Una nueva declaración internacional aborda el futuro de los Estados que pierdan territorio por el avance del océano y plantea medidas para proteger a millones de personas expuestas a inundaciones y desplazamientos.
Naciones Unidas, 24 de septiembre de 2026.- ¿Puede desaparecer físicamente parte de un país sin que este pierda su condición de Estado? Ante el acelerado aumento del nivel del mar, los países miembros de Naciones Unidas adoptaron una declaración que respalda la continuidad de los Estados amenazados por el avance del océano, así como la preservación de su soberanía y sus derechos marítimos.
La declaración busca responder a una situación que afecta especialmente a los pequeños Estados insulares y a las comunidades costeras, cuyos territorios enfrentan inundaciones, erosión y la pérdida progresiva de tierras habitables como consecuencia del cambio climático.
De acuerdo con los datos difundidos por Naciones Unidas, el nivel del mar alcanzó un máximo histórico en 2024 y su ritmo de aumento se ha más que duplicado durante las últimas tres décadas. Mientras que entre 1993 y 2002 crecía aproximadamente 2.1 milímetros por año, entre 2015 y 2024 el incremento promedio fue de 4.7 milímetros anuales.
Actualmente, alrededor de 900 millones de personas viven en zonas costeras de baja elevación, donde el avance del océano amenaza viviendas, infraestructura, fuentes de agua dulce y actividades económicas.
Un país puede perder territorio sin desaparecer como Estado
Uno de los principales aspectos de la declaración es el reconocimiento de que la pérdida de territorio provocada por el aumento del nivel del mar no implica necesariamente la desaparición jurídica de un país.
El documento respalda la presunción de continuidad de los Estados afectados, lo que incluye su soberanía, sus derechos y obligaciones internacionales y su pertenencia a Naciones Unidas.
Este principio resulta especialmente importante para pequeñas naciones insulares del Pacífico, algunas de las cuales enfrentan la posibilidad de perder extensiones significativas de su territorio durante las próximas décadas.
La declaración también aborda sus derechos marítimos. Establece que las zonas marítimas previamente delimitadas conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar pueden mantenerse, aunque las costas sufran modificaciones físicas.
Esto permitiría preservar los derechos que esos países ejercen sobre determinadas áreas oceánicas y sus recursos, incluso cuando el avance del mar transforme sus territorios.
Sin embargo, la declaración no constituye un tratado internacional jurídicamente vinculante ni resuelve automáticamente todas las controversias que podrían surgir ante la desaparición física de territorios.
Millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares
Más allá de las fronteras y la soberanía, el documento reconoce las consecuencias humanas del aumento del nivel del mar.
Las inundaciones, la erosión costera y la entrada de agua salada en terrenos agrícolas y fuentes de abastecimiento pueden volver inhabitables comunidades enteras y comprometer actividades como la pesca, la agricultura y el turismo.
Ante la posibilidad de desplazamientos, Naciones Unidas plantea que las decisiones de las comunidades afectadas deben respetarse y que cualquier reubicación debe realizarse de manera voluntaria y digna.
Cuando los traslados impliquen cruzar fronteras internacionales, deberán acordarse con los Estados involucrados y respetar las disposiciones del derecho internacional.
La declaración también advierte sobre la posible desaparición de cementerios, sitios arqueológicos, lugares sagrados y territorios tradicionales. Por ello, incluye medidas dirigidas a proteger y documentar el patrimonio cultural de las poblaciones amenazadas.
Financiamiento y medidas de adaptación
El acuerdo plantea fortalecer los sistemas de observación científica, mejorar las alertas tempranas y desarrollar evaluaciones que permitan identificar las zonas más vulnerables.
También propone incorporar las proyecciones del aumento del nivel del mar a la planificación de hospitales, puertos, carreteras y sistemas de abastecimiento de agua y energía.
Entre las medidas contempladas se encuentra la protección y restauración de manglares, arrecifes de coral y humedales, ecosistemas que funcionan como barreras naturales frente a inundaciones y tormentas.
Sin embargo, la adaptación representa un desafío económico para los países más vulnerables, particularmente aquellos que cuentan con recursos limitados.
Por ello, la declaración reclama mayores recursos públicos y privados para los países en desarrollo, especialmente los pequeños Estados insulares y las naciones menos adelantadas. También plantea simplificar el acceso a los fondos internacionales y garantizar que los recursos lleguen de manera oportuna.
Aunque el documento no establece nuevas obligaciones jurídicas vinculantes, fija una posición internacional común sobre la continuidad de los Estados, la protección de sus derechos y la situación de las poblaciones amenazadas.
Su aplicación dependerá ahora de las medidas que adopten los gobiernos y de los recursos disponibles para enfrentar un fenómeno que continúa acelerándose.
Imágenes del reportaje: https://voragine.co/historias/reportaje/guatemala-en-iztapa-el-mar-se-traga-lentamente-el-cementerio-del-pueblo/
