Para niñas y niños de comunidades desplazadas, sus vivencias tienen que ver con “una guerra”, sin que la autoridad haya actuado para impedir que cientos de familias dejen sus territorios.
Karla Quintana y Patricia Mayorga/ Raichali
Chihuahua – Durante dos días, organizaciones no gubernamentales locales, nacionales e internacionales, escucharon a personas desplazadas que se encuentran refugiadas en los municipios de Parral, Delicias y Chihuahua y al concluir, desde el Congreso del Estado denunciaron el incremento del desplazamiento forzado interno (DFI) en Chihuahua, fenómeno que, aseguraron, se ha agravado por la disputa territorial entre grupos criminales, la ausencia de políticas integrales de atención y la falta de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.
Durante la presentación de los hallazgos de la Misión Civil de Observación (MCO), realizada los días 27 y 28 de mayo, integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que entrevistaron a cerca de 200 personas desplazadas provenientes de comunidades de la Sierra Tarahumara, del municipio de Badiraguato de Sinaloa y de Tamazula, Durango.
Por razones de seguridad, las organizaciones omitieron los nombres de las comunidades y de las personas entrevistadas, debido al temor existente entre las familias desplazadas ante posibles represalias.
Mariana Villareal, integrante de la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), señaló que varias instituciones con competencia en la atención del desplazamiento no atendieron las solicitudes de reunión realizadas por la misión.
“También hubo otras instituciones con competencia en el tema que no respondieron a nuestra solicitud de reunión y que no pudieron o no quisieron recibirnos. Como el comandante de la 42 Zona Militar allá en Parral, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación Federal”, denunció.
Foto: Karla Quintana
Criticó además la falta de coordinación entre niveles de gobierno y señaló que las responsabilidades se trasladan entre instituciones sin resolver las necesidades urgentes de las familias desplazadas.
“Así es como se pasa la bolita de un lado a otro y al final nadie atiende ni nadie responde y mientras las personas desplazadas se quedan sin alimentos, sin vestidos, sin vivienda, sin documentos oficiales para poder encontrar un trabajo, sin atención a la salud, las infancias sin ir a la escuela y sin el derecho a que les brinden opciones con pertinencia cultural”, expresó.
Las organizaciones señalaron que las comunidades desplazadas provienen principalmente de municipios como Guadalupe y Calvo, Uruachi y Guazapares, además de comunidades de Durango y Sinaloa que enfrentan condiciones de aislamiento y violencia.
Familias huyeron entre explosivos y reclutamiento forzado
En Parral, durante la misión documentaron principalmente el caso de familias provenientes de rancherías colindantes entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. De acuerdo con los testimonios que también escuchó Raíchali, más de 80 personas desplazadas permanecen actualmente en casas prestadas o viviendas rentadas. No acudieron todas las familias desplazadas y otras más, se fueron a vivir a otras ciudades de esta entidad.
Algunas familias de Guadalupe y Calvo y Sinaloa recibieron apoyo temporal del centro comunitario operado por el DIF Municipal de Parral, pero ya no pueden estar ahí y aún enfrentan condiciones precarias. Varias personas señalaron que no han logrado conseguir empleo debido a que les solicitan documentación oficial o cartas de recomendación que perdieron durante el desplazamiento. Otras mencionaron que padecen enfermedades que les impiden trabajar.
Durante las entrevistas, diversas personas cuestionaron la falta de presencia institucional en las comunidades serranas. “Díganle a la presidenta (Claudia Sheinbaum) que vaya a la sierra […] que vaya por terracería para que sepa cómo vive el pueblo, para que sepa que no llegan los apoyos allá”, expresó una persona desplazada.
Otra víctima señaló: “Que vean las condiciones en las que vivimos que dicen que llevan láminas y apoyos pero no se las dan a las personas que verdaderamente las necesitan”.
Las personas deplazadas también narraron los enfrentamientos armados y el uso de explosivos en las comunidades. Relataron que grupos del crimen organizado transitaban armados cerca de las viviendas y que varias explosiones con drones ocurrieron a pocos metros de sus casas, situación que provocó desplazamientos masivos en cuestión de minutos.
“Nos salimos por miedo, porque ahí no sabe si te cae una bomba cerca de tu casa, no sabemos si entre ellos o diferentes grupos”, relató una persona entrevistada.
De acuerdo con los testimonios recabados, varias familias decidieron huir para evitar el reclutamiento forzado de adolescentes. Los grupos armados intentaban llevarse a jóvenes desde los 12 años de edad, siempre y cuando pudieran cargar un arma.
Las familias abandonaron viviendas, animales y cultivos de maíz, frijol, papa y hortalizas. Muchas salieron en caravanas, vehículos prestados o pidiendo aventón para llegar a Parral. “Lo que deseamos es regresarnos a la sierra”, expresó otra de las personas desplazadas.
Algunas comunidades quedaron prácticamente vacías y posteriormente comenzaron a registrarse saqueos en viviendas abandonadas. Varias familias denunciaron que las personas que permanecieron en las rancherías lo hicieron porque no alcanzaron lugar en los vehículos o por temor a abandonar completamente sus hogares.
Las familias provenientes de Durango también indicaron que recibieron visitas de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Durango, quienes les prometieron apoyo institucional que hasta ahora no ha llegado.
“Hasta ahorita ya ni contestan”, lamentaron.
Además de las afectaciones materiales, las familias expresaron la necesidad de recibir acompañamiento emocional y psicológico, algo a lo que no estaban acostumbradas en sus comunidades, pero que consideran necesario tras los hechos de violencia vividos.
“Las infancias hablan de una guerra”
Las expertas en acompañamiento psicosocial de las organizaciones, documentaron que niñas y niños desplazados presentan miedo constante, dificultades para dormir y problemas para adaptarse a la vida fuera de sus territorios. En Parral, varias familias señalaron que la niñez extraña los espacios comunitarios y el entorno de la sierra, donde podían jugar libremente.
Una niña de 11 años que se encuentra desplazada con su familia, desde Sinaloa, relató que continúa sus estudios por WhathsApp. “La maestra nos da las tareas por internet y yo las hago en un cuaderno y las mando (…) me gustaría ir a una escuela de aquí (de Parral). Mi mamá fue a una escuela pero una señora le dijo que no se podía porque hay que pagar (…)
Ella tiene claro que tuvieron que irse “por la guerra” y relata que asesinaron a un familiar en esa guerra, por lo que tuvieron que irse y durante el camino lloraron mucho. “Vivía en Sinaloa (…) allá muchas cosas son diferentes. Aquí no puedo salir a ninguna parte y allá en el rancho sí (…) me gustaría seguir estudiante y conocer a más niños”.
Foto: Patricia Mayorga
Madres de familias desplazadas denunciaron que han tratado de inscribir a sus hijas e hijos en primarias y secundarias de Parral, pero les han negado el acceso porque tienen que comprar uniformes y pagar una cuota escolar. Les cobran hasta 500 pesos de inscripción, cantidad imposible de cubrir para familias desplazadas que llegaron sin pertenencias ni recursos económicos.
El alcalde de Parral, Salvador Calderón Aguirre, acudió a la reunión con las familias desplazadas y se comprometió a otorgar uniformes a todas las niñas y los niños, así como gestionar ante las escuelas que no les cobren cuotas porque no deben ser obligatorias.
Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, afirmó que las organizaciones identificaron patrones sistemáticos de violencia relacionados con la disputa territorial entre grupos criminales.
“Entendemos que hay una disputa territorial, sin duda alguna, entendemos que hay una reorganización del crimen organizado en esta entidad y en estados de la República desde hace años y en todo el país hay una disputa geoestratégica. Pero gran parte de la población civil está en medio de lo que las infancias denominan una guerra, una guerra silenciada”, dijo.
Indicó que las comunidades indígenas enfrentan criminalización, despojo y desplazamiento mientras abandonan sus territorios para escapar de la violencia.
“Observamos un patrón de criminalización contra personas de pueblos originarios que están abandonando sus comunidades, sus rancherías y sus municipios dejando todo lo que tienen en el contexto comunitario para poder alejarse de esos patrones de violencia”, señaló.
Foto: Karla Quintana
Entre los hallazgos documentados por la misión, mencionó reclutamiento forzado, tortura, asesinatos, desapariciones y desplazamiento masivo.
Las organizaciones también documentaron testimonios que señalan presuntos abusos cometidos por integrantes de corporaciones de seguridad.
“Existen por lo menos 60 carpetas de investigación. Las personas están denunciando y están señalando incluso cómo algunas autoridades de los tres niveles de gobierno, el Ejército incluso, ha saqueado domicilios o ha sido parte de los perpetradores dentro de estas dinámicas de desplazamiento forzado interno”, sostuvo.
Retornos sin garantías y desplazamientos masivos
Uno de los casos mencionados durante la rueda de prensa fue el de Atascaderos, donde organizaciones denunciaron retornos forzados sin condiciones de seguridad.
Víctor Hugo López señaló que en Parral varias familias manifestaron que no desean regresar debido a que la violencia continúa en la región. “Nos decían: ‘Nosotras nos quedamos porque no tenemos condiciones para regresar’. Pero sí obligaron a regresar a otras familias, les pusieron el camión y les obligaron a retornar a la comunidad sin garantías y sin condiciones”, declaró.
También denunciaron presiones relacionadas con programas sociales. “Personas beneficiarias del programa Sembrando Vida les dijeron: ‘Si tú no regresas a tu comunidad en estos camiones que te ponemos, te puedes quedar sin los programas de asistencia social’”, afirmó.
Las organizaciones advirtieron que las acciones institucionales se limitan a medidas temporales que no atienden las causas estructurales del desplazamiento.
“Sabemos que algunas autoridades dejan despensas o brindan refugios temporales, pero ese apoyo no es permanente y sobre todo no se atienden las causas de fondo que pudieran garantizar un retorno seguro o una reubicación”, dijo López.
Hacinamiento, pobreza y desarraigo cultural
Saulo Loya, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, describió las condiciones en las que sobreviven muchas familias desplazadas en ciudades como Chihuahua, Delicias y Parral.
“Fuimos testigos de cuartos de 4 por 4 o 5 por 5 metros en donde dormían ocho, diez o hasta trece personas, todos en el suelo, sin ventilación, sin sillas, sin mesas para comer y a veces sin estufa”, relató.
Explicó que muchas familias huyeron para evitar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales.
“No quiero que a mis hijas las ataquen, no quiero que a mis hijos los recluten para andar como sicarios con el crimen organizado”, relataron algunas personas desplazadas, según explicó.
Foto: Karla Quintana
Las organizaciones también señalaron que el desplazamiento provoca ruptura comunitaria, pérdida de identidad cultural y barreras lingüísticas para acceder a servicios básicos.
“Muchas poblaciones originarias tienen como lengua materna su idioma indígena y no entienden el castellano o el español, lo que dificulta acceder a servicios básicos”, señalaron.
Foto: Patricia Mayorga
Hacinamiento y barreras para acceder a salud y educación
En Delicias, familias ódami desplazadas señalaron que alrededor de 60 integrantes de una misma familia sobreviven actualmente trabajando como jornaleros agrícolas, principalmente retirando hierba en parcelas de la región.
Las familias relataron que han pasado de albergue en albergue viviendo en condiciones precarias. Actualmente habitan seis cuartos rentados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), espacios insuficientes para la cantidad de personas que habitan ahí. Según los testimonios recabados por la misión, en ocasiones algunos menores duermen fuera de las habitaciones debido a la falta de espacio.
Las organizaciones señalaron que niñas y niños llegaron sin hablar español y que con el paso del tiempo han aprendido algunas palabras; sin embargo, continúan enfrentando dificultades para acceder a condiciones dignas de educación.
También documentaron problemas graves de acceso a servicios de salud. Las familias relataron el caso de una mujer joven que falleció días después de dar a luz. De acuerdo con los testimonios, en repetidas ocasiones solicitaron atención médica porque la mujer manifestaba sentirse mal, pero les respondían que no tenía nada. Finalmente fue trasladada a Chihuahua capital, donde falleció posteriormente. Tiempo después, las familias supieron que el diagnóstico era tuberculosis.
Según denunciaron, debido a que inicialmente no estaba reconocida formalmente como víctima de desplazamiento, las autoridades tampoco querían apoyar con los gastos funerarios y trámites relacionados con el entierro.
Las familias también expresaron que les gustaría regresar a sus comunidades si existieran garantías de seguridad. En una ocasión intentaron volver para revisar cómo se encontraba el territorio, pero encontraron caminos bloqueados con árboles atravesados para impedir el paso de vehículos. Además observaron viviendas destruidas y parcelas abandonadas cubiertas por maleza.
“Allá no batallábamos por nada y aquí batallamos por todo”
En Chihuahua capital, familias desplazadas señalaron las dificultades para adaptarse a la vida urbana y la precariedad económica que enfrentan tras abandonar sus comunidades. “Allá no batallábamos por nada y aquí batallamos por todo”, expresó una persona desplazada.
Otra de las quejas frecuentes fue la dificultad para adaptarse incluso a elementos cotidianos como el agua o la alimentación. “No sabe bien el agua”, comentaron algunas familias.
Las personas entrevistadas consideraron que una familia desplazada necesita entre dos y tres años para estabilizarse después de abandonar su territorio; sin embargo, señalaron que el protocolo estatal únicamente contempla apoyos temporales de seis meses.
Saulo Loya, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que la falta de coordinación institucional ha provocado una respuesta fragmentada frente al desplazamiento forzado interno.
“Lo que más llama la atención es que existe una completa fragmentación de la respuesta pública por parte del Estado. Con esto no queremos decir que el estado de Chihuahua, que los municipios, que la Federación no estén haciendo nada. El problema es que están haciendo cosas muy pequeñas que no resuelven ni siquiera los problemas menores. Y el hecho de que no se coordinen entre ellas, pues genera que el problema siga creciendo”, declaró.
Exigen mesa interinstitucional y atención federal
Las organizaciones propusieron la creación de una mesa interinstitucional permanente con participación de los tres niveles de gobierno, municipios receptores, autoridades estatales y federales, además de las familias afectadas y organizaciones acompañantes.
“Uno de los problemas mayores es que la Federación, por alguna razón, no ha querido intervenir en el problema del desplazamiento forzado interno en Chihuahua. Y eso llama la atención porque sí intervino en Guerrero”, señaló Saulo Loya.
También advirtieron que existen sentencias de amparo incumplidas y simulaciones de cumplimiento que mantienen en condiciones de vulnerabilidad a las familias desplazadas.
De acuerdo con cifras compartidas por las organizaciones, y ante la ausencia de un censo oficial, se estima que en 2021 había alrededor de 500 personas desplazadas en Chihuahua, mientras que para 2025 la cifra superó las mil 500 personas, lo que representa un incremento de 300 por ciento.
Las organizaciones insistieron en que el desplazamiento forzado interno no puede seguir siendo tratado únicamente como una emergencia humanitaria temporal, sino como una crisis estructural relacionada con violencia armada, impunidad, despojo territorial y abandono institucional.
Publicado originalmente en Raíchali. Aquí puedes consultar su publicación.
