Redacción.-
La nueva legislación de protección civil que se discute en Sonora tendrá que enfrentar una realidad que va mucho más allá de crear nuevas instituciones y establecer obligaciones: en algunos de los municipios más pequeños del estado hay comunidades sin gasolineras, venta irregular de combustible y estaciones de bomberos ubicadas a varios kilómetros de distancia.
Ese fue uno de los principales llamados que surgieron este miércoles durante el último ejercicio de parlamento abierto realizado por el Congreso de Sonora para analizar la reforma constitucional en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.
El diputado Julio César Navarro Contreras, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Bernardeth Ruiz Romero, subsecretaria de Desarrollo Político del Gobierno de Sonora, fueron los encargados de presidir el evento.
La mayor parte del encuentro estuvo dedicada a la explicación técnica de la iniciativa, a cargo del arquitecto Mariano T. Katase Ruiz, especialista en gestión de riesgos y protección civil. Katase ha participado en organismos nacionales del sector y cuenta con formación en arquitectura, derecho y protección civil.
Por su parte, la presidenta municipal de Ónavas, Verónica Valenzuela Avilés, y el alcalde de Tepache, Juan Carlos Moreno Moreno, expusieron una problemática común: sus municipios no cuentan con gasolineras, por lo que habitantes recurren a localidades cercanas para abastecerse y posteriormente trasladan el combustible a sus comunidades, en condiciones que pueden representar un riesgo.
El problema adquiere otra dimensión cuando se considera la capacidad de respuesta disponible. La alcaldesa de Aconchi, Judith Icedo Quijada, señaló que la estación de bomberos más cercana se encuentra en Huépac, una situación que deja a varias comunidades del Río Sonora con tiempos de respuesta limitados ante un incendio.
Las intervenciones de alcaldes como Claudio Peralta Gracia, de Divisaderos, y Alejandro Lameda Andrade, de San Pedro de la Cueva, pusieron sobre la mesa otras carencias de los municipios pequeños, particularmente en materia de equipamiento, capacitación y capacidad operativa para atender emergencias.
Durante el foro, la especialista Gabriela Topete Bórquez, presidenta del capítulo Sonora del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, reconoció que todavía existen aspectos de la iniciativa que requieren mayor precisión, aunque confió en que puedan aterrizarse durante la elaboración de las normas secundarias.
La participación de los municipios también dejó ver otra preocupación: aunque actualmente cuentan con atlas de riesgos, la nueva legislación contempla mayores obligaciones para los ayuntamientos, entre ellas la elaboración de reglamentos internos de protección civil y el fortalecimiento de sus estructuras locales.
Otro de los problemas señalados durante la reunión fue el crecimiento urbano en zonas de riesgo. Se advirtió que en algunas comunidades se continúa construyendo sobre los cauces naturales de los arroyos, lo que puede contribuir a que las lluvias provoquen inundaciones incluso cuando no se registran precipitaciones mayores que en años anteriores.
La propuesta presentada por el Ejecutivo busca elevar a rango constitucional el derecho de los sonorenses a la protección civil y crear un Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además de establecer un Consejo Estatal de Protección Civil y un Comité Estatal de Emergencia y Desastre.
También plantea un procedimiento con participación ciudadana y técnica para designar a quien encabece el nuevo instituto, mediante una convocatoria pública y la intervención de un comité técnico.
El debate cobra especial relevancia después del incendio ocurrido en noviembre de 2025 en una tienda Waldo’s de Hermosillo, tragedia que dejó 24 personas fallecidas y que llevó al Gobierno estatal a plantear una reestructuración del sistema de protección civil. Al presentar la reforma en junio, el gobernador Alfonso Durazo la vinculó expresamente con la necesidad de evitar que tragedias como esa vuelvan a ocurrir.
El Congreso informó que las observaciones recogidas en los ejercicios realizados en Nogales, Cajeme y Hermosillo serán analizadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales antes de continuar con el proceso legislativo.
Asistieron las diputadas Ernestina Castro Valenzuela (Morena), Marina Karina Olivares Rábago (PES), María Alicia Gaytán Sánchez (Morena) y Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC); así como los diputados David Figueroa Ortega (PVEM), Norberto Barraza Almazán (PES), Raúl González de la Vega (PVEM), Óscar Ortiz Arvayo (PT), Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) y Próspero Valenzuela Múñer (Morena).
La iniciativa completa puede consultarse en la página oficial del Congreso del Estado, congresoson.gob.mx. Además, se pueden enviar comentarios y propuestas al correo electrónico propuestasdeley@congresoson.
