sobrevivientes entregaron toda la documentación requerida para acceder a la reparación integral del daño, el proceso permanece detenido en la etapa final dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Por ello, acusaron a la institución de mantener procedimientos “burocráticos, indolentes y carentes de perspectiva de derechos humanos”, vulnerando el derecho de las víctimas a una reparación integral reconocida previamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Recomendación 75/2011.
Asimismo, denunciaron que supuestos abogados de la Ciudad de México contactaron a los sobrevivientes para exigir ser incorporados como asesores jurídicos del caso, bajo advertencias de que sin su representación no podrían acceder a la reparación.
Según explicaron, esas personas incluso enviaron contratos elaborados con información oficial de la CEAV, por lo que solicitaron a la titular del organismo, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, abrir una investigación interna sobre el posible uso indebido de sus datos personales.
Entre sus exigencias a la CEAV, pidieron medidas inmediatas de reparación integral que incluyan una disculpa publica, el reconocimiento pleno de su inocencia, la eliminación de contenidos que continúan criminlizándolos y acciones efectivas para reparar el daño ocasionado por la tortura y el abuso de autoridad.
A la FGR le demandaron un plan de investigación “eficiente y exhaustivo” para determinar la participación de mandos superiores y reclasificar los delitos para incorporar formalmente la desaparición forzada y la tortura.
“Recordamos a las autoridades que erradicar la tortura y reparar dignamente a los sobrevivientes es una deuda histórica que no admite más demoras ni negligencias”, concluyeron.
Detención ilegal, incomunicación y tortura
De acuerdo con la recomendación de la CNDH emitida en diciembre de 2011, los sobrevivientes fueron detenidos sin orden judicial entre las 21:00 y las 22:00 horas del 11 de agosto de 2010 por elementos de la entonces Policía Federal en las calles de Ciudad Juárez.
Los agentes justificaron la captura bajo el argumento de que las víctimas integraban una banda vinculada con el atentado del coche bomba ocurrido semanas antes. Además, dijeron falsamente en el informe oficial que la detención ocurrió el 12 de agosto, tras una supuesta denuncia ciudadana por secuestro.
Los hombres detenidos fueron trasladados en un vuelo oficial de Ciudad Juárez a Ciudad de México, aprovechando el traslado del cuerpo de un agente federal fallecido, lo que derivó en que pasaran más de 40 horas retenidos antes de ser presentados ante un agente del Ministerio Público Federal de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO).
Durante todo ese tiempo permanecieron incomunicados y sus familias desconocieron su paradero, y sólo lograron ubicarlos cuando fueron exhibidos públicamente en medios de comunicación como integrantes del crimen organizado.
Las víctimas denunciaron que durante su permanencia en instalaciones policiales de la Ciudad de México fueron sometidas a agresiones físicas, psicológicas y verbales para obligarlas a autoincriminarse por delitos federales, entre ellos narcotráfico, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, homicidio de agentes federales y el ataque con coche bomba.
Dictámenes periciales documentaron lesiones compatibles con tortura, entre ellas equimosis profundas en rostro y extremidades, lesiones en muñecas por el uso excesivo de esposas, daños en rodillas por permanecer hincados durante mucho tiempo y, en uno de los casos, agresiones sexuales.
La documentación médica también estableció secuelas psicológicas severas, como trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad.
El 13 de agosto de 2010, un médico de la propia Policía Federal emitió certificados en los que aseguró que los detenidos se encontraban “sin lesiones”, pese a que peritos de la entonces PGR habían detectado heridas que requerían atención hospitalaria.
De acuerdo con el CDHPN, esa actuación contribuyó al encubrimiento de la tortura y a la impunidad de los agentes involucrados.
“Te afecta mucho. De hecho, hasta cambié de residencia; he estado en otros estados atendiéndome psicológicamente. Te quedan secuelas de la tortura, pero aquí estamos, en la lucha”, dijo Noé Fuentes, al concluir la rueda de prensa de este jueves.
Publicado originalmente en La Verdad Juárez
