El desplazamiento forzado sigue en una “crisis sostenida”, acusan organizaciones
Salieron de un ejido cafetalero de la Sierra de Chiapas entre junio y octubre de 2024, expulsadas por hombres armados. Hoy esperan en cuartos rentados o en casas de parientes, mientras sus parcelas siguen ocupadas por sus victimarios, sus desaparecidos siguen sin aparecer y dos de sus agresores, los únicos detenidos por la justicia, fueron exonerados, ya están libres. El retorno no llega porque no llegan las garantías de seguridad.
Un grupo de desplazados habla con cuidado. Llevan casi dos años fuera de sus casas. Piden que sus nombres no aparezcan. Esto es lo que cuentan.
En junio de 2024, cuenta, entraron al ejido Nueva Independencia, en el municipio de Ángel Albino Corzo —Jaltenango de la Paz conocido como Jaltenango, en la Sierra Frontera de Chiapas—, personas armadas no identificadas que se presentaban como integrantes de un cártel, estas personas se aliaron con tres algunos pobladores de la localidad.
Expulsaron al comisariado ejidal y partir de ahí, entre junio y octubre de 2024, explican, las familias que se les opusieron fueron sacadas, algunas una por una y otras en grupos. Cuarenta y cinco en total. Todas dedicadas al cultivo de café de altura.
La cosecha de café del año pasado se les fue en parcelas que ya no son suyas, recogida por desconocidos. La de este año también. En el ejido del que los corrieron, las casas están saqueadas, algunas habitadas por gente que no conocen, y nadie puede regresar.
Calle de Nueva Independencia, Jaltenango. Foto: Archivo
La vida que se quedó allá
Nueva Independencia es un pueblo de poco más de 1,300 habitantes, a 27 kilómetros de Jaltenango de la Paz, a 1,500 metros sobre el nivel del mar. Cada familia desplazada tenía entre cinco y veinte hectáreas de café de altura, sembrado en parcelas heredadas de bisabuelos, abuelos, padres. Cuatro o cinco generaciones de cultivadores. Cuando salieron lo dejaron todo: la cosecha en pie, las herencias, los animales, las gallinitas, los amigos.
“Allá está nuestra vida”, dice una desplazada en la entrevista. “Tenemos herencia de bisabuelos, abuelos, de cuarta, quinta generación. Estábamos ahí, nos dedicábamos al café. Ahora lo que hay es una gran tristeza.”
Ninguna de las 45 familias se quedó cerca. Las amenazas fueron explícitas: si los veían en los alrededores, los mataban. Cada familia buscó refugio por su cuenta. Algunas encontraron parientes en la capital del estado o en municipios vecinos. Otras pagaron como pudieron un cuarto rentado, sin papeles porque no les permitieron sacarlos, sin saber moverse en la ciudad. Tardaron meses en encontrarse entre sí, conectarse por redes sociales y entender, juntas, qué había pasado.
Por qué los expulsaron
Nueva Independencia es un punto estratégico: comunica con Chicomuselo, Siltepec y Montecristo de Guerrero, y baja hacia la zona Frailesca y la Costa del estado. Las autoridades de seguridad lo conocen como un tramo de la Ruta Central, una vía de tráfico de drogas, armas y migrantes.
Además, en el subsuelo del ejido hay una concesión minera —la 242694, registrada ante la Secretaría de Economía federal—, que autoriza la extracción de oro, plata, plomo y cobre en territorio comunal. Los desplazados explican que, hacia 2020, los concesionarios entraron al ejido diciendo que extraerían barita. La cartografía minera oficial dice otra cosa.
Los hombres de mayor edad de la comunidad relatan que los problemas internos comenzaron antes de que llegara el crimen organizado. Algunos miembros de tres familias del ejido —de apellidos Robledo, Moreno y Velázquez empezaron a disputar el control de los recursos públicos destinados a obras de la comunidad: entre cuatro y seis millones de pesos. Después llegaron los grupos armados.
El 18 de junio de 2024 entró el primer convoy. Los hombres armados, coordinados con ese núcleo de familias ejidatarias, expulsaron al comisariado ejidal Gamaliel Moreno —la máxima autoridad agraria del pueblo— y le destruyeron la casa. A partir de ahí, la expulsión se hizo sistemática: amenazas, golpes, torturas, plazos de pocas horas para dejar la parcela. Para octubre de 2024, ninguna de las 45 familias quedaba en el ejido.
Los hombres que faltan
Tres personas de Nueva Independencia están desaparecidas con ficha de búsqueda activa: Gabriel Rivera Robledo y Rutilio Trinidad Hernández Aranda, levantados el 18 de junio de 2024 —el mismo día que entró el primer grupo armado—, y Hicler Tomás Moreno Calderón, desaparecido el 8 de octubre del mismo año. Los desplazados aseguran que hay más casos en la región, pero las familias afectadas no se han atrevido a denunciar por temor a represalias.
En la sierra circula desde hace meses la versión —que los desplazados repiten con voz quebrada— de la existencia de fosas clandestinas. Una habría sido localizada por la propia comunidad cerca de un paraje conocido como Honduras de la Sierra. Esta redacción no ha podido confirmar oficialmente con la Fiscalía General del Estado el hallazgo de esa fosa ni el número de cuerpos que contendría. Los testimonios hablan de entre siete y diez personas. Ningún boletín, expediente ni registro forense respalda hasta ahora ese dato.
Lo que está bloqueando el retorno
Las familias desplazadas tienen claro lo que necesitan para volver. No es un acto simbólico, no es una promesa como hasta ahora han sostenido las autoridades. Para ello requieren de la presencia sostenida del Estado en su comunidad. Piden fuerzas de seguridad, pero también que las autoridades municipales dejen la colusión con grupos del crimen organizado.
También exigen la detención de los responsables de su desplazamiento y de las desapariciones, piden que la justicia funcione. Ninguna de las tres cosas está ocurriendo. Por el contrario, lo que ha pasado en los últimos meses ha empeorado la desconfianza.
Hay tres elementos que las desplazadas señalan como los obstáculos concretos del retorno. Uno es la sentencia absolutoria que acaba de beneficiar a dos de sus agresores.
Cuando las familias se armaron de valor y presentaron denuncias formales, la Fiscalía detuvo a dos personas señaladas como responsables de la desaparición forzada de Gabriel Rivera Robledo. Había testigos oculares y presenciales que las identificaron plenamente en audiencia que se derivó de la Carpeta de Investigación 0203-108-2906-2025, por los delitos de desaparición forzada, despojo, tortura y extorsión.
Hace pocas semanas, sin embargo, un juez emitió sentencia absolutoria. Los acusados están libres.
“Existían todas las pruebas, los elementos para que hubieran sido sentenciados. Y sin embargo, el juez determinó desestimar todas las pruebas y liberarlos. Entonces, ¿quién nos garantiza que aun teniendo las pruebas necesarias van a aplicar la justicia?”, dice uno de los denunciantes.
Mesas de dialogo sin compromiso serio
Otro de los elementos que impiden el retorno es que las investigaciones que se detuvieron. Los desplazados afirman que las investigaciones sobre las otras desapariciones y sobre las fosas clandestinas se frenaron, aun cuando existen mesas de diálogo convocadas por el gobierno estatal a inicios de 2025 para buscar acuerdos de retorno.
A estas mesas fueron convocados sus agresores quienes, además, “llegaban muy amenazantes (…) Fue a raíz de que se iniciaron las mesas de diálogo para el retorno de las familias que detuvieron todas las investigaciones de todo”, dijeron. De los hechos denunciaron -añaden-la mayoría no derivó en investigación formal.
En la última de las mesas convocadas en el Palacio de Gobierno se presentaron diez de las personas señaladas por los desplazados como responsables del éxodo. Lo hicieron, dicen los testimonios, asumiéndose como víctimas. El acuerdo firmado en esa mesa fue que el gobierno garantizaría las condiciones de seguridad mediante patrullajes y la instalación de una guarnición militar.
“Llegaron con la bandera de que ellos eran las víctimas, amenazando. Decían que no querían la presencia de las fuerzas de seguridad, que ellos estaban en paz. Llegaban agresivos desde la entrada del palacio, burlándose, con una actitud prepotente.” —
Amnistía para los agresores
El 24 de septiembre de 2025 el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó Ángel Albino Corzo y ahí anunció una propuesta de Amnistía para quienes participaron en los hechos de violencia no solo en ese municipio, sino en toda la región.
La amnistía, en derecho mexicano, requiere ley aprobada por el Congreso del Estado y no procede para delitos como desplazamiento forzado o desaparición forzada, conductas que tratados internacionales firmados por México —entre ellos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas— prohíben amnistiar.
Hasta el momento oficialmente no se ha llevado al Congreso, pero en los hechos, los desplazados aseguran que con la liberación de las dos personas acusadas, se está aplicando de facto.
“La amnistía es para alguien que pide perdón, alguien que no quiere seguir delinquiendo. Pero estas personas, lejos de retirarse, continúan amenazando a quienes están todavía en el ejido”, aseguran.
Lo que pasa hoy en el ejido
Mientras tanto, en Nueva Independencia la vida continúa sin las 45 familias. Un recorrido reciente al que asistieron autoridades constató que las casas están saqueadas y, en algunos casos, habitadas por personas desconocidas: había comida caliente sobre la mesa el día de la visita. Se encontraron drones, cartuchos de gran calibre y pequeñas cantidades de droga.
Las parcelas de café son cosechadas por gente distinta a sus dueños, sin pago al trabajo. La gente que sigue viviendo en el pueblo, según los desplazados, tiene prohibido tener celular para no hacer llamadas ni videollamadas.
“Allá el mismo gobierno municipal es parte del crimen y les avisan cuando llega la Guardia Nacional para que se oculten en las montañas.” — Vocero de las familias desplazadas.
La acusación es grave y los desplazados saben que es difícil de probar. Por eso —dicen— necesitan presencia federal sostenida, no patrullajes esporádicos. Necesitan que el ejército o la Guardia Nacional se queden el tiempo suficiente para que la gente que aún vive en el ejido pueda denunciar sin miedo.
No a la simulación
Las demandas no han variado a lo largo de casi dos años. Son cinco, sencillas en su formulación y profundas en su exigencia: Que se investiguen los vínculos —documentados en los testimonios, entre grupos armados y autoridades municipales y estatales.
Que se detengan los responsables de los desplazamientos, las desapariciones y los asesinatos, con investigación seria y resultados verificables, que las personas desaparecidas y sepultadas en fosas clandestinas reciban, en palabras del propio vocero, cristiana sepultura como se merecen.
Que se establezca presencia militar permanente en Nueva Independencia, no operativos esporádicos y, de manera muy sentida, lo que las familias desplazadas piden que se les garantice el retorno seguro a su ejido, sus parcelas, su café y la herencia de cuatro o cinco generaciones.
Se niegan a participar en retornos simulados, donde su vida siga en riesgo.
La paz del discurso oficial
El gobierno estatal que asumió en diciembre de 2024 ha hablado en repetidas ocasiones de un Chiapas pacificado. Operativos televisados, policías de élite, caminos liberados. Las desplazadas ven esas imágenes desde los lugares donde pasan los días sin querer estar.
“Lo que dice el gobernador, que todo Chiapas está en paz, no es cierto”, responde una de las voces de la entrevista. “Allá en nuestro pueblo siguen sacando a las personas de sus hogares y de sus tierras.”
El retorno, para las familias de Nueva Independencia, no es una concesión que se pide. Es el lugar donde tienen guardada la vida. Hoy no hay condiciones para volver. No porque las familias no quieran, sino porque las garantías que pidieron desde el día uno —investigación, justicia y presencia del Estado— siguen sin llegar.
“Si el gobierno estatal y federal nos da la seguridad de que realmente haya alguna intervención militar y que queden realmente ahí las fuerzas, pues sí podríamos regresar. Porque no conocemos más allá del campo. Allá está nuestra vida.”
Desplazamiento forzado en Chiapas sigue siendo una crisis sostenida
El 19 de mayo de 2026, el Grupo de Trabajo Región Frontera —integrado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos « Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes», Movilidades Libres y Elegidas, Voces Mesoamericanas, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), con el acompañamiento del Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ) y la organización sueca SweFOR— presentó el informe Chiapas, la paz pendiente, de 120 páginas, que cubre el periodo del 7 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025.
El informe sostiene que el desplazamiento forzado en Chiapas «no es un fenómeno aislado ni temporal, sino una crisis sostenida en el tiempo». Documenta que en la región Sierra Frontera —donde está Ángel Albino Corzo— ocurrió el 10.58 por ciento de las desapariciones forzadas registradas en el estado, y vincula esos casos con la aparición de fosas clandestinas.
«Múltiples casos de desaparición ocurrieron ante la mirada o beneplácito de las policías municipales o estatales, algo que fortalece la impunidad frente a los grupos de la delincuencia organizada.» — Informe Chiapas, la paz pendiente, 19 de mayo de 2026.
El informe concluye que el gobierno «ha construido una narrativa que se distancia de la realidad documentada en los territorios» y pide, entre otras cosas, desarticular los grupos armados en los lugares de origen de las personas desplazadas antes de cualquier proceso de retorno o reconciliación.
Publicado originalmente en Chiapas Paralelo
