Charlie Canek Punzo – Investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo
- El debate sobre el fracking no debería reducirse a si México necesita más gas, sino a si existen condiciones institucionales reales para prevenir daños ambientales.
A menos de un mes de que el comité de personas expertas convocado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, emita su opinión respecto de la viabilidad para llevar a cabo la factura hidráulica o fracking en México para la extracción de hidrocarburos, en específico de gas shale, hablemos de la fragilidad institucional, vigilancia ambiental y derechos colectivos.
La soberanía energética sobre castillos de arena
Mucho se ha dicho sobre el mal llamado “fracking sustentable” tras aquella conferencia de la Presidenta para presentarlo como una opción frente a la alta dependencia de México de las importaciones de gas de Estados Unidos (75 por ciento), del cual un más del 60 por ciento es utilizado para generar electricidad. Así, bajo el discurso de “soberanía energética”, el fracking vuelve a amenazar los territorios, y con ello los derechos y la vida de quienes los habitan.
Desde entonces, desde la sociedad civil y la academia, hemos advertido la inviabilidad de sostener esa “soberanía” a través del fracking, frente a los altísimos costos ambientales, de salud, económicos, y sociales que significaría que las empresas norteamericanas (que son las que cuentan con el capital y la infraestructura tecnológica para hacer fracking) vengan a establecerse y explotar los ya de por sí escasos recursos.
También, desde la Alianza Mexicana Contra Fracking, se ha insistido en cuestionar para quién es esa energía que nos ha llevado a depender de las importaciones; pues del total del gas fósil que se consume en México, el 89 por ciento lo demanda la industria manufacturera y de transformación de productos de exportación. No es soberanía para los hogares, no para escuelas, hospitales y comercios pequeños, sino para que los grandes capitales se sigan enriqueciendo, dejando los costos ambientales y de salud en los territorios.
Pese a lo anterior, la fuerza innegable de la evidencia científica sobre los daños irreparables al suelo, cuerpos de agua, la contaminación atmosférica, y las miles de voces que se suman a decir no al fracking, continúa el temor de una decisión ya tomada. Y ante cualquier posible argumento y justificación para sostener una determinación tan llena de contradicciones, vale la pena preguntarse: ¿Cuenta realmente el Estado mexicano con la capacidad institucional para regular una actividad de tan alto riesgo ambiental, social y de salud pública?
La lista de razones (con soporte científico) para oponerse al fracking sobran: uso intensivo de agua en un contexto de cambio climático y estrés hídrico, contaminación de acuíferos por la inyección de cientos de químicos a alta presión, emisiones de metano, alteraciones congénitas y riesgo de cáncer en habitantes de zonas cercanas a los pozos, sismicidad inducida, fragmentación territorial y conflictividad social.
Se trata de una actividad altamente peligrosa y dañina, cuyo análisis no va sólo de una mera discusión técnica, sino de una reflexión profunda sobre las implicaciones. Investigadoras, como Viridiana Maldonado de la organización Terravida, han documentado cómo incluso en países cuyos marcos regulatorios son considerados robustos y estrictos para el fracking, continúan acumulándose daños irreversibles, como la contaminación de acuíferos y el daño a los suelos que antes eran de cultivo dejando comunidades enteras sin sustento de vida. No es sólo regulación, sino reconocer la realidad institucional en la que vivimos.
La debilidad institucional mexicana
Reducción presupuestaria
En Fundar hemos documentado cómo el presupuesto destinado para el sector ambiental ha ido disminuyendo considerablemente en los últimos 10 años, lo que ha implicado la reducción de personal capacitado para el monitoreo y la vigilancia ambiental y presencia territorial, así como de los recursos técnicos y materiales para conformar los expedientes de pruebas y sancionar a las empresas responsables de la contaminación y los daños a los territorios.
Falta de coordinación interinstitucional
No es posible hablar de un “fracking regulado”. Es necesario recordar que, vigilar miles de pozos, transporte de residuos, emisiones fugitivas y contaminación hídrica requeriría capacidades que actualmente no existen de manera suficiente. Más aún, cuando el presupuesto destinado para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático se destina para el transporte de gas fósil (metano) uno de los principales responsables del efecto invernadero, siendo hasta ochenta veces más potente que el CO2.
Una actividad tan compleja e invasiva, genera problemáticas de diversa índole: ambientales, de salud, sociales y económicas que convoca a múltiples sectores del Estado; así como del actuar de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) aún y cuando la actividad hidrocarburífera sea sólo competencia federal, es inevitable el cruce de competencias y la necesidad de coordinación para la tutela de derechos. Por ello, la ausencia de mecanismos eficientes de coordinación política en México, es uno de los factores que obstaculizan la garantía material de los derechos colectivos.
Supervisión ambiental históricamente deficiente
En México, desde hace más de 30 años, se ha venido consolidando una política que favorece el extractivismo, a la par de la debilitación del sector encargado de monitorear actividades extractivas convencionales como la minería, hidrocarburos tradicionales, megaproyectos energéticos, y gestión de residuos peligrosos. Entonces, el problema no es hipotético: si actualmente hay insuficiencia en inspecciones y sanciones, el fracking multiplicaría la complejidad regulatoria y de vigilancia ambiental.
Derechos colectivos de las comunidades: el punto más vulnerable
La vulnerabilidad regulatoria se hace evidente desde que se consideran actividades que afectan los territorios, sin consultar a las comunidades. Durante numerosas manifestaciones pacíficas, cientos de comunidades indígenas de la Huasteca Potosina han denunciado que las tierras donde han habitado históricamente fueron incluidas, sin su consentimiento, en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, dentro de los polígonos estratégicos para evaluar el llevar a cabo la “estimulación de yacimientos de geología compleja” para la extracción de gas shale; es decir, fracking.
Tras el anuncio de Claudia Sheinbaum en abril, se ha dicho que “nada se hará sin consultar a las comunidades”, y aquí entra nuevamente la parte crítica: ¿existen en México las capacidades institucionales para salvaguardar la seguridad y la vida de las personas en estos procesos? ¿existen garantías jurídicas, presupuestales y materiales para evitar que sean víctimas de coacción, amenazas y criminalización en caso de oponerse a estos proyectos? ¿se cuentan con los mecanismos de acceso a la información oportuna, veraz y culturalmente adecuada para participar de una consulta? ¿Puede existir una regulación efectiva cuando las comunidades afectadas tienen participación limitada o nula en las decisiones energéticas?
El debate sobre el fracking no debería reducirse a si México necesita más gas o inversión, sino a si existen condiciones institucionales reales para prevenir daños ambientales y proteger a las comunidades y la vida en los territorios.
Este texto fue publicado originalmente el 26 de mayo de 2026 en Sin Embargo.
