El Congreso del Estado de Sonora aprobó este martes una reforma a la Ley de Agua del Estado de Sonora que incorpora el derecho humano al agua como eje de la legislación, fortalece las políticas de acceso al recurso y establece nuevas reglas para la prestación del servicio, entre ellas la prohibición de suspender totalmente el suministro doméstico cuando ello comprometa el consumo básico de las personas.
Las modificaciones forman parte de un proceso de armonización con la nueva Ley General de Aguas, vigente a nivel nacional desde finales de 2025, por lo que la mayoría de los cambios actualizan el marco jurídico estatal conforme a los nuevos principios establecidos en la legislación federal.
Uno de los cambios más relevantes consiste en que la ley deja de centrarse únicamente en la administración y prestación de los servicios hidráulicos para reconocer expresamente el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano que deberá garantizarse bajo criterios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y suficiencia.
La reforma también incorpora principios de igualdad, perspectiva de género, participación ciudadana e interés superior de la niñez como criterios que deberán considerarse en la planeación y prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
En materia ambiental, el nuevo marco legal impulsa el aprovechamiento de agua de lluvia mediante sistemas de captación pluvial y fortalece las obligaciones de prevención y control de la contaminación de cuerpos de agua de jurisdicción estatal, además de promover una mejor generación de información e indicadores sobre la gestión del recurso.
Otro de los aspectos con mayor impacto para la población tiene que ver con los usuarios domésticos. La reforma establece que el suministro de agua para consumo humano básico no podrá ser suspendido totalmente por falta de pago, por lo que los organismos operadores deberán privilegiar mecanismos como convenios para regularizar adeudos o restricciones parciales del servicio, garantizando siempre un volumen mínimo indispensable para satisfacer necesidades esenciales.
Asimismo, la ley incorpora el concepto de tarifas sociales y subsidios focalizados para apoyar a personas y familias en condiciones de vulnerabilidad económica, buscando equilibrar el derecho al agua con la viabilidad financiera de los organismos operadores.
Aunque las modificaciones no implican cambios en la estructura de organismos como Agua de Hermosillo, tampoco crean nuevos impuestos, tarifas o esquemas de privatización, especialistas consideran que representan un cambio de enfoque al colocar el derecho humano al agua como principio rector de la política hídrica estatal y alinean la legislación sonorense con las disposiciones federales vigentes.
