De la “verdad histórica” a la teoría de los crematorios. A pesar del tiempo transcurrido y de las promesas de tres presidentes, las madres y los padres de los normalistas aún no ven cumplida su exigencia de justicia y de saber dónde se encuentran los estudiantes
Por César Martínez para A dónde van los desaparecidos
Han pasado doce años sin conocer la verdad de lo ocurrido en la noche de Iguala, sin justicia, y lo peor para las familias, sin saber dónde se encuentran los 43 normalistas desaparecidos.
En este tiempo, la investigación ha avanzado en círculos. Primero fue la “verdad histórica”, posteriormente desmentida con pruebas científicas, y ahora regresa la teoría de que los cuerpos de los normalistas fueron incinerados, ya no en el basurero de Cocula, sino en crematorios de Iguala.
Estas son diez claves para comprender Ayotzinapa.
1. El inicio
El 26 de septiembre de 2014, cerca de 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de entre 15 y 25 años, se dirigieron a la ciudad de Iguala. Los estudiantes tomaron cinco autobuses de pasajeros con la intención de trasladarse a la Ciudad de México para participar el 2 de octubre en la conmemoración de la masacre de Tlatelolco.
Al intentar salir de Iguala, los normalistas fueron agredidos, principalmente, en dos puntos: al sureste, frente al Palacio de Justicia, y al otro lado de la ciudad, en el cruce de la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte. En los ataques participaron policías de tres municipios —Iguala, Cocula y Huitzuco—, policías federales y ministeriales, elementos del Ejército y civiles armados.
A 20 kilómetros al sur de Iguala, en el cruce de Santa Teresa, policías y criminales dispararon contra el autobús en que viajaba el equipo de futbol Los Avispones. Hombres armados agredieron también a vehículos particulares.
Esa noche, tres personas perdieron la vida en el cruce de Santa Teresa y 40 resultaron heridas, tres normalistas fueron asesinados en Iguala, uno más permanece en coma, y 43 están desaparecidos.
2. El primer intento de cerrar el caso
Las siguientes semanas fueron intensas. Se intentó cerrar el caso, pero investigaciones independientes lo evitaron.
Guerrero era gobernado por el perredista Ángel Aguirre Rivero, quien encargó al procurador estatal Iñaki Blanco la investigación. Pero las protestas eran tan intensas que la Federación atrajo el caso el 4 de octubre, ocho días después de la desaparición de los normalistas.
Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), se puso al frente de las pesquisas, con Tomás Zerón como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El 8 de octubre se realizó la primera marcha por Ayotzinapa en la Ciudad de México. Unas 15,000 personas se movilizaron del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir justicia. Al día siguiente, Murillo Karam anunció nuevas capturas —que se sumaron a los 30 detenidos que llevaban hasta entonces—, y el hallazgo de 28 cuerpos en seis fosas clandestinas de Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala.
“El grupo de personas, en el que se presume que estaban algunos estudiantes, son subidos a una camioneta de redilas blanca y toman un camino de terracería que los lleva a la zona de Pueblo Viejo”, afirmó el 22 de octubre, en un intento por cerrar el caso.
Esta versión fue desmontada el 11 de noviembre por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), que como perito independiente de las familias de los normalistas comprobó que los restos no eran de los estudiantes. Esa falsa narrativa buscó apuntalarse con detenciones realizadas por la Secretaría de Marina y torturas cometidas en instalaciones navales.
El reclamo social continuaba. El 22 de octubre se movilizaron más de 30,000 personas, nuevamente del Ángel de la Independencia al Zócalo. Ante la presión, el 29 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los familiares de los normalistas. El priista firmó un pliego con diez demandas de las madres y los padres de los jóvenes que incluían la incorporación de asistencia técnica internacional para la investigación. Esto derivó en el acuerdo del 18 de noviembre de 2014 para conformar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Las protestas continuaron. El 5 de noviembre se dio la tercera gran marcha por Ayotzinapa; las organizaciones estimaron 120,000 participantes. Y el 20 de noviembre fue la “megamarcha”, tan grande que partió de tres puntos distintos: Tlatelolco, el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia, todas rumbo al Zócalo. La cifra de asistentes se duplicó: más de 250,000, según los convocantes.
En enero de 2015 se dieron a conocer los nombres de los integrantes del GIEI: Carlos Martín Beristain (España), Ángela Buitrago y Alejandro Valencia Villa (Colombia), Francisco Cox (Chile), y Claudia Paz y Paz (Guatemala). Su primera visita a México fue en marzo.
Cuando llegaron, la PGR ya había establecido la “verdad histórica”.
3. La “verdad histórica” de Murillo Karam
El año 2014 terminó con protestas por el caso Ayotzinapa cada vez más numerosas y violentas. Los manifestantes quemaron figuras de cartón de Peña Nieto, se enfrentaron a la policía, prendieron fuego a una puerta de Palacio Nacional. Los padres de los 43 normalistas pasaban cada vez más tiempo en la capital, donde concentraban sus reclamos después de que la PGR atrajo la investigación del caso.
En ese contexto, Murillo Karam convocó a una conferencia de prensa el 27 de enero de 2015, acompañado de Zerón, jefe de la AIC, en la que pronunció la frase que marcó la cuestionada versión oficial: “Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia”. Pero la tesis central ya se había planteado desde noviembre.
La “verdad histórica” afirma que los 43 normalistas fueron entregados por policías de Iguala y Cocula a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes los llevaron al basurero de Cocula, donde los mataron e incineraron con todas sus pertenencias; después, recogieron sus restos en bolsas negras y los lanzaron al río San Juan. De acuerdo con esa versión, los criminales confundieron a los estudiantes con miembros de un grupo rival, Los Rojos, que querían apoderarse de la plaza. Se señaló a Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, como el líder que dio la orden de matar a los jóvenes.
En las investigaciones de la PGR, que encabezó Zerón, se presentó a integrantes de Guerreros Unidos que confesaron haber matado a los estudiantes, incluso se proyectó un video en el que recreaban cómo los habían bajado de una camioneta de redilas. Como evidencia, la dependencia mostró un fragmento óseo recuperado de una bolsa negra que estaba en el río San Juan, que posteriores análisis genéticos demostraron que era del estudiante Alexander Mora Venancio.
La PGR afirmó que peritos del EAAF habían atestiguado el hallazgo, lo que fue negado por la organización el 7 de febrero de 2015 en un comunicado, al afirmar que, cuando llegaron al río, la bolsa con los restos ya se estaba analizando.
El EAAF señaló, además, varios puntos que contradecían la versión oficial: demostró que en el basurero de Cocula habían ocurrido diferentes incendios desde 2010, por lo que algunas evidencias recogidas por la PGR podían corresponder a años anteriores; también determinó que al menos uno de los restos óseos hallados no era de los normalistas.
Científicos de la UNAM también cuestionaron la “verdad histórica”, al establecer que, para quemar 43 cuerpos al aire libre, se requerirían 33 toneladas de troncos o 995 llantas, lo que habría generado una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.
La versión oficial tenía evidentes inconsistencias. En una plática informal, integrantes del GIEI me hablaron de la importancia de seguir una lógica criminal en las líneas de investigación. Pero no había ninguna lógica, dijeron, en subir a tus víctimas hasta un vertedero de difícil acceso, por un largo camino de terracería, para después de incinerarlas, tomar sus restos y dejarlos en la orilla de un río que no tenía una gran profundidad.
El 27 de febrero de 2015, Murillo Karam renunció a la PGR. Lo que terminó desmoronando su “verdad histórica” fue el primer informe del GIEI, presentado el 6 de septiembre de ese año.
4. Las revelaciones del GIEI
El primer informe del GIEI marcó un punto de quiebre en el caso Ayotzinapa. No solo porque logró que el caso no fuera cerrado, sino porque provocó que el gobierno de Peña Nieto cambiara de una actitud de colaboración y apertura, a una de cerrazón y hostigamiento.
En el documento, con el que cerraba su primer mandato de seis meses, el GIEI reveló la existencia de un quinto autobús que los normalistas habían tomado la noche del 26 de septiembre, y que la PGR no había contemplado en su narrativa de los hechos. Planteó que Guerreros Unidos traficaba heroína desde Iguala hasta Chicago en camiones de pasajeros, con lo que se formuló la hipótesis de que uno de los vehículos tomados por los normalistas podía contener un cargamento de droga o dinero obtenido por su venta, lo que explicaría el nivel de violencia empleado para detenerlos.
Pero en ese momento, lo que más destacó del informe fue el peritaje de José Torero, un experto con reconocimiento internacional en investigaciones sobre incendios, quien concluyó que, de acuerdo con las evidencias recolectadas, los 43 jóvenes no habían sido cremados en el basurero de Cocula, ya que no había “daños generalizados” en la vegetación y la basura que confirmaran un incendio de esa dimensión.
“No hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo”, sentenció Torero.
El informe del GIEI aportó un cúmulo de nueva información. Estableció nueve ataques contra los normalistas en diferentes puntos de Iguala, y cómo llegaron elementos de la Policía Federal y del Ejército que no intervinieron para evitar la agresión. También documentó que las autoridades federales y estatales monitorearon a los estudiantes desde que salieron de la normal de Ayotzinapa a través del C4 de Iguala.
A petición de las familias, el Estado permitió que el GIEI se quedara un segundo periodo, de octubre de 2015 a abril de 2016. En su segundo informe demostró que los celulares de dos normalistas estuvieron activos hasta días después de los hechos, y planteó que al menos 17 detenidos habían sido torturados para poder fabricar la “verdad histórica”.
La bomba del informe fue un video en el que se observa a Zerón en el río San Juan durante una diligencia ilegal, el 28 de octubre de 2014, un día antes de que se hallara la bolsa con el fragmento óseo de Alexander Mora Venancio. No solo eso, el jefe de la AIC estaba acompañado de peritos de la PGR y de uno de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos, Agustín García Reyes, Chereje, sin abogado y sin que su salida de prisión quedara registrada en el expediente.
El mandato del GIEI no fue renovado, y terminó su presencia en México.
5. El papel de la ONU y de la CNDH
La PGR y el GIEI no fueron los únicos en investigar el caso Ayotzinapa. El 18 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creó la Oficina Especial para el Caso Iguala, a cargo de José Trinidad Larrieta Carrasco.
En un informe del 11 de julio de 2016 aclaró la causa de la muerte de Julio César Mondragón Fontes, el normalista de 22 años cuyo cuerpo fue localizado en un camino de terracería de Iguala, que se había atribuido a un disparo en la cabeza. La autopsia de la fiscalía de Guerrero atribuyó la pérdida de piel en el rostro y cuello del estudiante a la “fauna depredadora” del lugar, pero la familia no quedó conforme y logró que se exhumara el cuerpo el 4 de noviembre de 2015 para una segunda necropsia.
La CNDH concluyó que Julio César fue torturado y murió a causa de un traumatismo craneoencefálico. Contabilizó 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, la cara, el tórax y la columna vertebral. Pero coincidió en que la ausencia de piel en el rostro fue causada por animales. El EAAF discrepó y señaló que el cuerpo presentaba áreas donde se podía sospechar del uso de un instrumento cortante, pero no lo pudo comprobar.
Otro organismo que investigó el caso Ayotzinapa fue la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada entonces por Jan Jarab. El 15 de marzo de 2018 publicó el informe Doble injusticia, donde documenta las torturas que sufrieron los detenidos por la investigación de la PGR.
Tras analizar la información de 63 de las 129 personas imputadas, señala que al menos 34 fueron víctimas de un modus operandi que consistía en, tras ser detenidas arbitrariamente, torturarlas para obtener información o confesiones. Señaló como responsables a personal de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina.
El gobierno de Peña Nieto respondió que el documento carecía de mérito y rigor metodológico. En las postrimerías de su sexenio, a solo dos días de que dejara el poder, la CNDH de Luis Raúl González Pérez dio a conocer la Recomendación 15VG/2018. Lo hizo en una conferencia históricamente larga que duró más de nueve horas, en la que se presentó un documento de 2,177 páginas. Aunque señaló la vinculación de los tres niveles de gobierno con el crimen organizado, su conclusión más polémica fue sobre el basurero de Cocula.
La CNDH sostuvo que al menos 19 personas fueron incineradas en el lugar, con base en el hallazgo de porciones petrosas del hueso temporal del cráneo, uno de los más duros del cuerpo. Pero fue más allá, al plantear que entre 23 y 28 normalistas fueron llevados al basurero de Cocula, por lo que pidió analizar genéticamente 114 restos óseos.
La recomendación fue bien recibida po el gabinete federal. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que daba certeza de que al menos 19 normalistas fueron incinerados en Cocula. El EAAF volvió a salir al paso y atajó: desde 2016 se identificó a esos 19 individuos, pero nunca se les pudo vincular con los estudiantes, y en cambió sí se determinó que algunos restos eran de personas ajenas a los hechos.
Las familias rechazaron la recomendación. Pero González Pérez insistió en que su documento era lo más aproximado a la verdad.
Tras el cierre de la Oficina Especial para el Caso Iguala en 2020, la CNDH emitió dos años después un Informe de la Recomendación 15VG/2018 en el que concluyó que sus integrantes habían manipulado la información con el propósito de sustentar la “verdad histórica”.
6. La lucha de las familias
La llegada del GIEI, los peritajes del EAAF, la caída de la “verdad histórica”, las movilizaciones sociales… todo fue un logro de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Sin su exigencia constante de justicia y verdad, el caso se hubiera cerrado.
La normal de Ayotzinapa alberga a jóvenes de escasos recursos que buscan mejorar su futuro. Tras los hechos del 26 de septiembre, las familias se trasladaron a las instalaciones ubicadas en Tixtla; de pronto, en una escuela que funciona como internado para varones, había decenas de mujeres mayores. Les acondicionaron unos amplios salones de la escuela, donde habilitaron sus dormitorios, divididos apenas por una delgada cortina entre las camas.
El cambio de vida impactó en diversos niveles a las familias de los estudiantes: hubo madres que, inmersas en la búsqueda, descuidaron a sus otros hijos; padres que perdieron sus empleos; todos sus integrantes se vieron afectados por las desapariciones.
La psicóloga Ximena Antillón coordinó el informe Yo solo quería que amaneciera, sobre los impactos psicosociales del caso Ayotzinapa. Documenta cómo las autoridades expusieron a los familiares de los normalistas a “eventos revictimizantes” que profundizaron su sufrimiento emocional y ahondaron la desconfianza hacia el Estado. Las familias viven cada día como una repetición del anterior, y es la búsqueda lo que permite dar sentido a su existencia.
“Antes pensaba que mis hijos iban a seguir estudiando, que yo iba a seguir trabajando, pues los hijos siempre te hacen sentir orgulloso, o sea toda la familia completa, verlo crecer. Mi futuro así lo pensaba que iba a hacer algo en la vida, no pensábamos que iba a pasar esto, nadie pensaba lo que iba a pasar. La verdad no nos da la cabeza para saber qué es lo que viene más adelante”, se lee en uno de los testimonios.
Los familiares se organizaron como el Comité de Madres y Padres de los 43, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y Fundar. En la calle impusieron una consigna que resonaba desde la “guerra sucia”: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
En abril de 2015 instalaron el Antimonumento + 43, en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli. Fue la primera escultura de este tipo en la capital; siguieron los de la Guardería ABC, Pasta de Conchos, 68 y más.
Sin buscarlo, los familiares se convirtieron en la voz de los desaparecidos, en un país que actualmente registra más de 130,000 víctimas. Recorrieron México participando en marchas, caravanas y protestas, pero también en conversatorios, foros académicos, encuentros de colectivos de familiares de desaparecidos. Y comenzaron a corear: “No son solo 43”.
Hasta la fecha han fallecido ocho madres y padres sin saber qué pasó con sus hijos. Apenas el 21 de agosto se dio a conocer la muerte de Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello. Su esposa, Minerva, falleció en 2018.
7. Pistas sueltas
En doce años de investigaciones han surgido muchas evidencias. En junio de 2019 se difundió un video de Carlos Canto Salgado, un detenido por el caso Ayotzinapa, que lo muestra maniatado, con los ojos vendados y una bolsa en la cabeza mientras es interrogado. Un reportaje de A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab publicó imágenes de videos inéditos de la tortura de los hermanos Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez en instalaciones de la Marina en la Ciudad de México.
En 2018, el periódico Reforma dio a conocer mensajes de BlackBerry, interceptados por la DEA, de integrantes de Guerreros Unidos que traficaban heroína de Iguala a Chicago en autobuses de pasajeros. Los chats, que datan de marzo a junio de 2014 —antes de la desaparición de los normalistas—, muestran diálogos en los que se habla de supuestas reuniones del grupo criminal con policías municipales. Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó al gobierno mexicano más de 23,000 mensajes en 2022, la vinculación con los narcotraficantes se extendió a militares e integrantes de la Marina.
Otra revelación fue que Julio César López Patolzin, uno de los normalistas desaparecidos, era un soldado infiltrado en la normal.
En otro hecho de relevancia, el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado de Tamaulipas concluyó que la investigación de la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, por lo que ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, que hasta la fecha no se ha concretado.
En 2019, Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito en Procesos Penales de Tamaulipas, ordenó la liberación de 80 detenidos, tras declarar ilícitas decenas de pruebas que habían sido obtenidas bajo tortura. Una de las personas que quedaron en libertad fue Gildardo López Astudillo, el Gil, jefe de plaza de Guerreros Unidos.
8. AMLO, el regreso del GIEI y el colapso de la investigación
En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República. Durante su campaña había prometido resolver el caso Ayotzinapa. En su primer acto de gobierno, el 4 de diciembre de 2018, firmó el decreto presidencial que ordenaba crear la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), que encabezó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.
El 26 de junio de 2019, por acuerdo del fiscal general Alejandro Gertz Manero, se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), y se nombró como fiscal especial a Omar Gómez Trejo, quien había sido secretario técnico del GIEI durante sus dos primeros mandatos.
Al año siguiente, el 6 de mayo de 2020, se firmó el acuerdo para reinstalar al GIEI con solo cuatro de sus integrantes: Ángela Buitrago, Carlos Martín Beristain, Francisco Cox y Claudia Paz y Paz. Alejandro Valencia Villa no regresó.
Encinas, Gómez Trejo y el GIEI trabajaron en conjunto.
La Segob operaba en el plano político, tratando de romper los pactos de impunidad, ofreciendo criterios de oportunidad a criminales —una figura jurídica que otorga beneficios si colaboran en las investigaciones— y gestionando nuevas declaraciones de los involucrados; incluso Encinas viajó a Israel para entrevistar a Zerón, quien se encuentra prófugo en ese país. El GIEI centró sus esfuerzos en el análisis de la telefonía celular del 26 de septiembre de 2014 y en buscar documentos del fuero militar sobre los hechos, ya que López Obrador había ofrecido plena transparencia. Y la UEILCA dividió su trabajo en dos ejes: investigar tanto el ataque contra los normalistas como a quienes realizaron las primeras investigaciones del caso.
Pero Gómez Trejo no fue bien recibido en la FGR. Venía de colaborar con organismos internacionales, era un outsider, un externo que no había hecho carrera en la fiscalía y lo primero que hizo fue contratar personal nuevo. Sin estridencias, comenzó a trabajar.
La hipótesis que construyó fue que, durante la noche del 26 de septiembre, los normalistas fueron divididos en pequeños grupos y llevados a distintos puntos cercanos a Iguala. Con los nuevos testimonios, la UEILCA llegó a la Barranca de la Carnicería, a unos 800 metros del basurero de Cocula.
El 7 de julio de 2020, Gómez Trejo anunció que un fragmento óseo hallado en ese lugar correspondía a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, de 19 años. Fue la primera evidencia irrefutable que desmintió la “verdad histórica”, en la que se aseguraba que los 43 normalistas habían sido cremados en el basurero. Ese mismo año giró una orden de aprehensión contra Zerón.
El 15 de junio de 2021 llegó la segunda identificación: una vértebra lumbar de Jhosivani Guerrero de la Cruz, sin exposición al fuego, recuperada en la misma barranca. El EAAF respaldó el resultado.
Un año después, el 18 de agosto de 2022, la CoVAJ presentó un informe que calificó la desaparición de los normalistas como un crimen de Estado, en el que “estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles”. Al día siguiente fue detenido Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. Hoy se encuentra en resguardo domiciliario, obligado a portar un brazalete electrónico.
Antes, en marzo de 2022, el GIEI presentó su tercer informe, en el que destaca un video grabado por un dron de la Marina. Desde las 6:39 horas del 27 de octubre de 2014, un grupo de doce personas, presumiblemente marinos, bajan bultos de camionetas y encienden una hoguera en el basurero de Cocula, antes de que llegue la comitiva de Murillo Karam a las 8:28. Sucede un día antes del operativo ilegal en el río San Juan que había sido documentado por el GIEI.
Pero las investigaciones toparon con pared, una pared verde olivo. En el informe de la CoVAJ, Encinas apuntó a la Secretaría de la Defensa Nacional, y la UEILCA, en agosto de 2022, obtuvo 83 órdenes de aprehensión, que incluían a 20 militares. En septiembre, personal de la FGR operó para que el juez cancelara 21 de esas órdenes, 16 contra militares, mientras Gómez Trejo estaba fuera del país. Días después, renunció.
El Centro Prodh atribuyó su salida a la “injerencia indebida de los superiores jerárquicos” de la FGR en la labor independiente de la UEILCA.
En julio de 2023, el GIEI —únicamente integrado por Buitrago y Beristain— concluyó su labor con un último informe en el que denunciaba la imposibilidad de acceder a los archivos del Ejército y obtener nueva información.
9. El regreso a la “verdad histórica”
Tras la salida de Gómez Trejo, fue designado al frente de la UEILCA, en octubre de 2022, Rosendo Gómez Piedra, un tabasqueño que gozaba de la confianza de López Obrador, a tal grado, llegó a decir, que no le respondía al fiscal general Gertz, sino al presidente.
Con Gómez Piedra, la investigación perdió rumbo y seriedad. Y volvió la “verdad histórica”, con la misma hipótesis de la cremación en el basurero de Cocula. En septiembre de 2023, el abogado de Tlachinollan que había acompañado a las familias, Vidulfo Rosales, acusó que la investigación de la UEILCA reducía el caso a un asunto local del crimen organizado, criminalizaba a los normalistas y exoneraba a los militares.
El 2 de julio de 2025, la UEILCA consiguió el auto de formal prisión de Édgar Damián Sandoval Albarrán, la Rana, valiéndose de los mismos testimonios que utilizó Murillo Karam en 2015 para construir la versión oficial de la incineración de los estudiantes. Testimonios que los tribunales ya habían desestimado por haberse obtenido bajo tortura.
Gómez Piedra llegó a declarar que estaban buscando los “cadáveres” de los normalistas, lo que generó indignación en las familias.
Los padres y las madres de los estudiantes terminaron por romper el diálogo con López Obrador, a quien acusaron de respaldar la negativa del Ejército a entregar 800 documentos de inteligencia sobre lo ocurrido en la noche de Iguala.
El 26 de septiembre de 2024, el presidente les escribió una carta en la que sostuvo que no se encontró “ninguna prueba” de que el Ejército participara en la desaparición de los normalistas. Destacó que, al cierre de su sexenio, habían procesado a 151 personas, incluidos 16 militares, por los hechos.
Los escándalos siguieron a Gómez Piedra. Personal de la UEILCA lo acusó de cobrar moches por la entrega de bonos de productividad y organizar un concurso de disfraces en el Día de Muertos, con pasarela incluida, en las instalaciones de la fiscalía. Lo mismo contrataba clases de baile que se dormía en su oficina. Y en tres años no aportó nuevas líneas de investigación sobre lo ocurrido.
Los padres de los normalistas exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum su destitución, y Gómez Piedra presentó su renuncia el 15 de julio de 2025.
10. La teoría de los crematorios
El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta de México. Dos meses después, el 4 de diciembre, tuvo su primera reunión con las madres y los padres de los normalistas.
“Me comprometí a poner toda mi voluntad para dar seguimiento a la búsqueda de la verdad, la justicia, y encontrar a sus hijos”, escribió la mandataria en sus redes. Las familias recuperaron la esperanza.
En julio de 2025 llegó a la UEILCA Mauricio Pazarán, exfiscal capitalino cercano a Ernestina Godoy, hoy fiscal general de la república. Surgió nuevamente la hipótesis de que Guerreros Unidos pudo usar los crematorios de las funerarias de Iguala para desaparecer a los normalistas, una línea de investigación que el GIEI ya había pedido a la PGR profundizar.
El 9 de octubre de 2025, la UEILCA aseguró en Iguala las funerarias El Ángel y Rueda y los crematorios de sus instalaciones. La familia Rueda operaba el Semefo local por una concesión otorgada por el gobierno en 2011. Ese día fueron detenidos Rodolfo Rueda y su hijo, familiares del extitular de la Secretaría de Salud estatal, Lázaro Mazón Alonso.
La acusación descansa en dos testigos protegidos: Gildardo López Astudillo, el Gil —absuelto en 2019— y Ernesto Ramírez, el Neto, ambos de Guerreros Unidos. Según su versión, un grupo de normalistas fue incinerado en la funeraria que funcionaba como Semefo. Basada en estos testimonios, el 30 de junio de 2026 una jueza vinculó a proceso a siete personas por desaparición forzada, entre ellas, el coordinador del Semefo en Iguala en 2014.
Según familiares de los acusados, en ese año la funeraria Rueda no tenía horno crematorio, mientras que el nuevo abogado de los padres, Isidoro Vicario —tras la renuncia de Rosales, que se fue a trabajar a la Suprema Corte—, señaló que El Ángel operaba entonces en un predio distinto. Estaba cerca de una escuela, pero fue reubicada en la carretera de entrada a Iguala.
El 20 de marzo de 2026, Pazarán llevó a los familiares de los normalistas a recorrer la funeraria. Les mostraron una bolsa con restos óseos etiquetada con el año 2014, un supuesto horno clandestino de 90 por 40 centímetros, y un triturador del tamaño de un molino manual. Mario González, padre del estudiante César Manuel González Hernández, lo calificó como “una pinche burla, un teatro mediático”.
Cinco meses después, el 6 de agosto, fue detenido Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por presuntamente haber ordenado la destrucción de las grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, que pudieron haber captado la detención de uno de los autobuses en que viajaban los normalistas por agentes de Iguala y Huitzuco, con la presencia de la Policía Federal.
La nueva recomendación de la CNDH de Rosario Piedra no ayudó a mejorar la confianza de los familiares. Se trató de un documento cargado de posturas ideológicas que exonera de manera burda al Ejército.
La CoVAJ ahora es encabezada por Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob. Pero, de sus avances y labores, poco se informa.
A doce años de la desaparición de sus hijos, los padres y las madres de los normalistas son más escépticos y acusan al gobierno de proteger al Ejército y buscar que la responsabilidad de los hechos no salga del ámbito estatal.
**Foto de portada: Marcha en la Ciudad de México por el octavo aniversario de la desaparición de los normalistas. (ObturadorMX)
Publicado originalmente en: A donde van los desaparecidos
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
