El Gobierno federal anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sonora como parte de un programa que contempla seis instalaciones en diferentes estados del país; sin embargo, todavía no informó en qué municipio será edificado, cuánto costará ni cuál será su capacidad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó este martes el proyecto durante la conferencia matutina federal. Los otros centros estarán ubicados en Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz.
En conjunto, las seis instalaciones tendrían capacidad para 18 mil 480 personas y se prevé que estén terminadas en 2028, de acuerdo con la información difundida tras el anuncio.
García Harfuch señaló que los centros contarán con sistemas de vigilancia, inspección, bloqueo de señales y módulos diferenciados según el perfil de las personas privadas de la libertad.
El funcionario sostuvo que el proyecto busca evitar que grupos delictivos continúen operando desde las cárceles y mejorar las condiciones para los programas de educación, trabajo, salud, capacitación y reinserción social.
Hasta ahora, el Gobierno federal no ha detallado cuántos espacios corresponderán al centro proyectado en Sonora. Tampoco ha dado a conocer el terreno donde se construirá, el esquema de financiamiento, la inversión necesaria o la fecha prevista para iniciar los trabajos.
La falta de estos datos impide conocer qué efecto tendría la nueva instalación sobre el sistema penitenciario estatal y si sustituirá, ampliará o complementará alguno de los centros que ya operan en la entidad.
Como referencia, información gubernamental difundida en mayo de 2025 colocaba a Sonora como la segunda entidad con mayor sobrepoblación penitenciaria del país, con 4 mil 588 personas por encima de la capacidad disponible. Se trata de un dato anterior al anuncio actual y no de una cifra actualizada a octubre de 2026.
La construcción de más espacios puede reducir el hacinamiento, pero no resuelve por sí sola problemas como la insuficiencia de personal, las deficiencias en servicios médicos, la prisión preventiva prolongada, el autogobierno o las condiciones para una reinserción efectiva.
