La reunión encabezada por Alicia Bárcena concluyó con acuerdos para realizar nuevas inspecciones, revisar permisos ambientales y continuar el diálogo, aunque persisten diferencias entre la interpretación oficial y la de los opositores al proyecto de GPO en Topolobampo.
La reunión celebrada el viernes entre representantes de comunidades indígenas y pesqueras de la Bahía de Ohuira y autoridades federales encabezadas por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena Ibarra, dejó una serie de acuerdos para continuar el análisis del proyecto de planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), aunque con diferencias importantes en la interpretación de sus alcances.
Mientras el Gobierno de México presentó el encuentro como el inicio de una ruta de trabajo interinstitucional para atender las inquietudes de las comunidades, líderes del movimiento opositor “¡Aquí No!” sostienen que los acuerdos alcanzados permitirán mantener acciones directas para impedir que continúen las labores de construcción mientras se realizan inspecciones y revisiones ambientales.
La diferencia más evidente se encuentra en el punto relacionado con las manifestaciones de las comunidades. El comunicado oficial difundido por Semarnat establece únicamente que “se respetará el derecho a la manifestación de la comunidad”, sin hacer referencia a posibles efectos sobre el desarrollo de la obra.
S
in embargo, al término de la reunión, el líder tradicional mayo-yoreme Felipe Montaño aseguró que el entendimiento alcanzado contempla trasladar el plantón que actualmente mantienen en el puerto de Topolobampo directamente a los accesos de la empresa, con el objetivo de impedir el ingreso de personal, maquinaria y materiales mientras duren las revisiones.
De acuerdo con esa versión, el campamento permanecerá frente a las instalaciones de GPO hasta que las autoridades concluyan las investigaciones sobre las presuntas irregularidades denunciadas.
Otra diferencia de enfoque aparece en las inspecciones ambientales. El boletín oficial señala que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizará una inspección actualizada para verificar el estado de las obras y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
No obstante, integrantes del movimiento opositor afirman que se acordó además que una comisión ciudadana los acompañará durante las diligencias para constatar directamente el desarrollo de las inspecciones y los hallazgos que se documenten.
Un tercer contraste se observa en el diálogo con la empresa responsable del proyecto.
Mientras el Gobierno de México informó que buscará a la empresa para dialogar, los representantes indígenas señalaron que las autoridades se comprometieron a comunicar formalmente a GPO los entendimientos alcanzados durante la reunión y las condiciones bajo las cuales se desarrollará el proceso de revisión.
Más allá de los cuatro acuerdos difundidos oficialmente, diversos reportes periodísticos indican que durante el encuentro se abordaron otros temas que no aparecen en el boletín final, pero que podrían resultar determinantes para el futuro del proyecto.
Entre ellos se encuentra la declaración de Bárcena sobre la revisión de las Manifestación de Impacto Ambiental relacionada con la planta de amoniaco y el análisis de posibles inconsistencias o condicionantes derivadas de las autorizaciones otorgadas en años anteriores.
También se habría planteado avanzar en la elaboración o actualización del plan de manejo del sitio Ramsar de la Laguna-Bahía de Ohuira, así como integrar una evaluación más amplia sobre los riesgos ambientales asociados al proyecto y a las actividades industriales previstas para la región.
Otro relevante del encuentro fue la postura expresada por Alicia Bárcena respecto a la posibilidad de cancelar o suspender la obra. La titular de Semarnat señaló que actualmente la dependencia no cuenta con los elementos jurídicos necesarios para ordenar una clausura o cancelación inmediata del proyecto.
La funcionaria habría explicado que cualquier determinación de esa naturaleza debe sustentarse en procedimientos legales, inspecciones y evidencia técnica que acrediten posibles incumplimientos ambientales.
Si bien Bárcena reiteró que ninguna autorización ambiental constituye un “cheque en blanco” y que las autoridades tienen la obligación de verificar permanentemente el cumplimiento de las condicionantes impuestas a los proyectos, también dejó claro que cualquier decisión deberá apegarse al marco legal vigente.
Esa postura contrasta con la expectativa de algunos sectores opositores que han solicitado la suspensión inmediata de las obras mientras se investigan las denuncias relacionadas con afectaciones a manglares, rellenos en cuerpos lagunares, actividades en zona federal marítimo-terrestre y posibles impactos sobre la actividad pesquera.
Cabe destacar que no habido hasta el momento un comunicado oficial de las comunidades con respecto a la reunión con los funcionarios federales. Hasta hoy por la mañana, en algunos grupos de Facebook afines al movimiento en resistencia había publicados videos de la reunión, así como de las manifestaciones en el exterior del recinto dónde se llevó acabo. Sin embargo, a la hora de redactar esta nota, estos videos habían sido eliminados.
Por ahora, el resultado concreto del encuentro es la apertura de una nueva etapa de revisión técnica y diálogo institucional.
Durante la reunión participaron representantes de Semarnat, Profepa, Conagua, Conapesca, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, autoridades estatales y municipales, así como integrantes de comunidades indígenas, cooperativas pesqueras, organizaciones sociales y especialistas.
Redacción: Libera Radio.
