Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa volvieron a marchar en la Ciudad de México al cumplirse doce años de la desaparición de sus hijos, sin que las distintas investigaciones hayan podido establecer qué ocurrió con la mayoría de los jóvenes ni determinar todas las responsabilidades por los ataques ocurridos en Iguala, Guerrero.
La movilización salió el sábado 26 de septiembre del Ángel de la Independencia y avanzó hasta el Zócalo bajo el lema “Ayotzinapa: 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”. A las familias se sumaron estudiantes de escuelas normales rurales, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
“A 12 años no tenemos respuesta”, reclamaron los familiares al concluir la marcha. Entre sus exigencias se encuentran conocer el paradero de los estudiantes, agotar las líneas de investigación, permitir el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y entregar la totalidad de los documentos militares relacionados con el caso.
Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron atacados en distintos puntos de Iguala. Seis personas murieron, decenas resultaron heridas y 43 normalistas fueron desaparecidos.
Hasta ahora solamente han sido identificados, mediante pequeños fragmentos óseos, los estudiantes Alexander Mora Venancio, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. No existe evidencia científica que permita sostener que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, como afirmó la llamada “verdad histórica” construida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Documentos militares continúan en disputa
Una de las principales diferencias entre las familias y el Estado mexicano se mantiene alrededor de los archivos del Ejército. En marzo, un juzgado ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar la totalidad de la información producida en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia.
La resolución señaló una diferencia aproximada de 853 folios que no habían sido proporcionados. Las fuerzas armadas habían sostenido previamente que esos documentos no existían, mientras que las familias y sus representantes consideran que podrían contener información relevante sobre la vigilancia militar realizada antes, durante y después de los ataques.
Las investigaciones recientes incluyen la detención y procesamiento del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, a quien la Fiscalía acusa de participar en el ocultamiento de grabaciones de cámaras de seguridad. Aguirre rechaza las acusaciones y se encuentra en espera de juicio, por lo que conserva la presunción de inocencia.
Otra línea investiga si integrantes de Guerreros Unidos utilizaron instalaciones funerarias para desaparecer cuerpos. Varias personas han sido detenidas, pero esa hipótesis presenta inconsistencias y hasta ahora no ha permitido establecer el destino de los estudiantes. Las familias la observan con desconfianza.
El gobierno de Claudia Sheinbaum había anunciado la presentación de un informe con nuevas líneas de investigación y detenciones antes del aniversario. Al realizarse la marcha, el documento no había sido difundido públicamente.
Doce años después de la noche de Iguala, las preguntas centrales permanecen abiertas: quiénes se llevaron a los estudiantes, qué ocurrió con ellos, dónde están y qué autoridades participaron, permitieron u ocultaron los hechos.
