Imágenes de:Eden Dusk
Topolobampo, Sinaloa.- Después de más de diez años de protestas, litigios y movilizaciones contra la planta de amoniaco que se construye en la bahía de Ohuira, comunidades mayo-yoremes, pescadores y organizaciones ambientalistas endurecieron sus exigencias y pidieron al gobierno federal cancelar de manera definitiva el proyecto.
La demanda cobró fuerza durante una movilización realizada el fin de semana, cuando miles de personas marcharon desde Los Mochis hasta Topolobampo para manifestar su rechazo a la planta promovida por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). La protesta concluyó con una clausura simbólica de las obras y con el llamado a reubicar el proyecto fuera de la bahía.
Los manifestantes recorrieron alrededor de 24 kilómetros acompañados por familias, jóvenes, adultos mayores, pescadores y representantes de comunidades indígenas que desde hace años mantienen una disputa legal y social por la instalación de la planta de fertilizantes.
Entre consignas como “¡Fuera GPO!” y “¡Aquí No!”, los participantes advirtieron que no permitirán la entrada en operación del complejo industrial, al que consideran una amenaza para la actividad pesquera, los manglares y el equilibrio ecológico de la bahía de Ohuira.
Felipe Montaño Valenzuela, representante de la Asociación Nación Mayo y autoridad de la comunidad indígena de Ohuira, sostuvo que la defensa del territorio continuará y afirmó que los pueblos originarios harán valer los derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.
Durante la manifestación, los opositores colocaron una manta para simbolizar la cancelación del proyecto y reiteraron que la planta debe ser trasladada a otra ubicación donde no represente riesgos para las comunidades asentadas alrededor de la bahía.
La movilización ocurre mientras representantes de la Secretaría de Gobernación sostienen reuniones con integrantes de las comunidades inconformes, luego de una semana de protestas y acciones de presión en la región.
Los opositores al proyecto argumentan que la planta podría generar impactos ambientales en un ecosistema considerado sitio Ramsar desde 2008, además de representar riesgos por el manejo de amoniaco, una sustancia altamente tóxica. También sostienen que el desarrollo industrial no debe imponerse sobre actividades tradicionales como la pesca ni sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Aunque el proyecto cuenta con autorizaciones federales y ha superado diversos procesos judiciales y de consulta, las comunidades mantienen su rechazo y aseguran que continuarán movilizándose hasta lograr su cancelación definitiva.
Para los habitantes de Ohuira y comunidades vecinas, el conflicto ha dejado de ser únicamente una disputa ambiental. Después de más de una década de resistencia, se ha convertido en una lucha por el territorio, la identidad cultural y la permanencia de las actividades que históricamente han dado sustento a cientos de familias de la región.
