La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que ha reunido nuevos elementos sobre posibles actos de corrupción en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), incluidos testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera y conversaciones de WhatsApp que podrían ayudar a esclarecer cómo determinadas empresas habrían obtenido contratos públicos mediante procedimientos irregulares.
Por primera vez, el organismo fiscalizador trabaja directamente con informantes que buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se trata de personas que conocen el funcionamiento de las contrataciones investigadas y que han aportado información sobre posibles vínculos entre proveedores, empresarios y servidores públicos.
Uno de los hallazgos más relevantes apunta a una posible manipulación de los procesos de contratación. Según la ASF, existen indicios de que los beneficiarios finales de distintas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos diseñados para favorecer sus propios intereses. Estas prácticas podrían haber limitado la competencia y permitido que determinados grupos empresariales concentraran contratos financiados con recursos públicos.
Las investigaciones forman parte de una revisión más amplia de las contrataciones realizadas entre 2000 y 2025 por el INE, el desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) y los organismos públicos locales electorales. La ASF ha identificado operaciones por aproximadamente 8 mil 870 millones de pesos vinculadas con dos grupos empresariales entre 2014 y 2026. Esa cantidad corresponde al valor de las operaciones examinadas, no a recursos cuyo desvío haya sido acreditado.
El caso también tiene implicaciones para Sonora. Las indagatorias incluyen señalamientos sobre empresas relacionadas con los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas, en el contexto de las contrataciones realizadas antes y durante la presidencia de la sonorense Guadalupe Taddei Zavala en el INE. Hasta ahora, las investigaciones no han establecido públicamente responsabilidades penales definitivas.
El avance de la ASF ocurre después de que el propio INE presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos. La Auditoría anunció que continuará identificando a las personas involucradas y rastreando el destino del dinero.
La pregunta de fondo ya no es solamente cuánto dinero recibieron las empresas investigadas, sino quién permitió que particulares presuntamente influyeran en las reglas y decisiones de contratación de las instituciones encargadas de organizar las elecciones en México.
