REDACCIÓN.-
Hermosillo, Sonora; 21 de agosto de 2026.- El Congreso de Sonora aprobó este viernes una nueva Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible, reformas al Código Penal para sancionar el uso indebido de recursos de programas sociales y modificaciones al decreto de creación del Instituto Sonorense de Cultura (ISC).
Durante una sesión extraordinaria, el Pleno también designó a Fátima Alejandra Morales Ibarra como titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género para el periodo 2026-2029 y aprobó una reasignación presupuestal de al menos dos millones de pesos a favor de Conservando los Valores de Familia A.C. (Covafam), en cumplimiento de una sentencia de amparo.
La nueva Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible establece un marco jurídico estatal para garantizar el derecho a una alimentación adecuada y contempla las distintas etapas relacionadas con los alimentos, desde su producción y distribución hasta su acceso y consumo.
En materia de protección de los apoyos sociales, el Congreso aprobó adicionar el artículo 303 Bis al Código Penal de Sonora, con el propósito de sancionar el despojo o uso no autorizado de recursos provenientes de programas sociales.
También fueron aprobadas modificaciones al decreto de creación del Instituto Sonorense de Cultura, con las que se busca fortalecer sus atribuciones en promoción y difusión cultural, protección del patrimonio y atención de pueblos y comunidades indígenas.
Durante la discusión de esta reforma, el Pleno aprobó modificaciones propuestas por el diputado Omar Francisco Del Valle Colosio para ampliar la participación en el Consejo Directivo del ISC y precisar sus facultades indelegables.
En otro punto, los legisladores eligieron mediante votación a Fátima Alejandra Morales Ibarra como titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, luego del proceso de selección realizado por la Comisión para la Igualdad de Género.
La sesión también incluyó dos iniciativas que fueron turnadas a comisiones para su análisis. Una plantea establecer obligaciones para propietarios o poseedores de terrenos baldíos, predios sin edificación, fincas abandonadas y construcciones inconclusas, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios, de seguridad, protección civil y ambientales.
La otra propone crear una Comisión Especial para el Estudio de Iniciativas en Materia de Inteligencia Artificial, encargada de dar seguimiento especializado a las propuestas legislativas relacionadas con la regulación de esta tecnología.
