Ciudad de México.— Expertos independientes de Naciones Unidas advirtieron que las mujeres que buscan a personas desaparecidas en México enfrentan niveles alarmantes de violencia y exigieron al Estado garantizar su protección, investigar los ataques y evitar que la labor de búsqueda recaiga sobre las familias.
El pronunciamiento fue emitido después de una sucesión de agresiones registradas en Sinaloa. Los expertos señalaron que, en un periodo de 72 horas, fue denunciada la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla; Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos junto con familiares, y varias integrantes de Corazones Unidos por una Misma Causa fueron atropelladas durante una manifestación en Mazatlán.
Elisa Altagracia Bonilla buscaba a su hijo Kevin Alexander Guerrero Bonilla, desaparecido desde octubre de 2025. Su desaparición fue denunciada públicamente a finales de agosto de este año y su paradero continúa sin conocerse.
El ataque contra Alma Rosa Rojo ocurrió el 29 de agosto en Culiacán. La Fiscalía de Sinaloa abrió una investigación por feminicidio en grado de tentativa contra ella y su hija, aunque inicialmente no confirmó que la agresión estuviera relacionada con su trabajo como buscadora.
El 1 de septiembre, integrantes de Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrolladas mientras realizaban una protesta pacífica en Mazatlán. El colectivo ya había sufrido otros ataques: Rubí Patricia Gómez-Tagle, una de sus integrantes, fue asesinada en febrero de 2026, y María de los Ángeles Valenzuela fue desaparecida en octubre de 2025.
Los expertos contabilizaron al menos cinco agresiones contra colectivos de búsqueda en Sinaloa durante el último año, tres de ellas concentradas en 72 horas. Consideraron que los casos muestran el incumplimiento de las obligaciones estatales de proteger a las personas defensoras de derechos humanos.
ARTICLE 19 ha documentado en México, desde 2010 y hasta mayo de 2026, el asesinato de 37 personas buscadoras y la desaparición de otras ocho. La organización vincula esas agresiones con la labor de las víctimas para localizar a sus familiares y exigir verdad y justicia.
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores respondieron que la información disponible “no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente” de desaparición forzada de personas buscadoras. También puntualizaron que los expertos actúan de manera independiente y que sus pronunciamientos no representan formalmente una posición adoptada por Naciones Unidas como institución.
El Gobierno federal aseguró que cada caso se atiende con debida diligencia, condenó la violencia contra los colectivos y sostuvo que la desaparición de personas constituye una prioridad nacional. Sin embargo, reconoció que persisten desafíos en la búsqueda, la investigación, la identificación humana y el acceso a la justicia.
Las dependencias mencionaron como parte de su respuesta la creación de una alerta nacional de búsqueda, la apertura inmediata de carpetas de investigación, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la obligación de que las entidades cuenten con fiscalías especializadas.
Los expertos pidieron que los ataques sean investigados de manera pronta, exhaustiva y con perspectiva de género; que se establezcan medidas de protección adecuadas y que se reconozca públicamente la labor de las buscadoras. También recordaron que localizar a las personas desaparecidas es una obligación del Estado y no una responsabilidad que deba trasladarse a sus familiares.
