Lo que estaba previsto como el arranque formal de la planta de metanol Mexinol terminó en una protesta que obligó a suspender el evento y evidenció el rechazo de comunidades indígenas y colectivos ambientales, quienes denunciaron la imposición del proyecto sin consulta previa ni garantías para el territorio.
Habitantes de Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Nuevo San Miguel, así como activistas del movimiento “Aquí No”, irrumpieron en la ceremonia de colocación de la primera piedra el jueves 23 de abril, superaron el cerco de seguridad y tomaron el escenario. Entre consignas y reclamos, los manifestantes frenaron el acto protocolario, al señalar que no han sido informados ni consultados sobre el impacto ambiental, social y económico de la obra.
El evento, al que asistiría el gobernador Rubén Rocha Moya y autoridades municipales, se desarrollaba también en presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Sin embargo, la protesta impidió su realización y dejó sin condiciones el acto, en una escena que, para los inconformes, refleja la falta de confianza institucional y de garantías para la inversión en contextos de conflicto social.
Durante la manifestación, las comunidades señalaron que el proyecto forma parte de un modelo de desarrollo que no ha considerado su participación, pese a tratarse de territorios indígenas. Denunciaron que no se realizó una consulta previa, libre e informada, como lo establecen los estándares nacionales e internacionales, y recordaron que antecedentes similares en la región han generado impactos negativos sin beneficios claros para la población local.
Ante la presión, el gobernador Rocha Moya reconoció la posibilidad de que el proyecto pueda cancelarse y se comprometió a solicitar la intervención de instancias federales para realizar una consulta formal a las comunidades. Asimismo, planteó la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto a los derechos de los pueblos originarios.
El proyecto Mexinol contempla una inversión estimada en 3 mil 300 millones de dólares y la generación de alrededor de 4 mil 500 empleos directos e indirectos, como parte de los polos de desarrollo económico impulsados a nivel federal. No obstante, para los habitantes de la zona, estos beneficios no justifican la falta de información ni los riesgos ambientales asociados a la instalación de una planta de este tipo.
El colectivo de la Bahía de Ohuira recordó que previamente interpuso recursos legales para frenar el avance del proyecto, aunque recientemente un juez negó la suspensión solicitada. Pese a ello, advirtieron que continuarán las acciones legales y sociales para impedir la construcción de la planta en tanto no se garantice el respeto a sus derechos.
La jornada dejó un mensaje claro desde las comunidades: sin consulta, sin transparencia y sin condiciones de confianza, no hay legitimidad para impulsar proyectos de gran escala. La protesta no solo detuvo un evento, sino que volvió a colocar en el centro del debate la tensión entre desarrollo industrial y derechos colectivos en el norte del país.
Con infromación de FGTelevisión y La Jornada.
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