En medio de denuncias de maltrato, cancelaciones, falta de apoyos y una exigencia colectiva de renuncia de su directora, Beatriz Aldaco, el Instituto Sonorense de Cultura respondió con cinco páginas de cifras y resultados institucionales, pero sin aclarar sus prioridades presupuestarias ni las gestiones realizadas para fortalecer el financiamiento cultural.

Hermosillo, Sonora, 19 de noviembre de 2026.— El Instituto Sonorense de Cultura (ISC) difundió un extenso comunicado para responder a los cuestionamientos de la comunidad artística, que ha denunciado deficiencias administrativas, deterioro de proyectos, incumplimiento de acuerdos y malos tratos dentro de la institución.

Sin embargo, la respuesta oficial se concentra principalmente en enumerar actividades, asistencias, festivales y logros de la administración, mientras deja pendientes explicaciones sobre la distribución de los recursos públicos, las decisiones que han afectado a distintos proyectos culturales y las acciones emprendidas para conseguir mayores apoyos.

El documento surge después de una reunión celebrada el 17 de noviembre entre la Dirección General y alrededor de 30 integrantes de la comunidad dancística, quienes expresaron su inconformidad con la gestión encabezada por Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas y solicitaron su renuncia.

La protesta, sin embargo, no se limita al festival Un Desierto para la Danza. Los artistas han señalado problemas que consideran persistentes en la política cultural del estado y que afectan tanto a creadores como a trabajadores y públicos.

Muchas actividades, pero ¿cómo se administra el presupuesto?

En su comunicado, el ISC informa que durante 2024 realizó 3 mil 808 actividades artístico-culturales y registró un millón 73 mil 37 asistencias presenciales y digitales.

Para 2025 reporta 3 mil 662 actividades y un millón 6 mil 684 asistencias, mientras que durante el primer semestre de 2026 contabilizó mil 566 actividades y 571 mil 176 asistencias.

También destaca festivales, conciertos, estímulos a creadores, proyectos comunitarios, actividades de patrimonio cultural y trabajos de rehabilitación en recintos.

No obstante, el documento no presenta un desglose del presupuesto ejercido en esos periodos, los recursos asignados a cada disciplina, los montos destinados directamente a los artistas ni los gastos de operación de los programas que enumera.

Tampoco informa qué gestiones ha realizado la Dirección General para obtener financiamiento adicional mediante convenios, colaboraciones institucionales u otras fuentes de apoyo.

La cantidad de actividades realizadas no permite, por sí sola, evaluar la calidad de la gestión cultural ni conocer si los recursos públicos se están utilizando de manera suficiente, eficiente y acorde con las necesidades del sector.

La discusión resulta especialmente relevante cuando los propios artistas denuncian reducción de apoyos, cancelaciones y dificultades para mantener proyectos que durante años formaron parte de la vida cultural sonorense.

Aunque la asignación presupuestaria depende también de otras instancias gubernamentales, corresponde a la dirección del ISC explicar cómo distribuye los recursos que recibe, cuáles son sus prioridades y qué acciones realiza para ampliar las posibilidades de financiamiento.

Denuncias de maltrato y una relación deteriorada con los artistas

Los cuestionamientos a la administración de Aldaco tampoco se limitan al dinero.

Durante la reunión con la directora, integrantes de la comunidad artística denunciaron malos tratos, falta de comunicación, incumplimiento de acuerdos y dificultades para desarrollar sus proyectos.

A estos reclamos se sumaron testimonios públicos de personas que trabajaron dentro del Instituto.

Magda Pesqueira, exresponsable del área de Danza, denunció haber sufrido gritos y malos tratos durante su paso por la institución. En una entrevista difundida este 19 de noviembre, relató que llegó a sentir miedo de acudir a trabajar debido al ambiente laboral que enfrentaba.

La exfuncionaria también señaló obstáculos para organizar actividades, insuficiencia presupuestaria y falta de respaldo a propuestas artísticas.

Otros creadores y exdirectivos han cuestionado la pérdida de continuidad de programas, las dificultades para sostener festivales y la relación de las autoridades culturales con quienes desarrollan la actividad artística.

Estos testimonios amplían el conflicto más allá de una diferencia administrativa: colocan bajo cuestionamiento las condiciones laborales y el trato que reciben las personas encargadas de producir, organizar y sostener buena parte de la actividad cultural.

En su comunicado, el ISC reconoce el trabajo de artistas y personal institucional, pero no anuncia medidas específicas para atender las denuncias de maltrato ni mecanismos de revisión de las condiciones laborales señaladas públicamente.

Proyectos debilitados y cancelaciones: el caso de Un Desierto para la Danza

La controversia se intensificó con la cancelación de dos presentaciones gratuitas de Foco alAire Producciones, compañía de la Ciudad de México que participaría en la edición 33 de Un Desierto para la Danza.

Las funciones estaban programadas para el 13 de noviembre en Nogales y el 15 de noviembre en Hermosillo.

En su momento, el ISC justificó la cancelación mediante ajustes para garantizar la viabilidad del festival y el uso responsable de los recursos disponibles.

Posteriormente, la secretaria de Educación y Cultura, Patricia Patiño Fierro, declaró que la suspensión no necesariamente obedecía a falta de presupuesto y mencionó posibles problemas de reprogramación y acuerdos internos.

Hasta ahora, las explicaciones públicas no han precisado cuánto costaba mantener las presentaciones, qué compromisos existían con la compañía ni cuáles fueron los criterios que determinaron su cancelación.

En el nuevo comunicado, el ISC destaca que el festival reunió a ocho compañías de México y Costa Rica, con siete funciones estelares, seis talleres, dos residencias creativas y 12 actividades alternas en cuatro municipios.

Sin embargo, nuevamente omite el desglose financiero de la edición.

Para los integrantes del gremio, el problema es más profundo: denuncian el debilitamiento progresivo de un festival que durante décadas fue referente de la danza contemporánea, así como dificultades para mantener proyectos como el Concurso de Coreografía y la Temporada de Escénicas.

La comunidad artística también ha reclamado falta de planeación, difusión insuficiente, deterioro de instalaciones y ausencia de una estrategia que garantice continuidad a las iniciativas culturales.

El ISC responsabiliza al Departamento de Danza por las cortesías

Uno de los apartados más extensos y específicos del comunicado se refiere a los accesos de cortesía para las funciones del festival.

La Dirección General sostiene que desde la primera presentación detectó una cantidad inusualmente elevada de cortesías, sin información suficiente sobre sus destinatarios y los criterios utilizados para asignarlas.

También afirma que el Departamento de Danza estableció compromisos de acceso sin autorización previa y que su titular reconoció decisiones tomadas sin autorización durante la reunión del 17 de noviembre.

Con ese argumento, el ISC justifica la restricción de nuevas cortesías y asegura que se trató de una medida administrativa, no de una acción contra los artistas.

No obstante, el documento no precisa cuántos accesos fueron entregados, cuáles eran los límites establecidos ni qué mecanismos de supervisión existían antes del conflicto.

Tampoco explica por qué esos compromisos llegaron a establecerse sin conocimiento suficiente de la Dirección General, según la propia versión institucional.

Mientras el Instituto dedica explicaciones detalladas a las cortesías, siguen sin conocerse en ese mismo documento los montos y criterios financieros que sustentaron las decisiones más cuestionadas del festival.

La renuncia de Beatriz Aldaco, una exigencia sin respuesta concreta

El último apartado del comunicado lleva por título Solicitud de relevo de la Dirección General.

Sin embargo, lejos de responder directamente a la exigencia de renuncia, el ISC se limita a reconocer el derecho de los artistas a expresar opiniones e inquietudes y asegura que continuará actuando conforme a la normatividad vigente, con disposición al diálogo.

No anuncia una evaluación de la gestión de Aldaco, un calendario para atender los reclamos ni compromisos verificables sobre los problemas denunciados.

La exigencia de salida de la directora ha trascendido la reunión inicial. Representantes de la comunidad dancística entregaron formalmente su solicitud a la Secretaría de Educación y Cultura y al Gobierno de Sonora.

Manuel Ballesteros, uno de los artistas que han encabezado los reclamos, ha insistido en que lo ocurrido con Un Desierto para la Danza es solamente una parte de los problemas acumulados durante la administración.

Entre las exigencias del gremio se encuentran un plan urgente de fortalecimiento de las artes escénicas, rehabilitación de infraestructura, capacitación del personal institucional, respeto a los acuerdos con artistas y recuperación de programas que han perdido continuidad.

La cultura necesita recursos, pero también gestión y rendición de cuentas

La discusión abierta en torno al Instituto Sonorense de Cultura plantea preguntas que van más allá de un festival, una cancelación o un conflicto entre funcionarios.

¿Cuánto dinero ha recibido el ISC durante la actual administración? ¿Cómo se ha distribuido entre programas, disciplinas y municipios? ¿Qué proporción llega directamente a los creadores y cuánto se destina a operación administrativa? ¿Qué proyectos se han cancelado o reducido por falta de recursos? ¿Qué gestiones ha realizado la Dirección General para obtener mayores apoyos?

El comunicado del 19 de noviembre no responde estas preguntas, aunque presenta una amplia relación de actividades institucionales.

La información presupuestaria puede encontrarse en otros documentos oficiales y obligaciones de transparencia, pero ante los cuestionamientos actuales resulta necesario que la institución explique públicamente sus decisiones, prioridades y resultados financieros.

También queda pendiente una respuesta concreta a las denuncias de maltrato, a las demandas de mejores condiciones de trabajo y a la solicitud de relevo de la Dirección General.

Porque la política cultural no puede evaluarse únicamente contando eventos, publicaciones y asistentes. También debe medirse por las condiciones en que trabajan los artistas, la continuidad de sus proyectos, el acceso de la población a la cultura y la manera en que se administran los recursos públicos.

Mientras el ISC defiende su gestión mediante cifras generales, una parte organizada de la comunidad artística exige cambios de fondo.

Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué se está haciendo realmente para fortalecer la cultura en Sonora, más allá de presentar informes sobre las actividades realizadas?